La reforma política y el evangelio de Cristo

Publicado: febrero 28, 2017 en Política

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo ha lanzado,  como iniciativa de reforma política, una serie de enmiendas legales y constitucionales, un evangelio ya debatido, sin que nunca se materializara; y que incluye: a) la obligatoriedad del voto; b) la disminución de 18 a 16 años como edad mínima para ejercer el derecho al sufragio; c) la eliminación del voto preferente para el Congreso, reemplazado por la confección de listas cerradas ; d) la financiación completamente estatal de las campañas; e) la eliminación de la vicepresidencia; y f) la elevación del periodo presidencial a 5 años; un incremento que también se concedería a la dirección de los organismos de control.

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Reajustes y mejoras

Son todas ellas propuestas, pensadas en términos generales, para que obren en el sentido de una mejor calidad de la democracia, una más amplia participación ciudadana; y la supresión de algunos factores de perturbación en la marcha de las instituciones.

Así, la financiación estatal y las listas cerradas reducirían el margen que permite las triangulaciones y triquiñuelas al servicio de una financiación ilegal y de la violación de los topes, que desequilibra groseramente la competencia. La obligatoriedad y el voto a los 16 años llevaría a un universo más voluminoso de votantes efectivos; y la sustitución de la vicepresidencia por una designatura, junto con el período de los cinco años para el presidente, podrían constituir ajustes técnicos en el funcionamiento de las instituciones; todo ello en busca de reducir las interferencias en la marcha del régimen presidencial, al tiempo que éste gana estabilidad en la ejecución de sus políticas públicas, por un lapso un poco más prolongado, a disposición del primer mandatario.

Democracia abstencionista y democracia clientelista

La colombiana es en gran medida una democracia abstencionista y clientelista. Y por lo que es clientelista, experimenta deslizamientos marcados hacia la cleptocracia, el ladronismo desvergonzado, que configura rasgos severos de una lumpen-política, en tanto régimen de representación. Es decir: no son pocas sus inclinaciones a la corrupción, la cual cabalga alegre en la repetición cíclica de los carruseles del saqueo a los bienes públicos.

Calibrar los efectos de una reforma política, sea ésta integral o parcial, requiere calcular el hecho de si amplia la participación y sanea las prácticas de representación. En otras palabras, si su afectación rompe con la estrechez participativa y al mismo tiempo reorienta esa participación, en el sentido de una mayor autonomía del ciudadano en sus escogencias.

A pesar de que en los últimos 25 años, la Constitución del 91 y la subsiguientes reformas legales, introdujeron cambios que sacudieron la rigidez del bipartidismo y ofrecieron una mayor distancia del elector frente a las maquinarias partidistas que lo presionaban en el momento de votar, la democracia electoral siguió funcionando con base en las “fami-empresas políticas”, dirigidas por “caciques” o “patrones”; las cuales se las han arreglado para capturar la administración pública y reproducir las prácticas clientelistas, en las que se intercambian servicios por votos. Además, la participación se ha mantenido en unos niveles muy limitados, entre el 47 y 52% de todo el censo que llega a 35 millones de colombianos. Dicho de otro modo: una democracia siempre clientelista, siempre abstencionista; por mucho que se modernice.

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El voto obligatorio y el voto de los jóvenes

El voto obligatorio, asumido también como un deber cívico, aumentaría ostensiblemente el espectro de la participación, con los efectos de una más fuerte incorporación de los individuos a lo que en la filosofía de Jean-Jacques Rousseau seria la comunidad política; al tiempo que podría traer una más envolvente legitimidad al régimen.

A su turno, el derecho al voto a los 16 años robustecería las distintas franjas de electores y acentuaría la socialización política de los jóvenes con las posibles consecuencias de una mayor educación ciudadana.

Por otra parte, el hecho de poner fin a la vicepresidencia, simplemente arreglaría el lío de los choques entre el presidente y el vicepresidente, aunque acabaría con el componente de democracia que posee hoy la vicepresidencia, por hacer parte de una fórmula que es elegida por el pueblo. Sin embargo, ese mismo hecho de ser elegido, se suma a la circunstancia de que las coaliciones casi obligan a que el vicepresidente sea de un partido distinto; por lo que su lealtad con el presidente no pertenece a sus valores más apreciados.

Listas cerradas pero con democratización de los partidos   

Las listas por voto preferente también se inscribían en un espíritu democrático, al entregarle la facultad al elector de confeccionar el orden la lista para el Congreso, con su voto; que era consignado por el renglón de sus preferencias; una confección de listas, antes secuestrada por el “bolígrafo” de cacique. Solo que ahora las listas son secuestradas por las “empresas electorales”; y, de ese modo, por otros cacicazgos, eso sí, fraccionados. De esta manera, el regreso a la lista cerrada podría sencillamente modificar los términos en los que el cacique y la empresa electoral jerarquizan su organización y las recompensas que distribuyen a sus lugartenientes y aliados. No obstante, todo ello tendrá un efecto de higiene electoral, si al mismo tiempo estuviese acompañado por la modernización de los partidos y por su democratización interna.

Por último, un remedio radical contra la contaminación de la política y contra las trampas en la competencia, debiera ser la financiación total de las campañas por el Estado, aunque ello exigiría limitaciones y controles estrictos contra la circulación del dinero líquido, por fuera de los libros en lleva sus cuentas, cada partido.

En todo caso, el voto obligatorio podría traer no solo mayores niveles de participación sino también un crecimiento de la “comunidad política” o ciudadana, con la posibilidad de más grandes y más variadas alternativas de poder. Así mismo, la financiación estatal reduciría los desequilibrios de poder en la competencia electoral. Harían falta, sin embargo, las reformas con las que, modernizando la administración pública en todos sus niveles, al igual que la estructura interna de los partidos, combatirían la influencia de esa ecuación perversa que pone, en un juego multiplicador de votos, a las empresas electorales al lado de los caciques, en una versión patrimonialista y fragmentada de la representación política en Colombia.

Publicado originalmente: Revista Sur

 Imágenes tomadas:

  • Eltiempo.com
  • Recuerdos de pandora
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