EL ENORME TROZO DE MAR QUE SE PERDIÓ

Publicado: noviembre 21, 2012 en Internacional
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Ricardo García Duarte

https://ricardogarciaduarte.wordpress.com/

…Y Colombia perdió su mar; acaba de ver cómo de un momento a otro le desaparecieron ante sus ojos atónitos un enorme pedazo de Caribe azul; el mismo que había poseído hasta ahora en los linderos al oriente del meridiano 82.

Un mar que se volvió ajeno

No se lo llevaron, dejando un desierto lunar como en la metáfora  desmesurada de García Márquez. Simplemente corrieron las cercas en el interior de su propia vecindad. Con lo cual convirtieron de golpe sus aguas en un mar ajeno. Solo que lo hicieron legalmente; sin ningún asomo de fuerza. Como si en realidad nunca le hubiese pertenecido, aunque figurase bajo su posesión.

Lo ha hecho la Corte Internacional de La Haya. Además, por unanimidad. Como si con ello quisiese sentar jurisprudencia, sin asomo de dudas, con unos nuevos equilibrios marítimos en los que se pondrían a salvo la equidad y las garantías de explotación económica para los países ribereños, en este caso Nicaragua. Claro, a costa del interés de Colombia, que ve cómo le arrebatan el derecho a nada más y nada menos que 75.000 Km2; o a 100.000, según lo afirman algunos.

Las nuevas aguas para Nicaragua

La determinación de la Corte, que resuelve el diferendo territorial y marítimo con Nicaragua extendió la propiedad de las aguas en manos de esta nación hacia el este en dos franjas grandes. La una situada al norte de San Andrés y Providencia;  la otra al sur de estas islas mayores. El fallo lo hace sin consideración alguna por el meridiano 82, que antes servía de separación de aguas entre uno y otro.

Así ocurría desde la vigencia del Tratado Esguerra – Bárcenas de 1928, el cual establecía que los cayos e islas al oeste de aquel meridiano eran propiedad de Nicaragua, lo mismo que su costa de la Moskitia; mientras los cayos e islas al este le pertenecían a Colombia.

El acuerdo, aureolado por el principio de “pacta sunt servanda”; principio este que obliga al respeto de los pactos, parecía ir en apoyo de las pretensiones colombianas para la perpetuación de un statu-quo que favorecía al país en una posesión de aguas y territorios desde los tiempos de la Colonia.

De ahí que los derechos de Colombia parecieran absolutamente incontrovertibles. Solo que a los ojos de la Corte – ¡vean ustedes! – el tal mentado meridiano 82 estaba consignado en el Tratado solo como una línea de referencia para la posesión de los territorios insulares, no como una delimitación para las fronteras marítimas.

La geografía contra la historia

En el diferendo limítrofe, Colombia tenía la historia de su lado y lo que de ella se desprende como prolongación jurídica en materia de títulos fronterizos:

a)   Exhibía la posesión tranquila y pacífica del archipiélago, al menos por dos siglos.

b)   Gozaba del respaldo que le proporcionaba el uti possidetis iuris de 1810; esto es, el incambiable derecho a la posesión nacido de títulos provenientes de la Colonia; y cuyo origen principal radicaba en la “real orden” de 1803 por la cual el rey le hacía transferencia del litoral de La Moskitia y del archipiélago al Virreinato de Santa Fe.

c)   Era titular de una propiedad nacida explícitamente de un tratado que le confería la posesión sobre los cayos y las islas del archipiélago; y, por extensión, sobre sus aguas. Con el límite impuesto por el meridiano 82, a lo largo de la línea paralela a la costa nicaragüense.

Su posesión estaba revestida entonces por una existencia histórica, jurídica y política. De ella hacía emanar como un reflejo la posesión geográfica sobre las aguas. La propiedad sobre el mar hasta el meridiano 82 no era otra cosa que la proyección geo-marina de las islas y de los cayos.

Pero la geografía parecía tener su propia voz, lo que finalmente daría pábulo a los reclamos de Nicaragua y razones a la Corte para hacerse eco parcial de estos últimos.

Las razones geográficas tenían que ver con una geopolítica alternativa de los mares, surgida durante las últimas décadas en el mundo y reforzada por la lógica de las reivindicaciones económicas, lógica de la que se hacían voceros muchos de los países miembros de las Naciones Unidas.

Todo ello tuvo expresión en la exigencia de las 200 millas para el aprovechamiento económico de cada país; derecho éste consagrado finalmente en la Convención del Mar de 1982; ratificada por Nicaragua aunque no por Colombia, a la espera de conjurar el peligro del que no pudo escapar.

La geografía que surge de la continuidad de un mar frente a las costas del país continental y la reivindicación económica que justifica las 200 millas son los dos factores que sumados se revelan como los fundamentos que darían sentido a la reclamación nicaragüense. Como si se tratara de una nueva geo-economía de los mares en rebeldía contra la posición política, histórica y política, de la que Colombia era titular hasta antes de la sentencia.

Fuente: revista Semana

Los nuevos equilibrios a expensas de Colombia

En esta última, el Tribunal de la Haya procede mediante una operación jurídica de carácter zigzagueante – con un trazado serpenteante – a conciliar geografía y economía de una parte; con historia y política de la otra. A entregarle a la geografía y a la economía tanto como a la historia y a la política. Es decir, tanto a Nicaragua como a Colombia; cuando según las cosas como estaban, cualquiera concesión que se le confiriera a la primera era una pérdida para la segunda. Cualquier equilibrio buscado era un desequilibrio en perjuicio de la nación colombiana. Finalmente a esta última le correspondieron, como rezaba la letra del Tratado de 1928, los territorios insulares, mientras que a Nicaragua le tocó un trozo de mar del que antes carecía.

Así lo hizo la Corte, procediendo a fijar unos límites marinos, antes inexistentes según ella; al tiempo que concedió a Nicaragua la prolongación de sus 200 millas, mientras preservaba la titularidad de Colombia sobre los cayos y las islas y su respectivo mar territorial de las 12 millas.

¿El resultado? Lo ya dicho: las dos bandas anchas de mar para Nicaragua a expensas de Colombia y la nueva condición de enclaves en los casos de Quitasueño y Serrana, ahora rodeados de mar nicaragüense.

¿No tomó la Corte al archipiélago como un bloque unitario?

Para el diseño de este nuevo mapa limítrofe, la Corte tenía que sortear una dificultad de orden geográfico y jurídico. Para saber sobre qué línea establecía la frontera marítima en la que se encontraban el mar de Nicaragua y el de Colombia, tenía que establecer las dimensiones bajo las que se proyectaba el conjunto de islas y cayos del archipiélago.

Podría tomarlo como un conjunto geográfico inseparable o como una  suma de unidades separables y después agregables.

De tomarlo como una unidad superior, la línea de su perfil geográfico le daría al archipiélago y por tanto a Colombia una mayor entidad fronteriza lo que le permitiría un más extenso derecho a las aguas marinas frente a Nicaragua.

No lo consideró así la Corte, la cual simplemente sumó los pequeños frentes territoriales de cada islote, muy reducidos frente a la línea costera de Nicaragua; razón por la cual abrió la franquicia para una más amplia franja de aguas a favor de este último país.

Es la causa por la cual la porción de mar perdida por Colombia fue mucho mayor de la que pudiese ser calculada a partir de las proyecciones que hacia el occidente y hacia el sur ofrecía el archipiélago como bloque unitario.

La estrategia jurídica de Colombia

Todo este descalabro pudo evitarse por parte de Colombia solo si además de retirarse de la jurisdicción de la Corte Internacional hubiese con tiempo denunciado la Declaración de Bogotá de 1948, para de ese modo no caer por otra vía dentro de esa misma jurisdicción.

A pesar de que algunas voces se hicieron escuchar con advertencias en tal sentido, el conjunto de las élites gubernamentales y los especialistas, todos a una, prefirieron la vía jurídica ante la Corte, ingenuamente seguros de que bastaba la vigencia del Tratado de 1928; sin que hubiese aparecido una mente perspicaz e insistente que hubiera previsto el hecho de que tal tratado no incluía una delimitación precisa de fronteras marítimas. Un vacío por el que finalmente se colaron las pretensiones de Nicaragua y el apoyo jurídico de la Corte.

Interés nacional y gobernanza internacional

La sensible pérdida (con la irremediable sensación de derrota y amputación que deja) se enclava, con todo, en medio de la marcha que sigue el dispar orden internacional. Con sus tensiones y sus asimetrías. Con esa yuxtaposición que lo caracteriza entre el concierto (o des-concierto) de Estados de un lado; y las tendencias trasnacionales del otro; entre el imperio del interés nacional y la gobernanza internacional.

En cierto sentido, el desolador fallo de la Corte de la Haya (desolador para Colombia obviamente) representa un punto de avance en las dinámicas propias de la por otra parte fragmentada gobernanza transnacional (Convención del Mar, por ejemplo), mientras significó un retroceso para la lógica del puro interés nacional, representado en la posesión histórica y tradicional del mar y de las islas, por Colombia. El interés nacional suele ir todavía asociado con el espíritu de potencia.

Por otra parte, la lógica de la gobernanza internacional, va unas veces a caballo sobre hegemonías y otras veces se estructura como factor que las obstaculiza.

En el diferendo, Colombia se apoyó en el interés nacional pero no en el impulso de potencia. Tomó el camino de en medio, el de defender el interés nacional, pero sin desconocer las estructuras de gobernanza internacional, como lo es la Corte de la Haya. En ese terreno, perdió.

El avance, a través de este episodio, de una lógica de gobernanza internacional representada por el nuevo derecho del mar y por un tribunal internacional que se arroga la facultad de rediseñar las fronteras entre dos estados, significó una ganancia manifiesta para Nicaragua. Fue un avance que supuso el sacrificio de Colombia.  ¡Y qué sacrificio!

Consumados los hechos, queda como herencia una situación en la que quizá haya la oportunidad para que paradójicamente los actores geopolíticos y geo-económicos del Caribe – en primer término Colombia y Nicaragua – emprendan y acentúen sistemas de cooperación e integración; es decir, los de una gobernanza regional, más completa y positiva.

La imagen fue tomada de la página http://www.superateatimismo.com

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