LA REFORMA POLÍTICA QUE NO SERÁ

Publicado: julio 27, 2017 en Política

Después del 20 de julio llegará la siguiente oleada de leyes correspondiente a la implementación del acuerdo de paz. Seguramente sin el empuje de la anterior, pero con contenido y alcances normativos y materiales, tan significativos quizá como los que encerraban las primeras leyes acordadas por medio del fast track.

¿Reforma política para la democracia?

Una de las medidas de orden legal y constitucional que recoja un conjunto de disposiciones correspondientes a las necesidades de transformación será la Reforma Política, urgente paso para la ampliación democrática y para la corrección de los vicios que envilecen la construcción de la representación y la participación.

Ahora bien, hablar de la ampliación de la democracia como subproducto de la paz, es naturalmente hablar de un proyecto de gran envergadura. Un proyecto histórico, se entiende. Solo que traducido en términos de la propuesta legislativa será una empresa manifiestamente precaria, si se la compara con el tamaño de las necesidades previstas; un remedo de reforma seguramente.

Los vicios

La democracia colombiana es considerablemente clientelista y altamente abstencionista. Al mismo tiempo, el Estado abriga un componente intensamente cleptocrático; es decir, funciona para que parcialmente se lo roben; admite la corrupción como una forma con la cual se aceita el ejercicio del poder.

Clientelismo electoral y corrupción administrativa se cruzan en distintas zonas del comportamiento político, formando entramados, cuyo funcionamiento ominoso termina naturalmente en el saqueo del erario, pero sobre todo en una subordinación bastarda del interés público respecto de las lógicas impuestas por los depredadores particulares de la política.

En general, la democracia electoral –esa dimensión en la que la participación ciudadana en las escogencias políticas define el nudo de la representación- está pervertida por un juego en el que un cacique, a la vez profesional de la política, forma una empresa electoral para acceder, al amparo de un partido, a la representación nacional y local. Y con la cual abre sus posibilidades de acción en dos planos; a saber: de una parte, la intermediación de servicios que pone en contacto a los pobladores con el Estado; y de la otra, el control por parcelas de la administración pública haciéndose el jefe de la clientela al manejo de alcaldías y gobernaciones y presionando desde su bancada en las corporaciones públicas al Ejecutivo; en todo caso, situándose en el centro de una operación que le permite drenar en su favor los recursos públicos; sea por medio de la burocracia o de los cupos indicativos irrigados a las regiones o a través la contratación pública.

En la marcha de las empresas electorales, casi siempre clientelas políticas; en su reproducción; radica la trama de prácticas viciosas que sirven para una doble captura: la de los recursos del Estado y la de la conciencia de los electores; la de la plata y la de la lealtad.

En esa zona, pantanosa pero central de la democracia; descompuesta pero administrativamente rutinizada, florecen las técnicas sociales, propiciatorias, tanto de la apropiación de lo público, como de la contaminación de la conciencia ciudadana y de la corrupción del régimen.

El peso del entramado

Este juego que obra como un entramado de técnicas de perversión no cubre desde luego todo el campo de la democracia electoral, pero se ha instalado en el centro de la operación a través de la cual se constituye la representación de los ciudadanos. Y lo hace con una influencia tan grande que se aprecia fácilmente en la composición del Congreso, de las Corporaciones Públicas Regionales y de los Partidos Políticos.

Un cálculo al vuelo de su incidencia podría situar su participación –la de las empresas electorales y el voto clientelista- en al menos una tercera parte del mundo de la representación política, lo cual equivaldría a unos cinco millones, de los quince que en total suman la participación electoral; una proporción lo suficientemente importante como para desvirtuar el sentido profundo de la democracia y dar lugar a la corrupción, monstruo de mil cabezas.

Es un factor negativo que interviene en un universo de participación, débil por otra parte en comparación con el censo electoral que se eleva a poco más de treinta millones de votantes, el doble de quienes efectivamente depositan el sufragio.

En esas condiciones, el clientelismo con sus empresas electorales, base de los partidos tradicionales, adquiere un control, para el que además resulta funcional la abstención del 52 por ciento de los electores.

En ese orden de ideas, la democracia clientelista se acompasa con la abstencionista, para ayudar a la perpetuación de las hegemonías elitistas en manos de unos partidos tradicionales que siempre encuentran enfrente una oposición alternativa tan disminuida que se queda sin posibilidades de convertirse en gobierno o siquiera de ejercer el poder de chantaje en el Congreso, dicho esto último en el más legítimo de los sentidos.

La reforma ideal

Entonces, una reforma política seria debiera atacar directamente el control y la utilización de los recursos públicos por parte de los “políticos profesionales”.

Así mismo, condicionar la organización y la democracia dentro de los partidos, hoy convertidos en constelaciones de empresas clientelistas y en portadores de una razón social que facilita los avales, sin filtros de carácter ético.

Por último, la reforma debiera castigar severamente la corrupción y las faltas contra la ética pública, descargando el peso de la ley contra los individuos que cometen las faltas y contra los partidos que les dan cabida. En otro orden de ideas, en las disposiciones que se diseñen harían falta nuevas condiciones para la participación en una democracia tan abstencionista como la colombiana.

Dicho de otro modo, la reforma no debiera limitarse a ser una reforma electoral que por ejemplo sustituyera el voto preferente por las listas cerradas, lo cual no cambiaría mucho las cosas. Debiera al contario contener disposiciones en el sentido de modernizar el Estado desde el punto de vista del manejo de los recursos, del reclutamiento de la burocracia y del control sobre la contratación, separando estos tópicos del contacto con los políticos.

Al mismo tiempo, debiera imponer, así fuera por un periodo de doce años, el voto obligatorio. La superación del abstencionismo y la eliminación del clientelismo serían ambas, modificaciones que no solo sanearían la democracia, sino que muy probablemente alterarían la ecuación nefasta de las hegemonías tradicionales que coexisten con una oposición alternativa, casi marginal.

Sin embargo, nada de esto –o muy poco- contendrá la reforma política. Razón por la cual, es muy probable que a pesar de la paz, habrá más de lo mismo: clientelismo, corrupción y abstencionismo; y muy baja alternancia, como posibilidad de cambios en la composición de las fuerzas políticas.

Imagen tomada: http://www.pares.com.co/tag/elecciones-2015/ 

La razón y la paloma

Publicado: julio 12, 2017 en Política

La paloma, ya se sabe, es el signo alado de la paz. Del mismo modo, la lechuza, con sus hieráticos ojos de gato en la oscuridad, es reconocida desde la antigüedad helénica como el símbolo de la sabiduría, o de la razón, da lo mismo. Entonces es ésta la que ilumina reflexivamente el vuelo de la primera, como el trazo seguro en el logro de la convivencia.

La dejación de las armas y el fin del conflicto

Hay una necesidad histórica para que el país abandone por fin un conflicto armado interno, madurado – mejor, agotado –, a golpes de crueldad pesarosa, sin que por otro lado se abriese paso una salida militar creíble; sin que jamás las balas condujeran el enfrentamiento a un plano distinto; ese plano de la pura política, ya sin la ayuda ominosa de la violencia.

Es un simple problema de costos. Cientos de vidas, cobradas cada año por los combates estériles; atentados contra la libertad; al mismo tiempo, la baja inversión en el campo; el sacrificio por lo menos de un punto y medio porcentual (1.5%) en el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB); y, para completar, los riesgos del descrédito internacional, la imagen de una nación penosamente viable, mordida, como si de serpiente se tratara, por el narco ambicioso; arrasada por el paramilitar despiadado; y asaltada por unas guerrillas arcaicas, no por ello menos devastadoras.

Han sido los costos, cada día más grandes y, sin embargo, cada hora más inútiles, cuya eliminación, se volvió urgencia de cada minuto; apremio material y espiritual.

La razón y la paz

Solo que más allá (o más acá) de esas circunstancias históricas, la paz en Colombia es también necesidad trascendente. Corresponde al sentido profundo del hilo que recorre la construcción colectiva de la sociedad; el que puede articular los retazos desconectados por el crecimiento y la desigualdad en los horizontes de la cohesión social y la formación de una nación, merecedora de ese “plebiscito diario”, vislumbrado por Renán, con el que los ciudadanos la refunden siempre. Haciéndolo en torno de los valores comunes; eso sí, no interrumpidos por la exclusión, no fragmentados por la discriminación cultural.

Antiguamente, los griegos pensaban que en la atmósfera de la ciudad intervenían dos energías que, quizá, se movían en sentido contradictorio, la naturaleza y la ley; la physis  y el nomos. La una transportaba los instintos, animaba la fuerza de choque entre los individuos y los grupos. La otra domesticaba las pulsiones, controlaba los arranques naturales, para lo cual establecía las convenciones, que embridan el desatino y las ambiciones.

Al torrente de los instintos, a las energías de la naturaleza, correspondía el sentido (o mejor, el sin sentido) del azar. En cambio, al universo de la ley, debía corresponder la racionalidad, esto es, la gnomé, el cálculo, la previsión por el buen vivir en la ciudad.

La racionalidad en la conducción de la vida social, la previsibilidad para el buen gobierno, eran formas de pensar y de existir, que debían traducirse en la paz.

Esta última era la expresión de la razón, la misma que llenaba de sentido al ser humano; habitante entonces de la ciudad, hoy de la nación. Lo instintivo, la potencia, la fuerza, daban por el contrario curso a la guerra.

Hoy, como otras tantas veces en Colombia, deshilachada a menudo por guerras y violencias, recobra su vigencia plena esta idea clásica, la de vincular esencialmente la paz con la razón. Una paz al alcance de la mano, mucho más ahora que  las Farc han puestos sus armas en los depósitos herméticos de las Naciones Unidas; en un acuerdo en el que incorporan el entendimiento y la reconciliación, aplicados con las dosis justas de racionalidad y de razonabilidad. La racionalidad toma forma en un acuerdo que acaba con la guerra. Mientras tanto, la razonabilidad, la comprensión del otro, da vida a la operación que facilita la transformación del actor armado en partido político.

Ahora bien, en el pensamiento griego, la naturaleza y la ley no constituían una oposición absoluta, según lo hace notar un erudito como Vidal-Naquet. Pues ocurría que cuando los seres humanos fabricaban la ley, obraban también como parte de la naturaleza; terminaban por imitarla en sus reglas más visibles.

Así, la naturaleza (la physis) además de poseer la fuerza instintiva, la del desorden, también encerraba el orden, la posibilidad de aconductar con un sentido apropiado a los hombres y a las cosas.

La paz y la reforma

Hoy, en nuestro país, ante el gobierno y los ciudadanos se abre la posibilidad de superar el encuentro azaroso entre el caos y el orden; entre las tendencias a la guerra y las inclinaciones a la paz; lo cual también encierra la potencialidad de las transformaciones; más allá de un simple cese al fuego.

En la dialéctica natural del orden y el desorden, surge la posibilidad de la paz razonada. Lo cual, traducido a las condiciones de Colombia, bien podría significar la posibilidad de una paz no estática; la paz con cambio. Esto es, con justicia social; o, por lo menos, con una menor inequidad; sobre todo en un mundo agrario en el que el índice Gini, el que mide la desigualdad, alcanza la escandalosa cifra de 0.87, no muy distante de la oprobiosa desigualdad absoluta, la que equivale a la unidad (al 1).

Así, la paz no dejaría de ser la ocasión para actualizar las reformas aplazadas. Sería una paz transformadora; como si la paloma con su movimiento propiciatorio, devolviéndole el servicio a la lechuza, despertara su vocación, la de la razón crítica, esa que se despliega mediante las transformaciones sociales.

Imagen tomada: http://www.semana.com

El paisaje electoral se enriquece con el matrimonio de dos relucientes exponentes del mundillo de la mecánica política. Los cuales han celebrado unos alegres esponsales, en los que se entrecruzan, sin embargo, los intereses más protervos, los de destruir el Acuerdo de Paz. Por cierto, finiquitado como negocio de buenos auspicios, pues ya no hay guerra ni acción armada, en lo que concierne a las FARC, el grupo subversivo de mayor peso y tradición.

Alianza contra la paz

Lo han anunciado los propios contrayentes, enemigos feroces y mezquinos en el pasado; Uribe lo ha hecho con un respingo de político travieso, morbosamente empeñado en obstruir lo de otros, así sea lo mismo que él intentara hacer; y Pastrana, con su acento de eterno adolescente artificioso –la parla veloz y la vocalización apretada, como para no obligarse a pensar en lo que dice-; como quien arrastra el alma de sibarita sin alma, hace rato desubicado, extraviado desde El Caguán, pero recalando ahora en las peores aguas pandas, allí en donde encalla cualquier tentativa de progreso social y de apertura política.

Uno de los dos miembros de la pareja, el más activo, el inderrotable en la conquista, el que siempre está en plan de pedir ese votico aquí y allá, es el ahora ampuloso pero provinciano senador Alvaro Uribe Vélez, adalid del viejo país del orden sin cambio; esa versión corregida del Laureano Gómez de los años en que el sectarismo y la violencia se imponían sobre la autoridad del Estado.

La otra mitad, la media naranja del desequilibrio, está representada por un Andrés Pastrana, más urbano, pero así mismo más banal y distraído; eso sí, divorciado de cualquier spleen que implique un desdén propio del escéptico moderno; al contrario, más bien convertido en un político desdeñoso, pero no moderno; y creyente en las imaginerías conservadoras, pero sin ningún credo propio, en realidad.

Uribe Vélez es el conjunto lleno, el lugar ocupado; pura acción y discurso; solo que dueño de un activismo al servicio del discurso atrapado en el sesgo, en la oblicuidad de las medias verdades, que son también medias mentiras, sembrables eso sí en esos imaginarios colectivos anclados en el miedo; y también en esos residuos oscuros y góticos de la conciencia, asociados con la mentalidad autoritaria y con el prejuicio frente al otro, al que piensa distinto.

Andrés Pastrana es, por el contrario, el vacío matemáticamente puro; el conjunto sin contenido; huérfano de pasión, de acción y de discurso. Un sujeto sin predicado; que solo quiso poseer uno cuando se aventuró a conseguir la paz con la guerrilla de las FARC, pero sin un programa de reformas; mejor dicho, sin un programa a secas. Y en momentos en que el grupo insurgente marchaba al ritmo de sus ilusiones estratégicas de poder, por lo que insuflaba –hay que reconocerlo- un ánimo menos inclinado a las concesiones.

Desbrujulado desde entonces, el expresidente se acerca hoy a quien siempre ha tenido la brújula, a Uribe el dueño de la orientación, solo que al revés de la historia; se entrega a ese que, persistente, ha permanecido como guía, pero en contravía de la paz y de las reformas que favorezcan a las víctimas; se acerca a ese guerrero de ponchito al hombro que olvida el resarcimiento a los despojados de la tierra; se casa con el que no piensa en la redención sino en la punición; claro, solo como pretexto para su elección.

Mirando a las elecciones del 2018

En términos electorales, este matrimonio nuevo, entre quienes antes se despreciaban, el uno acusado por ser débil frente a la guerrilla, el otro por serlo con respecto a los paramilitares; esa unidad extraña entre el intenso y el liviano; esa alianza entre la mentira y el vacío, puede en efecto ser funcional al éxito político contra el Acuerdo de Paz, el blanco de sus odios. Aunque no necesariamente la convocatoria les alcance a los dos expresidentes para la reconquista del poder.

En las presidenciales de 2014, Uribe Vélez, alzando la voz contra las negociaciones y contra la fementida entrega del país al terrorismo, se alzó con 7 millones de votos que los puso en cabeza de su candidato, el caldense Oscar Iván Zuluaga, un resultado que representó la innegable capacidad de movilización en la que se amalgamaban el conservadurismo, los prejuicios y el liderazgo autoritario; negativo sí, pero liderazgo después de todo.

Al final, esta propuesta perdió ante los 8 millones de votos depositados por Santos, quien acentuó en el último tramo el mensaje en favor de una paz que necesitaba ser concluida.

Luego, en el plebiscito de 2016, las cargas se invirtieron. Ganó el uribismo visceral, el que quería que la gente votara iracunda, el del NO contra el acuerdo paz; aunque esa vez el triunfo tuviera lugar por un estrechísimo margen, apenas unos 53 mil votos.

Para entonces, un Pastrana resentido contra las FARC y contra Santos, hizo causa común con un Uribe que se proponía torcerle la suerte a la historia. Es esa la victoria que quieren reeditar ambos en 2018, tanto Uribe como Pastrana, ahora coaligados y descontextualizados; asociados otra vez contra la paz; no importa si el Acuerdo ya operó el cierre de esa guerra fatigosa.

Pastrana es efectivamente un vacío cultural desde el punto de vista de la política; un sujeto sin significado; incluso, un vacío electoral; esto es, un político sin votos. Pero esa ausencia de significado, ese mismo vacío, adquiere funcionalidad, en la medida en que puede ser llenado; puede ser colmado con una parte de las corrientes de la opinión, particularmente de las bases conservadoras que se mueven en la dirección de la prédica contra la causa progresista de la paz; acusada de ser la consagración de la impunidad, cuando en realidad lo es de la reconciliación.

En este caso, Pastrana, el conjunto sin contenido, puede venir a darle expresión al contenido de los 2 millones de votos que en 2014 apoyaron a Martha Lucía Ramírez en la primera vuelta. Lo cual va en el sentido de sumar apoyos, para repetir los 7 millones de votos uribistas en la segunda vuelta. Solo que esos 7 millones aún no son suficientes para que la candidatura que salga del nuevo matrimonio de conveniencia, resulte vencedora. Flotando están los otros 8 millones de votos de izquierda, de liberales, de centristas e independientes; pero que, claro, todavía no cuentan con un candidato catalizador.

Imagen tomada: El Espectador

 

De las armas a la razón democrática

Publicado: junio 21, 2017 en Política

Se hizo. O, mejor, se está haciendo; pero de un modo tan firme que el hecho no da lugar a dudas. El evento será consumado, en apenas una semana; a cuyo término la historia nos rozará, como lo advirtiera José Mujica, cuando las guerrillas comunistas dejen hasta el último fusil en manos de las Naciones Unidas. Por cierto, lo harán en un país en el que siempre nace una violencia o en el que cada día se arma un grupo nuevo, alguna bandola con inaprehensibles propósitos.

Este martes que acaba de pasar, un martes 13, por más señas;  pero de presagios al revés; más bien, de vaticinios luminosamente invertidos, un día en el que tal vez fuera promisorio casarse con el desarme y embarcarse con la democracia; en esa fecha, el 13 de junio de un martes si acaso inquietante para los que le temen a la paz, las Farc hicieron dejación de otro 30% de sus lustrosos instrumentos de guerra. O hicieron entrega de ellos, si así lo preferimos. Solo que no fue la entrega a su antiguo enemigo, sino a un tercero.

Con lo cual pusieron de manifiesto que no se rindieron, pero tampoco persistieron en lo que ya hacía rato era una acción huérfana de sentido histórico.

El desarme como acontecimiento

Y, ahora, concurrieron el hecho y la imagen; se dieron cita la acción material y el símbolo “significante”. O, en otras palabras, la circunstancia  y su visibilización.

La una está formada por los containers  de la ONU, que se engullían como en un acto inverosímil a las metralletas de la muerte, de la extorsión y de las ilusiones catastróficas. La otra ha sido la fotografía final y sensatamente autorizada por la ex comandancia insurgente; ha sido el calco, la imagen dibujada como certificación de lo cumplido, que al instalarse en la memoria colectiva, comienza a convertir a la circunstancia en acontecimiento, transformación ésta que sitúa al hecho en la historia y a la vez en el imaginario colectivo. El imaginario de los que se rendirán frente a la evidencia, siempre habrá quien lo haga; y el de los que insistirán hasta la fatiga de sus vanos desvirtuamientos, en la idea de que tan solo fue el divertimiento que dejó como herencia las guerritas y maldades de siempre.

La renuncia a la violencia

Lo importante de todo ello es que las circunstancia y el yo, se fundieron en el momento de una transformación no solo objetiva, la de la entrega de las armas, sino subjetiva, lo que no deja de ser transcendental.

La acción material de abandonar las armas la realizan los insurgentes, al tiempo que renuncian a la violencia, como la convicción de un sujeto que entra a otro estado del alma. Al menos, así lo consignó Timochenko, el jefe del movimiento armado: “renunciamos a ella, nunca más utilizaremos la violencia”. Toda una declaración ideológica y cultural, una proclamación del nuevo significado de la acción: una revolución operada en la subjetividad. Una revolución que cambió de lugar; ya no realizable en la razón del poder, sino en el poder de la razón.

Así, el desarme deja de ser solo un hecho estratégico, admisible solo porque ya no es posible vencer al enemigo. Pasa a ser en cambio un acto de fe; no reñido con la razón, sino paradójicamente un acto de fe en la razón, en la razón democrática, por más riesgos que ésta encierre.

El combate y la palabra

La transformación implica, aunque no lo reconozcan los comandantes, un parcial ajuste de cuentas con Marx. Naturalmente, los ex insurgentes confirman la confianza en los cambios sociales, ni más faltaba.

Pero empiezan a invertir la dialéctica de la fuerza y del poder. Ya no harán sus apuestas por la crítica de las armas, la que por lo demás arrasó con los imaginarios éticos de la revolución, sino por el arma de la crítica; la que conduce derecho, no a la fuerza de las armas, no al combate; sino al debate, la forma eminente de la acción política.

Es como si cambiaran algo de Marx por algo de Hannah Arendt, para quien  la violencia terminaba por destruir el poder político; cuando de lo que se trataba era de construirlo como lugar de concertación; eso sí, en medio de la diferencia.

Y, como si por ahí mismo, se propusieran el regreso, sin disquisiciones filosóficas, a Aristóteles; al charco seminal en el que brotó la idea de la política, el modelo de un poder apoyado en la libertad; y, por tanto, en el ciudadano dueño de la palabra, un ciudadano que delibera, que lucha, pero que lo hace con el discurso y, claro, con el razonamiento.

El abandono de las armas, con el que efectivamente se han comprometido las Farc, está acompañado  crecientemente con un cambio de concepción, una revolución cultural. Es lo que se insinúa en la expresión del mismo Timochenko: “combatiremos solo con las palabras, lo prometemos”. Lo que emerge es una conversión laica a la democracia ideal, un horizonte al que no hay por qué renunciar.

Imagen tomada: http://confidencialcolombia.com

Ya lo sabemos: Colombia es uno de los diez países más desiguales del planeta. Ahora bien, lo que en términos del promedio nacional, es un indicador afrentoso, en el caso del mundo rural, es francamente una aberración social que debiera estremecer al más insensible: el GINI de tierras; es decir, el coeficiente que señala la desigualdad en su posesión, es de 0.90, un dato que campea en las espantosas vecindades del 1.00, esa unidad fatídica que refleja matemáticamente la desigualdad absoluta. ¡Un escándalo! Pero un escándalo con el que han convivido las élites, acorazadas con una indiferencia de hielo, que se  camufla bajo las ilusiones del progreso.

La paz y los problemas sociales

Es una desigualdad que coexiste con otra aberración, la elevada concentración en la propiedad de la tierra, cuya contrapartida, el lado oscuro del problema, no es otro que el despojo y la orfandad de tierras que padecen cientos de miles de campesinos. La prueba: los predios de 500 hectáreas, o más, ocupan más del 70% de la tierra cultivable. Mientras tanto, los de 1 hectárea, o menos, apenas representan el 3%.

Por ese motivo, simple pero duro como un golpe seco, el acuerdo de paz incluyó razonablemente la formación de un banco de tierras de 3 millones de hectáreas, objeto ahora de un decreto que comienza a regir desde esta semana. La finalidad ha sido la de que el Estado disponga de las condiciones materiales, con las cuales pueda adelantar una política de distribución, al menos entre 800 mil familias, carentes de tal recurso.

Esa es la materia de la ley agraria que el gobierno someterá al Congreso, y así mismo de los otros decretos–ley, como el que se ocupa de los programas de desarrollo con enfoque territorial; y que Juan Manuel Santos acaba de expedir entre el sábado 27 y el lunes 29 de mayo; justo antes de que se terminara el plazo para que hiciese uso de las facultades extraordinarias que le concedió el acto legislativo de la paz.

Así mismo, tendrá que formular el dispositivo para la determinación del catastro, a objeto de facilitar las condiciones para la titulación durante los próximos años de los predios que carecen de ella, los que equivalen a 7 millones  de hectáreas. Por último, habrá de asegurar una política de baldíos, que detenga su apropiación abusiva.

Los decretos

En ese orden de ideas, Santos ha soltado una cascada necesaria de decretos, contentivos de decisiones para reglamentar y aplicar decisiones legales, concernientes a la amnistía, a la justicia especial y a la inversión rural, lo mismo que a la reincorporación de los excombatientes, hecho este último, para el que las partes han acordado un periodo adicional de dos meses.

Por cierto, la puesta en marcha de una política de baldíos, de formalización en la propiedad, y de distribución de tierras, corresponden a pautas que desarrollan los compromisos del Estado con las Farc, para que estas abandonen las armas; operación esta última para la cual el gobierno ha contemplado el plazo de 20  días adicionales, dadas las demoras que en materia logística se presentaron en la instalación de las zonas veredales.

Naturalmente, las políticas anteriormente señaladas constituyen el material para un compromiso que es más significativo con la sociedad  que con la propia guerrilla. En otras palabras, son parte de un acuerdo solemne con ésta, pero, más allá de este alcance, hacen parte del pago urgente de una deuda social con los más necesitados. Son obligaciones que, por punta y punta, por los principios del Estado social de derecho y por los mandatos de la paz, reciben el amparo de los deberes constitucionales, propios del orden político; algo que, por otro lado, la extrema derecha ve como una maldición; y algunos filisteos de la prensa y de la Magistratura sienten como una arbitrariedad o como “la sustitución de la Constitución”.

¿Fast track completo en la práctica?

De todas maneras, no podemos olvidar el hecho de que la dispersión y la lentitud a que pueden dar lugar las modificaciones en el fast track, pudieron ser respondidas parcialmente por el instrumento de los decretos-ley expedidos por el gobierno. Estos hacen parte de un dispositivo que soslaya legítimamente el potencial entrabamiento de su trámite legislativo; además, permite el cumplimiento de los acuerdos; aunque por otro lado admiten la posibilidad de un reversazo a manos del próximo gobierno. Es una razón, por la cual, hace falta que la mayor cantidad posible de disposiciones, quede asegurada mediante el proceso legislativo.

Relanzar coalición por la paz

Una coalición parlamentaria se torna imperativa, a fin de garantizar en los hechos el trámite de las leyes y los actos legislativos más urgentes; y, a la vez, los que revistan mayor trascendencia para materializar el Acuerdo de paz; sobre todo, las leyes que tienen que ver con un material sustantivo de la agenda; y la ley que tiene que ver con el procedimiento de la transición hacia la paz. Las primeras son las disposiciones ya mencionadas, que se refieren a la “reforma agraria integral”, contra la cual conspirarán los representantes políticos del latifundismo legal e ilegal.

El otro campo de disposiciones legales, el que tiene que ver con los procedimientos, es el que guarda relación con la Justicia Transicional; esto es, con la ley estatutuaria, para levantar la arquitectura que le dé vida. Sin la cual, la transición a la paz quedaría sumida en el limbo más desconcertante.

La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial será la prueba ácida para la materialización de la coalición parlamentaria de mayorías, promovida por el gobierno y por algunos sectores de la izquierda, a fin de reencontrar el sendero, para el cumplimiento de los acuerdos.

Será un aprueba ácida que, de arrojar resultados auspiciosos, podrá repercutir en una coalición más amplia. Que sea de carácter extra parlamentario, en defensa de la paz, contra quienes la quieren volver trizas. Esa coalición de la que hasta ahora han hablado Humberto de la Calle, el exjefe negociador, y Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior.

En el último Congreso del Centro Democrático, ese partido que pretende recoger al uribismo puro  y a la godarria más primaria del pasado, Paloma Valencia aportó, como nota, el culto a la personalidad. Con la voz un tanto ahorcada, pero con los brazos en agitación constante; y, sobre todo, con el ánimo altisonante, procedió a un panegírico exorbitado de su jefe, el ex presidente Uribe, a quien encumbró, primero como una creación de bronce, e inmediatamente  después, como un mástil, sin saber qué otro ditirambo invocar, mientras los brazos se movían convulsos y autónomos.

Lo alababa como estatua viviente y, a la vez, como el palo mayor del barco; y como si ello fuera poco, otra metáfora desmesurada cayó a su caletre enfebrecido para que los brazos no saltaran huérfanos ya, sin la compañía de los gritos. Y entonces, dijo que el prohombre era un sol, la luz que más brillaba en el firmamento. Bronce, mástil, sol. La incoherencia. El desorden del discurso a borbotones. Pero también el delirio. Con el que, por cierto, intentaba remover los sustratos emocionales del caudillismo en los seguidores.

 

Lo cual constituye un factor de aglutinamiento pasional;  o sea, de identidad alrededor del líder. Grotesco el ejercicio, pero emocionalmente eficaz como construcción simbólica que se proyecta  en un sentido “positivo”; en la afirmación de algo, bajo cuyos pies yace un proyecto de país no necesariamente claro y de cualquier manera impotente para inspirar sueños de progreso. Un proyecto –el uribista- que cuando no es difuso, es notablemente reaccionario y negativo.

Ese otro acento, en el sentido de la negación, de la nítida involución, fue el elemento con el que contribuyó el exministro Fernando Londoño Hoyos. Lo cual hizo en la forma más cruda posible.

Fue estentóreo y brutal, sentencioso y teatral, al promover con sus ademanes el despedazamiento del Acuerdo de paz, como si quisiera convertirse en la Manuela Beltrán, que rompe el edicto virreinal con la carga de nuevos tributos, el símbolo de la ignominia. Afortunadamente, no se le atravesó por el subconsciente, en medio del arrebato, la imagen de Lady Godiva, con su desnudez inimitable, mientras cabalgaba contra las exacciones del mundo feudal.

Por cierto, un  mundo de privilegios y de jerarquías sociales, en el que el exministro seguramente quisiera que vivieran los colombianos, el mundo de la iglesia y del latifundio; el de la derecha, como tradición que sedimenta el orden social y como acción política que se opone al cambio y a la razón; o dicho de otro modo, a la razón que fundamenta precisamente las posibilidades del cambio.

Contra el cambio, la paz y la razón

Un cambio que se vincula razonablemente con la paz y las reformas, resultantes de la negociación que, por otro lado, conduce al abandono de las armas por parte de los insurgentes.

La paz aparece como una convención racionalmente establecida, porque sirve para que el Estado recupere su condición moderna de soberano; y para esta misma soberanía se amplíe mediante la inclusión de quienes antes desafiaban las reglas del juego.

Así mismo, las reformas encuentran un aliento de racionalidad por lo que pueden entrañar como reivindicación que favorece a muchas comunidades rurales, azotadas por la violencia y desplazadas hacia el marginamiento.

Contra lo que tiene de razonable y de racional el Acuerdo de paz, se pronunció con virulencia el exministro Londoño, aplaudido por el expresidente y por los asistentes. Lo llamó groseramente “basura”. Y, como un pequeño Atila, amenazó con el hecho de que él y sus copartidarios de la derecha uribista lo harían “trizas”, al llegar al poder, de la mano de Uribe, ese mástil, del que hablara con gritos estrangulados la senadora Paloma Valencia.

Emociones, identidades y estrategias

La adhesión emocional en torno a la figura del jefe (factor afirmativo) y el rechazo agresivo a la paz (factor racionalmente negativo, aunque cargado de post-verdades y falacias) son dos ingredientes que, mezclados, dibujan un perfil de identidad, el del partido de la extrema derecha.

Pero a este identidad, hecha de emociones afirmativas y de un programa negativo, le falta todavía el dispositivo estratégico para llegar al poder. Para trazar el camino a este último, Londoño Hoyos (quien carece de fuerza interna) piensa en darle al llamado Centro Democrático una base doctrinaria decididamente derechista, seguramente estructurada dentro de una línea conservadora– católica. Uribe (quien al revés dispone de todo el poder y de toda la ascendencia) prefiere, al parecer, una constelación de figuras y de grupos, de derecha pero sin demasiados compromisos ideológicos, en términos intelectuales; algo que finalmente se traduzca en una alianza para la conquista de la presidencia; una alianza que acerque a figuras como Andres Pastrana y Martha Lucia Ramírez, hoy más movidos que de costumbre hacia la derecha por su oposición al Acuerdo de paz; pero que en todo caso  no son especialmente proclives a los escarceos doctrinarios, que caracterizan a una derecha militante y religiosa.

Naturalmente, Uribe, el dueño del partido político, sabrá imponer su estrategia, en la perspectiva de una extrema- derecha pragmática, en busca de aliados. Una ambición que, sin embargo, no tiene garantizada su materialización, por las divergencias que surgirán a causa de los intereses electorales encontrados y de las pretensiones presidenciales incompatibles.

En su documento ideológico, las Farc se postulan, con todas sus letras, como un partido en formación, de carácter marxista- leninista. Nada más, pero tampoco nada menos. Lo enfatizan en pleno siglo XXI, cuando ni siquiera, con esas maneras y en ese tono, lo han proclamado partidos como el chavismo o la Alianza País de Rafael Correa en Ecuador.

Claro está que también han sabido hacerse cargo del momento actual y de sus necesidades; esto es, de un gobierno de “transición” que nada tiene que ver con la toma revolucionaria del poder por una alianza de fuerzas, para dar paso luego al asalto de la fortaleza de la burguesía por parte de la vanguardia comunista. Se trata apenas de un gobierno que sepa responder por los compromisos de la paz. Lo cual da cuenta, desde luego, de un sentido realista para comprender las condiciones actuales y la urgencia para que las élites políticas mantengan un espíritu de apertura política.

Entre el dogma y la táctica realista

En otras palabras, las Farc oscilan entre el extremo ideológico de los principios marxista- leninistas y los parámetros de la acción que tiene como horizonte inmediato la consolidación de la paz y las garantías para su existencia como movimiento político.

A su documento ideológico, lo han bautizado como las tesis de abril, en un claro gesto de coquetería filial con respecto al célebre escrito de Lenin que acaba de cumplir cien años.

Con sus tesis de abril, Lenin abría los prolegómenos para la insurrección armada; tocaba a somatén  anunciando la hora de la revolución. Con las suyas, Timochenko toca a rebato las campanas que ponen fin a la guerra prolongada y dan inicio a la acción política. Con las tesis de hace un siglo, se daba comienzo a la guerra, así fuera corta. Con las de ahora, se cierra por el contrario el ciclo de la guerra, así ésta haya sido larga.

Separados por una centena de años –tantos!-, los dos textos están sin embargo unidos por un hilo común, el de la doctrina ideológica y el del modelo de sociedad pretendido, eso que las Farc llaman ahora “socialismo-comunismo”.

Pero hace cien años, después de que Lenin llamara a la insurrección, apenas se iba a estrenar el socialismo, bajo el poder de los soviets, una experiencia inédita.

Hoy ya se conoce la experiencia. Su generosidad seminal, su aspiración liberadora; pero también sus alcances ominosos, sus contornos de “utopía catastrófica”; su rápida derivación en totalitarismo de izquierda,  por la vía de la idolatría a una historia que asfixiaba a la vida, en los rígidos marcos del “materialismo histórico”.

Dicho de otro modo, ya hoy son conocidos de sobra  los límites de la sociedad de carácter    comunista; los cuales se pusieron de presente con eventos tales como el colapso de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín; por no hablar ya del aplastamiento de los disidentes, bajo un régimen de esa naturaleza.

Es cierto que ni la implosión del régimen soviético ni la ignominia del Muro de Berlín, como tampoco su caída, disculpan un capitalismo rampante que obra como mecanismo de explotación, de exclusión y de alienación contra los individuos. No porque se derrumbara el sistema soviético, dejó el capitalismo de ser una estructura que produjese acumulación, al tiempo que creaba desigualdad; sobre todo, bajo las pautas de desregulación de los mercados y descaecimiento del Estado, algo que en la circunstancia de los últimos treinta o cuarenta años se ha disparado con sus efectos de inequidad, según lo ha mostrado con datos fehacientes Thomas Piketty, en su “Capital del siglo XXI”

Y hacen bien las Farc en renunciar a las armas, pero no a una crítica del capitalismo y de sus modalidades “neoliberales”, las cuales ahondan las diferencias sociales y enriquecen cada vez más a ese 1%  de la sociedad, el de los más ricos.

Lo que, en cambio, sería mucho menos bueno, muchísimo menos provechoso, es el hecho de que le dijeran no a las armas, pero se anclaran en un doctrinarismo anacrónico; no sería bueno el hecho de que criticaran al capitalismo pero dieran el salto al vacío de concluir que la marcha de la historia habrá de conducirlos a una sociedad comunista. Lo cual sería un puro reflejo distorsionado en la cabeza, sin una realidad social que lo sustentara; la expresión de una “conciencia falsa”, para evocar la crítica demoledora de Marx; mejor dicho, una mera fijación ideológica.

Una línea táctica razonable

Ahora bien, ya no en el plano doctrinario, en el de la razón histórica artificiosamente trascendente, sino en el de la acción política, la orientación de las tesis farianas de abril se revela como un análisis más razonable. Aparecen ellas provistas de un sentido más práctico, poseído él por la inteligencia de la coyuntura y de la táctica.

En primer término, dichas tesis evalúan positivamente los pasos dados por el Estado, en el camino de la implementación de los acuerdos; sin que por ello dejen de advertir sobre las protuberantes fallas que en materia logística ha dejado ver el gobierno.

En segundo término, reafirman el compromiso con el desarme, ya no como un apremio de circunstancia, sino como la razón de la política, en el juego de las aspiraciones por el poder.

Enseguida, afirman su vocación de partido, el interés suyo por dejar atrás la condición de organización armada para convertirse en un agente colectivo de la lucha legal; lo cual en cierta forma es una declaración de fe en los marcos democráticos que el régimen ofrece como esquema para las disputas por el poder; no importa si, por otra parte, señalan con razón las limitaciones de dichos marcos.

Situados en esa línea de comportamiento táctico, ya sin muchos desvaríos ideológicos, los de las Farc, razonablemente destacan el acuerdo de paz como un referente de primer orden para las definiciones políticas.

Después de las bravuconadas desafiantes del uribismo y de la extrema derecha, en el sentido de “hacer trizas” dicho acuerdo, este último se instalará en el centro del debate por la presidencia en el 2018. La necesidad de una vasta coalición política que defienda al proceso, se impondría como la línea de conducta de muchas fuerzas del centro, los independientes y la izquierda.

En ese camino podrían ubicarse los razonamientos tácticos de las Farc, en la medida en que la coyuntura obliga a defender los acuerdos de La Habana y a garantizar un gobierno que los consolide. Tanto más cuanto que el Acuerdo alcanzado no se limita al cierre de un conflicto armado. Además, avanza hacia los cambios en las estructuras de la propiedad agraria, dentro de un país escandalosamente desigual, sobre todo en el mundo rural, en el que el GINI de tierras alcanza un coeficiente del 0.87. Como también da pasos hacia adelante en la ampliación de la democracia. Una ampliación que debiera atraer con mayor intensidad hacia la acción política y hacia el pensamiento democrático, a movimientos como las Farc. Los cuales, alejados ya de la tentación armada, podrían articularse con el movimiento social, pero también con la opinión pública urbana, mientras comienzan a poner en sordina, a guardar en el baúl de los recuerdos, los discursos ideológicos, permeados aún por los imaginarios del comunismo dogmático.

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