El acuerdo en La Habana y las zonas de conflicto

Publicado: noviembre 20, 2013 en Uncategorized

acuerdosPese a sus aires de catálogo bienintencionado, pero gaseoso, el acuerdo conseguido en La Habana sobre la participación política ofrece el marco para un rediseño institucional en función de una democracia mucho más incluyente que la actual. Más incluyente en el sentido de querer incorporar como sujetos políticos a sectores de la sociedad, cuya existencia traumática reveló el conflicto y que de otro modo permanecerían como entes pasivos o, en todo caso,  marginados, sin constituirse plenamente en ciudadanos.

Puntos del acuerdo

Dos de los propósitos contemplados en el acuerdo sobre el segundo capítulo de la agenda apuntan claramente en esa dirección: primero, el de promover las organizaciones sociales; y, segundo, el de darle vida a circunscripciones especiales de paz para que, tanto las FARC, después de la dejación de las armas, como otras expresiones de las comunidades, tengan la posibilidad de acceder a la representación parlamentaria. (En la Cámara, se entiende).

La idea en ambos casos es la de facilitar la organización social y política en las zonas de conflicto; algo parecido a sumar “estado comunitario” con representación política. Una fórmula alternativa para construir el mundo de lo público; allí donde este no ha nacido; negado, como ha estado, por la violencia y por la relación entre enemigos.

Se trata de una forma de construcción de lo público que los uribistas no alcanzan a entender; enceguecidos como están por su discurso demagógico contra todo aquello que huela a paz negociada. Una actitud incomprensible si se juzga que su propio jefe proclamaba la necesidad de un “Estado comunitario”; el cual no es otra cosa que organización autónoma de las comunidades para empoderar sus pretensiones, esto es, para afirmar sus derechos. Aunque, claro, también para que ellas sean responsables.

Conflicto armado y fragmentación regional

El conflicto armado tuvo un desarrollo prolongado, pero desde siempre se perfiló a través de una anatomía regional y fragmentada. Dicho conflicto, a pesar de las pretensiones ideológicas de sus agentes, fue sólo la multiplicación de escenarios regionales de violencia. Podría ser el caso del Magdalena Medio o el de Urabá; el del Catatumbo o el de Los Montes de María; el caso de Arauca y la Serranía de La Macarena o el de los Llanos del Ariari; o el del Caquetá, y el del noreste del Cauca; o el caso del Bajo Putumayo. En cualquiera de estas situaciones, el conflicto armado tuvo siempre contornos definidamente geo-sociales en el orden regional.

Factores como la colonización interna y la pobreza, como el narcotráfico y la ausencia del Estado, dieron lugar a una geografía cambiante de fragmentación social y de caótica movilización de recursos en la que llegó a realzarse como principal instrumento de apropiación, la violencia. El efecto: la consolidación de los actores armados ilegales y el sufrimiento de la sociedad civil.

En dicha vorágine, cuya manifestación más tétrica pudo estar constituida por las masacres y los secuestros masivos, sin dejar a un lado los falsos positivos; los grupos e individuos que pretendían erigirse en sujetos con influencia y poder, es decir, en actores colectivos, lo hacían apelando a la violencia, con la consiguiente espiral de los golpes letales y destructivos del tejido social. Sin contribuir nunca a un espacio común de lo público o a una comunidad de ciudadanos.

Las posibilidades alternativas de la participación política

En el acuerdo sobre participación política se adivina el reconocimiento de esta etiología (causalidad) social y geográfica del conflicto armado. Con lo cual las partes que negocian escapan por fortuna al puro señalamiento moral, cuando no fanatizado, del otro como enemigo.

Al mismo tiempo, el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC parecieran comprometerse efectivamente con lo que Humberto de La Calle ha llamado un diseño de alcances estratégicos en la ampliación de la democracia. Lo cual, querría decir: la formulación de un empeño que vaya en el sentido de reemplazar las dinámicas regionales de violencia por la constitución pacífica de actores colectivos, mediante su fortalecimiento político e institucional.

Empresa esta para la que hará falta, desde luego, mayor equidad social, a la que no estaría ajeno el primer punto de agenda sobre el tema agrario; menor clientelismo en manos de los patronos partidistas de la política tradicional; y mayor autonomía en las comunidades campesino-territoriales. En realidad: un conjunto de medidas con toques de modelo económico-social y reingeniería institucional; para cuya concreción no debiera excluirse de antemano la realización de una Constituyente en algún momento del posconflicto.

Publicado originalmente en: Semanario virtual caja de herramientas. Edición N° 00377 – Semana del 15 al 21 de Noviembre de 2013

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