A terminar la tarea, Santos

Publicado: agosto 24, 2017 en Política

Con el último año de sesiones dentro de la actual legislatura, tienen inicio los próximos seis meses, en los que el Congreso debe aplicar el fast track, a fin de concluir la aprobación de las leyes que materialicen la implementación del Acuerdo de Paz.

Tal ha sido el horizonte de sentido, el marco coyuntural, que le dicta las necesidades al gobierno de Juan Manuel Santos; el que determina su discurso y sus estrategias; incluso, las operaciones de su mecánica política.

El discurso

En las palabras pronunciadas el 20 de julio, el presidente dejó ver la orientación de su reflexión, el tono y el contenido un tanto trascendentes y conminatorios, pero plenamente justificados, dada la resonancia histórica que revisten los compromisos políticos, nacidos de ciertas circunstancias del momento; particularmente, de aquellas relacionadas con el proceso de paz.

Dijo, con razón, en el recinto del Congreso: el cumplimiento del Acuerdo “es una obligación moral, política y legal”. Para acentuar este sentido de alta política y de elevada moral en lo público, Juan Manuel Santos recordó dos hechos que acompañan al Acuerdo; uno, el de que se trata de una responsabilidad de todo el Estado, no solo del Presidente; y dos, la condición de que el país tiene una responsabilidad asumida ante la “comunidad internacional” y especialmente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Aunque no faltaron voces hirsutas o destempladas que interpretaron en estas palabras solo un regaño desapacible, en realidad ellas se corresponden muy bien con el tipo de compromiso contraído por el Estado, en este Acuerdo que atrae a una guerrilla hacia la vida civil; por cierto, un acuerdo avalado por la Corte Constitucional, que ha quedado dotado de un cierto carácter especial, tocado por una connotación de acuerdo internacional. Ese mismo del que naturalmente nacen obligaciones para el Estado en su conjunto, al contrario de lo que opinan algunos personajes públicos, para los que este tipo de acuerdos solo comprometen al presidente de la República, el firmante, olvidando deliberadamente que si este ha afirmado un tratado de esta naturaleza, lo ha hecho por las facultades que le confiere la Constitución para representar al Estado en un Acuerdo que refunda y amplía la soberanía estatal.

Las estrategias

De ahí que el presidente y su gobierno tengan que desplegar sus empeños para conseguir en el Congreso las mayorías, a veces vacilantes pero indispensables, en la dirección de sacar adelante la implementación del Acuerdo, la tarea central en la agenda política durante el último año de gobierno.

En esta perspectiva, el ministro del interior, Guillermo Rivera, se ha acorazado en un optimismo sin falla. A la salida de una reunión con los partidos de la nación, informó a quien quisiera escucharlo que todos ellos se pronunciaron en favor de la implementación; incluso Cambio Radical, siempre retrechero, y que ahora detenta la presidencia de la Cámara, aunque eso sí en cabeza de Rodrigo Lara, político joven y algo arrogante, quien sin embargo ha respaldado las leyes de la paz. Y también el partido Conservador, con el que se presenta una situación similar y al que le ha correspondido la presidencia del Senado, solo que, en la persona de Efraín Cepeda, un político tradicional pero bien comprometido con la paz, y distanciado de las mezquindades de un Andrés Pastrana.

En el pequeño trecho del receso legislativo, el gobierno arregló las cargas en lo que respecta a las inconsecuencias de algunos congresistas, quienes ya pelaban el cobre de la deserción. El trabajo de sensibilización realizado al oído de los parlamentarios ha dado algunos frutos inmediatos: el proyecto de las 16 circunscripciones electorales para las comunidades víctimas de la violencia, avanzó en su segundo debate al ser aprobado en el Senado por una holgada mayoría de 63 votos afirmativos contra 3 que lo negaron.

Con todo, algunos tropiezos sobrevendrán cuando los miembros del Congreso discutan la reglamentación de la Justicia Especial de Paz. Para revalidar el reagrupamiento de la coalición gobernante, el presidente guarda en la manga, sin muchas sorpresas, hay que admitirlo, el as de los ajustes burocráticos, los que terminan por amarrar aún más las redes de la coalición en el poder, tanto en el alto gobierno como en la administración local.

Los ajustes de la mecánica política

Ha pedido también el presidente la renuncia protocolaria de todo el gabinete. Con lo cual tendrá las manos libres para darle curso a lo que en Colombia se denomina una crisis ministerial, un cambio parcial o total de los ministros, ocasión para recomponer o reafirmar las cuotas políticas correspondientes a las bancadas parlamentarias.

Es la forma de solventar y de tramitar la necesaria cohesión política en medio de la fragmentación que caracteriza la coalición hegemónica.

Las exigencias de la paz y la crisis de opinión serían los dos parámetros que impondrían su ley en la recomposición del gabinete ministerial. La amplitud de la coalición gobernante y los equilibrios que ella supone, no permiten ajustes bruscos o espectaculares, pues no dan mucho margen para unos cambios que deben respetar las cuotas de por lo menos cuatro grandes partidos.

Margen hay en cambio para los liderazgos fuertes y definidos. La dificultad estriba, con todo, en el buen ojo del presidente para ubicarlos; y en que si los encuentra, las personas que posean el buen perfil decidan vincularse a un gobierno con el sol a las espaldas.

Imagen tomada: http://www.radiomacondo.com

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Una sombra recorre el orden político; es a la vez viscosa y repugnantemente verdosa, como una plaga bíblica; copa diversas instituciones, incluso las más sacrosantas; se cuela por los intersticios; se agazapa en los rincones; y vuelve a caminar por las esquinas y gavetas de las oficinas; también por los clubes y los condominios de lujo, allí donde se arman los cruces, se sellan los pactos y se distribuyen los fajos de billetes. Es la corrupción. Ola rampante. Invasiva. Asfixiante. Una empresa múltiple, ubicua.

Odebrecht exhibió el carácter sistemático y desvergonzado de los sobornos; distribuidos a granel para desvirtuar por completo el sentido de lo público en la contratación estatal; sumergida así en una venalidad descarriada que ahoga en una especie de pantanosos anti-valores a la empresa privada, a la administración pública y a la representación política.

El “Ñoño” Elías

La detención policial del senador Bernardo “El Ñoño” Elías, una suerte que quizá le espere a otros parlamentarios como Antonio Guerra y Mussa Besaile, evidencia la práctica punible de utilizar la representación popular para no solo los negocios legales, sino sobre todo para la exacción del Estado a través de “comisiones” ganadas por servicios ilícitos en los trámites administrativos. “Cuadrados” ellos con el uso de las influencias y las presiones, acercándose a los funcionarios inescrupulosos, a fin de conseguir favores para los contratistas.

Las acciones ilegitimas se trenzan con la habitual intermediación parlamentaria, por donde se llega al saqueo del erario.

La justicia y el negocio

A su turno, las investigaciones judiciales de algunas agencias de los Estados Unidos han comenzado a tirar de una madeja, la de la corrupción en los propios estrados judiciales, sin que de ella se escapen los tribunales y las altas Cortes. Allí median y medran los personajes como el agente por excelencia del soborno y del perverso tráfico con todo aquello que constituye un bien público, ese fiscal anticorrupción, tristemente célebre, el señor Gustavo Moreno, corrupto hasta los tuétanos, pero al mismo tiempo muy próximo a altos magistrados, tales como los juristas Ricaurte, Bustos y Tarquino, ahora localizados por el radar de las investigaciones que realizan las ya mencionadas entidades norteamericanas.

Serían dos tramas, con tejidos espesos y ramificaciones extensas, que se tragan el tesoro público, a través de las intermediaciones para obtener favores en beneficio de particulares, para confundir la esfera de lo público con el negocio y con el robo; y que señorean en tres campos claves en la existencia del poder; a saber, en la administración, en los partidos y el Congreso, esto es, en la representación política; y finalmente en las estructuras de la justicia, precisamente allí donde debiera prosperar un mayor rigor ético y republicano.

La descomposición

Lo cual muestra ad nauseam las dimensiones de la descomposición del mundo de lo público; por cierto, apropiado de esa manera insana por un pequeño ejército de agentes sociales, animados por una lógica privada y a la vez morbosamente ilegal.

Por lo demás, se trata de un proceso que, con su cortejo de coimas, sobre-facturaciones y sobornos, patentiza un estado generalizado de anomias en las élites, acompañadas por la ilegalidad; y que se apoyan en el ánimo del enriquecimiento fácil, por encima de los valores del interés público y la honestidad. Es un fenómeno de contaminación a través del capital de usurpacion, ese que no está asociado con el trabajo, y que recubre como una capa espesa y venenosa la conducta de una buena parte del personal político y burocrático; todo ello convertido en la manifestación de una subcultura extractivista, parasitaria y aventurera. 

 

 

Tramas y maquinarias de la corrupción

Publicado: agosto 24, 2017 en Política

Odebrecht se ha constituido en una máquina productora de corrupción. Representa al capitalismo que genera a esta última en forma de plusvalía; una forma de reproducción ampliada que a la vez se articula con la venalidad política y con el saqueo administrativo.

Es una suerte de mundo paralelo, con apariencia de institucionalidad, en el que sin embargo campean el robo y la ilegalidad; otro universo de la usurpación; emporio de malandrines con corbata que, con todo, no discurre siempre separado de la legalidad o de la vida institucional, pautada por normas transparentes; sino que entra en contacto con esta última a través de mil hilos invisibles; que la permea con su subcultura de cinismo deletéreo; con su frescura mafiosa que se infiltra en su centro palpitante; allí donde se toman las decisiones y se construyen las representaciones;  y en donde se aloja con sus códigos secretos, para poner en funcionamiento la complicidad entre bandidos y para abrir los drenajes de la sustracción tramposa.

El procedimiento siniestro

Los actores de la corrupción se instalan en uno de los terrenos en donde más fluida es la circulación de recursos monetarios en el Estado; en la contratación pública; es decir, en esa forma de  acción política en la que las agencias oficiales pagan por los servicios y las obras ejecutadas en manos de los particulares. Por allí marcha como un torrente el presupuesto público para los adelantos y las remuneraciones a las empresas, muchas veces conformadas  a última hora; y que reciben el encargo de esas actividades que el Estado necesita para materializar sus políticas.

Paralela y soterradamente toma forma otro circuito, el de los sobornos; con los cuales se  paga a los funcionarios el favorecimiento que propicien en la adjudicación de los contratos a determinadas empresas particulares, entre aquellas que aspiran a ser las beneficiadas dentro de las licitaciones o las asignaciones directas.

La adjudicación del contrato cae en manos de la empresa sobornadora. De esa manera, las dos partes engañan al Estado y consiguen unas ganancias repartidas, las mismas que encarnan una fracción tóxica y delincuencial de la plusvalía social, una plusvalía ilegitima que en términos legales se traduce en la configuración del tipo penal “enriquecimiento ilícito”.

En estas operaciones de sobornos y plusvalías bastardas, la empresa capitalista Odebrecht reconoce la entrega de sobornos en Colombia por un monto de 11 millones de dólares, más de 30 mil millones de pesos. Hoy la Fiscalía General después de sus pesquisas tras las huellas de contrataciones ficticias, ha denunciado que el monto es mucho más grande. En todo caso, se trata de utilidades enormes e ilícitas, distribuidas por los circuitos del delito, cloacas que comunican a los empresarios inescrupulosos y a los funcionarios carentes de cualquier principio ético en la vida pública.

La trama y los propósitos aviesos

El intercambio de sobornos y favoritismos en la contratación, despliega la existencia de un tejido descompuesto moralmente pero eficaz técnicamente, tanto para la operación que logra el favorecimiento en la adjudicación, como en la consignación y repartición de las ganancias del delito.

Justamente por tratarse de esto, de un delito, sus acciones demandan la conformación de una cadena de operadores, los que por cierto valorizan sus acciones, de acuerdo con el lugar que ocupen en el mundo de la contratación y en el Estado; que es en donde pueden poner a punto la capacidad de su influencia.

Además de la empresa sobornadora y de los funcionarios sobornados, esos dos polos del eje central en el “emprendimiento” corruptor, aparecen los intermediarios compuestos por varios eslabones; intermediarios que establecen el nexo y que desempeñan su lobby,  bajo la sutileza de la oferta tentadora o bajo la presión y el chantaje.

En ese mundo de la intermediación y la oferta venenosa entran en escena los políticos profesionales, aquellos que tengan representación o que al menos mantengan una cercanía con esta última.

Un Otto Bula, confeso tramitador de sobornos  ofrecidos por Odebrecht, valoriza su intervención en la operación de corrupción, no por su poder intrínseco, sino por su proximidad al poder de la representación política.

Son sin embargo algunos personajes que detentan la representación política, como congresistas o concejales, los que pueden ejercer una mayor presión sobre el funcionario o una mayor capacidad de seducción; o las dos cosas al tiempo. Este tipo de intermediarios, según su influencia y su poder de amenaza, llegan a disponer de una parte gruesa en las ganancias ilícitas. Así la distribución de la plusvalía criminal responde a productores e intermediarios que extraen una parte de ella, en correspondencia con el lugar que ocupan en la cadena de la producción de ese objeto que se llama corrupción; y naturalmente, también, de la fuerza que simulen poseer o que muestran de verdad.

Ahora bien, la intervención de agentes sociales que provienen del personal político, sumada a la participación de los funcionarios de la administración pública, acaba por dañar irreparablemente al Estado; y lo hace en todo lo que éste encierra de capital simbólico, incluida su legitimación ética, dentro del orden social. Sencillamente esta intervención de los agentes políticos convierte al Estado en una cleptocracia; en un poder social en el que el robo de lo público es el mecanismo que contamina las decisiones y lesiona el sentido de la representación política.

Imagen tomada: http://www.elpolitico.com/tag/odebrecht/ 

LA REFORMA POLÍTICA QUE NO SERÁ

Publicado: julio 27, 2017 en Política

Después del 20 de julio llegará la siguiente oleada de leyes correspondiente a la implementación del acuerdo de paz. Seguramente sin el empuje de la anterior, pero con contenido y alcances normativos y materiales, tan significativos quizá como los que encerraban las primeras leyes acordadas por medio del fast track.

¿Reforma política para la democracia?

Una de las medidas de orden legal y constitucional que recoja un conjunto de disposiciones correspondientes a las necesidades de transformación será la Reforma Política, urgente paso para la ampliación democrática y para la corrección de los vicios que envilecen la construcción de la representación y la participación.

Ahora bien, hablar de la ampliación de la democracia como subproducto de la paz, es naturalmente hablar de un proyecto de gran envergadura. Un proyecto histórico, se entiende. Solo que traducido en términos de la propuesta legislativa será una empresa manifiestamente precaria, si se la compara con el tamaño de las necesidades previstas; un remedo de reforma seguramente.

Los vicios

La democracia colombiana es considerablemente clientelista y altamente abstencionista. Al mismo tiempo, el Estado abriga un componente intensamente cleptocrático; es decir, funciona para que parcialmente se lo roben; admite la corrupción como una forma con la cual se aceita el ejercicio del poder.

Clientelismo electoral y corrupción administrativa se cruzan en distintas zonas del comportamiento político, formando entramados, cuyo funcionamiento ominoso termina naturalmente en el saqueo del erario, pero sobre todo en una subordinación bastarda del interés público respecto de las lógicas impuestas por los depredadores particulares de la política.

En general, la democracia electoral –esa dimensión en la que la participación ciudadana en las escogencias políticas define el nudo de la representación- está pervertida por un juego en el que un cacique, a la vez profesional de la política, forma una empresa electoral para acceder, al amparo de un partido, a la representación nacional y local. Y con la cual abre sus posibilidades de acción en dos planos; a saber: de una parte, la intermediación de servicios que pone en contacto a los pobladores con el Estado; y de la otra, el control por parcelas de la administración pública haciéndose el jefe de la clientela al manejo de alcaldías y gobernaciones y presionando desde su bancada en las corporaciones públicas al Ejecutivo; en todo caso, situándose en el centro de una operación que le permite drenar en su favor los recursos públicos; sea por medio de la burocracia o de los cupos indicativos irrigados a las regiones o a través la contratación pública.

En la marcha de las empresas electorales, casi siempre clientelas políticas; en su reproducción; radica la trama de prácticas viciosas que sirven para una doble captura: la de los recursos del Estado y la de la conciencia de los electores; la de la plata y la de la lealtad.

En esa zona, pantanosa pero central de la democracia; descompuesta pero administrativamente rutinizada, florecen las técnicas sociales, propiciatorias, tanto de la apropiación de lo público, como de la contaminación de la conciencia ciudadana y de la corrupción del régimen.

El peso del entramado

Este juego que obra como un entramado de técnicas de perversión no cubre desde luego todo el campo de la democracia electoral, pero se ha instalado en el centro de la operación a través de la cual se constituye la representación de los ciudadanos. Y lo hace con una influencia tan grande que se aprecia fácilmente en la composición del Congreso, de las Corporaciones Públicas Regionales y de los Partidos Políticos.

Un cálculo al vuelo de su incidencia podría situar su participación –la de las empresas electorales y el voto clientelista- en al menos una tercera parte del mundo de la representación política, lo cual equivaldría a unos cinco millones, de los quince que en total suman la participación electoral; una proporción lo suficientemente importante como para desvirtuar el sentido profundo de la democracia y dar lugar a la corrupción, monstruo de mil cabezas.

Es un factor negativo que interviene en un universo de participación, débil por otra parte en comparación con el censo electoral que se eleva a poco más de treinta millones de votantes, el doble de quienes efectivamente depositan el sufragio.

En esas condiciones, el clientelismo con sus empresas electorales, base de los partidos tradicionales, adquiere un control, para el que además resulta funcional la abstención del 52 por ciento de los electores.

En ese orden de ideas, la democracia clientelista se acompasa con la abstencionista, para ayudar a la perpetuación de las hegemonías elitistas en manos de unos partidos tradicionales que siempre encuentran enfrente una oposición alternativa tan disminuida que se queda sin posibilidades de convertirse en gobierno o siquiera de ejercer el poder de chantaje en el Congreso, dicho esto último en el más legítimo de los sentidos.

La reforma ideal

Entonces, una reforma política seria debiera atacar directamente el control y la utilización de los recursos públicos por parte de los “políticos profesionales”.

Así mismo, condicionar la organización y la democracia dentro de los partidos, hoy convertidos en constelaciones de empresas clientelistas y en portadores de una razón social que facilita los avales, sin filtros de carácter ético.

Por último, la reforma debiera castigar severamente la corrupción y las faltas contra la ética pública, descargando el peso de la ley contra los individuos que cometen las faltas y contra los partidos que les dan cabida. En otro orden de ideas, en las disposiciones que se diseñen harían falta nuevas condiciones para la participación en una democracia tan abstencionista como la colombiana.

Dicho de otro modo, la reforma no debiera limitarse a ser una reforma electoral que por ejemplo sustituyera el voto preferente por las listas cerradas, lo cual no cambiaría mucho las cosas. Debiera al contario contener disposiciones en el sentido de modernizar el Estado desde el punto de vista del manejo de los recursos, del reclutamiento de la burocracia y del control sobre la contratación, separando estos tópicos del contacto con los políticos.

Al mismo tiempo, debiera imponer, así fuera por un periodo de doce años, el voto obligatorio. La superación del abstencionismo y la eliminación del clientelismo serían ambas, modificaciones que no solo sanearían la democracia, sino que muy probablemente alterarían la ecuación nefasta de las hegemonías tradicionales que coexisten con una oposición alternativa, casi marginal.

Sin embargo, nada de esto –o muy poco- contendrá la reforma política. Razón por la cual, es muy probable que a pesar de la paz, habrá más de lo mismo: clientelismo, corrupción y abstencionismo; y muy baja alternancia, como posibilidad de cambios en la composición de las fuerzas políticas.

Imagen tomada: http://www.pares.com.co/tag/elecciones-2015/ 

La razón y la paloma

Publicado: julio 12, 2017 en Política

La paloma, ya se sabe, es el signo alado de la paz. Del mismo modo, la lechuza, con sus hieráticos ojos de gato en la oscuridad, es reconocida desde la antigüedad helénica como el símbolo de la sabiduría, o de la razón, da lo mismo. Entonces es ésta la que ilumina reflexivamente el vuelo de la primera, como el trazo seguro en el logro de la convivencia.

La dejación de las armas y el fin del conflicto

Hay una necesidad histórica para que el país abandone por fin un conflicto armado interno, madurado – mejor, agotado –, a golpes de crueldad pesarosa, sin que por otro lado se abriese paso una salida militar creíble; sin que jamás las balas condujeran el enfrentamiento a un plano distinto; ese plano de la pura política, ya sin la ayuda ominosa de la violencia.

Es un simple problema de costos. Cientos de vidas, cobradas cada año por los combates estériles; atentados contra la libertad; al mismo tiempo, la baja inversión en el campo; el sacrificio por lo menos de un punto y medio porcentual (1.5%) en el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB); y, para completar, los riesgos del descrédito internacional, la imagen de una nación penosamente viable, mordida, como si de serpiente se tratara, por el narco ambicioso; arrasada por el paramilitar despiadado; y asaltada por unas guerrillas arcaicas, no por ello menos devastadoras.

Han sido los costos, cada día más grandes y, sin embargo, cada hora más inútiles, cuya eliminación, se volvió urgencia de cada minuto; apremio material y espiritual.

La razón y la paz

Solo que más allá (o más acá) de esas circunstancias históricas, la paz en Colombia es también necesidad trascendente. Corresponde al sentido profundo del hilo que recorre la construcción colectiva de la sociedad; el que puede articular los retazos desconectados por el crecimiento y la desigualdad en los horizontes de la cohesión social y la formación de una nación, merecedora de ese “plebiscito diario”, vislumbrado por Renán, con el que los ciudadanos la refunden siempre. Haciéndolo en torno de los valores comunes; eso sí, no interrumpidos por la exclusión, no fragmentados por la discriminación cultural.

Antiguamente, los griegos pensaban que en la atmósfera de la ciudad intervenían dos energías que, quizá, se movían en sentido contradictorio, la naturaleza y la ley; la physis  y el nomos. La una transportaba los instintos, animaba la fuerza de choque entre los individuos y los grupos. La otra domesticaba las pulsiones, controlaba los arranques naturales, para lo cual establecía las convenciones, que embridan el desatino y las ambiciones.

Al torrente de los instintos, a las energías de la naturaleza, correspondía el sentido (o mejor, el sin sentido) del azar. En cambio, al universo de la ley, debía corresponder la racionalidad, esto es, la gnomé, el cálculo, la previsión por el buen vivir en la ciudad.

La racionalidad en la conducción de la vida social, la previsibilidad para el buen gobierno, eran formas de pensar y de existir, que debían traducirse en la paz.

Esta última era la expresión de la razón, la misma que llenaba de sentido al ser humano; habitante entonces de la ciudad, hoy de la nación. Lo instintivo, la potencia, la fuerza, daban por el contrario curso a la guerra.

Hoy, como otras tantas veces en Colombia, deshilachada a menudo por guerras y violencias, recobra su vigencia plena esta idea clásica, la de vincular esencialmente la paz con la razón. Una paz al alcance de la mano, mucho más ahora que  las Farc han puestos sus armas en los depósitos herméticos de las Naciones Unidas; en un acuerdo en el que incorporan el entendimiento y la reconciliación, aplicados con las dosis justas de racionalidad y de razonabilidad. La racionalidad toma forma en un acuerdo que acaba con la guerra. Mientras tanto, la razonabilidad, la comprensión del otro, da vida a la operación que facilita la transformación del actor armado en partido político.

Ahora bien, en el pensamiento griego, la naturaleza y la ley no constituían una oposición absoluta, según lo hace notar un erudito como Vidal-Naquet. Pues ocurría que cuando los seres humanos fabricaban la ley, obraban también como parte de la naturaleza; terminaban por imitarla en sus reglas más visibles.

Así, la naturaleza (la physis) además de poseer la fuerza instintiva, la del desorden, también encerraba el orden, la posibilidad de aconductar con un sentido apropiado a los hombres y a las cosas.

La paz y la reforma

Hoy, en nuestro país, ante el gobierno y los ciudadanos se abre la posibilidad de superar el encuentro azaroso entre el caos y el orden; entre las tendencias a la guerra y las inclinaciones a la paz; lo cual también encierra la potencialidad de las transformaciones; más allá de un simple cese al fuego.

En la dialéctica natural del orden y el desorden, surge la posibilidad de la paz razonada. Lo cual, traducido a las condiciones de Colombia, bien podría significar la posibilidad de una paz no estática; la paz con cambio. Esto es, con justicia social; o, por lo menos, con una menor inequidad; sobre todo en un mundo agrario en el que el índice Gini, el que mide la desigualdad, alcanza la escandalosa cifra de 0.87, no muy distante de la oprobiosa desigualdad absoluta, la que equivale a la unidad (al 1).

Así, la paz no dejaría de ser la ocasión para actualizar las reformas aplazadas. Sería una paz transformadora; como si la paloma con su movimiento propiciatorio, devolviéndole el servicio a la lechuza, despertara su vocación, la de la razón crítica, esa que se despliega mediante las transformaciones sociales.

Imagen tomada: http://www.semana.com

El paisaje electoral se enriquece con el matrimonio de dos relucientes exponentes del mundillo de la mecánica política. Los cuales han celebrado unos alegres esponsales, en los que se entrecruzan, sin embargo, los intereses más protervos, los de destruir el Acuerdo de Paz. Por cierto, finiquitado como negocio de buenos auspicios, pues ya no hay guerra ni acción armada, en lo que concierne a las FARC, el grupo subversivo de mayor peso y tradición.

Alianza contra la paz

Lo han anunciado los propios contrayentes, enemigos feroces y mezquinos en el pasado; Uribe lo ha hecho con un respingo de político travieso, morbosamente empeñado en obstruir lo de otros, así sea lo mismo que él intentara hacer; y Pastrana, con su acento de eterno adolescente artificioso –la parla veloz y la vocalización apretada, como para no obligarse a pensar en lo que dice-; como quien arrastra el alma de sibarita sin alma, hace rato desubicado, extraviado desde El Caguán, pero recalando ahora en las peores aguas pandas, allí en donde encalla cualquier tentativa de progreso social y de apertura política.

Uno de los dos miembros de la pareja, el más activo, el inderrotable en la conquista, el que siempre está en plan de pedir ese votico aquí y allá, es el ahora ampuloso pero provinciano senador Alvaro Uribe Vélez, adalid del viejo país del orden sin cambio; esa versión corregida del Laureano Gómez de los años en que el sectarismo y la violencia se imponían sobre la autoridad del Estado.

La otra mitad, la media naranja del desequilibrio, está representada por un Andrés Pastrana, más urbano, pero así mismo más banal y distraído; eso sí, divorciado de cualquier spleen que implique un desdén propio del escéptico moderno; al contrario, más bien convertido en un político desdeñoso, pero no moderno; y creyente en las imaginerías conservadoras, pero sin ningún credo propio, en realidad.

Uribe Vélez es el conjunto lleno, el lugar ocupado; pura acción y discurso; solo que dueño de un activismo al servicio del discurso atrapado en el sesgo, en la oblicuidad de las medias verdades, que son también medias mentiras, sembrables eso sí en esos imaginarios colectivos anclados en el miedo; y también en esos residuos oscuros y góticos de la conciencia, asociados con la mentalidad autoritaria y con el prejuicio frente al otro, al que piensa distinto.

Andrés Pastrana es, por el contrario, el vacío matemáticamente puro; el conjunto sin contenido; huérfano de pasión, de acción y de discurso. Un sujeto sin predicado; que solo quiso poseer uno cuando se aventuró a conseguir la paz con la guerrilla de las FARC, pero sin un programa de reformas; mejor dicho, sin un programa a secas. Y en momentos en que el grupo insurgente marchaba al ritmo de sus ilusiones estratégicas de poder, por lo que insuflaba –hay que reconocerlo- un ánimo menos inclinado a las concesiones.

Desbrujulado desde entonces, el expresidente se acerca hoy a quien siempre ha tenido la brújula, a Uribe el dueño de la orientación, solo que al revés de la historia; se entrega a ese que, persistente, ha permanecido como guía, pero en contravía de la paz y de las reformas que favorezcan a las víctimas; se acerca a ese guerrero de ponchito al hombro que olvida el resarcimiento a los despojados de la tierra; se casa con el que no piensa en la redención sino en la punición; claro, solo como pretexto para su elección.

Mirando a las elecciones del 2018

En términos electorales, este matrimonio nuevo, entre quienes antes se despreciaban, el uno acusado por ser débil frente a la guerrilla, el otro por serlo con respecto a los paramilitares; esa unidad extraña entre el intenso y el liviano; esa alianza entre la mentira y el vacío, puede en efecto ser funcional al éxito político contra el Acuerdo de Paz, el blanco de sus odios. Aunque no necesariamente la convocatoria les alcance a los dos expresidentes para la reconquista del poder.

En las presidenciales de 2014, Uribe Vélez, alzando la voz contra las negociaciones y contra la fementida entrega del país al terrorismo, se alzó con 7 millones de votos que los puso en cabeza de su candidato, el caldense Oscar Iván Zuluaga, un resultado que representó la innegable capacidad de movilización en la que se amalgamaban el conservadurismo, los prejuicios y el liderazgo autoritario; negativo sí, pero liderazgo después de todo.

Al final, esta propuesta perdió ante los 8 millones de votos depositados por Santos, quien acentuó en el último tramo el mensaje en favor de una paz que necesitaba ser concluida.

Luego, en el plebiscito de 2016, las cargas se invirtieron. Ganó el uribismo visceral, el que quería que la gente votara iracunda, el del NO contra el acuerdo paz; aunque esa vez el triunfo tuviera lugar por un estrechísimo margen, apenas unos 53 mil votos.

Para entonces, un Pastrana resentido contra las FARC y contra Santos, hizo causa común con un Uribe que se proponía torcerle la suerte a la historia. Es esa la victoria que quieren reeditar ambos en 2018, tanto Uribe como Pastrana, ahora coaligados y descontextualizados; asociados otra vez contra la paz; no importa si el Acuerdo ya operó el cierre de esa guerra fatigosa.

Pastrana es efectivamente un vacío cultural desde el punto de vista de la política; un sujeto sin significado; incluso, un vacío electoral; esto es, un político sin votos. Pero esa ausencia de significado, ese mismo vacío, adquiere funcionalidad, en la medida en que puede ser llenado; puede ser colmado con una parte de las corrientes de la opinión, particularmente de las bases conservadoras que se mueven en la dirección de la prédica contra la causa progresista de la paz; acusada de ser la consagración de la impunidad, cuando en realidad lo es de la reconciliación.

En este caso, Pastrana, el conjunto sin contenido, puede venir a darle expresión al contenido de los 2 millones de votos que en 2014 apoyaron a Martha Lucía Ramírez en la primera vuelta. Lo cual va en el sentido de sumar apoyos, para repetir los 7 millones de votos uribistas en la segunda vuelta. Solo que esos 7 millones aún no son suficientes para que la candidatura que salga del nuevo matrimonio de conveniencia, resulte vencedora. Flotando están los otros 8 millones de votos de izquierda, de liberales, de centristas e independientes; pero que, claro, todavía no cuentan con un candidato catalizador.

Imagen tomada: El Espectador

 

De las armas a la razón democrática

Publicado: junio 21, 2017 en Política

Se hizo. O, mejor, se está haciendo; pero de un modo tan firme que el hecho no da lugar a dudas. El evento será consumado, en apenas una semana; a cuyo término la historia nos rozará, como lo advirtiera José Mujica, cuando las guerrillas comunistas dejen hasta el último fusil en manos de las Naciones Unidas. Por cierto, lo harán en un país en el que siempre nace una violencia o en el que cada día se arma un grupo nuevo, alguna bandola con inaprehensibles propósitos.

Este martes que acaba de pasar, un martes 13, por más señas;  pero de presagios al revés; más bien, de vaticinios luminosamente invertidos, un día en el que tal vez fuera promisorio casarse con el desarme y embarcarse con la democracia; en esa fecha, el 13 de junio de un martes si acaso inquietante para los que le temen a la paz, las Farc hicieron dejación de otro 30% de sus lustrosos instrumentos de guerra. O hicieron entrega de ellos, si así lo preferimos. Solo que no fue la entrega a su antiguo enemigo, sino a un tercero.

Con lo cual pusieron de manifiesto que no se rindieron, pero tampoco persistieron en lo que ya hacía rato era una acción huérfana de sentido histórico.

El desarme como acontecimiento

Y, ahora, concurrieron el hecho y la imagen; se dieron cita la acción material y el símbolo “significante”. O, en otras palabras, la circunstancia  y su visibilización.

La una está formada por los containers  de la ONU, que se engullían como en un acto inverosímil a las metralletas de la muerte, de la extorsión y de las ilusiones catastróficas. La otra ha sido la fotografía final y sensatamente autorizada por la ex comandancia insurgente; ha sido el calco, la imagen dibujada como certificación de lo cumplido, que al instalarse en la memoria colectiva, comienza a convertir a la circunstancia en acontecimiento, transformación ésta que sitúa al hecho en la historia y a la vez en el imaginario colectivo. El imaginario de los que se rendirán frente a la evidencia, siempre habrá quien lo haga; y el de los que insistirán hasta la fatiga de sus vanos desvirtuamientos, en la idea de que tan solo fue el divertimiento que dejó como herencia las guerritas y maldades de siempre.

La renuncia a la violencia

Lo importante de todo ello es que las circunstancia y el yo, se fundieron en el momento de una transformación no solo objetiva, la de la entrega de las armas, sino subjetiva, lo que no deja de ser transcendental.

La acción material de abandonar las armas la realizan los insurgentes, al tiempo que renuncian a la violencia, como la convicción de un sujeto que entra a otro estado del alma. Al menos, así lo consignó Timochenko, el jefe del movimiento armado: “renunciamos a ella, nunca más utilizaremos la violencia”. Toda una declaración ideológica y cultural, una proclamación del nuevo significado de la acción: una revolución operada en la subjetividad. Una revolución que cambió de lugar; ya no realizable en la razón del poder, sino en el poder de la razón.

Así, el desarme deja de ser solo un hecho estratégico, admisible solo porque ya no es posible vencer al enemigo. Pasa a ser en cambio un acto de fe; no reñido con la razón, sino paradójicamente un acto de fe en la razón, en la razón democrática, por más riesgos que ésta encierre.

El combate y la palabra

La transformación implica, aunque no lo reconozcan los comandantes, un parcial ajuste de cuentas con Marx. Naturalmente, los ex insurgentes confirman la confianza en los cambios sociales, ni más faltaba.

Pero empiezan a invertir la dialéctica de la fuerza y del poder. Ya no harán sus apuestas por la crítica de las armas, la que por lo demás arrasó con los imaginarios éticos de la revolución, sino por el arma de la crítica; la que conduce derecho, no a la fuerza de las armas, no al combate; sino al debate, la forma eminente de la acción política.

Es como si cambiaran algo de Marx por algo de Hannah Arendt, para quien  la violencia terminaba por destruir el poder político; cuando de lo que se trataba era de construirlo como lugar de concertación; eso sí, en medio de la diferencia.

Y, como si por ahí mismo, se propusieran el regreso, sin disquisiciones filosóficas, a Aristóteles; al charco seminal en el que brotó la idea de la política, el modelo de un poder apoyado en la libertad; y, por tanto, en el ciudadano dueño de la palabra, un ciudadano que delibera, que lucha, pero que lo hace con el discurso y, claro, con el razonamiento.

El abandono de las armas, con el que efectivamente se han comprometido las Farc, está acompañado  crecientemente con un cambio de concepción, una revolución cultural. Es lo que se insinúa en la expresión del mismo Timochenko: “combatiremos solo con las palabras, lo prometemos”. Lo que emerge es una conversión laica a la democracia ideal, un horizonte al que no hay por qué renunciar.

Imagen tomada: http://confidencialcolombia.com