Refrendación: legitimación y funcionalidad

Publicado: diciembre 5, 2016 en Política

Los resultados del plebiscito del 2 de octubre no conducían a una eliminación del Acuerdo de Paz, aunque el hecho no era un simple ejercicio simbólico. La derrota simplemente le prohibía al jefe de Estado la implementación, una razón por la cual estaba obligado a renegociar, tras lo cual podría someterlo de nuevo al pueblo o buscar otras formas de refrendación. Era por tanto un plebiscito, no de resultados contundentes, sino atenuados; no de suma cero, sino de suma mixta: en caso de derrota, se perdía a medias.

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                                        Imagen tomada: http://www.colombia.com/

Surtida la renegociación, el gobierno de Santos optó por una refrendación cuasi-simbólica en el Congreso. Políticamente, era preferible otro plebiscito. Negada la primera versión en las urnas, lo procedente era una convocatoria para dirimir el diferendo persistente.

Pero concurrían circunstancias de apremio. No se trataba de apoyar cualesquiera decisiones. No: estaba de por medio la finalización de una guerra; la consolidación de un cese al fuego o, a contrario sensu, el abandono a los azares que dicta su propia fragilidad.

Ese era el punto: no dejar el acuerdo huérfano de voluntad política, en las manos improbables de un delicuescente Pacto Nacional; no someterlo a una quietud, convertible en un retroceso real, mientras los factores de la coyuntura progresaban de cara a la cita de 2018. Todo ello, con el riesgo de que los juegos de la política electoral, demagogia y post-verdad incluidas, atrajesen irresponsablemente los “juegos de la guerra”. A lo cual contribuirían deleznablemente los “algunos solemnes” juristas, con el argumento filisteo de que esta paz, sustituye a la Constitución.

Por otra parte, está refrendación retrotraía el proceso de paz a un escenario de decisiones que le era favorable al gobierno; empeñado legítimamente en poner término a una guerra interna. Sin torcerle el cuello a la ley, conseguía que el centro de gravedad se desplazara a un espacio político en el que pudiese encontrar mayorías cómodas, pero no artificiales; pues allí hacen presencia los partidos, detentadores de representación y poseedores de recursos efectivos de poder.

Las discusiones sobre la validez de este escenario no dejaban de evidenciar el aliento que les insuflaba una respiración artificial, asociada con una argumentación, puramente formalista.

Es cierto que el Congreso está para aprobar leyes y reformas constitucionales, pero no es menos verdad que se trata de un órgano autónomo, titular de la representación popular; por lo que posee la prerrogativa de debatir el Acuerdo de Paz y de pronunciarse mayoritariamente en la dirección de refrendarlo.

Naturalmente, no sería un acto con fuerza jurídica, al modo como lo es una ley o un acto legislativo. Pero será un acto de legitimación política, indispensable para la implementación; una etapa que necesariamente se surtirá en ese mismo Congreso, toda una operación que le comunicará retrospectivamente fuerza legitimadora a la refrendación.

Las decisiones de Senado y Cámara, los días 29 y 30 noviembre, han entrañado esta operación política, cargada sobre todo de simbolismo legitimador; aunque también de eficacia funcional, en la medida en que han despejado el camino para una ley de amnistía; y para la concentración de los guerrilleros en las zonas veredales, la condición necesaria para el bienvenido desarme.

Una dificultad adicional vendrá después, a propósito de la implementación. Si la Corte Constitucional valida el fast track, se necesitaría además que éste dejara de estar condicionado por la refrendación popular, pero si la misma Corte no tumba este condicionamiento, el gobierno podría estar abocado a plantearse un nuevo plebiscito; algo eludible si en la sentencia se recomienda finalmente esquivar la refrendación popular.

 

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