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Ricardo García Duarte

proceso de pazEs cierto, todavía con apacible polisarcia, pero muy circunspecto, Marcos Calarcá, negociador de las FARC, ha dado un parte de tranquilidad, lo cual no está nada mal: “Aquí en La Habana nadie ha intentado levantarse de la mesa”. “Todo sigue su curso normal”… como en cualquier mesa técnica de Planeación Nacional, podría agregarse, si se piensa en ese aire de sosiego profesoral con el que el hombre hace su afirmación.

Sin embargo, el ascenso en las amenazas mutuas y en los ataques reales no deja de poner de manifiesto las dificultades estructurales de una negociación en la que los enemigos siguen combatiéndose mientras conversan, algo que no es necesariamente fatal; pero que sí lo puede llegar a ser, si además, como sucede, no hay indicios ciertos de que la fuerza subversiva haya llegado a la convicción de transformarse solo en partido legal; y por otra parte de que las élites gobernantes estén en disposición de darse realmente la pela en materia de transformaciones agrarias. Son todos estos los desencuentros que aun anidan en la base que da lugar a las vulnerabilidades del proceso de paz.

Ahora, como si faltaran razones para inquietarse por las negociaciones en La Habana, las FARC les sembraron un minado adicional. Sin hígados, sus comandantes no sólo reconocieron que su grupo hizo prisioneros a dos policías; además soltaron la bomba de que “se reservaban el derecho” a retener a los militares que cayeran en sus manos. Por cierto, deslizaron en su comunicación amenazante la idea de que a sus ojos no estaría derogada su fatídica “ley” sobre secuestros extorsivos con miras al recaudo criminal de sus finanzas.

Si en algún momento hubo quienes imaginaron que La Habana iba a ser esencialmente distinta a El Caguán y que en esta ocasión las conversaciones llevarían directo a una paz firmada, la equivocación no podía sino nacer de unos deseos bien intencionados que sustituían la crítica razonada sobre las leyes de la guerra y la negociación.

La agenda y la guerra cotidiana

El pre-acuerdo alentador en torno de una agenda entrañaba sin embargo un defecto en el dominio que se tiene sobre el campo visual del proceso. Ocultaba otra faceta de la negociación; su cara oculta de la luna; esto es, el trámite mismo de la guerra, no menos importante que los asuntos programáticos en los que hay que hacer concesiones.

Se trataba de un aspecto tanto o más oculto, a pesar de la crueldad visible del enfrentamiento y de las balas que zumban, cuanto que las partes –gobierno y guerrilla- lo dejaron por fuera de la mesa; es decir, lo proscribieron de cualquier intercambio de posiciones susceptibles de convertirse en acuerdos. Y lo hicieron así sobre todo por exigencias del gobierno, preocupado por el hecho de impedir que se le debilite la unidad en el seno de las élites, bajo el pretexto de que él les da respiro a las fuerzas desestabilizadoras de la seguridad. (Aunque la verdad sea dicha nada de eso impidió que se le abrieran a la más furiosa oposición las huestes uribistas).

Lógicas del conflicto

En el conflicto armado concurren, según algunos teóricos, Th. Schelling por ejemplo, dos tipos de motivaciones; las mismas que siendo contradictorias sin embargo se mezclan. Las primeras son las de acabar con el otro. Las segundas son las de evitar que por dicha causa, me vaya peor, sin poder conquistar ya nada o casi nada.

No siendo posible aniquilar al enemigo, la negociación surge como la necesidad de afirmar las razones que tienen que ver con el hecho de ahorrarme unos costos irreparables, al tiempo que aseguro algunos beneficios, aunque no le inflija una derrota al que se me opone; eso sí, aceptando por otra parte que él también logre unas ganancias. Es, naturalmente, la forma de detener el viaje sin retorno hacia el conflicto total; la guerra químicamente pura; la que Clausewitz caracterizara como lógica abstracta de la guerra.

Reciprocidades positivas y negativas

Ahora, si la ciencia de la negociación consiste en incrementar la reciprocidad ya no en las acciones de distanciamiento sino en las de acercamiento, ésta que discurre en La Habana parece entrar en la mala hora de evidenciar su incapacidad no digamos ya para aumentar los encuentros mientras se disminuyen las hostilidades sino para ni siquiera impedir su escalada. Que es a lo que paradójicamente asiste el país.

Todo un efecto de espiral: otra vez los prisioneros o secuestrados en manos de la guerrilla (más exactamente, retenidos hasta ahora, mientras esperan ser devueltos a las autoridades como lo ha ofrecido esta última). Y también, por otro lado, la continuación de bombardeos sin descanso por parte del Estado contra los campamentos que sean detectados por sus servicios de inteligencia.

Es el “regreso” de las leyes de la guerra, que en rigor no han sido abandonadas en momento alguno. Es claramente su intensificación.

Efectos en la política

Se trata de esa dialéctica letal por la que camina el otro tipo de motivación; la de destruir al enemigo; al menos, la de causarle severos daños. Al poner en alza las acciones de la guerra, los enemigos-socios –gobierno y FARC- consiguen además unas repercusiones en el mundo político muy probablemente extrañas a los propios intereses que labran en la mesa de conversaciones.

Debilitándose entre sí no hacen más que bombear el combustible requerido por la oposición encabezada por el ex – presidente Uribe Vélez, empeñado en robustecer su tal “Centro Democrático Puro”, al tiempo que socava la legitimidad de un Presidente al que quiere volver cisco, según presumen los miembros de su círculo más cercano.

Uribe no tendrá pudor alguno en magnificar los hechos de la guerra, utilizando en su favor el dolor que ellos causen. No se detendrá ante ninguna norma en la ética del discurso. Ahora que entramos al año pre–electoral promoverá una guerra lingüística, ella también carente de cualquiera regularización, una especie de todo vale en lo que se debate públicamente. Ya una negociación como la que se adelanta en la capital cubana sin que su desarrollo suponga una disminución duradera de los combates, corre el riesgo de deslizarse en el fangal de unos dilemas irresolubles, de modo que su empantanamiento termine por hacer frotar las manos de felicidad a los enemigos del proceso.

Así, en caso de distensión bélica entre las partes, el gobierno le dejaría el terreno abonado a sus opositores, deseosos de señalarlo como un sujeto débil y cobarde frente al “terrorismo”, cuando éste ni siquiera hubiere abandonado las armas. Al contrario, si como es su estrategia –nada de tregua bilateral-, mantiene sobre su enemigo una presión militar gigantesca, promoverá eventualmente la escalada, de modo que el aumento en las acciones guerreras será aprovechada como demostración de que la negociación no pasará de ser una entelequia; un empeño vano.

Uribe Vélez pretenderá sacar ventaja si hay más guerra y también si esta se atenúa. Un gana – gana perfecto pero perverso. Pues hará descansar los cálculos para su utilidad no solo en el posible descrédito de Santos sino en el debilitamiento del proceso negociador; susceptible este último de caer en el estancamiento y de ser sometido a un reversazo del gobierno, después de que éste vea cómo se les esfuma el respaldo de la opinión en proporciones sensibles.

Las fragilidades del proceso

Vistas de ese modo las cosas, la salvación de un proceso de negociación, débil y lento, aunque esperanzador en materia de progreso social y cultural (un poco más de equidad y un poco menos de intolerancia), está sólo en manos de quienes precisamente se matan como enemigos; en quienes se excluyen en medio de los fuegos incandescentes de la guerra; pero a los que la historia, y solo ella, los convoca para sustituir eficazmente la lógica del aniquilamiento por la lógica de la colaboración mutua.

En razón de un juego inverosímil de carambolas sorprendentes, es la cooperación el único factor para conquistar una paz que es mal mirada por terceros. Una paz que por lo visto no pareciera merecer de los contendores el compromiso de grandes concesiones mutuas, para evitar que el conflicto armado sea la eterna tragedia sin desenlace.

Artículo publicado en: Semanario virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00338 – Semana del 8 al 14 de Febrero de 2013. Publicado en: http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0338/articulo05.html

Imagen tomada de: http://www.granma.cubaweb.cu/

Ricardo García Duarte

El caso del general Mauricio Santoyo – el jerarca policial que admitió ante un fiscal en Estados Unidos que se vendió por dinero a la mafia y al crimen organizado paramilitar en Colombia- revela un quiebre interno en el proceso mismo de constitución y promoción de las élites que dentro del Estado hacen parte de su aparato armado. No de todas, desde luego; pero si de unidades significativas.

CAMBIO DE ESTATUS SOCIAL Y CARRERA MILITAR

Reclutadas socialmente entren las clases medias, encuentran en elservicio de las armas un papel – el de la defensa de la sociedad- que les da identidad, reconocimiento y legitimación; en resumen, que les proporciona un capital simbólico, no conseguible de otro modo dentro de una sociedad relativamente bloqueada en los canales que permiten dejar atrás los umbrales de la precariedad.

Por cierto, también allí descubren las posibilidades de un marcado ascenso social y económico, de la mano de la carrera militar, de acuerdo con su preparación o la eficiencia mostrada en el cumplimiento de sus funciones. Experiencias y destreza en el oficio; valor y disciplina, son factores que en principio intervienen para abrir los caminos del ascenso, sin que estos queden limitados por entero al peso que tengan las raíces económicas, familiares o políticas.

Así, el escalonamiento por méritos abre el campo para el ascenso social; aunque este no sea el único motivo; pues ya se sabe que para muchos el solo poder militar, asociado con “el honor y la gloria”, es una razón más que suficiente para tomar los senderos de las armas.

Ahora bien, el aspirar a engrandecerse por la gloria y por el amor a la patria es una vocación que puede convivir durante un buen trecho con la explicable ambición del cambio de estatus social; lo que no es necesariamente reprochable.

El problema, mas que de hechos materiales, es de lógicas que se refuerzan las unas con las otras en la dirección de escalar; y quizá de escalar a toda costa; lo que en la conciencia de cada individuo vuelve quebradizas las resistencias éticas contra el “mal”, si ese mal está bien dotado financieramente y además no representa al principal “enemigo ideológico”.

ENTRE EL SERVICIO Y LA GANANCIA

Pues bien: en la lógica del ascenso se abren todas las ambigüedades que intervienen en la formación de un sujeto colectivo; en este caso, de una élite militar. Ambigüedades, para sintetizar las cosas, entre el servicio y la ganancia, como dos polos que al desplazarse mutuamente o al mezclarse van definiendo la conducta de cada individuo perteneciente a una élite en condiciones de controlar y hacer valer recursos de poder físico y simbólico, como son las armas, la defensa, la seguridad y la inteligencia militar.

Quien abraza la carrera oficial de las armas, lo mismo que cualquiera otro funcionario, enfrenta el dilema de si milita en el Estado bajo el ideal ético del interés público; o de si mas bien utiliza su cargo como botín para el peculio propio.

El discurso formalmente prevaleciente lo inclina al servicio y al sacrificio, lo que hacen muchos; pero la subcultura del clientelismo, profundamente enraizada en Colombia, lo puede inclinar al contrario por el uso instrumental y mezquino de las instituciones, abusando de sus recursos, a la vez que da rienda suelta a una operación de auto-legitimación bajo el pretexto de que se trata de una costumbre generalizada.

Con la segunda escogencia, el individuo se desliza hacia una atmósfera delicuescente, de normas casi liquidas, adaptadas a un intercambio de favores que son dictados por el interés privado y sustitutivos del servicio público. Intercambio de favores, por ejemplo, con el superior jerárquico o con el político o con el empresario.

Después, la tentación para escurrirse hacia la venalidad abierta se torna irresistible. El alcance de su venalidad dependerá del lugar en que esté ubicado dentro de los cuerpos armados, y de la cercanía funcional y social que guarde con los posibles compradores; con los que, para decirlo con Sor Juana Inés de la Cruz, “pagan por la peca”.

Todo será cuestión del juego de las oportunidades que dicho individuo se logre fabricar. Y que incluye:

a)   la importancia del recurso que controle.

b)   el costo de oportunidad, que será bajo si dispone de un alto potencial de impunidad, a lo que ayudan las redes de poder en que logre incrustarse.

c)   finalmente, el precio o valor que consiga para su servicio nefando, como resultado de los factores anteriores.

NARCOTRAFICO Y DESREGULACIÓN SOCIAL

Dos factores particulares concurren en Colombia para trazar un marco en el que perversamente se pone en juego los premios que estimulan la corrupción y la venalidad. El primero está constituido por esa situación social, que ha consistido en la disputa desregulada en la apropiación de recursos, fin éste último para el que es útil cualquier instrumento, incluidas la violencia y la organización ilegal, a fin de neutralizar los castigos.

Se trata de una situación que, al multiplicarse de modo incesante en la sociedad, se reproduce al interior del Estado, medio éste último que ya ha sido preparado para tal efecto por una inveterada clientelización.

El segundo factor está constituido por la existencia del narcotráfico, cuya práctica está acompañada por las ganancias desproporcionadas  y por la conformación de estructuras criminales; de modo que aparecen agentes sociales con la voluntad y la capacidad claras para fungir como “compradores estratégicos”, de aquello que ofrece el personaje potencialmente corrupto; además, con recompensas traducibles en un enriquecimiento fácil.

Ahora bien, si el recurso que maneja el agente oficial, y que pone en venta, tiene que ver con la seguridad del Estado y con la persecución a bandas criminales como “La Terraza” o “La Oficina de Envigado”, entonces la venalidad penetra en un campo tenebroso, en el que se debilita la acción del Estado, en tanto modelo ético garante de la seguridad y la libertad; al tiempo que se fortalece el crimen como expresión social de un “empresariado” armado y subterráneo, que socava cualquier orden legal de carácter ciudadano.

El último caso que ilustra este fenómeno de corrupción criminal no es otro, por supuesto, que el del General Santoyo, por años jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

A los factores anteriores viene a agregarse otro en el orden político: “la lucha contra el terrorismo”; a menudo impulsada bajo los retumbes de un discurso misional del combate sin cuartel contra un enemigo; por cierto, en unas condiciones y en un tono discursivo en el que parece que “todo valiera”.

Se trata de un discurso, y de la acción correspondiente, en el que el miembro potencialmente corrupto de las élites castrenses puede encontrar un elemento de legitimación para sus desmanes o desvaríos de carácter ilegal; y, a la vez, un factor de simulación para sus tropelías mientras combate a ese enemigo.

Así, clientelización del poder; desregulación e informalización en la disputa por los recursos; narcotráfico; y cruzada contra el enemigo; son todo ellos factores que, unidos, propician esa falla geológica, de carácter ético y delincuencial, en la constitución como sujetos de algunos miembros de las élites que hacen parte del aparato armado oficial. Por lo demás, muy cercanos, en las redes de lealtad en las que se inscriben, con una parte de lo más granado entre las élites políticas y económicas; al tiempo que se articulan con unas contra-élites, las del crimen; como si fueran nudos aterrados y silenciosos que intentaran atar los cabos entre uno y otro lado.

Ricardo García Duarte

Un asunto complicado

El asilo concedido a Julian Assange, director de Wikileaks, por el gobierno de Ecuador es un acto autónomo, soberano y justo:

– Es autónomo porque corresponde a las consideraciones y cálculos que el Estado ecuatoriano haya efectuado en su propio interés.

– Es soberano porque se trata de una decisión independiente de las reacciones que puedan tener otro Estados, por fuerte que ellos sean o por molestos que se encuentren.

– Y es justo porque encarna el ideal o la razón de ser del asilo como institución del derecho internacional es decir,  porque busca proteger a quien es perseguido por razones posiblemente políticas dentro del país donde se encuentra.

Y sin embargo la decisión ecuatoriana tiene grandes complicaciones diplomáticas y jurídicas  cuya resolución – seguramente tortuosa- va a poner en evidencia los límites de un orden internacional que ya no es enteramente estatal, sobre todo en cuanto a la justicia aplicable a los particulares, la extensión de la inmunidad que ampara a una embajada, la transparencia y las limitaciones del poder.

Entre el delito común y el delito de opinión

Ahora bien, la condición de “perseguido” del señor Assange no es un hecho evidente:

– Por una parte el fundador de Wikileaks y difusor de miles de mensajes secretos de gobiernos y altos funcionarios de varios países, no ha sido objeto de una demanda o incriminación formal por el “delito” de divulgar aquella información confidencial. Se enfrenta a acusaciones por delitos comunes, incoadas en un tribunal sueco que lo pidió en extradición.

– Pero por otra parte, si los británicos accedieran a esta solicitud, el procesado podría verse expuesto a los riegos que el mismo ha denunciado, concretamente el de ser enviado luego a  Estados Unidos, donde podría ser juzgado por atentar contra la seguridad de la superpotencia. Y en este caso estaríamos ante un delito de opinión a ser juzgado con leyes de un país extranjero y  ante jueces decididamente cargados contra el reo.

La incriminación judicial en Suecia hace de Assange un reo de delitos comunes, sin justificación alguna para el beneficio del asilo. Pero el eventual encausamiento en Estados Unidos haría de él un reo por razones políticas, que sería condenado por un delito de opinión y en contravía del interés mundial en preservar la completa libertad de expresión.

Las razones inglesas  

Sucede, sin embargo, que lo más próximo y directo, como suceso, es la apertura del proceso en Suecia por delitos comunes para lo cual el incriminado es requerido, de cara a una especie de indagatoria. Mientras tanto, la apertura de un encausamiento judicial en Estados Unidos es algo más distante e indirecto; por lo que las circunstancias en apariencia no justificarían en este caso el asilo, tal como lo ha alegado el Reino Unido, para sostener a renglón seguido que no dejará partir al refugiado hacia ningún otro destino que no fuere un centro de detención carcelaria; incluso, para insinuar por momentos que podría revocar la inmunidad diplomática que favorece a la Embajada ecuatoriana, tomándose la dispensa de apresar al asilado, por encima de las leyes internacionales. Algo en realidad muy poco probable, por sus costos políticos. La posibilidad de estos costos es una previsión que se ha traducido poco después en unas declaraciones oficiales más proclives a la solución negociada.

Tras descartar así la validez del asilo, el gobierno británico ha llegado a insinuar que podría revocar la inmunidad que favorece a la Embajada ecuatoriana, tomándose la dispensa de apresar al asilado por encima de las leyes internacionales. Esta eventualidad es por supuesto remota pero su sola mención subraya la intensidad del dilema.

Alianzas políticas e inseguridad jurídica

Más todavía: aunque hoy no exista un proceso judicial contra Assange en Estados Unidos, el riesgo de que se abra es real: ya hay un proceso en curso contra el soldado Bradley Manning, el que robó los 700 mil documentos que divulgó Wiki-leaks, y Assange, su fundador,  ha sido señalado en varias ocasiones como el incitador de ese delito.

Si se piensa en la política exterior del Reino Unido – de alineamiento estrecho con Estados Unidos-, más aún si se piensa en esa suerte de “no – política exterior” sueca y por tanto, vencida de antemano frente a la superpotencia americana, no es difícil prever lo que ya Julian Assange había previsto: que el Reino Unido lo extraditaría a Suecia y que ésta lo entregaría a Estados Unidos.

Y aunque los suecos digan que la extradición a Washington se condicione a no aplicar penas para ellos prohibidas, es posible que un reo de traición en Estados Unidos se vea condenado a la pena de muerte.

Por otro lado es muy diciente que Suecia no haya accedido a hacer la “indagatoria” en Gran Bretaña o por la vía de las telecomunicaciones, cuando ello es posible material y jurídicamente; y cuando la autoridad judicial no ha podido armar, que se sepa, un material probatorio contundente.

En estas circunstancias, si el riesgo  de extradición a  Estados Unidos es factible material y políticamente, el asilo se vuelve aceptable a pesar de lo que digan el Reino Unido y Suecia.

Y a todas estas no debe olvidarse  que un juicio contra Assange en Estados Unidos plantearía la pregunta de qué hacer con el New York Times, Le Monde, El País, The GuardianEl Espectador que divulgaron, igual, aquella información secreta.

Asilo versus poderes arcanos

Por las razones anteriores queda claro que el asilo autorizado por Rafael Correa toca un punto sensible del sistema internacional en transición, que ya no está atado de modo tan indisoluble a la noción de los Estados soberanos.

Por una parte, si se produce la seguidilla de extradiciones de Gran Bretaña a Suecia y de ésta a Estados Unidos, el sistema internacional habría seguido en el juego convencional de las “razones de Estado”.  Pero por otra parte,  si el asilo prospera, se habrían reconocido la presencia y el predominio del derecho de una comunidad de voluntarios esparcidos por el mundo que, en ejercicio de la libertad de información, se han expresado a través de Wikileaks.

Bajo el manto de argumentos jurídicos, en realidad estamos ante la tensión entre el juego de poderes encarnados en Estados nacionales y los límites al poder de esos estados por parte de nuevos actores que han decidido irrumpir en la escena internacional.

El fenómeno Assange y los nuevos actores internacionales

Es evidente que Assange, como un “individuo-fenómeno”, representa la aparición de un nuevo actor internacional, cuya acción –exagerada o no- busca contrapesar los poderes arcanos al impedir que los gobernantes se escondan bajo el pretexto de la soberanía y se sometan en cambio a un  estatuto mundial mínimo de ética ciudadana.

En el affaire Assange, el Reino Unido, Suecia y Estados Unidos serían los agentes de la reversa, los que convalidan un poder estatal de viejo cuño, amigo de afirmar la soberanía bajo esa dimensión que Hannah Arendt llamaría la potencia.

Por su parte, Julian Assange y Rafael Correa, aún si son megalómanos o mesiánicos o caprichosos, simbolizan –el uno por la rebelión contra el poder arcano y el otro por su decisión atrevida desde un Estado pequeño y débil-, el horizonte de posibilidades para una multiplicación más horizontal de poderes, en un orden futuro.

Limitaciones y forcejeos que son el nuevo signo de los tiempos.

Este artículo también puede consultarse en Razón Pública.com

Corre un rumor –cuchicheo de voces en el que danzan por igual la ansiedad frente al secreto y la esperanza de que algo está por suceder-; que si no es cierto, de tanto circular, se convierte en la realidad que condiciona el comportamiento de los actores y su discurso; las reacciones de los terceros y sus reflexiones. Es el rumor de los contactos en curso, entre el Gobierno y las FARC; una especie de Habana Connection para el encuentro discreto entre silenciosos emisarios de los dos bandos en guerra.

Que estarían explorando alguna zona común para un acercamiento con vistas a una negociación futura. Una zona común que de conformidad con los mentados rumores estaría dada, al menos desde el punto de vista de los alzados en armas, por el “Acuerdo de San Francisco de la Sombra”, sellado entre el gobierno y las FARC en el año 2001; por allá en Los Pozos, Caquetá; por los lados de El Caguán, un lugar de reunión en el que ambas partes reconocieron explícitamente la necesidad de una solución negociada al conflicto armado.

La cooperación entre enemigos y sus estrategias

Los acercamientos entre enemigos, por más fugaces que lo parezcan, entrañan la posibilidad de una fase preliminar para el proceso de “colaboración” entre unos contendientes que, por otra parte, viven encerrados en la lógica de la destrucción mutua.

Todo conflicto armado envuelve el germen de su lógica contraria, la de la cooperación; del mismo modo como la guerra lleva aparejada la posibilidad del estado que la sustituye, el de la paz; así esta última se deje diluir durante mucho tiempo por las nieblas de la incertidumbre.

Por cargar sobre sus hombros con la condición de ser enemigos, las partes de un conflicto se dejan arrastrar por la prolongación indefinida de su lucha a muerte. Ahora bien, por no poder terminar la guerra en esos términos; es decir, por verse en la imposibilidad cada una de ellas de liquidar a la otra, surge siempre la posibilidad de un margen para el arreglo pacífico, como una alternativa para terminar la guerra sin terminar con el otro. Y mientras haya un margen, existirán las posibilidades para que nazca la tentación de una solución política.

El problema consiste en que dicha tentación ha de ser mutua para que abra espacios de cooperación. Si es por el contrario unilateral; si una sola de las partes da demostraciones de querer el arreglo, puede provocar el efecto contrario: el de la prolongación del conflicto en razón de la percepción de la contraparte, que verá en todo ello muestras de debilidad en el enemigo.

Además de mutua, la tentación deberá estar asociada con un horizonte de ganancias para las dos partes y no apenas para una de ellas. Unas ganancias tales que compensen el costo de abandonar las armas, de dejar la guerra. Y que además sean percibidas como si tuvieran un valor potencialmente comparable al de las ganancias de su enemigo; aunque las concesiones pertenezcan a un orden distinto de cosas. Por ejemplo, un bando puede renunciar a sus pretensiones en el mundo de las reivindicaciones económicas y sociales, si percibe que obtendrá ganancias en el mundo de la representación política. En todo caso, este horizonte de ganancias mutuas debe estar presente desde el comienzo en cualquier eventual negociación.

Como lo anotaba, tal vez Elster, en alguna de sus obras, todo actor social mientras goce de una razonable racionalidad va a actuar frente a los demás, obrando como el jugador de ajedrez; es decir, calculando sus futuras jugadas y las de su contrincante; y en ese cuadro quedarán integradas las posibles concesiones que se hagan los enemigos entre sí, antes de firmar la paz.

Entre la cooperación y las concesiones de fondo

De las limitaciones que cada uno de ellos exhiba para hacer concesiones finales, depende el alcance de los procesos de cooperación mutua que se abran durante los acercamientos y las probables negociaciones. De si, por ejemplo, el Establecimiento está en condiciones de hacer concesiones en materia de transformación agraria; o de si las FARC lo están para el abandono serio de prácticas delincuenciales como el secuestro.

En otras palabras, un proceso de acercamiento debe contar como base con una ilación de consistencia entre los primeros pasos y las propias expectativas en materia de concesiones de fondo. Cada una de las partes debe tener claro, desde el inicio, cuáles son los límites de su capacidad para ceder a las aspiraciones del otro.

Se trata pues de un asunto de estrategias de congruencia entre los pasos dados y las expectativas guardadas. Dicho de otro modo: hacen falta estrategias mutuas de cooperación pero, además, estrategias de congruencia en las expectativas levantadas por cada uno de los contendientes.

Quizá la falla esencial en los procesos anteriores de acercamientos entre el Estado y las FARC –desde La Uribe en los años 80 hasta El Caguán, tiempo después, pasando por Tlaxcala y Caracas-, no fue otra que la brecha manifiesta entre las estrategias de cooperación y las estrategias de congruencia respecto de las expectativas creadas en materia de concesiones de fondo. Digámoslo así: entre las treguas, las zonas de distensión y las conversaciones (estrategias de cooperación); y las posibilidades de transformación agraria o redistribución del poder, o también abandono radical de las armas y del narcotráfico (estrategias de concesiones de fondo).

El divorcio entre las estrategias de cooperación y las estrategias de congruencia con las expectativas de cada uno de los contendientes, condujo siempre al fracaso estruendoso de las negociaciones de paz y a su desprestigio. Dio lugar, por otra parte, al recrudecimiento de los odios y de la guerra. El retorno probable a un ciclo de acercamientos; es decir, de cooperación, después de una década consagrada al ciclo de la solución militar, tendrá que contar con ajustes de consistencia entre dichos contactos y el nivel de las concesiones que están dispuestos a admitir las dos partes del conflicto.

Iniciar procesos de acercamiento con estrategias de cooperación, sin enderezar mutuamente el alcance de las concesiones previsibles, conduce las cosas otra vez al naufragio de cualquier negociación. Las posibilidades de esta última quedarán ahogadas en medio de los juegos de guerra y de sangre, a los que normalmente se entregan los protagonistas del conflicto, empujados por el deseo de conquistar más fuerza sobre el terreno o por la lógica de escalada, tan propia de toda guerra.

Edición N° 00315 – Semana del 10 al 16 de Agosto de 2012

¿Y las salidas al conflicto?

Publicado: mayo 25, 2011 en Análisis

DEBATE. Un grupo de académicos preocupados por el futuro del conflicto armado debatió este martes cuáles son las salidas al conflicto armado, pocas horas antes de que el Senado le diera luz verde a la Ley de Víctimas.

Revista Semana. Miércoles 25 Mayo 2011
 

La búsqueda de salidas al conflicto armado no ha estado por fuera de la agenda política de los últimos días. Muestra de ello es que en el Congreso se discutió durante varios meses el proyecto de Ley de Víctimas, y que en días pasados se enfrentaron el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe porque el primero aceptó que en Colombia sí hay un conflicto armado, mientras que el segundo cree que lo que hay es una amenaza terrorista.

Precisamente, esas miradas opuestas, y ante la preocupación por la prolongación del conflicto armado, motivaron un encuentro de académicos e investigadores este martes, en el Planetario de Bogotá.

El seminario, convocado por la revista digital RazónPública.com, el Instituto para la Pedagogía, la paz y el conflicto Urbano y la Fundación Arco Iris, tuvo un título provocador: “De Uribe a Santos: ¿la hora de la paz o la solución negociada de la guerra?”

El primero en hablar fue el director de la revista digital Hernando Gómez Buendía, quien esgrimió razones éticas, jurídicas y estratégicas para buscar la paz. Gómez explicó que la guerra colombiana era injusta y degradada, pues una guerra justa, desde la teoría de la ética de la guerra, es la que reúne cuatro condiciones:
 
Razones éticas

Primero, que haya de por medio la búsqueda de una causa noble; que el grupo que la hace tenga legitimidad; que sea el último recurso; y, en cuarto lugar, que el alzado en armas tenga una “opción razonable de triunfo”. En criterio del analista, en Colombia se podría contemplar aún que los grupos alzados en armas tienen algún ideal que los lleva a enfrentar al Estado.

El conflicto se ha degradado debido al saldo de civiles muertos, mutilados, desaparecidos, secuestrados, entre otros. “Y eso nos obliga desde el punto de vista ético a pedir la paz”, indicó.

“Esta es una guerra de perdedores: para la guerrilla, porque en 47 años no está cerca de tomarse el poder; para los paramilitares, porque en 30 años no han acabado con la guerrilla. Y es un enorme fracaso del Estado que no ha sido capaz ni de acabar la guerrilla ni de acabar a los paramilitares, ni de encontrar la paz. En esta guerra perdemos todos, no se puede redimir. Por eso hay que decirle, no”, agregó.
 
Razones jurídicas

El analista dijo que desde el punto de vista jurídico la guerra está prohibida. Así lo dicen los protocolos. “Es ilegal porque está violando el DIH”. Además, la Constitución colombiana dice que la paz es una obligación del Estado. “No es una opción. Es un derecho fundamental”, agregó. Por esta razón, “el Estado colombiano tiene la obligación de buscar la paz”.
 
Razones estratégicas

En tercer lugar, Gómez adujo, en síntesis, que “Uribe cambió el equilibrio militar, y que probablemente esa nueva circunstancia “no es reversible”. En otras palabras, a pesar del “costo para muchos”, el Estado ganó la guerra y por eso es necesario ponerle fin.

“El pulso ahora es entre los guerreristas que dicen vamos a acabar, (la guerra) sigamos empujando. Y otros más racionales que dicen ahora se hace necesario el recurso a la paz”.

Dijo que las Farc y el ELN debían darse cuenta que cada vez es menos viable seguir en armas y advirtió que había un riesgo: “encontrar un equilibrio de bajo nivel”. Argumentó que lo que ocurrió con los últimos gobiernos fue que las Farc dejaron de ser un “ejército” y pasaron a ser, otra vez, una guerrilla incapaz de acciones regulares, pero con capacidad de seguir haciendo daño. Pero recordó que durante la época de La Violencia el conflicto bipartidista llegó a un equilibrio de bajo nivel que a las élites pareció no importarles

“El Quindío era el Arauca y el Putumayo de hoy. En mi tierra mataban campesinos y en Bogotá me enseñaban que había democracia, Partido Liberal y Conservador, y Frente Nacional… Lo mismo puede seguir ocurriendo, pero ese equilibrio sigue siendo disfuncional, amoral y no sostenible”.
 
El nuevo ambiente

Al final de su disertación, indicó que el cambio de gobierno da lugar a pensar que comienza a abrirse campo la posibilidad de la paz. Y citó las palabras del presidente Santos: “Si me acusan de querer la paz, me declaro culpable”.

Al respecto de la más reciente discusión sobre si en Colombia hay o no conflicto armado dijo que la razón por la que Uribe niega la existencia del conflicto es porque tiene temor de que éste desemboque en una salida negociada. Explicó que Uribe argumentaba que las Farc eran terroristas para decir que con terroristas “no se negocia”. Gómez indicó que en un Estado serio es cierto que no se negocia con un terrorista, porque esto abre la posibilidad de que todos sus reclamos sean oídos mediante actos de terrorismo.

Pero, recordó que en 2002, las AUC entraron en las listas de terroristas de la Unión Europea y de Estados Unidos, y sin embargo, Uribe negoció con ellas. De esta manera explicó por qué lo que parece una contradicción del exmandatario esconde un interés personal. 

“Si este no es un conflicto armado interno, no se justifican las acciones militares, porque cualquier otra situación de orden público interno únicamente justifica acciones de Policía”, dijo.

Y agregó: “revivir la figura del conflicto interno es el comienzo de un movimiento político hacia la búsqueda más inteligente de una resolución del conflicto armado”. No obstante, advirtió que había varios obstáculos. Primero, que “el Estado y el establecimiento colombiano no tienen ninguna razón para sentarse a negociar el grosor de reformas”. Y segundo, que las Farc no logran “saltar a la política” pues “existen” cada vez que hacen violencia, pero eso las aleja más de la política, lo que en el fondo “es una paradoja”. Al final, defendió la idea de que lo que tiene que hacer la sociedad civil es presionar para que haya voluntad, pues es en últimas lo que va a permitir la salida al conflicto.

En Colombia hubo una “contrarrevolución”

El historiador Medófilo Medina llamó a su ponencia “Colombia: la guerra fácil, la paz difícil”.

Para el historiador, la resolución del conflicto armado no está cerca. Uno de los factores que en su criterio deben ser tenidos en cuenta es la participación del poder militar en un proceso de negociación.

“Hay que ubicar la influencia política de los militares que durante medio siglo se ha venido incrementado, cuando los diversos gobiernos han confiado en los militares no solo el conflicto interno sino también el orden público. Ellos se han fortalecido en la escena política mucho más de lo que en cualquier país democrático” afirmó Medina.

En segundo lugar, el historiador consideró que “hay una gama de intereses corporativos” de los militares que tienen que ser considerados de cara a un posconflicto. “Los militares prevén que disminuiría el pie de fuerza. En Colombia, el número de los ascensos a general es alto, lo que también disminuiría. El fin del conflicto implica una disminución del gasto militar, que es el más alto de América Latina, está en 3,7 por ciento del PIB”.

Al final apuntó que es un deber de la sociedad civil hacer “una presión sobre el concepto de fuerzas armadas prestigiosas como órgano del monopolio legítimo de la fuerza. Desde la sociedad civil hay que desarrollar un discurso que controvierta esas tendencias políticas y estamentales”.

Tras hacer un análisis de esas y otras consideraciones, por ejemplo, de la participación de la élite política y económica en el conflicto, Medina consideró que no se ve una salida cercana.

Uno de los aspectos que obstaculiza esa salida es lo que llamó la “contrarrevolución”. “Desde la sociedad no veo un compromiso con la paz. Ahí es donde entra la otra parte de mi análisis que es la contrarrevolución cultural que ha vivido el país, que es lo que hace que buena parte de la opinión esté pidiendo más guerra. Un gobierno como el actual está cercado por eso. Porque cree que una mención de la palabra negociación lo derrumbaría en las encuestas de opinión”.

ENTREVISTA. A propósito del seminario “De Uribe a Santos: ¿la hora de la paz o la solución imposible de la guerra?”, el politólogo Ricardo García dice que “la paz está lejos, salvo un cambio de voluntad del Estado y de la guerrilla”.

Publicada en la Revista Semana. Viernes 20 Mayo 2011
 
Para el politólogo y exrector de la Universidad Distrital Ricardo García Duarte, la paz no está cerca; los conflictos armados son varios, no uno, y el cambio de administración de Juan Manuel Santos es positivo para crear un ambiente de negociación; no obstante, el futuro de la confrontación del Estado y la guerrilla es incierto.

García es uno de los de los ponentes del seminario “De Uribe a Santos: ¿la hora de la paz o la solución imposible de la guerra?”, que se celebrará el próximo martes organizado por la revista digital RazónPública.com, el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD) y la Fundación Nuevo Arco Iris.

El título del seminario convocó a varios académicos e investigadores a evaluar las políticas de los últimos dos gobiernos en aras de la consecución de la paz, desde diferentes miradas. García explicó a Semana.com cuáles son sus puntos de vista, y por qué no es optimista, a pesar de que hay cambios políticos.

Semana.com: ¿Cuál es el contenido de su ponencia?

Ricardo García Duarte:Lo primero es que no solo el conflicto armado existe, como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, sino que prevalece, no por razones de maldad de uno o de otro actor, sino que hay causas en los modelos político, de desarrollo y económico del sistema colombiano.

Desde 1958 ha habido crecimiento económico entre el 5 por ciento y el 6 por ciento, pero con grandes desigualdades sociales. El 48 por ciento de la gente es pobre, y el 18 por ciento está en la pobreza absoluta. Ese modelo produce constantes conflictos que rápidamente se desbordan en violencias. Es decir, hay un motor en el fondo que produce esos conflictos.

Semana.com: Pero ¿por qué otras sociedades igualmente desiguales no tienen un conflicto tan prolongado?

R.G.D.:No es porque exista pobreza, sino porque al tiempo hay pobreza y crecimiento. Ese crecimiento ha estado acompañado de bonanzas económicas, que regionalmente dan lugar a rentas enormes, como la bonanza del petróleo en Arauca; la bonanza de la coca en Vaupés, Putumayo, Casanare y Guaviare. O la bonanza del banano en Urabá.

A eso se suma que la falta de una reforma agraria ha profundizado la concentración de la tierra. En Colombia, desde los años 50 se produjo un fenómeno de colonización interna de territorios inestables con baja presencia del Estado.

En países como Perú y Bolivia, que son muy desiguales, hubo reformas agrarias y no hubo un proceso de colonización interna. Todos esos factores están en el entramado de los conflictos colombianos y podrían ser la pista que explique la prolongación del conflicto.

Semana.com: Usted ha dicho que no es uno sino varios conflictos. ¿Cuáles?

R.G.D.:Ha habido una movilización de recursos que también atiza las violencias. Los recursos en disputa son lo que la gente busca para ganar estatus o poder. Pueden ser políticos, militares, económicos, minerales, ilegales, etc. Pero la apropiación de los recursos, ante las debilidades del Estado, se ha hecho de facto, no por la vía de las reglas y las normas, sino arrebatándolos. Si no hubiera causas profundas, sería un solo conflicto, pero hay narcotráfico, guerrilla, paramilitares y delincuencia común. Todos producen distintos conflictos y distintas violencias.

Semana.com: Usted considera que la salida al conflicto armado será negociada, pero ¿cómo sería el manejo del Estado ante tantos conflictos?

R.G.D.:La experiencia con la guerrilla es que una negociación no se puede parecer a la del Caguán; no debe ser una conversadera sin acuerdo. Ocho años de seguridad democrática comprobaron que la opción militar sí debilita a la guerrilla, pero no la derrota fácilmente. Me parece que algún día se tendrá que dar una solución final y que debe contener al menos tres elementos:

Primero, el sostenimiento de la presión militar, porque un Estado que no presione a un grupo armado no puede negociar con él. En segundo lugar hay un aspecto insoslayable en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario: la guerrilla debe renunciar a las peores formas de conducta, como el secuestro. Ahí podría haber un punto de encuentro entre las partes. Y en tercer lugar, no debe ser una simple negociación, sino una combinación de decisiones que requiere, por parte del Estado, reformas en materia social.

Semana.com: Eso con la guerrilla, ¿y los otros?

R.G.D.:Aunque hay varios, el eje de los conflictos sigue siendo el que se libra entre la guerrilla y el Estado. Si este se atenúa, será más fácil atender a los demás. El combate a las bandas criminales, por ejemplo, que está asociado al narcotráfico, requiere de una acción fuerte de justicia. Pero mientras exista una persecución del narcotráfico, va a ser difícil que no exista conflicto porque siempre va a haber algún grupo dispuesto a recoger las ganancias que deja la violencia. En ese caso, sería interesante poner atención a lo que han dicho algunos expresidentes de la región sobre cambiar la estrategia contra el narcotráfico.

Semana.com: ¿Es la hora de la paz, como se pregunta el título del seminario?

R.G.D.:Ha habido cambios que hay que tener en cuenta, pero no me hago ilusiones. Mi análisis es más estructural. Para pensar en una paz duradera hay que pensar en modificar los modelos de desarrollo económico y político. Reconozco que hay nuevas condiciones, pero todavía no es la hora de la paz, salvo que hubiese un cambio de voluntad muy radical tanto en el Estado como en la guerrilla, pero no lo veo todavía.

Semana.com: ¿Cuáles son los efectos de la prolongación del conflicto?

R.G.D.:La prolongación del conflicto deviene en daños materiales y humanos. El hecho de que haya muertos, secuestrados, representa un deterioro del capital humano colombiano. Eso se traduce en atraso. Entonces, por un lado, trae consigo la continuación del daño al capital social. Y en segundo término, se mantienen las tasas de desigualdad muy altas. El peor escenario es que se mantenga el conflicto y a la vez las estructuras desiguales, porque continúa la destrucción material y espiritual de las energías sociales, humanas y económicas, y, por otra parte, el mantenimiento de las estructuras desiguales.

Semana.com: ¿Qué hace diferentes a los gobiernos de Santos y Uribe en esa materia?

R.G.D.:Primero, el discurso. Santos reconoce que existe un conflicto interno armado. Uribe dice que hay una amenaza terrorista. El cambio de mirada produce una nueva percepción de las élites. Ya no se ve un enemigo en todo el que no hable mal de la guerrilla, sino que hay una disposición distinta a reconocer el problema. Incluso, el poder ver en el alzado en armas un actor, no un simple terrorista, aunque siga haciendo terrorismo y le sigan llamando terrorista. Es un cambio sutil que permite a la guerrilla y al Estado exigirse respeto por el Derecho Internacional Humanitario, lo que puede crear una atmósfera favorable no solo para que el combate sea más raciona, sino para una eventual negociación.
 
Y el segundo componente nuevo de Santos es el elemento social. El impulso a la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, aunque no es una gran reforma agraria —que es uno de los reclamos de la guerrilla—, sí es un avance en la redistribución de la propiedad de la tierra. Todavía no es fácil saber qué consecuencias va a tener eso, pero seguramente la guerrilla va a tener que replantear su actitud porque la ley le va a cambiar el escenario de interlocución con el Gobierno.

Semana.com: ¿De qué manera los trinos de Uribe interfieren en ese proceso?

R.G.D.:Podrían hacerlo si se traducen en decisiones del partido de Uribe. Pero Santos tiene los recursos que da el poder político. El primer round lo ganó Santos, indudablemente, cuando el Partido de La U aceptó incluir el concepto de conflicto armado. Pero eso no quiere decir que la pelea termina ahí. La tensión va a seguir. No se sabe si podría dividir el partido de La U, lo que podría constituir un obstáculo para el desarrollo de sus propuestas en el Congreso. Pero si el partido se mantiene sonriéndole a Uribe por un lado y obedeciéndole a Santos por el otro, el presidente podrá llevar adelante sus políticas en materia social.

Semana.com: Finalmente, para usted, ¿qué tan lejos estamos de la paz?

R.G.D.:De la paz completa estamos lejos, si la sociedad colombiana no acompaña la ley de víctimas y la restitución de tierras y si las élites siguen empeñadas en que no haya cambios estructurales. Ya llevamos 47 años en eso. Uno de los consejeros del expresidente Uribe dijo que la paz estaba cerca: en 20 años. Si eso es cerca, entonces la paz está todavía muy lejos.

El terrorismo surge cuando la debilidad es la única arma del débil contra el fuerte y su ejercicio consiste en atacar el flanco débil del fuerte. Si a este mecanismo se le cubre con un manto religioso o político, el terrorista encuentra su justificación en el combate mismo y la violencia se va sacralizando. Un círculo vicioso donde todos pierden, según el conocido analista político.


Golpes espantosos y espectaculares

Toda guerra es un intercambio más o menos salvaje de golpes. Dicho intercambio envuelve el propósito de aniquilar al enemigo o por lo menos de neutralizarlo. Su muerte, aunque no es el único objetivo, es finalmente el sello que plasma ese ánimo de aniquilamiento y lo materializa de la manera más acabada. No toda muerte entraña, desde luego, el aniquilamiento del otro, pero sí lo encierra simbólicamente, puesto que ella arrastra consigo la posibilidad de su derrota.

La muerte de Osama Bin Laden en Pakistán, a manos de un comando de asalto de las fuerzas de élite de Estados Unidos es una de esas muertes cargadas de simbolismo, que además de expresar literalmente la liquidación de uno de los contendores, significa, si no su vencimiento definitivo, sí un retroceso que pone en aprietos la recuperación de Al Qaeda.

Bin Laden, además de haber sido un santón guerrero, hombre implacable con ínfulas de asceta de montaña, una especie de profeta armado, era un jefe terrorista, después de todo. Tal vez el más perversamente refinado, el más religiosamente grandilocuente de los terroristas.

Tenía la pretensión, cósmica y maléfica, de convertir al mundo en la escena única de sus actos de terror, espantosos y a la vez espectaculares. Espantosos porque destruían villanamente al inocente. Espectaculares porque extendían un tinglado impresionante para lesionar al poderoso.

Este último -el poderoso- desató una guerra igualmente global contra el cabecilla de fanáticos que osó desafiarlo; el que propinó el daño material que nunca nadie había provocado en su propio territorio continental, en el epicentro de su poder mundial.

Cruzadas contra el terrorismo

Fue la guerra de Bush contra el terrorismo, desatada por Estados Unidos después de ser atacados por Al Qaeda. Una guerra –caliente y preventiva– que vino después de que Estados Unidos hubiese desarrollado su guerra contra el comunismo, esta última fría y meramente reactiva, desde el punto de vista de la táctica militar, que no podía ser preventiva ante la capacidad de respuesta nuclear del adversario.

La lucha contra el terrorismo también ha sido una guerra global con unos equilibrios extraños, inéditos: había que desplegar la energía bélica contra un blanco que no era propiamente un enemigo interno, pero que siendo externo, tampoco era un Estado, lo que era previsible dentro del complejo sistema internacional moderno.

Si se tratase de enfrentar un Estado, podrían haber adelantado una guerra convencional. Si el caso fuere el de enfrentar a un grupo interno, podría haberse asumido como una operación policial dentro de las fronteras, asunto propio de la seguridad interior.

Obligado a cobrar venganza y a blindarse contra las verosímiles amenazas que pusiesen en cuestión su seguridad o la de sus ciudadanos, el gobierno de Estados Unidos se veía empujado a eliminar un enemigo ubicuo que podía lanzar ataques por sorpresa, agazapado, sin ofrecer un campo de batalla abierto.

A impulsos de su inercia estatal, de sus inclinaciones naturales de potencia, Estados Unidos buscó entrar en dos guerras, que sirvieran para confirmar esta última condición ya algo discutible; ambas guerras, eso sí, con alguna conexión así fuera indirecta con su cruzada frente al terrorismo global.

En esa estrategia inercial se enmarcan las guerras empantanadas de ocupación en Irak y Afganistán, esta segunda más cercana al objetivo de acabar con Al Qaeda, es cierto, mediante una acción preventiva, aunque desmesurada y no muy útil; mientras que la de Irak no ha guardado ninguna relación con el propósito medular de inhabilitar a los focos terroristas del integrismo musulmán.

Por otra parte, Estados Unidos también tenía que ejecutar, como mínimo, algunas acciones concretas para dar caza a los grupos terroristas que recibían albergue y protección, sobre todo, en Afganistán.

Timonazo de Obama

La última fase de esta cruzada imperial contra el terrorismo incluyó el giro doctrinario de la administración Obama en el sentido de entender la guerra de Estados Unidos ya no como un combate indiscriminado contra el fundamentalismo islámico. Fundamentalismo que incluye vertientes susceptibles de ser atraídas a un entendimiento político, según lo admitiera el general Petraus, comandante de las fuerzas norteamericanas en la región.

Razón por la cual se impuso la táctica de concentrar las energías militares en perseguir a Al Qaeda, tal como lo expuso Obama en su nueva orientación estratégica. Esto no impidió que él mismo acogiera la petición de sus generales en el sentido de autorizar el envío de 30.000 soldados adicionales a las pedregosas montañas de Afganistán.

Sea lo que fuere, el caso es que en el marco de esta nueva doctrina, las fuerzas armadas de Estados Unidos y su gobierno acaban de cobrar la principal pieza, tras una prolongada cacería. Han dado de baja en su escondite, seguramente por la vía expedita de la ejecución sumaria, al anti-cruzado por excelencia, al partidario en primera línea de una Yihad, venida de las grutas medievales del Islam.

Un puritano “moderno” contra la corrupción del conservadurismo mundano de quienes detentan el poder en el universo musulmán. Y a la vez, un hiper-conservador pre-moderno, un monje obcecado amigo del restauracionismo de la pureza original del Islam; del regreso a la historia, con un Califato que impusiese la pre-eminencia religiosa en la sociedad jerarquizada y sumisa; aunque, eso sí, integrada bajo el vínculo fundamental que debiera guardar cada musulmán con Alá, el Dios único, el indiviso, el totalizante.

Por fin, después de tantos extravíos, de tantos desafueros éticos y militares como los de Abu Ghrai y Guantánamo y como los ametrallamientos de civiles, Estados Unidos -la superpotencia “democrática”- ha dado caza al responsable ideológico del atentado terrorista más delirante que haya podido concebirse y ejecutarse.

Los flancos débiles entre los enemigos

Ese juego bélico que ha enfrentado a los grupos armados islámicos con los Estados Unidos ha sido una guerra de vulnerabilidades mutuas, pero asimétricas:

  • Que sean mutuas, quiere decir que ambas partes en conflicto las poseen; que una y otra exhiben debilidades, lados por donde pueden ser heridas.
  • Que sean asimétricas, por el contrario, significa que sus fuerzas son desproporcionadamente desiguales; tanto que en principio el que posee la desventaja descomunal solo tendría como su horizonte más inmediato la impotencia, la misma que pudiese prolongarse en pasividad; salvo que la trastoque en su opuesto total; esto es, salvo que la convierta en un desafío imposible, el que podría tomar forma solo por la vía del terrorismo.

“Puesto que soy impotente -se dice el más débil-, me la juego toda para conseguir el hecho fugaz de la potencia, aunque todo lo deje en el intento”. Para lograrlo, el que a ello se decide debe ejecutar antes una operación que le permita fabricarse como mito. Y además, claro, proveerse de un aparato de combate mayor a la de su propio tamaño.

En el caso de los islamistas, lo sagrado proporciona el elemento misional de legitimación que lo justifica todo, elemento que está por encima del mismo agente que ejecuta la acción. El proceder -táctico- no puede ser otro que el de la acción violenta que, aprovechando el flanco débil del poderoso, consiga llenarlo de pavor, poniendo así en evidencia su debilidad.

La ecuación del terrorismo

Causar miedo con la violencia y poner de manifiesto la debilidad del campo adversario, son los elementos que sumados configuran la ecuación fundamental de la acción terrorista.

Provocar inseguridad en el imaginario del que se piensa a sí mismo seguro; esa es el arma del débil que quiere a su turno imaginarse fuerte.

Solo que tal fuerza se consume en la propia acción que conduce al pavor en el campo enemigo. Allí se agota a menudo. Ya no importa el fin. Este se consume y se consuma en la conflagración de la acción terrorista. Lo que interesa es la acción en sí misma, que pone de presente la debilidad del enemigo, mientras que el fin de otra sociedad o de otro estado de cosas se transfiere a su realización celestial, ese reino en el que el severo Alá castigará a los infieles y pecadores.

En la destrucción del World Trade Center de Manhattan, con sus dos torres orgullosas, erizadas hacia el infinito, se consumaba el proyecto, a la vez teatralmente mítico y prosaicamente criminal de Osama Bin Laden. En adelante, solo le esperaría el paraíso de sus creencias (o el infierno que le auguraban sus víctimas y sus enemigos).

A ese paraíso (o a ese infierno) lo acaba de despachar el señor Obama con un simple ademán, con una decisión burocrática de guerra, a cuya ejecución asistió por vía satelital. Consumía mientras tanto algunos trocillos de chicharrón con papas fritas en compañía de funcionarios de seguridad y parte de su gabinete.

Osama no podía pasarlo por alto. Era imposible. No podía dejar de recordar que Estados Unidos no lo podrían olvidar jamás. Ningún imperio lo hace. La memoria contra sus enemigos es una de las garantías para ostentar su condición de imperio, para que sea creíble. Obama lo acaba de decir: “Había que enviar el mensaje de que si decimos que hay que castigar a alguien, no lo olvidamos”.

Las guerras perdidas del terrorismo islámico

Osama Bin Laden estaba condenado. Lo estaba desde cuando ordenó los atentados terroristas; quizá desde antes; desde cuando se radicalizó contra Occidente y contra las propias élites monárquicas de Arabia Saudita – su país – a las que no rebajaba de apóstatas y de impuras.

Su cacería era solo cuestión de tiempo. Su misión ya estaba cumplida. Como la de los propios pilotos suicidas a los que reclutó para que cometieran el acto pavoroso de chocar contra las torres de Manhattan. La muerte de éstos en el momento de su acción no hacía sino anticipar la aniquilación final del jefe que los comprometió religiosamente en el empeño insensato.

El destino del terrorista se realiza en el propio ataque a su enemigo, en la degradación que le propina matando víctimas inocentes a las que aquél no puede proteger, en esa especie de humillación jubilosa, no en la efectiva derrota de aquel al que combate.

Un guerrero santón, del tipo Osama, tiene la guerra perdida de antemano y lo sabe; de ahí que reúna todos los recursos simbólicos a su alcance y los condense en el combate; de ahí que eleve su brutalidad al máximo, para llenar de sentido la potencia de su acción, la del terror de masas, que es el factor particularmente negativo que caracteriza al terrorismo.

Un gobernante, como Obama, al mando de un super-poder organizado, tiene por el contrario ganada la guerra antes de que comience. Le importa el fin, que es el statu quo del poder que representa: en este caso el de la democracia imperial. El combate, en esta circunstancia, es el trámite bélico y funcional para preservar un sistema vigente. Un trámite, bélico y letal, pero trámite al fin y al cabo.

El ejercicio burocrático también pretende un mensaje simbólico

Naturalmente que este trámite burocrático también tiene pretensiones de fuerza simbólica, de sentido comunicacional: envuelve un mensaje. Un mensaje doblemente negativo, puesto que se orienta en la dirección de destruir la energía de representación que pueda contener la construcción mítica del que lo desafió mortíferamente.

Al golpearlo, el poder que tiene consigo la mayor fuerza no solo quiere inhabilitar materialmente a quien lo combate; pretende sobre todo provocar un efecto de demostración, comprobando con sus golpes que en primer lugar al desafiante débil le sale extremadamente costosa su osadía; y que en segundo lugar, el castigo le llegará siempre, inexorablemente, por lo que su atrevimiento no quedará en la impunidad.

Uno y otro mensaje van en la misma dirección, la de desconfigurar la eficacia del terrorista, un agente que basa la justificación de su acción no solo en el núcleo simbólico de su identidad, sino en el éxito material de sus golpes; por conspirar apoyado en la sorpresa, dado que no está en condiciones de presentar combate franco o de movilizar a una masa que se deje representar por él.

Este último -el agente terrorista- realiza por el contrario una operación política que mistifica el medio, no porque no lo haga con el fin también, sino porque este último se realiza ya en el medio: encuentra en el combate su lugar de justificación.

O, para decirlo más claramente, en el puro ejercicio de la violencia; que al consumar la Yihad, la Guerra Santa, ella misma en vez de ser un simple ejercicio instrumental -un obligado paso funcional- es convertida en una elevación sagrada, un acto sacrificial, en el cual bien vale precipitarse incluso al suicidio, con tal de quemar vidas de infieles.

La sacralización de la violencia

Sacralizando la violencia -convirtiendo en holocausto la muerte del otro- el terrorista religioso agota el fin último de la causa por la que lucha, el proyecto de su guerra, en el solo ejercicio insano pero santificado de su violencia. Para su adversario -el imperio todo esto es apenas un episodio funcional con el que asegura la vigencia de su poderío.

Este último desarticula cíclicamente al grupo conspirativo, a la red terrorista; desbarata sus estructuras solo para que resurjan terroristas en cualquier otro lugar, justamente porque sin aspirar seriamente a ganar una guerra imposible, pueden en cambio jugarse efectivamente su destino en el mero combate, en el puro ejercicio santificado de la violencia, cuyo producto es el miedo y el daño en el campo del enemigo.

Los fines funcionales del terrorista

Todo terrorista, todo agente conspirativo que le rinda culto a la violencia, aspira a romper este ciclo negativo de destruir y ser destruido a su turno, mediante una perspectiva funcional de su discurso, una derivación instrumental de su construcción mítica, a saber: la esperanza de que su ejemplo cunda, de que su violencia tenga un efecto de inducción en la voluntad de otros.

Al Qaeda seguramente esperó que sus actos de horror prendieran en la masa de creyentes. Pero no fue así. No podía serlo. En cambio, la ofensiva militar del enemigo ha debilitado su capacidad operativa y ahora le ha propinado un golpe simbólico al ejecutar a su cabecilla más emblemático.

La primavera árabe contra el Yihaidismo

Y, lo que es peor para esta red terrorista, el golpe la sacude cuando se ha puesto de manifiesto un desencuentro entre las aspiraciones de guerra santa por parte de Al Qaeda y el formidable ascenso de la movilización popular del mundo árabe musulmán, movilización aupada por los deseos de una sociedad civil, que ya solo anhela ver en pie regímenes democráticos en sus países.

El contraste ha sido nítido: estancamiento de los grupos integristas (lo que no impedirá la inevitable ola de retaliaciones) y la explosión de las luchas democráticas de las masas. Estos son los términos para la acción colectiva en el mundo árabe: el yihaidismo o la protesta popular. El crecimiento de esta última disminuirá las posibilidades del primero, caldo de cultivo como se sabe de todos los terrorismos religiosos.

La frustración de la “primavera árabe” abriría por el contrario una zona incierta para el renacer de ese yihaidismo medieval, socialmente conservador, pero políticamente radicalizado en el ejercicio de la violencia.

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