El ideal perdido de la representación parlamentaria

Publicado: junio 26, 2012 en Uncategorized

*Ricardo García Duarte

 

Tentativa de un golpe de Parlamento

 Golpes de Parlamento; esto es, atentados contra el Estado de Derecho ejecutados, paradójicamente, desde el centro del poder legislativo, no hubo solo uno la semana que pasó. No fue únicamente el de Paraguay, en el que los senadores destituyeron a Fernando Lugo, el Presidente de la República, sin concederle el plazo de dos semanas para la defensa, como era su derecho.

 También en Colombia tuvo lugar uno, casi de modo simultáneo; aunque ya no en los marcos de una discordia hirsuta y abierta con el Presidente; sino en medio de los trámites torticeros con que se aprobaba una ley; o, más exactamente, una reforma constitucional; con un procedimiento más a la colombiana, quizá.

 La idea no era la de cambiar al Presidente desde luego; pero sí la de modificar algo más de fondo; eso sí, conservando las apariencias legales. Unas apariencias en cuyos pliegues son metidas de contrabando las ilegalidades con las que se descoyunta alguna vértebra del Estado de Derecho o con las que se asegura algún privilegio. Dicho en el lenguaje coloquial, los micos.

 Las trampas de la conciliación

 La idea, en este caso, era la de convertir en algo inoperante; incluso, en algo inocuo el régimen de controles, amparado por el orden constitucional; y que opera frente al ejercicio de la representación parlamentaria y al de la función pública. Un régimen ciertamente dotado de carácter restrictivo, en el que se contemplan prohibiciones y sanciones, para recortar al centímetro los márgenes de corrupción o de abuso del poder o de la utilización indebida de este último en función de intereses particulares. El hecho de una desinvestidura del título de senador o representante, equivalente a la muerte política, en razón de una eventual violación en el sistema de inhabilidades o de incompatibilidades, es un ejemplo que ilustra la dureza de los controles consagrados en la Constitución del 91. De esta manera, lo que ha existido desde hace 20 años es un conjunto de mecanismos de control, suerte de severidad republicana, encaminados a castigar un abanico amplio de conductas dañinas; que derivándose del clientelismo, el vicio-madre, erosionan sin descanso los fundamentos de lo que Maquiavelo llamara la virtud, el verdadero núcleo que le da sentido a la existencia del universo de lo público.

 Esa virtud que, por igual, garantiza la honestidad frente a los recursos del Estado, la preminencia del interés público, y la libertad para los ciudadanos, no constreñibles ni seducibles ni comprables por la coerción o por los favoritismos de la autoridad.

 La Constitución del 91 no introdujo un ambiente institucional que erradicara los intercambios de favores entre el político y sus votantes, esa especie de “soborno democrático” que en Colombia toma curso además en el interior de las empresas electorales, confederadas todas ellas en los partidos políticos.

 Estableció en cambio el régimen de castigos para las prácticas que, como frutos tentadores y envenenados, cuajan el árbol ramificado del clientelismo. A su sombra crecieron los desvaríos corruptores de los carruseles de la contratación; el aprovechamiento del poder para las campañas electorales; y, lo peor, la asociación punible de la representación política con las más salvajes formas del crimen organizado, fenómeno este último que tomó forma con la parapolítica.

 Solo que al amparo de los mecanismos consagrados en la Constitución, muchas de estas prácticas fueron perseguidas con el castigo a sus agentes, entre quienes se confundían funcionarios y parlamentarios.

 Rebelión clientelista contra la Constitución

 Lo que hicieron estos últimos, senadores y representantes a la Cámara, todos miembros de la coalición de gobierno, no fue otra cosa que arreglárselas para introducir mañosamente en el texto final de una presunta reforma a la justicia, las fórmulas que de  ponerse en práctica harían casi nugatorio el castigo de la desinvestidura como muerte política; y además condenarían a la nulidad los procesos penales en curso contra servidores del Estado y congresistas, a quienes se les creaban nuevas instancias de juzgamiento, al tiempo que se suprimía en el texto legal el parágrafo que contemplaba la consolidación de lo actuado hasta ahora en los procesos judiciales. Con lo cual, estos últimos quedaban en el aire, permitiendo de ese modo que se abrieran las puertas para la impunidad. ¡Todo un golpe a la Constitución! A uno de sus baluartes: el régimen de sanciones a los vicios de la política, en un país de democracia clientelista. Que es terreno fértil para aquellas prácticas que, anclando la representación pública en los particularismos de la sociedad, pervierte los mínimos de una ética política.

 Si la Constitución del 91 representaba en este terreno una especie de rebelión de una parte de las élites, situada en circunstancias excepcionales contra las prácticas de las élites tradicionales; todo una suerte de auto-limpieza aprovechando la singularidad refundacional de una Constituyente; la reforma constitucional de ahora, la del Congreso actual, representa al revés una contra-rebelión favorable a la permisividad en lo público, allí donde hay que implantar la severidad republicana, constitutiva de los imaginarios públicos desde los tiempos de Cicerón, quien en De Legibus lanzaba, como si de anticipar cualquier corporativismo se tratara: legislamos para naciones virtuosas y duraderas.

 Una contra-rebelión que por otra parte mostró el espíritu defensivo de los congresistas, quienes en su inmensa mayoría, obrando como si se tratara de una reacción de cuerpo, sin fracturas interpartidistas o ideológicas, quisieron romper a la manera de un sindicato con un régimen virtuoso que afectaba sus intereses. La manifestación extrema de este espíritu de gremio que disolvía, con el plumazo de una conciliación de textos y una decisión rápida, el ideal democrático de la representación abstracta y general, fue sin duda, la votación de quienes en principio debían declararse impedidos; aunque ya otra reforma les había allanado el camino para votar sin inhabilitarse por abordar un tema en el que tenían interés particular.

 EL ideal de la representación disuelto

 En realidad, todos votaban en interés propio; lo cual significó la configuración de una tendencia perversa en la representación política, en términos tales que la representación nacional quedaba sustituida por la auto-representación. Los parlamentarios pasaron a representarse a sí mismos, no a la nación; legislando en beneficio propio con lo que quebraban el fundamento interno del ideal democrático de la representación; o sea, el de representar a la comunidad de ciudadanos y legislar para la nación.

 Con este desaguisado, ya sin importar si el Presidente y su coalición de gobierno terminan por tumbar la reforma y sus micos, las élites parlamentarias pasaron de un vicio al otro. Sin nunca aclimatar la virtud republicana, por más Constitución nueva que hubiese, pasaron del vicio del clientelismo que somete la representación al particularismo de la empresa electoral, al vicio de la auto-representación que solo mira el beneficio de la clase política como cuerpo. Una ruptura de los referentes esenciales en cuyos límites se construye ética y simbólicamente el orden de la representación democrática.

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comentarios
  1. alfonso cuellar dice:

    Si fuera solo clientelista, esta rebeliión sería aceptable, pero lo es de corte “refundicionista”, esto es, la vieja aspiración imperial de España a través de intermediarios no de ser imperialista que no puede porque no tiene conque, sino de “refundar el imperio” que ya comenzó a desmoronarsele. Imperio que es una congregación de lugares comunes: oposición al imperialismo americano y punto.

  2. hola, solo puedo decir, que la democracia en Colombia es una mentira, y el estado social de derecho, deberia empezar desde los jardines infantiles, con el cuidado de los niñ@s desde la alimentacion, y con juegos y actividades luridicas

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