El NO de Uribe y el desmonte del Acuerdo

Publicado: octubre 21, 2016 en Política

Al expresidente Uribe Vélez, el primero entre los beneficiarios del NO al plebiscito, no le interesa el Acuerdo de paz sellado entre el presidente de la República y las FARC. No está en su interés el introducirle ajustes razonables y mucho menos salvarlo. Ha dicho que quiere “cambios de fondo”; pero, en realidad, aspira a desmontarlo como un todo.

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Concepciones y modelo

Es un problema de concepción y de modelo, en lo que concierne a la negociación que desemboca en un arreglo para poner fin al conflicto con un grupo armado; orientado por razones ideológicas y arraigado en causas sociales. Lo que se revela es una distancia casi insuperable entre aquello que representa la perspectiva de Santos, por un lado; y lo que es la sustancia del modelo Uribe, por el otro.

Para empezar, la concepción de este senador, líder de una oposición que abarca diversas franjas ciudadanas atravesadas por un sesgo marcadamente conservador y muy refractarias a la modernización a través de reformas, incluye el hecho de que el país no estaría ante un conflicto armado de orden interno y de que solo enfrentaría un fenómeno “narco-terrorista”. Con cuyas expresiones guerrilleras difícilmente se podría negociar. Es una afirmación contra-evidente, que acaba de reiterar en el artículo que le ha publicado el Wall Street Journal.

En ese orden de ideas, lo que Uribe propone, después de que el SÍ al plebiscito perdiera por el estrecho margen de 53 mil 800 votos, es la sustitución del modelo de acuerdo que se selló en La Habana. El cual estuvo basado en el criterio de que se negociaba con una guerrilla, provista de objetivos políticos. Modelo éste, sustituible ahora, por el esquema de un mal disimulado “sometimiento a la justicia”; cercano por cierto  al que se puso en práctica con la 975 de 2005, la ley de Justicia y Paz, dirigida a la solución del fenómeno paramilitar; el que además servía de cobertura  a los “narcos pura-sangre”

Las llamadas bases de un acuerdo nacional

Con sus “bases de un Acuerdo Nacional de Paz”, Uribe quiere introducir tantos y tan radicales cambios a lo firmado en La Habana y en Cartagena, que con el resultado, este documento perdería su ethos.  Vería evaporar ese sentido  que lo recorre, en tanto acuerdo de paz, apoyado en la condición de que el Estado se entendía con un actor armado, movido por razones políticas; y de que, por tanto, nucleaba la negociación alrededor de la justicia transicional; y todo ello a fin de propiciar el tránsito de la insurgencia a la vida legal y a la participación  dentro de la disputa por el poder y por la representación política.

De ahí que el senador, jefe de filas del llamado Centro Democrático, haya insistido en la circunstancia de que los cabecillas de la subversión, incursos en delitos atroces, sean condenados a penas efectivamente privativas de la libertad;  mientras sus bases pudiesen hacerse acreedoras al favor de una amnistía. Lo cual, aunque contiene algunos elementos de la justicia transicional como la suavización de la penas, es sobre todo funcional a un marco de sometimiento a la justicia, por parte de delincuentes comunes; eso sí, dotados de cierta organización estable y de algún mando unificado.

Uribe también propone la disminución, al máximo, de los beneficios para la participación política de los guerrilleros, ya legalizados;  al igual que la supresión de la elegibilidad de los jefes insurgentes; posibilidad ésta, “contundentemente” rechazada; en medio de una posición que le quitaría el aliento esencial a ese efecto buscado de la transformación de la guerra en política; un espacio ya no habitado por enemigos sino por adversarios.

Finalmente, postula “eliminar la denominada jurisdicción especial para la paz”; medida ésta, que descoyuntaría uno de los productos sobresalientes, que hizo posible el acuerdo, en materia de justicia.

Por lo demás, Uribe Vélez quiere cortar, como si fueran las ramas decisivas en el crecimiento del árbol, todo posible beneficio que resultare indirectamente de la conexidad de delitos como el narcotráfico o las muertes en combate, en relación con el eje central de la acción guerrillera, representada por la rebelión. En otras palabras, el senador del NO muestra la ambición deleznable de sustraerle el mayor margen posible a los guerrilleros en su calidad de actores armados, animados ellos por razones políticas; y simultáneamente, de desmontar en sus piezas esenciales, el modelo de Acuerdo complejo entre el Estado y una insurgencia básicamente rural. Y cuyo núcleo ineludible no puede ser otro distinto a la justicia transicional; en la que las dos partes en conflicto, encuentran el debido equilibrio entre justicia y paz. Equilibrio éste que, en el caso colombiano, para mayor complicación en el sistema de las estrategias colectivas, fue precisamente rechazado en el plebiscito de refrendación popular.

Enredos, desmontes y difíciles salidas

 Así las cosas, no aparece probable un acercamiento serio entre las tres partes del juego; el gobierno, las FARC y el uribismo. En realidad, este último defiende el desmonte de todo el armazón del acuerdo; sobre todo, de su significado profundo.

La salida del pantano -la fuga del limbo- aun no se insinúa;  por lo que el “juego” todavía oscilará entre las reformas razonables del acuerdo y su desmonte sustancial; y también entre el uso de los mecanismos ordinarios propios del Congreso y la convocatoria a un nuevo plebiscito. Salvo que el Acto Legislativo de la Paz quedara, por algún suceso excepcional, revivido; y entonces el Congreso tomara en sus manos la implementación del Acuerdo, mediante el ya aprobado procedimiento del fast-track; algo, sin embargo, especialmente embrollado.

 

 

 

 

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