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Ricardo García Duarte

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…Y Colombia perdió su mar; acaba de ver cómo de un momento a otro le desaparecieron ante sus ojos atónitos un enorme pedazo de Caribe azul; el mismo que había poseído hasta ahora en los linderos al oriente del meridiano 82.

Un mar que se volvió ajeno

No se lo llevaron, dejando un desierto lunar como en la metáfora  desmesurada de García Márquez. Simplemente corrieron las cercas en el interior de su propia vecindad. Con lo cual convirtieron de golpe sus aguas en un mar ajeno. Solo que lo hicieron legalmente; sin ningún asomo de fuerza. Como si en realidad nunca le hubiese pertenecido, aunque figurase bajo su posesión.

Lo ha hecho la Corte Internacional de La Haya. Además, por unanimidad. Como si con ello quisiese sentar jurisprudencia, sin asomo de dudas, con unos nuevos equilibrios marítimos en los que se pondrían a salvo la equidad y las garantías de explotación económica para los países ribereños, en este caso Nicaragua. Claro, a costa del interés de Colombia, que ve cómo le arrebatan el derecho a nada más y nada menos que 75.000 Km2; o a 100.000, según lo afirman algunos.

Las nuevas aguas para Nicaragua

La determinación de la Corte, que resuelve el diferendo territorial y marítimo con Nicaragua extendió la propiedad de las aguas en manos de esta nación hacia el este en dos franjas grandes. La una situada al norte de San Andrés y Providencia;  la otra al sur de estas islas mayores. El fallo lo hace sin consideración alguna por el meridiano 82, que antes servía de separación de aguas entre uno y otro.

Así ocurría desde la vigencia del Tratado Esguerra – Bárcenas de 1928, el cual establecía que los cayos e islas al oeste de aquel meridiano eran propiedad de Nicaragua, lo mismo que su costa de la Moskitia; mientras los cayos e islas al este le pertenecían a Colombia.

El acuerdo, aureolado por el principio de “pacta sunt servanda”; principio este que obliga al respeto de los pactos, parecía ir en apoyo de las pretensiones colombianas para la perpetuación de un statu-quo que favorecía al país en una posesión de aguas y territorios desde los tiempos de la Colonia.

De ahí que los derechos de Colombia parecieran absolutamente incontrovertibles. Solo que a los ojos de la Corte – ¡vean ustedes! – el tal mentado meridiano 82 estaba consignado en el Tratado solo como una línea de referencia para la posesión de los territorios insulares, no como una delimitación para las fronteras marítimas.

La geografía contra la historia

En el diferendo limítrofe, Colombia tenía la historia de su lado y lo que de ella se desprende como prolongación jurídica en materia de títulos fronterizos:

a)   Exhibía la posesión tranquila y pacífica del archipiélago, al menos por dos siglos.

b)   Gozaba del respaldo que le proporcionaba el uti possidetis iuris de 1810; esto es, el incambiable derecho a la posesión nacido de títulos provenientes de la Colonia; y cuyo origen principal radicaba en la “real orden” de 1803 por la cual el rey le hacía transferencia del litoral de La Moskitia y del archipiélago al Virreinato de Santa Fe.

c)   Era titular de una propiedad nacida explícitamente de un tratado que le confería la posesión sobre los cayos y las islas del archipiélago; y, por extensión, sobre sus aguas. Con el límite impuesto por el meridiano 82, a lo largo de la línea paralela a la costa nicaragüense.

Su posesión estaba revestida entonces por una existencia histórica, jurídica y política. De ella hacía emanar como un reflejo la posesión geográfica sobre las aguas. La propiedad sobre el mar hasta el meridiano 82 no era otra cosa que la proyección geo-marina de las islas y de los cayos.

Pero la geografía parecía tener su propia voz, lo que finalmente daría pábulo a los reclamos de Nicaragua y razones a la Corte para hacerse eco parcial de estos últimos.

Las razones geográficas tenían que ver con una geopolítica alternativa de los mares, surgida durante las últimas décadas en el mundo y reforzada por la lógica de las reivindicaciones económicas, lógica de la que se hacían voceros muchos de los países miembros de las Naciones Unidas.

Todo ello tuvo expresión en la exigencia de las 200 millas para el aprovechamiento económico de cada país; derecho éste consagrado finalmente en la Convención del Mar de 1982; ratificada por Nicaragua aunque no por Colombia, a la espera de conjurar el peligro del que no pudo escapar.

La geografía que surge de la continuidad de un mar frente a las costas del país continental y la reivindicación económica que justifica las 200 millas son los dos factores que sumados se revelan como los fundamentos que darían sentido a la reclamación nicaragüense. Como si se tratara de una nueva geo-economía de los mares en rebeldía contra la posición política, histórica y política, de la que Colombia era titular hasta antes de la sentencia.

Fuente: revista Semana

Los nuevos equilibrios a expensas de Colombia

En esta última, el Tribunal de la Haya procede mediante una operación jurídica de carácter zigzagueante – con un trazado serpenteante – a conciliar geografía y economía de una parte; con historia y política de la otra. A entregarle a la geografía y a la economía tanto como a la historia y a la política. Es decir, tanto a Nicaragua como a Colombia; cuando según las cosas como estaban, cualquiera concesión que se le confiriera a la primera era una pérdida para la segunda. Cualquier equilibrio buscado era un desequilibrio en perjuicio de la nación colombiana. Finalmente a esta última le correspondieron, como rezaba la letra del Tratado de 1928, los territorios insulares, mientras que a Nicaragua le tocó un trozo de mar del que antes carecía.

Así lo hizo la Corte, procediendo a fijar unos límites marinos, antes inexistentes según ella; al tiempo que concedió a Nicaragua la prolongación de sus 200 millas, mientras preservaba la titularidad de Colombia sobre los cayos y las islas y su respectivo mar territorial de las 12 millas.

¿El resultado? Lo ya dicho: las dos bandas anchas de mar para Nicaragua a expensas de Colombia y la nueva condición de enclaves en los casos de Quitasueño y Serrana, ahora rodeados de mar nicaragüense.

¿No tomó la Corte al archipiélago como un bloque unitario?

Para el diseño de este nuevo mapa limítrofe, la Corte tenía que sortear una dificultad de orden geográfico y jurídico. Para saber sobre qué línea establecía la frontera marítima en la que se encontraban el mar de Nicaragua y el de Colombia, tenía que establecer las dimensiones bajo las que se proyectaba el conjunto de islas y cayos del archipiélago.

Podría tomarlo como un conjunto geográfico inseparable o como una  suma de unidades separables y después agregables.

De tomarlo como una unidad superior, la línea de su perfil geográfico le daría al archipiélago y por tanto a Colombia una mayor entidad fronteriza lo que le permitiría un más extenso derecho a las aguas marinas frente a Nicaragua.

No lo consideró así la Corte, la cual simplemente sumó los pequeños frentes territoriales de cada islote, muy reducidos frente a la línea costera de Nicaragua; razón por la cual abrió la franquicia para una más amplia franja de aguas a favor de este último país.

Es la causa por la cual la porción de mar perdida por Colombia fue mucho mayor de la que pudiese ser calculada a partir de las proyecciones que hacia el occidente y hacia el sur ofrecía el archipiélago como bloque unitario.

La estrategia jurídica de Colombia

Todo este descalabro pudo evitarse por parte de Colombia solo si además de retirarse de la jurisdicción de la Corte Internacional hubiese con tiempo denunciado la Declaración de Bogotá de 1948, para de ese modo no caer por otra vía dentro de esa misma jurisdicción.

A pesar de que algunas voces se hicieron escuchar con advertencias en tal sentido, el conjunto de las élites gubernamentales y los especialistas, todos a una, prefirieron la vía jurídica ante la Corte, ingenuamente seguros de que bastaba la vigencia del Tratado de 1928; sin que hubiese aparecido una mente perspicaz e insistente que hubiera previsto el hecho de que tal tratado no incluía una delimitación precisa de fronteras marítimas. Un vacío por el que finalmente se colaron las pretensiones de Nicaragua y el apoyo jurídico de la Corte.

Interés nacional y gobernanza internacional

La sensible pérdida (con la irremediable sensación de derrota y amputación que deja) se enclava, con todo, en medio de la marcha que sigue el dispar orden internacional. Con sus tensiones y sus asimetrías. Con esa yuxtaposición que lo caracteriza entre el concierto (o des-concierto) de Estados de un lado; y las tendencias trasnacionales del otro; entre el imperio del interés nacional y la gobernanza internacional.

En cierto sentido, el desolador fallo de la Corte de la Haya (desolador para Colombia obviamente) representa un punto de avance en las dinámicas propias de la por otra parte fragmentada gobernanza transnacional (Convención del Mar, por ejemplo), mientras significó un retroceso para la lógica del puro interés nacional, representado en la posesión histórica y tradicional del mar y de las islas, por Colombia. El interés nacional suele ir todavía asociado con el espíritu de potencia.

Por otra parte, la lógica de la gobernanza internacional, va unas veces a caballo sobre hegemonías y otras veces se estructura como factor que las obstaculiza.

En el diferendo, Colombia se apoyó en el interés nacional pero no en el impulso de potencia. Tomó el camino de en medio, el de defender el interés nacional, pero sin desconocer las estructuras de gobernanza internacional, como lo es la Corte de la Haya. En ese terreno, perdió.

El avance, a través de este episodio, de una lógica de gobernanza internacional representada por el nuevo derecho del mar y por un tribunal internacional que se arroga la facultad de rediseñar las fronteras entre dos estados, significó una ganancia manifiesta para Nicaragua. Fue un avance que supuso el sacrificio de Colombia.  ¡Y qué sacrificio!

Consumados los hechos, queda como herencia una situación en la que quizá haya la oportunidad para que paradójicamente los actores geopolíticos y geo-económicos del Caribe – en primer término Colombia y Nicaragua – emprendan y acentúen sistemas de cooperación e integración; es decir, los de una gobernanza regional, más completa y positiva.

La imagen fue tomada de la página http://www.superateatimismo.com

Aunque creció la abstención con el desencanto de muchos electores independientes; la apuesta le bastó al presidente Obama para llegar a una mayoría holgada; tanto en el voto popular, en el que superó por mucho más de dos millones a su contrincante, como en el colegio electoral, en el que subió al tope de 303 delegados, menos que los 365 de hace 4 años pero muchos más que los calculados por las encuestas o que los ganados por Romney, el otro candidato quien solo sumó 235 de los 270, el número mágico que lo acosaba como un fantasma.

Al parecer, su recuperación en las intenciones de voto durante los últimos 20 días, un efecto al que no fue ajeno su impecable comportamiento frente a los estragos del huracán Sandy, se le convirtió en una ola de opinión, luego del fracaso en su primer debate televisivo; ola que alcanzó su cresta precisamente en el día clave, el de la jornada electoral.

Votación y categorías socio-culturales

Con este empuje final de la candidatura Obama llegaron al vuelo los votos particularmente significativos de los jóvenes, las mujeres, los afroamericanos y los hispanos. Fue el voto aportado por estas categorías sociales el que seguramente añadió la diferencia para que Obama volviese a ganar con una mayoría lo suficientemente amplia como para retener, salvo uno o dos, todos los estados en los que había obtenido el triunfo cuando se enfrentó al senador John McCain.

El 60% del voto joven; el 55% del femenino; casi el 70% del voto hispano y mucho más de este último porcentaje entre los afrodescendientes; es un fenómeno que está indicando la afirmación de inclinaciones electorales que nacen manifiestamente de unas líneas de ruptura que a su turno tienen origen en identidades de orden socio-cultural.

Se trata de corrientes de mutación social surgidas: a) por los cambios generacionales; b) por las transformaciones sociológicas que trae la vida urbana; c) por los marcos de referencia recién surgidos que rodean la conducta de las mujeres en la constitución de su género; d) por las necesidades de movilidad social y de igualdad de oportunidades en la población negra y en la inmigración latina.

El acceso a los recursos y la afirmación de identidades

En las reivindicaciones de unas y otras de estas categorías (mujeres y jóvenes, hispanos y negros) se presenta la mezcla de dos formas de comportamiento; a saber: la búsqueda de acceso a recursos nuevos y la afirmación simbólica de identidades.

El empleo, los mecanismos fiscales de redistribución o los subsidios y las normas institucionales a favor de la inmigración, son todos ellos mecanismos que hacen parte de la presión por nuevos recursos en la sociedad. Por otra parte, el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y a interrumpir el embarazo es una de las reivindicaciones que además de traducirse en recursos institucionales mediante nuevas disposiciones jurídicas, hace parte también de las construcciones simbólicas de identidad; lo mismo por ejemplo que el matrimonio de personas del mismo sexo.

De esta manera, la presión por nuevos recursos y la afirmación libre de identidades está implicando en la sociedad norteamericana la demanda por ajustes en los esquemas prevalecientes de integración social.

Mutaciones, cohesión social y resistencia conservadora

La anterior es una presión social; a veces subterránea, a veces manifiesta; que ha provocado la reacción conservadora de los sectores que, inscritos en las tradiciones bíblicas de la cultura estadounidense, cifran la organización de la vida y de los asuntos públicos en el mandato moral que emana de las inalterables verdades estampadas en las Sagradas Escrituras.

Tal reacción cuasi-religiosa contra los cambios espontáneos en la sociedad norteamericana consiguió instalarse en el poder con los ocho años de gobierno de George W Busch y el circulo neoconservador que lo rodeó. Incluso logró trasladarle su impronta ideológica a la política internacional del país, con la doctrina de la guerra preventiva.

Después del primer triunfo de Obama, hace cuatro años, dicha tendencia se exacerbó en la oposición, reinscribiendo los temas culturales como el aborto y el matrimonio gay o los temas económicos y sociales como el régimen fiscal o el de la salud, en los marcos de un debate moral acerca de la libertad individual y del papel del Estado; debate no exento por otro lado de ciertos tintes racistas  y demagógicos contra el presidente y contra la intervención en el plano social del Estado.

Esta tendencia moral, religiosa y cultural; finalmente una reacción contra los cambios en la cohesión social que reclaman las nuevas categorías en la población; tomó forma en el conocido movimiento Tea Party, que impregnó con su retórica compulsivamente bíblica y homogeneizadora a casi todo el partido republicano durante los últimos cuatro años.

Elecciones y enfrentamientos culturales

En cierta medida, las elecciones que acaban de realizarse el 6 de noviembre en Estados Unidos de América eran la arena en que se enfrentaban las necesidades de ajuste en la cohesión social, representadas por las categorías emergentes, y la reacción conservadora contra tales ajustes culturales y sociales; ajustes estos que a los ojos de dicha reacción derrotan los fundamentos bíblicos y “libertarianos” de la nación norteamericana.

El matrimonio del partido republicano con dicha reacción ha terminado por enajenarle el apoyo de las minorías o de las nuevas categorías emergentes, que de alguna manera se mueven en la dirección de buscar un nuevo status en la sociedad.

Por otro lado, el triunfo de Obama es al mismo tiempo el éxito político de los grupos sociales, antes subalternos, y ahora emergentes, cuya influencia crecerá en la sociedad; una influencia que continuará modificando los moldes tradicionales de encasillamiento cultural en los Estados Unidos.

Ahora, el problema es si el presidente Obama en los próximos cuatro años hace todo lo que esté a su alcance para impulsar esa línea de cambios exigidos por la integración social. La pregunta es, por ejemplo, si él toma una iniciativa eficaz en la materialización de una ley de inmigración, flexible e incluyente; o si por el contrario regresa al incumplimiento de compromisos de este tenor.

Esta análisis también fue publicado en el Semanario Virtual Caja de Herramientas

La imagen fue tomada de la página web http://www.barackobama.com

En la Venezuela de los comicios presidenciales del 7 de octubre, ganaron todos. Ganó, como es obvio, el Presidente Chávez, que sigue en el poder. Pero también lo hizo la oposición que unificada incrementó sensiblemente su caudal de votos. Y finalmente, ganó la democracia, al menos la electoral; lo cual quedó plasmado en dos demostraciones simultáneas: la primera, una elevada participación, el 81% -nivel éste que sitúa al país vecino entre los sistemas políticos menos abstencionistas del planeta-; y la segunda, una alta competencia entre las opciones partidistas lanzadas a la arena electoral. Ya se sabe: la competitividad es tanto más alta cuanto menor es la distancia en votos que separa a quienes se enfrentan.

 El triunfo electoral de Chávez

Ahora bien, por más ganadores a proclamar, por más triunfos simbólicos que se dieran cita, el vencedor concreto, el que consiguió las mayorías –mecanismo aritmético decisivo dentro del sistema democrático-, fue, qué duda cabe, el señor Hugo Rafael Chávez Frías, quien se alzó con el gobierno, la baza particular que estaba en juego. Lo hizo por un período de seis años adicionales. Y después de haber estado por más de 13 años en el poder;  naturalmente luego de triunfar en tres reelecciones consecutivas.

En consecuencia, ha sido elegido y reelegido para una prolongada suma de períodos que totalizan 20 años. Que no son poca cosa, sobre todo si se trata de un régimen presidencialista en el que por contraste con el parlamentario, el jefe del Ejecutivo, enfrenta normalmente menos controles y menos contrapesos por parte del órgano legislativo. Controles y contrapesos, cuya fuerza y calidad disminuyen aun más en el régimen venezolano, tal como éste ha venido siendo moldeado durante los últimos 3 lustros. Tanto por efecto de las disposiciones constitucionales como por el ejercicio práctico de la política. Un ejercicio en el que se combinan, las complacencias de la propia representación parlamentaria y la presencia dominante del Ejecutivo, en manos del Comandante.

Perpetuación en el poder y derivas autoritarias

En realidad, bajo la era Chávez, el Estado y la política, sin el abandono en ningún minuto del molde democrático–electoral (Chávez ha participado, directa o indirectamente, en por lo menos 13 elecciones), ha adquirido un sello, bajo la impronta personal del propio presidente, en el que se superponen diversas marcas; a saber: a. El deseo de perpetuación personalista en el poder, algo que inevitablemente comporta un cierta dosis de paternalismo salvador; b. Un discurso, a la vez, populista y retador, con el cual se busca la identidad retórica de clase social al tiempo que se pretende asegurar los factores de movilización, pero con el fomento de una subcultura de la confrontación, sobredimensionada respecto del factor–consenso; c. La entrega de poderes y facultades al Jefe de Estado, más allá del los linderos razonables que imponen unas relaciones entre el congreso y el gobierno dentro de un régimen liberal de derecho. Así mismo, la preeminencia notoria del Ejecutivo sobre los otros poderes públicos, incluidos los altos tribunales de justicia; todo lo cual conduce a la concentración del poder, mediante la influencia directa del gobernante.

Son, todas ellas, las marcas que se mezclan en la definición de rasgos no–liberales dentro de una democracia populista, aunque no precisamente plebiscitaria.

Se trata de dos tendencias que se trenzan en esa especie de autoritarismo “progresista”: en primer lugar: un caudillismo de confrontación que, sin embargo, invoca el interés del pueblo desvalido, al que por otra parte consagra una buena porción de los recursos del Estado bajo la forma del gasto social, tal como lo ilustran las llamadas Misiones (en salud, educación y vivienda). Y, en segundo lugar, la transferencia de poderes crecientes al gobierno con el concomitante debilitamiento del poder legislativo; algo parecido a lo que en su momento Guillermo O´Donnell llamara críticamente una “Democracia delegativa”; distorsión política esta que afloraría en la conocida “Ley Habilitante”; mecanismo del que el Presidente Chávez ha hecho un uso inusitadamente amplio y repetido, gracias a las concesiones recibidas de una Asamblea, bajo su control.

Seis años más de Hugo Chávez en el poder harían pensar en la intensificación de estos rasgos populistas y autoritarios. La justificación estaría servida: hay necesidad de profundizar el socialismo del Siglo XXI, tal como el mismo presidente re-electo lo fue soltando después de la victoria, al soplo de los efluvios de entusiasmo que subían desde la multitud. Es decir: más programas sociales pero también una mayor concentración del poder. Al fin y al cabo, el pueblo ha conocido ya una disminución de la pobreza en 25 puntos porcentuales durante la última década. Y, por cierto, la renta petrolera es un recurso suficiente para incrementar el gasto social; aunque, claro, también para mantener el mayor control sobre los resortes del poder.

Democracia electoral competitiva

Si este es un riesgo, no es menos cierto que el sistema político ha mostrado una evolución en un sentido contrario; sentido este del que las elecciones del domingo 7 son una demostración palmaria; tal vez la más destacable, pero no la única ni la primera, pues las últimas legislativas ya constituían un precedente en el crecimiento de la oposición.

Unos comicios presidenciales en los que se enfrentan dos opciones claramente identificadas y diferenciadas, la del presidente y la de la oposición; y en los que el primero gana con el 55% de la votación y la segunda conquista el 44%, materializan un juego político por el poder lo suficientemente competitivo como para hacer pensar en la existencia de un sistema de la representación política, con sus partidos y sus elecciones, vigorosamente pluralista, lo cual constituye la base indispensable para el establecimiento de una democracia electoral. Más allá desde luego del ventajismo, en materia de información, comunicación y recursos materiales, desplegable por quien ostenta el cargo de jefe del Estado.

Dicho de otro modo, lo que las elecciones han dejado ver en Venezuela es el desarrollo de dos tendencias que coexisten contradictoriamente dentro de su sistema político; considerado éste en el sentido más amplio posible;  es decir, como sistema que cubre a la vez las instituciones del Estado y el juego libre de los partidos por el poder.

Mientras en las instituciones del Estado toman curso tendencias favorables a la concentración y a la personalización del poder; en el mundo de la representación y los partidos toman curso las tendencias hacia una mayor competitividad democrática. En las primeras se mueven los desequilibrios no favorables a la democracia liberal; en el segundo, el curso de las cosas es favorable al mayor equilibrio de las fuerzas que cuentan para la disputa por el poder.

Equilibrio y polarización en el sistema político

En el cruce de ambas tendencias contradictorias toma cuerpo un sistema político provisto de un formato de competencia interpartidista que tiende al equilibrio, lo que es bueno para la democracia y sus necesarias incertidumbres; aunque también tendiente a la polarización, lo que ya no es tan bueno para la democracia si, sobrepasando la adecuada diferenciación, incursiona en la exclusión, con sus secuelas de autoritarismo.

De cómo, en los próximos años, el régimen consiga atenuar creativamente sus niveles de polarización, dependerá la posibilidad en manos de las nuevas élites para tranquilizar el proceso en el que se han embarcado o, para decirlo en otros términos, para rutinizarlo institucionalmente hablando; sin disminuir la inversión social; propósitos estos, el gasto en favor de los pobres y la despolarización política, para los cuales podrían ensayar el camino de la construcción de consensos.

Es una posibilidad que quedaría insinuada en las palabras conciliadoras de Chávez, dirigidas a la oposición, a la que extendió en uno de sus arrebatos emotivos, “sus brazos y su corazón”. El problema es que, por otro lado, él mismo pareciera haber creado la necesidad de la polarización y el ataque, como las formas ineludibles y superiores para ocupar el espacio de lo político. Que camine en una u otra dirección será algo que podrá verse en las próximas elecciones, las regionales de diciembre.

Imagen tomada de la página web http://www.eleccionesvenezuela.com

Ricardo García Duarte

Politólogo, Ex – Rector y Director IPAZUD

El normalmente insípido y gelatinoso, pero esta vez eficaz, José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, consiguió finalmente en Cochabamba, Bolivia; que se aplazara la decisión sobre un dilema, que de otro modo hubiese conducido la última Asamblea General de esta organización a colapsar el Sistema interamericano de Derechos Humanos.

Un sistema (en realidad un subsistema), cuya plataforma no es otra que la Convención, promulgada en 1969 pero puesta en marcha 10 años después. Y que cuenta entre sus instrumentos fundamentales tanto con la Corte como con la Comisión Interamericana; uno de cuyos mecanismos más visibles es la Relatoría para la libertad de expresión.

Fortalezas e inconsistencias

La Convención, soporte para la existencia de la Corte y de la Comisión, busca fundarse en el compromiso vinculante de los miembros de la OEA, que la suscriban; cosa que por cierto nunca sucedió con los Estados Unidos, una nación que estructurando su orden interno bajo los dictados del constitucionalismo liberal, no suele caracterizarse, sin embargo, por el sometimiento a la justicia liberal de carácter transnacional; como si con ello quisiera poner de presente su inspiración imperial, cuandoquiera que en los asuntos internos o externos se pongan en tensión, de un lado la fuerza; y del otro, la ley.

Con todo, la Convención, la Corte y la Comisión; pensadas inicialmente como herramientas encaminadas a enfrentar los atropellos de las dictaduras, pan de cada día en el pasado; empezaron, bien que mal, a construir su camino al andar.

Respaldadas por un estatuto de autonomía e independencia, frente a cada Estado en particular y frente a la propia Asamblea en donde toman decisiones los Estados miembros, consiguieron autodeterminarse como instrumentos en los que se recogen las denuncias de violación a los derechos humanos, cuando aquella tiene lugar en el interior de uno de los países pertenecientes al sistema interamericano; sin que antes las instancias de jurisdicción interna hayan aprehendido el caso correspondiente para su resolución.

La última Asamblea General con sede en Cochabamba se había convertido en el escenario servido para que la crítica feroz y el descontento de algunos países, se tradujera en la propuesta de reforma al ya reseñado Sistema de Derechos Humanos.

Que es, por cierto, el único que funciona y que está dotado del sentido ético de su misión; aún con sus defectos e incoherencias. Es el solo subsistema institucional que cobra algún sentido dentro de un sistema general, el de la OEA, que casi no funciona; y que si lo hace, normalmente no es para algo bueno.

La asimetría entre una superpotencia global y el conjunto de países que como satélites han orbitado en sus circuitos hemisféricos, desvirtuó siempre cualquier sentido normativo de igualdad entre los miembros de la OEA o del TIAR, precisamente allí donde la metodología de las decisiones, aparentemente consensuadas, alcanza realmente el pie de apoyo en la fuerza y el  interés nacional.

Una cosa distinta sucede con el subsistema interamericano de derechos humanos, gracias al ya indicado status de autonomía del que goza, bajo el modelo de la independencia judicial, vigente en los Estados de carácter constitucional.

Populismos progresistas v.s. vigilancia globalizada en D. Humanos

Se trata del mismo status al que ahora se pretende recortar, mediante una reforma orientada a anclar la actuación de la Comisión en la voluntad de los Estados, que concurren a la Asamblea General, concediéndoles a estos un margen mayor para sus derivas autoritarias.

La aspiración a una reforma, en el sentido conservador de talanqueras a la justicia y a la vigilancia, globalmente regionalizadas, no proviene ya de las viejas dictaduras militares, sino paradójicamente de las nuevas democracias latinoamericanas. Exactamente, de algunas de ellas; particularmente el Ecuador de Correa, la Venezuela de Chávez y la Bolivia de Evo Morales. Es decir, las nuevas democracias populistas. Cuyos proyectos ponen el acento en el nacionalismo económico, las reformas sociales y la incorporación activa del pueblo en la política; pero bajo una convivencia incómoda, por no decir tortuosa, con la Oposición o con los Medio de Comunicación. A los cuales afectan no propiamente del modo más constitucional y equitativo; aun si ellos representan intereses del pasado que se sienten desplazados por los nuevos fenómenos políticos; a la vez progresistas y semiautoritarios.

Así, el destino de un subsistema de Derechos Humanos en el Hemisferio Occidental; necesitado como está de mayor poder, coherencia e independencia; se ve atenazado entre las exigencias globalizadas de justicia, algo que posiblemente afecta el interés estrecho de cada Estado; y las corrientes políticas del progresismo populista, las cuales probablemente afecten al estado de derecho.

La solución al dilema, genuinamente progresista, no puede partir sino del reconocimiento explícito al status de autonomía e independencia, propio del sistema consagrado en la Convención. Es lo que garantiza un principio de vigencia renovada en el campo del estado de derecho; marco indispensable para la transformación social y para la ampliación en la participación democrática.

Obrar en otra dirección es condenar a ese subsistema interamericano de derechos humanos a languidecer de anemia o a redondamente colapsar. Los seis meses que consiguió Insulza, son ahora el plazo para conocer su suerte final.

Dennis Rodríguez. Desde Bogotá.

Miércoles 6 de Julio de 2011

Entrevista del Diario El Comercio de Ecuador a Ricardo García Duarte. Analista político y catedrático colombiano.


El dilema  

¿En qué cambia el escenario político de Venezuela a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez?

Una primera consecuencia se ha sentido en el propio Gobierno venezolano, puesto que se han producido retrasos en la toma de decisiones, en temas como la crisis carcelaria o la del sector eléctrico. En el paisaje político, la enfermedad de Hugo Chávez tiene consecuencias ambivalentes. Por un lado, tiene que ver con un problema del
mantenimiento de un liderazgo. En el movimiento bolivariano, la presencia del Presidente venezolano es avasallante y no hay un cuadro importante de sucesores ni alfiles que tengan la proyección y la fuerza que Chávez posee entre los sectores que lo siguen. Y, por otro, el caso de una enfermedad delicada despierta generalmente sentimientos de solidaridad.

Entonces, ¿puede ser que Chávez salga fortalecido de este trance si vence al cáncer?

Los sentimientos de solidaridad que mueve una enfermedad grave como el cáncer también inciden en el aspecto emotivo de los seguidores. Esos sentimientos pueden mantener galvanizada la adhesión del movimiento bolivariano a la figura de Chávez. Y siempre existe la posibilidad de que el Presidente de Venezuela salga fortalecido de todo esto.Eso forma parte de las incertidumbres que se desprenden de una enfermedad de esta naturaleza. En caso de ganar la batalla al cáncer, siempre puede operar la parte emotiva e incluso aparecer ciertas circunstancias de renovación de la confianza que una masa le concede a un líder que vence. El símil de una batalla se ajusta a este caso. Y esa eventualidad puede representar dividendos políticos.

¿El Jefe de Estado venezolano se ha debilitado políticamente a causa de sus problemas de salud?

Es indudable que incluso antes de saberse de su enfermedad, Chávez no estaba en su mejor momento. En el escenario político de Venezuela, él había pasado por circunstancias difíciles, como fueron las elecciones legislativas en las cuales se evidenció el debilitamiento de su fuerza política. Y en ese proceso se hallaba cuando se conoció la noticia de su enfermedad.

¿Cree que Chávez terciará en las presidenciales del 2012, a pesar del cáncer?

Todo dependerá de la evolución médica y la recuperación. Si esto sucede, incluso puede servir como punto de reflotamiento para sus aspiraciones de ganar la reelección presidencial.

¿El retorno imprevisto del Presidente venezolano a Caracas cambia en algo las cosas?

El retorno de Chávez a Venezuela es claramente un mensaje. Y simboliza de alguna manera que la recuperación puede estar en un curso positivo y que él va a mantener las riendas del poder, independientemente de si se recupera bien o no. Y es un mensaje directo de que el Presidente está en el mando porque la discusión durante el mes que Chávez estuvo en Cuba ha sido justamente alrededor de la incertidumbre creada por la ausencia del Jefe de Estado y de que este no toma las decisiones. Así contrarresta el supuesto ‘síndrome de vacío del poder’.

¿Si el líder bolivariano finalmente no participa en las elecciones presidenciales del año venidero, considera es previsible una batalla por la sucesión en el oficialismo venezolano?

Desde luego. Ahora bien, es posible que si su enfermedad avanza, el propio Chávez tendrá que designar a su sucesor. El problema es que en las condiciones de polarización que vive la sociedad venezolana, a un eventual delfín de Chávez le será muy difícil llenar el vacío que este deje.

¿Y qué opciones tiene la oposición venezolana en ese escenario político?

Ya expliqué que las elecciones legislativas evidenciaron que los opositores se han colocado en una mejor posición y que ha dejado de lado sus errores pasados, como el de estar muy fragmentados. Pero en esos comicios, la oposición demostró ciertas señales de que se mantiene unida y de que promueve liderazgos más razonables. Pero si Chávez recupera su condición de salud, va a ser difícil derrotar a un hombre que ganó la batalla contra el cáncer.

¿Y por qué causas se ha erosionado la influencia del Mandatario venezolano en la política regional?

Por un sencillo tema de juego de fuerzas o de competencias. Porque Chávez no ha estado solo y ha tenido competidores. Es el caso de lo que representó a nivel regional el ex presidente brasileño, Lula da Silva. En un momento, hubo una inclinación de países de América Latina hacia gobiernos de tipo nacionalista y con cierto signo de izquierda. Pero Chávez, que quiso ganar un tipo de liderazgo, se encontró con rivales más sutiles y eficaces, como Lula, que practicó un capitalismo con desarrollo social, muy diferente al liderazgo de Chávez, que se ha caracterizado por la confrontación. El presidente electo del Perú, Ollanta Humala, es un ejemplo patente de que la opción del liderazgo de Lula tiene más peso. Él ha dicho que se inclina más por este modelo, cuando hace cinco años se lo veía muy cercano a Chávez.

¿Bloques como la Alba durarán mientras Chávez permanezca en el poder?

Sí. La Alba está muy ligada a la suerte personal de Chávez, puesto que es un proyecto relacionado con una intención de liderazgo regional. En cambio, en el escenario internacional, creo que organizaciones como Unasur se fortalecerán.