LA PAZ ENTERA CON FAST TRACK A MEDIAS

Publicado: junio 8, 2017 en Política

Ya lo sabemos: Colombia es uno de los diez países más desiguales del planeta. Ahora bien, lo que en términos del promedio nacional, es un indicador afrentoso, en el caso del mundo rural, es francamente una aberración social que debiera estremecer al más insensible: el GINI de tierras; es decir, el coeficiente que señala la desigualdad en su posesión, es de 0.90, un dato que campea en las espantosas vecindades del 1.00, esa unidad fatídica que refleja matemáticamente la desigualdad absoluta. ¡Un escándalo! Pero un escándalo con el que han convivido las élites, acorazadas con una indiferencia de hielo, que se  camufla bajo las ilusiones del progreso.

La paz y los problemas sociales

Es una desigualdad que coexiste con otra aberración, la elevada concentración en la propiedad de la tierra, cuya contrapartida, el lado oscuro del problema, no es otro que el despojo y la orfandad de tierras que padecen cientos de miles de campesinos. La prueba: los predios de 500 hectáreas, o más, ocupan más del 70% de la tierra cultivable. Mientras tanto, los de 1 hectárea, o menos, apenas representan el 3%.

Por ese motivo, simple pero duro como un golpe seco, el acuerdo de paz incluyó razonablemente la formación de un banco de tierras de 3 millones de hectáreas, objeto ahora de un decreto que comienza a regir desde esta semana. La finalidad ha sido la de que el Estado disponga de las condiciones materiales, con las cuales pueda adelantar una política de distribución, al menos entre 800 mil familias, carentes de tal recurso.

Esa es la materia de la ley agraria que el gobierno someterá al Congreso, y así mismo de los otros decretos–ley, como el que se ocupa de los programas de desarrollo con enfoque territorial; y que Juan Manuel Santos acaba de expedir entre el sábado 27 y el lunes 29 de mayo; justo antes de que se terminara el plazo para que hiciese uso de las facultades extraordinarias que le concedió el acto legislativo de la paz.

Así mismo, tendrá que formular el dispositivo para la determinación del catastro, a objeto de facilitar las condiciones para la titulación durante los próximos años de los predios que carecen de ella, los que equivalen a 7 millones  de hectáreas. Por último, habrá de asegurar una política de baldíos, que detenga su apropiación abusiva.

Los decretos

En ese orden de ideas, Santos ha soltado una cascada necesaria de decretos, contentivos de decisiones para reglamentar y aplicar decisiones legales, concernientes a la amnistía, a la justicia especial y a la inversión rural, lo mismo que a la reincorporación de los excombatientes, hecho este último, para el que las partes han acordado un periodo adicional de dos meses.

Por cierto, la puesta en marcha de una política de baldíos, de formalización en la propiedad, y de distribución de tierras, corresponden a pautas que desarrollan los compromisos del Estado con las Farc, para que estas abandonen las armas; operación esta última para la cual el gobierno ha contemplado el plazo de 20  días adicionales, dadas las demoras que en materia logística se presentaron en la instalación de las zonas veredales.

Naturalmente, las políticas anteriormente señaladas constituyen el material para un compromiso que es más significativo con la sociedad  que con la propia guerrilla. En otras palabras, son parte de un acuerdo solemne con ésta, pero, más allá de este alcance, hacen parte del pago urgente de una deuda social con los más necesitados. Son obligaciones que, por punta y punta, por los principios del Estado social de derecho y por los mandatos de la paz, reciben el amparo de los deberes constitucionales, propios del orden político; algo que, por otro lado, la extrema derecha ve como una maldición; y algunos filisteos de la prensa y de la Magistratura sienten como una arbitrariedad o como “la sustitución de la Constitución”.

¿Fast track completo en la práctica?

De todas maneras, no podemos olvidar el hecho de que la dispersión y la lentitud a que pueden dar lugar las modificaciones en el fast track, pudieron ser respondidas parcialmente por el instrumento de los decretos-ley expedidos por el gobierno. Estos hacen parte de un dispositivo que soslaya legítimamente el potencial entrabamiento de su trámite legislativo; además, permite el cumplimiento de los acuerdos; aunque por otro lado admiten la posibilidad de un reversazo a manos del próximo gobierno. Es una razón, por la cual, hace falta que la mayor cantidad posible de disposiciones, quede asegurada mediante el proceso legislativo.

Relanzar coalición por la paz

Una coalición parlamentaria se torna imperativa, a fin de garantizar en los hechos el trámite de las leyes y los actos legislativos más urgentes; y, a la vez, los que revistan mayor trascendencia para materializar el Acuerdo de paz; sobre todo, las leyes que tienen que ver con un material sustantivo de la agenda; y la ley que tiene que ver con el procedimiento de la transición hacia la paz. Las primeras son las disposiciones ya mencionadas, que se refieren a la “reforma agraria integral”, contra la cual conspirarán los representantes políticos del latifundismo legal e ilegal.

El otro campo de disposiciones legales, el que tiene que ver con los procedimientos, es el que guarda relación con la Justicia Transicional; esto es, con la ley estatutuaria, para levantar la arquitectura que le dé vida. Sin la cual, la transición a la paz quedaría sumida en el limbo más desconcertante.

La puesta en marcha de la Jurisdicción Especial será la prueba ácida para la materialización de la coalición parlamentaria de mayorías, promovida por el gobierno y por algunos sectores de la izquierda, a fin de reencontrar el sendero, para el cumplimiento de los acuerdos.

Será un aprueba ácida que, de arrojar resultados auspiciosos, podrá repercutir en una coalición más amplia. Que sea de carácter extra parlamentario, en defensa de la paz, contra quienes la quieren volver trizas. Esa coalición de la que hasta ahora han hablado Humberto de la Calle, el exjefe negociador, y Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior.

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