¿Es la paz la ecuación política que le falta a la democracia?

Publicado: noviembre 18, 2015 en Uncategorized

La transición que comienza a vivir Colombia, la misma que se apoya en esa especie de puente azaroso que intentan extender los negociadores de La Habana, es un proceso político sui generis. Se trata sobre todo de un modelo mixto.

Es el paso de la guerra a la paz, ciertamente. Pero, desde luego, no lo es de la dictadura  a la democracia. La paz podría sobrevenir  después de la guerra pero sin que ello supusiera un cambio de régimen político.

Este último ya está inventado, aunque es posible que lo haya sido en una forma un tanto retorcida. Admite desigualdades profundas y no pocas exclusiones. En todo caso, ostenta como expresión suya una Constitución pluralista, con equilibrio de poderes; incluso, muy progresista, con la patente orgullosa de su carta de derechos. También se apoya en un sistema de elecciones populares para definir las autoridades de gobierno y la representación en el Congreso.

Eso sí, quizá haya que reinventarlo, por todo lo que tiene de estrecho y discriminador. En la solución del conflicto armado no solo se busca la paz. En esta búsqueda también se explora la posibilidad de más democracia, como la mejor medida de abandonar la guerra; un ácido disolvente en la construcción de la política.

La paz: parte de la ecuación democrática

Los acuerdos parciales de La Habana, entre el gobierno de Santos y las FARC, establecen como meta una mayor participación política, para lo cual nuevos mecanismos se implementarán, favorables  a los actores que hoy no disponen de representación o que quieren en todo caso hacer el tránsito de la acción armada a la acción legal.

En tal sentido, la ecuación de la paz incluiría el enriquecimiento de la democracia; al menos, el de la democracia electoral; a lo cual no sería ajeno el crecimiento numérico de los partidos o movimientos, que se sumarían a la competencia pacifica por el poder.

Ahora bien, la ampliación democrática requiere de la re-legitimación de las opciones  políticas que nazcan de la paz. Como si experimentaran lo mismo que los pastos sabaneros que reverdecen con los aires propiciatorios de la estación que llega con las lluvias de octubre.

Pero si las cosas no sucedieran de ese modo, intervendría libre y deletéreamente el sistema;  el régimen, como diría el sacrificado Álvaro Gómez, él mismo su exponente  conspicuo. Y lo haría con la fuerza muerta de su peso. Re-absorbería  y, a la vez, anularía porciones sustanciales de ese mar de expectativas; y de inquietudes; suscitadas por esa especie de adviento laico, en el que se convertiría una reconciliación nacional. Con ello, el cierre del conflicto armado podría traer venturosamente el fin de la violencia de origen ideológico;  pero al mismo tiempo, ya no tan afortunadamente, una ampliación apenas marginal de la democracia.

La paz como hecho político y la democracia competitiva

Si se consumara, por fin, un acuerdo de paz, él mismo podría constituirse en un hecho cargado de consecuencias para la democracia competitiva. El solo cambio en la metodología de la acción, así lo determinaría. El abandono de la lucha armada, si ya está agotada, envuelve las posibilidades de un enriquecimiento, tanto de la acción política como de la competencia por el poder.

La sustitución de la acción violenta por la acción política – de la rebelión por la reconciliación- implica un efecto de ingreso. De entrada al sistema.

Si en los años 60, la formación de las guerrillas “marxistas” fue un hecho que representó la afirmación de  un “constituirse por fuera” del sistema para combatirlo integralmente; un tratado interno de paz daría paso, 50 años después, a ese efecto de ingreso. Así sucedería luego de que se erigieran como contra-élites en busca de un cambio en el control del poder. Es decir: una entrada a otro sistema de reglas para la competencia por ese mismo poder.

Por lo que se ve, muchas veces no hacen falta transformaciones estructurales para que el universo político adquiera otras dinámicas; tampoco, nuevas instituciones; al menos, no de inmediato. Bastaría para ello con que la acción social  cambiara su carácter; de modo que el proceso en la formación de un actor colectivo se consumase re-contextualizando su ser, en otro estado de cosas.

En realidad, la estructuración de un grupo armado con aspiraciones ideológicas no es más que el proyecto de una contra-élite, para constituirse como actor político, a título completo. Es una empresa que se corona cuando comienza a ser creíble su conquista del poder o cuando al renunciar a dicha conquista por las armas, se hace interlocutor válido en unas negociaciones para construir la paz.

Estas últimas son el trámite final para que el movimiento armado, en vez de ser un actor en ciernes, un agente perturbador desde las fronteras del sistema haciendo uso casi exclusivo de la violencia; pase a ser un actor pleno que mediante la utilización integral de muy diversos recursos, agita internamente al sistema. Quiere ampliarlo; pero no desde “el afuera”, sino desde “un adentro”.

Alcances y limitaciones de la democracia actual

Un sistema de lucha por el poder está definido en sus alcances por los actores que en él intervienen; por las reglas que lo limitan y por las prácticas y técnicas,  que son validadas, de acuerdo con los premios y castigos que reciben.

La lucha por el poder hace parte en Colombia de un orden que incluye la competencia electoral, lo que dicho sea de paso vuelve improbable el control del Estado por un agente armado que intervenga “desde el afuera”. Sin embargo, se trata también de un sistema que ha sabido limitar severamente los alcances de algunos de los aspectos medulares de la democracia.

Para auto-regularse, las elites restringieron, después de las violencias interpartidistas, el espacio de la competencia política. Mediante los mecanismos propios del Frente Nacional forzaron el dominio de los dos partidos históricos, habitáculos ambos de caudillismos heredados, de oligarquías regionales, y, claro, también de liderazgos emergentes salidos de las clases medias profesionales; estas últimas en ascenso desde los años 60 del siglo XX.

A la existencia de dos partidos, apoyados ambos en lealtades primarias -afirmadas también por el pegamento de las exclusiones sectarias-, se sumaba después el ejercicio de los pactos entre ambos. Así aseguraban el poder compartido y el monopolio sobre el campo  de las relaciones políticas. Era algo que conseguían bajo la ayuda de reglas formalizadas en la ley y en la Constitución; es decir, dotadas de una validez generalizada.

Este control compartido del poder, con todo el cortejo de sus recursos, facilitó a su turno la reproducción ampliada de las prácticas clientelistas. Era la manera como las élites prolongaban la captura de lealtades. Garantizaban además un cierto orden re-patrimonializado. El dominio sobre las técnicas propias del clientelismo y la corrupción, nacidas en la intermediación entre el Estado y la población, permitió por otra parte el florecimiento de un  personal  dueño de la representación política y capaz de construir “empresas políticas” semi –privadas; articulables todas ellas en el seno de cada partido.

Si bien la Constitución del 91 introdujo reglas encaminadas a modificar el “bipartidismo clientelista”, este logró mutar en multipartidismo, rápidamente metamorfoseable en coalición hegemónica. La cual, aunque admite adhesiones “no-leales” del voto independiente, sigue apoyándose en la constelación de empresas clientelistas. Las mismas de siempre, solo que ahora migran, de allá para acá, entre los distintos partidos. Todos ellos nacidos bajo el “patronazgo” de jefes de tradición o de ocasión. Además, surgidos de la misma fuente bipartidista.

Bajo las reglas de mayor apertura,  propias de la nueva Constitución Nacional, las reales fronteras del sistema de competencia política se definen por los alcances relativamente estrechos de un coalicionismo hegemónico (fracturado transitoriamente por una ultra-derecha de corte demagógico); y por el clientelismo en el que se mueve la ya mencionada constelación de empresas electorales.

El eventual ingreso de la guerrilla al sistema de reglas vigente

El eventual ingreso de las FARC  a este sistema, como actor político, traería consecuencias virtuosas en tres aspectos del espacio democrático. El primero es el del pluralismo; el segundo, el de los equilibrios dentro de la competencia; y el tercero es el de la cultura política de la confrontación.

En el pluralismo interviene el número de actores que participa en la contienda democrática. No basta sin embargo con el número de opciones políticas; hace falta el sentido  de que ellas son portadoras. Es indispensable su significado en términos de intenciones, de discurso y de articulación con los actores sociales.

En ese orden de ideas, si las FARC completaran su tránsito a la acción legal, no solo ampliarían el espectro de participación, constituyéndose en otra opción para franjas de electores en busca de representación. También podrían ser portadoras de algún significado con alcances alternativos. Es lo que cabe esperar, como si se pudiera dar  “continuación” a su oposición armada, pero “por otros medios”. En principio, debería robustecer el campo de una oposición de izquierda, amiga de una mayor radicalización de la democracia y del acento social puesto en la orientación del Estado.

Ahora bien, la oposición de izquierda, aunque hace escuchar su voz con el ejercicio de la denuncia, adolece siempre de una representación muy precaria, cuantitativamente hablando. La proporción que alcanza, apenas si roza habitualmente el 10%. Su participación está inscrita en un formato de desequilibrios insalvables, con respecto al coalicionismo hegemónico. El cual en ocasiones ha llegado, por ejemplo en tiempos de Uribe Vélez, al 85% en el Congreso.

Si las FARC pasaran a la legalidad podrían ensanchar el campo de la izquierda democrática, aunque sin crecimientos espectaculares; puesto que parte de sus electores saldrían del mismo rango de los que ya votan por la izquierda actual.

Una tercera dimensión, quizá intangible en sus procesos pero con mayores consecuencias virtuosas en el robustecimiento de la competencia democrática, es la que incluye algunos cambios en la cultura política.

La conversión de una guerrilla en partido, lejos de significar la incursión de la maldad en la disputa por el poder, llega a entrañar la superación de la relación “amigo-enemigo”,  la que es una construcción perversa del espacio de la política. Un agente armado se plantea desde sus orígenes como un enemigo a muerte del régimen en funciones. Y lo hace en términos tanto prácticos y metodológicos como doctrinarios e ideológicos. Lo hace en términos prácticos y metodológicos, debido a su utilización sistemática de la violencia; factor este que contribuye a deshilachar el tejido de lo público. Lo hace así mismo en el plano doctrinario e ideológico porque quiere encerrar a la historia en el molde de sus construcciones mentales. Lo cual exhala un tufillo totalitario. Ciertamente cargado de connotaciones excluyentes; no concordantes con la configuración de un espacio común, para la acción recíproca entre adversarios políticos.

La violencia que polariza y que  interfiere en la oposición

Entre los diversos obstáculos con que ha tropezado la izquierda legal, además de su propio dogmatismo y de la violencia pre-juiciada con la que el régimen dominante la ha enfrentado, hay uno que sin embargo podría ser removido por las negociaciones de paz. Se trata del paralelismo entre lucha armada y acción política. A la acción legal siempre le surgió como una competencia (digamos, “desleal”, pero a veces consentida) la acción armada. La cual correspondía también a un proyecto de contornos ideológicos. Y que, como si fuera una coincidencia caída por azar, tenía propósitos similares, en lo que concierne a la conquista del poder y al cambio social.

La existencia de guerrillas, erigidas estas en una especie de oposición armada, cuando al mismo tiempo el régimen incluía  una democracia electoral, provocaba una confusión insalvable entre la lucha armada y el proyecto de acción política legal. La expresión patente de dicha confusión no fue otra que aquella táctica, inconveniente por mil motivos, que se caracterizó por la “combinación de todas las formas de lucha”. Ella reconocía y explicitaba la confusión. Aunque esta era mucho más amplia por las múltiples zonas sociales en que cruzaban comportamientos y discursos. Las guerrillas promovían todo tipo de prácticas ajenas a un imaginario ético, asociado con la reivindicación social y con la emancipación humana. El resultado difuso pero cierto era la deslegitimación de la acción política, emanada de cualquier proyecto con pretensiones similares en materia ideológica.

Por cierto, la acción armada ejercía un efecto de auto-destrucción del mensaje; como en cualquier serie policíaca. Pero no dejaba de generar un ruido tan negativamente potente que distraía por fuerza la atención del receptor. O, de otro modo, producía una interferencia frente al mensaje que pudiera lanzar otro emisor;  así este aceptara las reglas del juego, establecidas constitucionalmente por el régimen.

Si con algo interfirieron las guerrillas en Colombia, fue precisamente con las posibilidades de una izquierda emancipatoria, pero instalada decididamente en la acción legal.

La paz con las FARC – la guerrilla más grande y más significativa por sus raíces sociales- podría cerrar el largo ciclo de esa confusión ideológica y cultural, entre lucha armada y acción legal. Abriría así un margen mayor para que una oposición de izquierda se desarrollara en una atmósfera de aceptación popular.

Sin duda, la represión no se detendrá por esa razón, la del Estado y la que se desata desde los poderes privados y criminales. Que es dirigida sin falta contra la oposición que pone en riesgo hegemonías locales. Y contra las comunidades que reclaman justicia.

Sin embargo, el fortalecimiento de la oposición y su legitimación serán la base para neutralizar con mayor eficacia esa violencia proveniente de los diferentes poderes; sean estos ocultos o visibles. Y para deslegitimar la complacencia o las conductas omisivas del Estado.

Claro está que las guerrillas – todas – incorporaron la violencia como un puro medio para limpiar de obstáculos el camino que conduce al cambio social. Con todo, a la vista de la historia reciente, no es difícil convenir que ese medio terminaba por devorar el fin al que servía. A fuerza de prolongar y multiplicar la acción violenta; de instrumentalizar el proyecto político e ideológico, diluido en aparato militar; las contra-élites guerrilleras se condenaban a rendirle culto a la eficacia de la violencia; solo porque así potenciaban su aparato organizativo. La práctica repetida de la violencia, en aras de su resultadismo material, las inscribía en una cierta cultura de la “violencia como razón instrumental” de la revolución: una verdadera perversión de la racionalidad revolucionaria.

Esta “razón violenta”, impulso bastardo de la “razón emancipatoria”, comenzaría a disiparse con la transformación del “insurgente instrumental” en opositor racional que, liberándose del medio violento al que ha fetichizado, reivindica de nuevo el fin por el que ha luchado. Sería una especie de indemnización histórica a la izquierda que proclama el mismo objetivo de cambio.

Ampliación democrática en los pre-acuerdos de paz

Los cambios necesitan para su afianzamiento de la materialización de algunos mecanismos institucionales. Que ya están indicados, por cierto, en los pre-acuerdos de La Habana; y que conciernen todos ellos a la “participación política”.

Dichos mecanismos institucionales están presididos por una suerte de “declaración de fe” común; y por la manifestación de un propósito. Ambos asuntos comportan la adhesión formal a los principios de la democracia y del Estado de derecho.

El borrador del Acuerdo versa sobre la necesidad imperiosa de la “ampliación de la democracia”. En otras palabras, las dos partes reconocen a la democracia, como el orden válido; orden con el que todavía están en deuda las élites en el poder y las contra-élites en la insurgencia. También aceptan a la democracia electoral como conjunto de reglas para dirimir la lucha por el poder. Explicitan, para decirlo en términos de un autor ingenioso, la fórmula moderna según la cual “es mejor  contar cabezas, que cortarlas”.

En la dirección de “ampliar” la democracia se sitúan algunos de los mecanismos acordados:

 El primero de ellos  es un Estatuto de la Oposición, ya ordenado por la Constitución desde 1991, aunque todavía aplazado. Un orden garantista reafirma los derechos para los partidos y movimientos sociales, con posiciones alternativas al régimen vigente. Y se consagra a la apertura de espacios de carácter institucional, comunicacional y financiero; a fin de que las minorías encuentren las mejores condiciones para hacer escuchar su mensaje político.

En segundo término, un sistema general de seguridad debiera blindar a los antiguos guerrilleros, reconvertidos en activistas políticos, para proteger su vida y la libertad de acción.

Un tercer mecanismo tiene perfiles de institución ad-hoc, destinado a desplegar ciertos espacios para la representación política. Es ad-hoc por tratarse de una institución “especial” y “transitoria”. Consiste en la creación constitucional de unas circunscripciones electorales. Con una duración fija: 8 años o 12 o quizá un poco más. En ellas la población perteneciente a las zonas territoriales especialmente golpeadas por el conflicto armado podrán presentar listas para conseguir curules en la Cámara de Representantes, sin la competencia de los partidos ya establecidos.

Se ampliaría la gama de representantes, al tiempo que se rescataría a comunidades locales, marginadas y afectadas por la violencia, pero dueñas de un potencial para acceder a los espacios de la representación política. Las FARC han sabido presentar esta concesión obtenida, como si solo fuera favorable a las comunidades; lo que se compagina a su turno con las tesis del Consejero de Paz, en el sentido de que los acuerdos deben estar informados por el objetivo específico de asentar una “paz territorial”. Desde luego, mediante la cesación de la violencia, pero también con reformas sociales.

Horizontes de legitimidad; transiciones para la legitimación 

Para que la democracia sea más amplia no bastan los mecanismos que establecen una “discriminación positiva” para favorecer a las comunidades, víctimas del conflicto. Todo ellos es  necesario pero no suficiente.

Hace falta sobre todo que la guerrilla se legitime en el proceso mismo de las negociaciones, de los acuerdos y de su refrendación. En ese sentido el proceso de paz y de reconciliación es también el ejercicio de una transición con efectos re-legitimadores. Así, el agente armado, incurso en desviaciones terroristas y en actos criminales, se transfigura en sujeto  aceptable como interlocutor válido.

Dicho reconocimiento, en boca de la opinión pública y de los otros actores políticos, tiene no solo un carácter electoral. El nuevo actor debe exhibir antes que nada una credibilidad a prueba de las peores adversidades o provocaciones. Tiene que alejar, del mismo modo como se espanta a un fantasma, las inconsistencias en su comportamiento legal. Y poner los hechos en la misma línea del discurso. Finalmente, no puede el actor hacerle el quite a la coherencia en el orden ético; de modo  que en sus conductas vayan unidos sus reclamos sociales y políticos,  con la efectiva defensa de los derechos y garantías de carácter moderno.

De hecho, sus conductas, como agente armado, van en el sentido contrario de eso que demanda la legitimación política. Que es de lo que se trata. No es raro que los hechos contradigan su discurso. A menudo, el reclamo por los intereses sociales  va unido con el daño a los derechos ajenos; sobre todo a los de la Sociedad Civil.

A este propósito, la “tregua unilateral” iba en la buena dirección, pero el asalto sangriento contra los soldados que acampaban en un polideportivo, con saldo de once muertos, pudo destruir los efectos de la propia táctica escogida de des-escalamiento del conflicto. Con actos como este, se golpean los derechos del “enemigo”, que también los tiene. La propia legitimidad de la guerrilla puede irse al piso, en estos casos, cuando precisamente requiere de su presencia.

Los acuerdos debieran intervenir como las aguas lustrales, a través de las cuales el agente armado se reinventa. Ahoga sus desviaciones y renueva sus vínculos con el mundo de la vida. Se trataría de una suerte de “limpieza espiritual”, con el fluir de nuevas experiencias: una sucesión de impresiones atrapables en el interior de la conciencia política, allí donde se aloja la impronta  de esa conexión prometedora con la vida; siempre sorprendente, siempre floreciente en experiencias; en este caso, las de negociar por la paz.

En otras palabras: el trance por el que pasa el nuevo sujeto en la construcción de la paz debe incluir una cierta reflexión ideológica y política; un camino en cuyo recorrido se obligue a cambiar el chip de sus referentes éticos en política.

Los cuatro elementos fuertes con los que se acompaña la ejecución de la justicia transicional (por cierto, rechazada inicialmente por las FARC) debieran ser útiles para esos nuevos referentes de lucha. No solo para un aggiornamento de imagen más aceptable, sino sobre todo para la evolución en la conciencia.

Una disponibilidad seria para expresar la “verdad”; para pedir “perdón”, lo mismo que para reparar a las “víctimas”; y un compromiso para la “no repetición” de las acciones armadas, serían todos ellos mensajes de sanación. Las heridas del conflicto los esperan.

Sin embargo, una actitud ambivalente o confusa, a propósito del abandono definitivo de las armas como parte esencial de los acuerdos, disminuiría la posibilidad de una legitimación ética, traducible en el reconocimiento político.

La refrendación popular de los acuerdos abriría el espacio decisivo para la legitimación del nuevo sujeto político. Su participación fijaría el reto para la decantación de sus nuevas actitudes, para un discurso moldeado en las necesidades sociales, pero también en las exigencias de la paz.

En función de un imprescindible proceso legitimador, siempre fueron validables aunque rodeados de dificultades casi invencibles, mecanismos tales como el Referendo (defendido al comienzo por el presidente Santos) o la Constituyente (siempre propuesta por las FARC).

Solo que la realización del uno o la convocatoria de la otra no dejan de entrañar tantos escollos técnicos y jurídicos, que muy probablemente se tornen irrealizables en el mediano plazo; una situación que evidenciaría su inutilidad para rodear de participación popular a los acuerdos.

El escenario del debate y de la participación podría en consecuencia encogerse como la prenda de vestir confeccionada con material de desecho, disfrazado con las apariencias de la moda. Así las cosas, todo el asunto del debate público y la refrendación podría quedar reducido a la sola arena habitual del Congreso y a las campañas electorales, o venturosamente a la realización de un plebiscito.

En cualquier caso las FARC debieran hacerse acreedoras a algunos beneficios políticos, como curules especiales, las mismas que les permitirían apropiarse mejor los problemas de la agenda nacional y estrechar lazos con la opinión pública.

Entre el voto independiente y las inercias del sistema

Un fenómeno de legitimación le permitiría a las FARC, ya convertidas en partido o en movimiento político, ganar credibilidad; lo que ampliaría de hecho la competencia democrática.

Podrían así mismo instalarse en ese “campo” electoral formado por los votantes de izquierda y por algunos de los segmentos que constituyen el voto independiente.

Independientes con inclinaciones alternativas e izquierda llegan a ocupar una franja del 22% dentro de los que efectivamente votan; estos últimos, unos 15 millones de ciudadanos. Dicha franja se manifestó no hace mucho tiempo, a través de los 2.600.000 votos  obtenidos por Carlos Gaviria; y más ampliamente, con los 3.600.000 votos depositados por la “ola verde” de Antanas Mockus. Es una franja que, a juzgar por las encuestas, podría extenderse hacia el “centro” hasta algo más de los 4 millones de electores.

Se trata de la cuarta parte del electorado- lo que no es poco caudal-, en la que podrían ubicarse razonablemente las FARC; si bien no de un modo exclusivo. De manera que si acompañaran su renovación efectiva con un espíritu de unidad con respecto a otras fuerzas alternativas, contribuirían a cimentar esa zona de comportamientos electorales. Que, por cierto, a veces se contrae por ausencia de candidatos y partidos creíbles; es decir, aquellos que tengan vocación de ganar terreno hacia el centro del espectro político, al tiempo que mantienen firme su programa básico.

Sin embargo, la incapacidad para reinventarse en el tránsito hacia la legalidad podría dar paso, por el contrario, a una participación magra dentro de la lucha política.Dicha posibilidad negativa no es un evento necesariamente distante de la realidad. Es cierto que el abandono de las armas y construcción de la paz suelen ser ambas decisiones premiadas al comienzo por la opinión pública. Solo que la curva de confianza depositada en los nuevos actores tiende luego a bajar. Así, desaparecieron muy pronto agrupamientos como el M-19 o el EPL; beneficiarios inicialmente de cierto respaldo entregado por los votantes independientes.

En todo caso, a las FARC, aun gozando de enraizamientos locales, les podría sobrevenir una dificultad enorme para sintonizarse con las masas de la opinión pública urbana.

El peso del statu-quo

En tales condiciones, las fuerzas establecidas, las que han controlado el Estado y dominado el espacio de la lucha política- ahora fragmentadas en unos siete  partidos aunque antes organizadas en las dos decimonónicas familias partidistas – harán valer el peso de sus influencias tradicionales y la eficacia de las tecnologías clientelistas, aceitadas todas ellas en la circulación de los piñones y poleas, propios de las maquinarias electorales.

Aunque las identidades partidistas experimentan modificaciones en los electores, estos finalmente tienden a remitir sus lealtades nuevamente hacia los partidos más establecidos. Es su residuo conservador, como lo diría Wilfredo Pareto, un freno de mano contra las incertidumbres de lo nuevo. Por otra parte, dichos partidos tienen raíces más sólidas y se mueven en la larga duración dentro de los escenarios locales; allí donde mantienen un ejército de pequeños caciques y lugartenientes. Los cuales, si en ocasiones relajan sus lealtades, lo hacen solo para migrar a otros partidos que ofrezcan similares condiciones.

Por tal razón, las nuevas fuerzas, productos de un proceso de paz y rodeadas normalmente por el cerco hostil de las desconfianzas, deben ofrecer focos de atracción especial (en el discurso, en la ética, en los liderazgos),  afín de irrumpir con un empuje que les permita afincarse en la arena de la lucha política; y, además, provocar efectos de implantación a escala regional y local.

Si tales atractivos no funcionan; si las FARC no devienen partido creíble, ética y democráticamente hablando; las identidades más enraizadas en los electores; las de los partidos del establecimiento; mantendrían siempre ocupado el campo de la acción política. Tal vez así haya una democracia más estable, porque las prácticas violentas en la disputa por el poder dejan de hacerle competencia desleal a las confrontaciones electorales. Pero la representación política, en todo caso, no ganará en diversidad; y las posibilidades de alternancia en el poder continuarán cercadas e incluso invadidas por los terrenos arenosos y estériles que asfixian a la izquierda.

 Sociedad civil activa en las regiones periféricas

Con todo, las FARC, como partido legal, podría arrastrar consigo la emergencia de una constelación de comunidades locales de origen rural que articulándose entre sí eleven los niveles de representación popular. Dichas comunidades ganarían en autonomía al mismo tiempo que ocuparían espacios, construibles a partir de la paz, de representación nacional y local.

Quizá el proceso de paz con esta guerrilla termine por promover la democracia, al propiciar una sociedad civil, de origen campesino y periférico, relativamente más activa y autónoma. El surgimiento de movimientos como la Marcha Patriótica podría estar provocando experiencias en esta dirección.

Publicado Originalmente: Revista de la fundación Foro Nacional por Colombia. Edición No. 85 Abril de 2015. Ha sido editado con muy pequeñas correcciones de actualización. 

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comentarios
  1. Jorge Iván González dice:

    Ricardo, de acuerdo. Dos comentarios. Primero, siempre pensé que en La Habana se iba a discutir más sobre el “modelo” económico. Parece que la opción final es crear espacios políticos y el resto vendrá después. Quizás sea la posición más realista. Y, segundo, después de La Habana el lenguaje en todas sus dimensiones cambia. Y este resultado es intrínsecamente positivo.

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