A terminar la tarea, Santos

Publicado: agosto 24, 2017 en Política

Con el último año de sesiones dentro de la actual legislatura, tienen inicio los próximos seis meses, en los que el Congreso debe aplicar el fast track, a fin de concluir la aprobación de las leyes que materialicen la implementación del Acuerdo de Paz.

Tal ha sido el horizonte de sentido, el marco coyuntural, que le dicta las necesidades al gobierno de Juan Manuel Santos; el que determina su discurso y sus estrategias; incluso, las operaciones de su mecánica política.

El discurso

En las palabras pronunciadas el 20 de julio, el presidente dejó ver la orientación de su reflexión, el tono y el contenido un tanto trascendentes y conminatorios, pero plenamente justificados, dada la resonancia histórica que revisten los compromisos políticos, nacidos de ciertas circunstancias del momento; particularmente, de aquellas relacionadas con el proceso de paz.

Dijo, con razón, en el recinto del Congreso: el cumplimiento del Acuerdo “es una obligación moral, política y legal”. Para acentuar este sentido de alta política y de elevada moral en lo público, Juan Manuel Santos recordó dos hechos que acompañan al Acuerdo; uno, el de que se trata de una responsabilidad de todo el Estado, no solo del Presidente; y dos, la condición de que el país tiene una responsabilidad asumida ante la “comunidad internacional” y especialmente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Aunque no faltaron voces hirsutas o destempladas que interpretaron en estas palabras solo un regaño desapacible, en realidad ellas se corresponden muy bien con el tipo de compromiso contraído por el Estado, en este Acuerdo que atrae a una guerrilla hacia la vida civil; por cierto, un acuerdo avalado por la Corte Constitucional, que ha quedado dotado de un cierto carácter especial, tocado por una connotación de acuerdo internacional. Ese mismo del que naturalmente nacen obligaciones para el Estado en su conjunto, al contrario de lo que opinan algunos personajes públicos, para los que este tipo de acuerdos solo comprometen al presidente de la República, el firmante, olvidando deliberadamente que si este ha afirmado un tratado de esta naturaleza, lo ha hecho por las facultades que le confiere la Constitución para representar al Estado en un Acuerdo que refunda y amplía la soberanía estatal.

Las estrategias

De ahí que el presidente y su gobierno tengan que desplegar sus empeños para conseguir en el Congreso las mayorías, a veces vacilantes pero indispensables, en la dirección de sacar adelante la implementación del Acuerdo, la tarea central en la agenda política durante el último año de gobierno.

En esta perspectiva, el ministro del interior, Guillermo Rivera, se ha acorazado en un optimismo sin falla. A la salida de una reunión con los partidos de la nación, informó a quien quisiera escucharlo que todos ellos se pronunciaron en favor de la implementación; incluso Cambio Radical, siempre retrechero, y que ahora detenta la presidencia de la Cámara, aunque eso sí en cabeza de Rodrigo Lara, político joven y algo arrogante, quien sin embargo ha respaldado las leyes de la paz. Y también el partido Conservador, con el que se presenta una situación similar y al que le ha correspondido la presidencia del Senado, solo que, en la persona de Efraín Cepeda, un político tradicional pero bien comprometido con la paz, y distanciado de las mezquindades de un Andrés Pastrana.

En el pequeño trecho del receso legislativo, el gobierno arregló las cargas en lo que respecta a las inconsecuencias de algunos congresistas, quienes ya pelaban el cobre de la deserción. El trabajo de sensibilización realizado al oído de los parlamentarios ha dado algunos frutos inmediatos: el proyecto de las 16 circunscripciones electorales para las comunidades víctimas de la violencia, avanzó en su segundo debate al ser aprobado en el Senado por una holgada mayoría de 63 votos afirmativos contra 3 que lo negaron.

Con todo, algunos tropiezos sobrevendrán cuando los miembros del Congreso discutan la reglamentación de la Justicia Especial de Paz. Para revalidar el reagrupamiento de la coalición gobernante, el presidente guarda en la manga, sin muchas sorpresas, hay que admitirlo, el as de los ajustes burocráticos, los que terminan por amarrar aún más las redes de la coalición en el poder, tanto en el alto gobierno como en la administración local.

Los ajustes de la mecánica política

Ha pedido también el presidente la renuncia protocolaria de todo el gabinete. Con lo cual tendrá las manos libres para darle curso a lo que en Colombia se denomina una crisis ministerial, un cambio parcial o total de los ministros, ocasión para recomponer o reafirmar las cuotas políticas correspondientes a las bancadas parlamentarias.

Es la forma de solventar y de tramitar la necesaria cohesión política en medio de la fragmentación que caracteriza la coalición hegemónica.

Las exigencias de la paz y la crisis de opinión serían los dos parámetros que impondrían su ley en la recomposición del gabinete ministerial. La amplitud de la coalición gobernante y los equilibrios que ella supone, no permiten ajustes bruscos o espectaculares, pues no dan mucho margen para unos cambios que deben respetar las cuotas de por lo menos cuatro grandes partidos.

Margen hay en cambio para los liderazgos fuertes y definidos. La dificultad estriba, con todo, en el buen ojo del presidente para ubicarlos; y en que si los encuentra, las personas que posean el buen perfil decidan vincularse a un gobierno con el sol a las espaldas.

Imagen tomada: http://www.radiomacondo.com

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s