SANTOYO O LA RADIOGRAFÍA SOCIAL DE UN TORCIDO

Publicado: agosto 29, 2012 en Análisis
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Ricardo García Duarte

El caso del general Mauricio Santoyo – el jerarca policial que admitió ante un fiscal en Estados Unidos que se vendió por dinero a la mafia y al crimen organizado paramilitar en Colombia- revela un quiebre interno en el proceso mismo de constitución y promoción de las élites que dentro del Estado hacen parte de su aparato armado. No de todas, desde luego; pero si de unidades significativas.

CAMBIO DE ESTATUS SOCIAL Y CARRERA MILITAR

Reclutadas socialmente entren las clases medias, encuentran en elservicio de las armas un papel – el de la defensa de la sociedad- que les da identidad, reconocimiento y legitimación; en resumen, que les proporciona un capital simbólico, no conseguible de otro modo dentro de una sociedad relativamente bloqueada en los canales que permiten dejar atrás los umbrales de la precariedad.

Por cierto, también allí descubren las posibilidades de un marcado ascenso social y económico, de la mano de la carrera militar, de acuerdo con su preparación o la eficiencia mostrada en el cumplimiento de sus funciones. Experiencias y destreza en el oficio; valor y disciplina, son factores que en principio intervienen para abrir los caminos del ascenso, sin que estos queden limitados por entero al peso que tengan las raíces económicas, familiares o políticas.

Así, el escalonamiento por méritos abre el campo para el ascenso social; aunque este no sea el único motivo; pues ya se sabe que para muchos el solo poder militar, asociado con “el honor y la gloria”, es una razón más que suficiente para tomar los senderos de las armas.

Ahora bien, el aspirar a engrandecerse por la gloria y por el amor a la patria es una vocación que puede convivir durante un buen trecho con la explicable ambición del cambio de estatus social; lo que no es necesariamente reprochable.

El problema, mas que de hechos materiales, es de lógicas que se refuerzan las unas con las otras en la dirección de escalar; y quizá de escalar a toda costa; lo que en la conciencia de cada individuo vuelve quebradizas las resistencias éticas contra el “mal”, si ese mal está bien dotado financieramente y además no representa al principal “enemigo ideológico”.

ENTRE EL SERVICIO Y LA GANANCIA

Pues bien: en la lógica del ascenso se abren todas las ambigüedades que intervienen en la formación de un sujeto colectivo; en este caso, de una élite militar. Ambigüedades, para sintetizar las cosas, entre el servicio y la ganancia, como dos polos que al desplazarse mutuamente o al mezclarse van definiendo la conducta de cada individuo perteneciente a una élite en condiciones de controlar y hacer valer recursos de poder físico y simbólico, como son las armas, la defensa, la seguridad y la inteligencia militar.

Quien abraza la carrera oficial de las armas, lo mismo que cualquiera otro funcionario, enfrenta el dilema de si milita en el Estado bajo el ideal ético del interés público; o de si mas bien utiliza su cargo como botín para el peculio propio.

El discurso formalmente prevaleciente lo inclina al servicio y al sacrificio, lo que hacen muchos; pero la subcultura del clientelismo, profundamente enraizada en Colombia, lo puede inclinar al contrario por el uso instrumental y mezquino de las instituciones, abusando de sus recursos, a la vez que da rienda suelta a una operación de auto-legitimación bajo el pretexto de que se trata de una costumbre generalizada.

Con la segunda escogencia, el individuo se desliza hacia una atmósfera delicuescente, de normas casi liquidas, adaptadas a un intercambio de favores que son dictados por el interés privado y sustitutivos del servicio público. Intercambio de favores, por ejemplo, con el superior jerárquico o con el político o con el empresario.

Después, la tentación para escurrirse hacia la venalidad abierta se torna irresistible. El alcance de su venalidad dependerá del lugar en que esté ubicado dentro de los cuerpos armados, y de la cercanía funcional y social que guarde con los posibles compradores; con los que, para decirlo con Sor Juana Inés de la Cruz, “pagan por la peca”.

Todo será cuestión del juego de las oportunidades que dicho individuo se logre fabricar. Y que incluye:

a)   la importancia del recurso que controle.

b)   el costo de oportunidad, que será bajo si dispone de un alto potencial de impunidad, a lo que ayudan las redes de poder en que logre incrustarse.

c)   finalmente, el precio o valor que consiga para su servicio nefando, como resultado de los factores anteriores.

NARCOTRAFICO Y DESREGULACIÓN SOCIAL

Dos factores particulares concurren en Colombia para trazar un marco en el que perversamente se pone en juego los premios que estimulan la corrupción y la venalidad. El primero está constituido por esa situación social, que ha consistido en la disputa desregulada en la apropiación de recursos, fin éste último para el que es útil cualquier instrumento, incluidas la violencia y la organización ilegal, a fin de neutralizar los castigos.

Se trata de una situación que, al multiplicarse de modo incesante en la sociedad, se reproduce al interior del Estado, medio éste último que ya ha sido preparado para tal efecto por una inveterada clientelización.

El segundo factor está constituido por la existencia del narcotráfico, cuya práctica está acompañada por las ganancias desproporcionadas  y por la conformación de estructuras criminales; de modo que aparecen agentes sociales con la voluntad y la capacidad claras para fungir como “compradores estratégicos”, de aquello que ofrece el personaje potencialmente corrupto; además, con recompensas traducibles en un enriquecimiento fácil.

Ahora bien, si el recurso que maneja el agente oficial, y que pone en venta, tiene que ver con la seguridad del Estado y con la persecución a bandas criminales como “La Terraza” o “La Oficina de Envigado”, entonces la venalidad penetra en un campo tenebroso, en el que se debilita la acción del Estado, en tanto modelo ético garante de la seguridad y la libertad; al tiempo que se fortalece el crimen como expresión social de un “empresariado” armado y subterráneo, que socava cualquier orden legal de carácter ciudadano.

El último caso que ilustra este fenómeno de corrupción criminal no es otro, por supuesto, que el del General Santoyo, por años jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

A los factores anteriores viene a agregarse otro en el orden político: “la lucha contra el terrorismo”; a menudo impulsada bajo los retumbes de un discurso misional del combate sin cuartel contra un enemigo; por cierto, en unas condiciones y en un tono discursivo en el que parece que “todo valiera”.

Se trata de un discurso, y de la acción correspondiente, en el que el miembro potencialmente corrupto de las élites castrenses puede encontrar un elemento de legitimación para sus desmanes o desvaríos de carácter ilegal; y, a la vez, un factor de simulación para sus tropelías mientras combate a ese enemigo.

Así, clientelización del poder; desregulación e informalización en la disputa por los recursos; narcotráfico; y cruzada contra el enemigo; son todo ellos factores que, unidos, propician esa falla geológica, de carácter ético y delincuencial, en la constitución como sujetos de algunos miembros de las élites que hacen parte del aparato armado oficial. Por lo demás, muy cercanos, en las redes de lealtad en las que se inscriben, con una parte de lo más granado entre las élites políticas y económicas; al tiempo que se articulan con unas contra-élites, las del crimen; como si fueran nudos aterrados y silenciosos que intentaran atar los cabos entre uno y otro lado.

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comentarios
  1. Henry Diosa dice:

    Excelente radiografía del comportamiento anti-ético del funcionario público corrupto. Ricardo, te invito a cambiar “aparato armado” por “aparato académico” y verás que aplica tu discurso a un análisis de la corrupción académica imperante en la Universidad Distrital; es decir, el comportamiento de Santoyo se asimila de manera análoga a lo que ocurre con el funcionario público corrupto en general y hace de tu artículo un buen meta-modelo para ejemplificar diversos modelos de corrupción en las entidades públicas.

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