CRISIS EN VENEZUELA

Publicado: abril 18, 2017 en Política

Como espirales que avanzan en círculos ascendentes, tres crisis (si no cuatro) se trenzan en Venezuela con la perspectiva peligrosa de una crisis mayor; incluso, catastrófica. Es una perspectiva en la que la tentación autoritaria se plasma bajo cada coyuntura en derivas cuasi-dictatoriales.

La política, las instituciones y la economía

La crisis política, que se volvió crónica, ha estado representada en una tremendamente baja capacidad de cooperación entre el gobierno chavista y la oposición de  centro-derecha. Esta falta de cooperación, esta ausencia de cualquier mínimo consenso, se ha traducido en una insalvable distancia ideológica entre ambos polos; aunque por años (en vida de Chávez), el equilibrio de fuerzas favoreció netamente a este líder, por lo que su gobernabilidad no se vio manifiestamente afectada.

El trayecto ascendente de la tensión alcanzó nuevos niveles cuando los bloques electorales se equilibraron, lo que se reflejó en el práctico empate entre Nicolás Maduro y el candidato opositor. A la distancia ideológica se vino a añadir el equilibrio, en un fenómeno que tuvo como resultado una polarización aguda que revirtió en una crisis institucional, a partir del momento en el que la oposición sobrepasó en caudal electoral al chavismo, para hacerse con una mayoría calificada en la Asamblea. El ejecutivo y el legislativo se fracturaron por completo. La ausencia de cooperación entre los bloques partidistas saltó de la arena electoral  al interior de las instituciones. Se abrían así los espacios para las confrontaciones desestabilizadoras, para la ingobernabilidad y para la tentación autoritaria.

Mientras la polarización política terminaba por causar una crisis institucional, la crisis económica hacía su camino. En 2015 se vinieron abajo los precios del petróleo. Después de un barril por encima de los 100 dólares, los precios cayeron a menos de 50. Con lo cual los ingresos del Estado entraron a cuidados intensivos, en medio de la estela de déficit fiscal; a lo cual se han sumado la inflación que en 2016 se encaramó al 760%; y el desorden en la entrada de divisas y en sus control, un problema que ha cortado el flujo de las importaciones, disminuidas en un 85%, durante el último año.

Así, al déficit y a la inflación se ha agregado dramáticamente el desabastecimiento en productos básicos y en medicinas.

Durante la bonanza petrolera hubo un generoso gasto social; y, en cambio, no hubo inversión ni reconversión tecnológica. Durante el período de las vacas flacas, ha sobrevenido la asfixia fiscal; así mismo, la depreciación de los ingresos particulares y el comienzo de una crisis social: el 32% de los venezolanos sólo dispone de dos comidas diarias.

La disminución radical en los ingresos del Estado, que es al mismo tiempo un golpe al modelo rentista-petrolero, ha restringido severamente la re-asignación de recursos en la sociedad por parte del régimen chavista; una incapacidad que se vuelve sensible en la distribución de recursos entre sus bases, la población menos favorecida.

Razón por la cual, esta misma población experimenta desplazamientos en sus lealtades, un efecto que daña la legitimidad del chavismo, algo demoledor en la sostenibilidad de un proyecto populista de corte reformista y redistributivo.

La confrontación y el Estado fracturado

Después de conquistar una amplia mayoría en la Asamblea, la oposición se lanzó a la empresa confrontacionista, aunque incierta, pero en todo caso validada por la Constitución Bolivariana, de aprobar un referendo revocatorio, para sacar de su puesto al presidente Maduro. Quien, a la cabeza de su movimiento y del gobierno, acudió a toda suerte de maniobras dilatorias para no poner en marcha el dispositivo de la decisión popular. Maniobras todas ellas inconstitucionales; como también lo es el aplazamiento sine die de las elecciones regionales para gobernadores. Son dos hechos que han mostrado una actitud defensiva; pero que son antes que nada claras manifestaciones de ruptura del orden constitucional. Como también lo fue el intento grosero fraguado por Maikel Moreno, a la cabeza del Tribunal Supremo, en el sentido de arrebatarle a la Asamblea las facultades legislativas, y a los diputados, la inmunidad parlamentaria. Un auto-golpe, denunciado por la fiscal general, la chavista Luisa Ortega; y poco después enmendado por el propio gobierno en un acto que, por otra parte, enredaba aún más la división de poderes, propia del Estado de Derecho, aunque fuese un reversazo políticamente necesario.

La crisis que se cocina en su propia salsa

La ruptura parcial pero muy significativa del orden constitucional; la suspensión de las elecciones; y la negación del referendo revocatorio; a todo lo cual se agrega la ausencia o la volatilidad del diálogo; son hechos que conducen a la fractura, ya no solo de la sociedad política, sino de las propias instituciones. Son episodios que, si no implicaran la trágica quiebra del Estado, empezarían a ser apenas un sainete; pues después de que el Tribunal Supremo quiso despojar de sus funciones a la Asamblea, ésta se propone ahora destituir a los magistrados que hacen parte del primero.

Mientras tanto, toma un curso más nefasto la crisis económica. En su interior transita una contracción en el PIB del 12%; todo ello con repercusiones cada vez más negativas en las condiciones materiales de existencia, dentro de una población, cuya pobreza asciende ya al 75%.

Las instituciones se han roto irremediablemente mientras la polarización se hace más inaguantable; pero la competencia electoral, como campo útil para la resolución del impasse, ha sido clausurada por el momento.

La consecuencia es una crisis mayor –de hecho, una agregado de crisis-, que se va descomponiendo en la propia salsa de los desencuentros y de las derivas autoritarias; es decir, que se pudre en una prolongación incierta, todo ello en medio de un creciente aislamiento regional, evidenciado en el cambio de fuerzas dentro de la OEA; sin que por otra parte aparezcan remedios efectivos para las dolencias sociales.

 

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