LA SUERTE DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS

Publicado: junio 12, 2012 en Internacional

Ricardo García Duarte

Politólogo, Ex – Rector y Director IPAZUD

El normalmente insípido y gelatinoso, pero esta vez eficaz, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, consiguió finalmente en Cochabamba, Bolivia; que se aplazara la decisión sobre un dilema, que de otro modo hubiese conducido la última Asamblea General de esta organización a colapsar el Sistema interamericano de Derechos Humanos.

Un sistema (en realidad un subsistema), cuya plataforma no es otra que la Convención, promulgada en 1969 pero puesta en marcha 10 años después. Y que cuenta entre sus instrumentos fundamentales tanto con la Corte como con la Comisión Interamericana; uno de cuyos mecanismos más visibles es la Relatoría para la libertad de expresión.

Fortalezas e inconsistencias

La Convención, soporte para la existencia de la Corte y de la Comisión, busca fundarse en el compromiso vinculante de los miembros de la OEA, que la suscriban; cosa que por cierto nunca sucedió con los Estados Unidos, una nación que estructurando su orden interno bajo los dictados del constitucionalismo liberal, no suele caracterizarse, sin embargo, por el sometimiento a la justicia liberal de carácter transnacional; como si con ello quisiera poner de presente su inspiración imperial, cuandoquiera que en los asuntos internos o externos se pongan en tensión, de un lado la fuerza; y del otro, la ley.

Con todo, la Convención, la Corte y la Comisión; pensadas inicialmente como herramientas encaminadas a enfrentar los atropellos de las dictaduras, pan de cada día en el pasado; empezaron, bien que mal, a construir su camino al andar.

Respaldadas por un estatuto de autonomía e independencia, frente a cada Estado en particular y frente a la propia Asamblea en donde toman decisiones los Estados miembros, consiguieron autodeterminarse como instrumentos en los que se recogen las denuncias de violación a los derechos humanos, cuando aquella tiene lugar en el interior de uno de los países pertenecientes al sistema interamericano; sin que antes las instancias de jurisdicción interna hayan aprehendido el caso correspondiente para su resolución.

La última Asamblea General con sede en Cochabamba se había convertido en el escenario servido para que la crítica feroz y el descontento de algunos países, se tradujera en la propuesta de reforma al ya reseñado Sistema de Derechos Humanos.

Que es, por cierto, el único que funciona y que está dotado del sentido ético de su misión; aún con sus defectos e incoherencias. Es el solo subsistema institucional que cobra algún sentido dentro de un sistema general, el de la OEA, que casi no funciona; y que si lo hace, normalmente no es para algo bueno.

La asimetría entre una superpotencia global y el conjunto de países que como satélites han orbitado en sus circuitos hemisféricos, desvirtuó siempre cualquier sentido normativo de igualdad entre los miembros de la OEA o del TIAR, precisamente allí donde la metodología de las decisiones, aparentemente consensuadas, alcanza realmente el pie de apoyo en la fuerza y el  interés nacional.

Una cosa distinta sucede con el subsistema interamericano de derechos humanos, gracias al ya indicado status de autonomía del que goza, bajo el modelo de la independencia judicial, vigente en los Estados de carácter constitucional.

Populismos progresistas v.s. vigilancia globalizada en D. Humanos

Se trata del mismo status al que ahora se pretende recortar, mediante una reforma orientada a anclar la actuación de la Comisión en la voluntad de los Estados, que concurren a la Asamblea General, concediéndoles a estos un margen mayor para sus derivas autoritarias.

La aspiración a una reforma, en el sentido conservador de talanqueras a la justicia y a la vigilancia, globalmente regionalizadas, no proviene ya de las viejas dictaduras militares, sino paradójicamente de las nuevas democracias latinoamericanas. Exactamente, de algunas de ellas; particularmente el Ecuador de Correa, la Venezuela de Chávez y la Bolivia de Evo Morales. Es decir, las nuevas democracias populistas. Cuyos proyectos ponen el acento en el nacionalismo económico, las reformas sociales y la incorporación activa del pueblo en la política; pero bajo una convivencia incómoda, por no decir tortuosa, con la Oposición o con los Medio de Comunicación. A los cuales afectan no propiamente del modo más constitucional y equitativo; aun si ellos representan intereses del pasado que se sienten desplazados por los nuevos fenómenos políticos; a la vez progresistas y semiautoritarios.

Así, el destino de un subsistema de Derechos Humanos en el Hemisferio Occidental; necesitado como está de mayor poder, coherencia e independencia; se ve atenazado entre las exigencias globalizadas de justicia, algo que posiblemente afecta el interés estrecho de cada Estado; y las corrientes políticas del progresismo populista, las cuales probablemente afecten al estado de derecho.

La solución al dilema, genuinamente progresista, no puede partir sino del reconocimiento explícito al status de autonomía e independencia, propio del sistema consagrado en la Convención. Es lo que garantiza un principio de vigencia renovada en el campo del estado de derecho; marco indispensable para la transformación social y para la ampliación en la participación democrática.

Obrar en otra dirección es condenar a ese subsistema interamericano de derechos humanos a languidecer de anemia o a redondamente colapsar. Los seis meses que consiguió Insulza, son ahora el plazo para conocer su suerte final.

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