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Publicado en Razón Pública.com, 21 de marzo de 2011

Una nueva doctrina parece orientar las relaciones internacionales: intervencionismo humanitario. Libia podría ser su gran laboratorio. Pero las cosas hoy apuntan a un empate que podría alargar el conflicto o acabar en el simple intervencionismo imperialista. Una nueva doctrina


¡Responsibility to protect! He ahí la nueva doctrina de Naciones Unidas que autoriza a algunos de sus miembros para intervenir militarmente dentro del conflicto que sacude a Libia. Una doctrina institucional e informal, pero con claros efectos sobre el comportamiento de los actores que intervienen con su fuerza y con sus intereses en las disputas internacionales.
Responsabilidad de proteger.

-Responsabilidad de parte de la comunidad internacional, se entiende; de los Estados que la conforman; de los propios organismos internacionales, comenzando por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

-Protección en beneficio de la población civil, objeto de matanzas, de genocidios o de ultrajes por parte de cualquier agente, en un conflicto interno o de carácter internacional.

En otras palabras, frente a la realidad de ultrajes directos – o a la amenaza inminente de ultrajes directos- contra la población civil, no habría lugar para la indiferencia internacional. Por el contrario cabría la intervención de terceros, incluso de carácter militar, con tal de que fuese puesta al servicio de la población civil, blanco de la violencia o de los crímenes de lesa humanidad.

La nueva doctrina es de clara estirpe jurídica y de inspiración moderna, como todo lo que guarde relación con la defensa de los derechos humanos. Lo que no excluye, por otra parte, que se cuelen los intereses de potencia, siempre presentes.

Esta doctrina podría estar prefigurando un giro en las relaciones internacionales, sobre todo en relación con aquellos conflictos internos que no escapan del todo a las influencias externas.

Y el primer test de importancia para su aplicación comenzó a ser Libia, desde el mismo momento en que un avión de combate francés lanzó su primer misil contra un tanque de las fuerzas pertenecientes al régimen del coronel Gadafi.

La ambigüedad de fondo

La “responsabilidad de proteger” viene a confirmar una orientación que nació hacia el final de la Guerra Fría, al mismo tiempo que intenta corregir los defectos manifiestos de esa orientación.

La innovación consistió en justificar la intervención en un país, al mismo tiempo sin embargo que el derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas han seguido manteniendo el principio la no injerencia en los asuntos internos de cualquier país.

El intervencionismo, si era por causas nobles, venía a superponerse a la condena existente del intervencionismo, si éste obedecía al interés o al cálculo por parte del otro Estado. Dicho de otro modo, el intervencionismo humanitario sería admisible, aunque el intervencionismo político que se mueve por la pura ambición del sometimiento, seguiría siendo condenable.

Durante la Guerra Fría, cada una de las superpotencias defendía celosamente la independencia de sus satélites, aliados o países-clientes. Frente al intervencionismo de la otra superpotencia, desde luego; no frente al que ejercía ella misma.

Cancelada la bipolaridad, se abrió el margen para alguna forma “aceptable” de intervención extranjera, con ocasión de los conflictos internos que brotaron precisamente al concluir la Guerra Fría y que trajeron consigo grandes desastres humanitarios. Sucedió en los Balcanes y en el África.

En ese primer momento de tanteos, durante los años 90, la nueva política, ejecutada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), directamente por Estados Unidos o por la ONU, terminó siendo más intervencionismo que humanitarismo.

Ya fuera por errores de omisión o por una acción desviada, el caso es que las intervenciones no evitaron las matanzas de civiles ni ayudaron de veras a resolver esos conflictos.

Libia: el gran laboratorio

Hoy, por el contrario, se pretende (a) que la intervención no sea solo humanitaria sino incluso ofensiva, que incluya las acciones militares si es preciso; (b) que tenga el respaldo pleno de Naciones Unidas, y (c) que pueda ser ejecutada por cualquier Estado miembro de la comunidad internacional.

Este enfoque se está poniendo a prueba en el conflicto que durante el último mes ha enfrentado al régimen de Gadafi con una sociedad civil originalmente en pie de protesta, que rápidamente se convirtió en oposición armada.

La retoma de las ciudades controladas por los insurrectos y las virulentas amenazas de Gadafi contra sus opositores, han sido el argumento perfecto para la intervención de las potencias aliadas, que intentarán frenar la ofensiva del gobierno sobre Bengasi, el último y más importante bastión en manos de quienes se alzaron contra Trípoli.

Francia, el Reino Unido y Estados Unidos promovieron esta intervención, que fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la cual se han sumado otros Estados. La resolución del Consejo permite “las acciones necesarias” o sea que parece autorizar los embates desde aire, tierra y mar, a punta de misiles contra los tanques de guerra, las baterías antiaéreas, la aviación y los emplazamientos militares del gobierno libio.

La actitud de Washington

La autorización no va, sin embargo, hasta la movilización de tropas dentro del territorio del país norafricano. Al menos, no es ese el propósito de Estados Unidos – dicho explícitamente por Obama – país que durante tres largas semanas se mostró particularmente reticente a la idea de otra intervención militar. Sus intereses estratégicos no corren ningún riesgo directo en Libia; aunque el petróleo está ahí, las empresas multinacionales no están en peligro por cuenta de Gadafi.

Por lo demás, otra guerra en el ámbito musulmán, además de Irak y Afganistán, sin la menor certidumbre sobre cuándo vaya a terminar, no parece una apuesta segura ni atractiva. Un poco a rastras de las obligaciones que parecen imponerle su nuevo liderazgo moral, Estados Unidos terminó por meterse de lleno en el ataque contra Gadafi, con el objetivo de evitar que éste aplastara finalmente a Bengasi.

Hilary Clinton ha insistido en su país no quiere el liderazgo sino apoyar la iniciativa de otros miembros de la comunidad internacional que, como Francia y el Reino Unido, ya estaban decididos a frenar a Gadafi.

Dos escenarios en Libia

La intervención militar de las potencias aliadas seguramente va a debilitar las fuerzas del coronel Gadafi y alcanzará quizás para frustrar su intento de aplastar a los opositores. Pero esto no equivale a resolver el conflicto, abierto ya como una herida irremediable entre la población de Libia.

De hecho, la intervención de los países extranjeros hace casi imposible que Gadafi derrote a la oposición, y sin embargo no asegura que Gadafi sea derrotado. El horizonte que se puede estar abriendo es el de una división irreconciliable entre bloques que se enfrenten de modo prolongado.

Dos opciones entrarían en juego:

  • Una, que un sector significativo de las fuerzas leales al régimen, bajo la presión del ataque extranjero, dé la espalda al coronel y lo exponga a la derrota, bajo una capitulación más o menos negociada o por los efectos de una pura acción de aniquilamiento.
  • La otra, por el contrario, sería la de que el conflicto adoptara alguna forma de guerra civil incierta, si el coronel logra replantear su lucha como una suerte de resistencia nacional, pero ya sin una fuerza aérea sofisticada.

Bajo esta segunda opción asistiríamos a la verdadera prueba de fuego para el nuevo intervencionismo humanitario o, digamos, “democrático”. Si esta intervención se deja atrapar en la dinámica de una guerra civil, podría terminar en un puro intervencionismo de potencia, sin ninguna solución democrática del conflicto.

La salida deseable

Existe otra posibilidad de solución, sin embargo. Más difícil, sin duda; más lejana, quizá improbable: que la intervención de la llamada comunidad internacional (léase: potencias más o menos interesadas estratégicamente en el conflicto) no se limite a un fuego de protección contra el régimen que reprime a su propia población civil, sino que comprometa sus esfuerzos en la construcción de un esquema más amplio de estabilidad, parecido a lo que ya al comienzo de los años 50, en plena Guerra Fría, Karl Deutch denominaba como una comunidad de seguridad. Para el país y para la región.

Se trataría de un proyecto que implica el esfuerzo colectivo para ir más allá de los puros intereses estratégicos de cada Estado y de cada bando interno. Pone más bien el énfasis en la afirmación de interdependencias de orden transversal en los diversos campos: el económico, el político, el social y el cultural. Una especie de consenso múltiple centrado en buscar una solución estructural a la crisis de Libia y a la del mundo árabe norafricano.

Pero, para pensar en ella se requiere el reconocimiento mutuo de los intereses diversos representados por cada uno de los contendientes y un proyecto de democratización interna en los distintos países.

Y por lo pronto, esperemos que haya un cese al fuego con miras a una solución negociada.