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Tomada de: WRadio, 2018

*Análisis Electoral de próxima publicación en la Revista Foro

Introducción

Estas elecciones de 2018, para Congreso y Presidencia, cargan con el lastre de la polarización entre las dos facciones de élite que se han disputado el control sobre la representación política y la orientación del Estado en la forma de abordar la solución del conflicto interno. Solo que aunque las dos mantienen su presencia con relativa fuerza en ambas cámaras; a propósito de las presidenciales, una de ellas, el santismo, ha abandonado sus pretensiones frente al empuje evidente del uribismo, su retador desde la derecha en el espectro político. El vacío parece ocuparlo, solo parcialmente, un retador que viene desde las contra-élites de “izquierda”, el petrismo; el cual no alcanzaría a absorber, en razón del juego de las atracciones ideológicas y también de sus desencuentros, todas las franjas vecinas del “centro” y del centro derecha; estas últimas cómodas anteriormente en un santismo, hoy huérfano de candidato propio. Lo cual beneficiaria en principio a la hasta hace poco oposición uribista, de cara al vacío de que ha dado muestras por momentos el centro del arco político.

Mientras tanto, toma curso un reacomodamiento en la conformación de una coalición hegemónica, tal como ha sido el formato de equilibrios en el poder durante los últimos 16 años de gobiernos con amplias mayorías en el Congreso. Todo ello, mientras se producen mutaciones en la aparición de partidos y en su consolidación en razón de liderazgos a cuya medida se tallan las colectividades políticas dentro de unas lógicas de jefaturas patronales, según la expresión que en alguna ocasión utilizara Max Weber para hablar de los partidos que solo se forman en función de las aspiraciones de un jefe político.

Al mismo tiempo, la irrupción de un electorado de opinión ha permitido, en medio de las controversias ideológicas, la emergencia de liderazgos que consiguen un anclaje en la opinión pública, aunque no necesariamente logren la construcción de partidos duraderos o con una fuerza competitiva.

Esta conformación mixta de partidos, sin jefaturas ancladas en la opinión; y de liderazgos arraigados en muchas franjas de la población, pero sin partidos, define también el curso de unas elecciones contaminadas por una aparente polarización, pero al mismo tiempo fragmentadas de un modo múltiple, en cuanto a los equilibrios de fuerza se refiere; sobre todo a los que tienen que ver con la cantidad de actores colectivos que hacen parte de la representación política.

I. Las fracturas de orden ideológico-moral     

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Tomada de: Revista Semana, 2008

La decisión de la Corte Constitucional en 2010, en el sentido de impedir una segunda reelección consecutiva, fue el campanazo que activó lo que más tarde se iba a convertir en un pequeño terremoto en el seno del sector dominante en las élites políticas. Los primeros temblores llegaron con el nombramiento por el nuevo presidente Juan Manuel Santos dentro de su gabinete ministerial de algunos opositores que ofrecieron sus críticas al presidente saliente, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Los desajustes en las placas tectónicas subieron en la intensidad de sus repercusiones con la decisión disciplinada de la “U”, el antiguo partido creado por el ya expresidente, en la dirección de apoyar a su sucesor, sin desmarcarse de ninguna de las políticas del gobierno recién inaugurado; ni siquiera en temas muy sensibles que causaban escozor en el antiguo presidente, como el acercamiento con Chávez o la insinuaciones de que habría disponibilidad para las negociaciones de una paz, cuyas llaves “no habían sido arrojadas al mar”.

El movimiento telúrico dejó escapar sus ondas devastadoras, cuando en 2012 el presidente Santos anunció que las conversaciones con las guerrillas de las FARC, se iniciarían oficialmente en los marcos de una agenda delimitada en forma precisa y que concluía con el punto en el que se expresaba la intención de las dos partes de poner fin al conflicto armado.

Desde entonces, el expresidente Uribe se planteó como un opositor al gobierno de su antiguo Ministro de Defensa. Así se producía la ruptura en el interior mismo del bloque político que sirvió de base a los dos gobiernos consecutivos del presidente Uribe. Un rompimiento de tipo político y también de alcances pretendidamente ideológico-morales.

El diferendo contenía dos elementos, uno explícito y otro implícito pero ciertamente muy real. La oposición y las cítricas iban contra la composición del equipo de gobierno y contra sus políticas más visibles, el acercamiento a Venezuela o el gasto público excesivo. El diferendo implícito e indirecto tenía una manzana de la discordia: la mayor parte de la “clase política” se había ido con el presidente en ejercicio y le volteaba la espalda al expresidente, quien hasta hacía poco era su líder indiscutido. Así, el cuerpo mismo de la representación política, ese conjunto de los representantes agrupados en los partidos, pasaba a ser el motivo de disputa entre los líderes, capaces de postularse a la presidencia y ganarla.

La dimensión ideológica, por otra parte, esa contradicción en el campo de las ideas, la proporcionaba el tema de la paz; esa forma diferente de mirar su consecución. Era una oposición surgida alrededor de las posibilidades de una negociación que contemplara concesiones a la subversión; una oposición que por cierto se mezclaba con elementos “morales”, como la crítica contra Santos por “traidor”; o por condescendiente con el terrorismo.

Ya se ha dicho que Uribe Vélez consiguió en su momento poseer tres ases en la partida de póker: la ascendencia sobre la opinión pública, el gobierno, y el control sobre la clase política. Pero, con Santos su sucesor en el poder, el expresidente se quedó de pronto sin dos de esos ases, el gobierno y la dirección sobre la clase política.

De ahí que su oposición al sucesor acentuara el discurso ideológico-moral para consolidar su tercer as, el de la adhesión, incluso movilización de esa gran parte de la opinión pública, con la que mantenía una indeclinable sintonía a partir de sus acciones en materia de seguridad.

El discurso contra el terrorismo, a la vez ideológico y moral, le permitía deslegitimar al gobierno y asegurar de su lado un gran sector de la región.

A partir de ese deslindamiento de campos, discursivo e ideologizante, incorporó como un ingrediente más su oposición a la negociación de paz, señalado este como un factor de conciliación injustificada con el enemigo terrorista, aunque se tratara de un proceso normal de conversaciones seguramente atravesadas por concesiones mutuas, amparadas en un intercambio de intereses entre las partes; por cierto, empeñadas ambas en un tránsito complicado pero posible de la guerra a la política.

Asegurado un ascendiente claro sobre una parte de la opinión pública, mientras por otra parte las cuotas de popularidad del gobierno bajaban sin consuelo, el expresidente lanzaba una apuesta fuerte, la de crear un nuevo partido con el propósito de quitarle las bases a su antigua colectividad, ahora dirigida por Juan Manuel Santos.

La ruptura dentro del bloque dominante de las élites se intensificó en el plano del discurso ideológico y moral, a propósito sobre todo del terrorismo y de la paz negociada. Pero no se trasladó al conjunto de la “clase política”. Si polarización hubo en las declaraciones, en los pronunciamientos y en los trinos dentro de las redes sociales, ella no alcanzó a la representación parlamentaria que no sufrió ninguna fisura. Sobre todo, no afectó la estabilidad en la coalición de los partidos gobernantes; la cual siguió en manos de Santos, el presidente.

La polarización, nacida de una oposición ideológica e incluso moralizante, se instaló evidentemente en la opinión pública que quedó radicalmente dividida, en lo concerniente al gobierno e identificada como polos opuestos con los liderazgos de Santos y de Uribe. Y además en lo referente al tema de la paz.

Las elecciones de 2014, en las que el expresidente Uribe lanzó su poderosa OPA, en el mercado electoral, como si fuera una compra de acciones a un precio irresistible, le representaron un éxito notable, al presentar en el escenario electoral a su partido, el Centro Democrático. Pero aun así no consiguió romper los equilibrios en el Congreso; ni siquiera le hizo mella a su antiguo partido, el de la U. Apenas se hizo a su propio nicho entre las bancadas importantes del Congreso, pero sin debilitar a la coalición gobernante.

En el segundo gobierno de Santos, la confrontación ideológico-moral mantuvo su intensidad, con efectos inmediatos de división en la opinión pública, pero no partió en dos a la representación política (la que toma cuerpo en el Congreso), la cual continuó bajo el formato mixto de una alta fragmentación (unos 11 partidos) y la conformación de una coalición hegemónica en la que se integran unos 4 partidos relativamente grandes, a los que se suman algunas pequeñas colectividades. Ya sin los atenuantes del Frente Nacional (extensivamente entre 1958 y 1991), las divisiones partidistas de orden ideológico, cultural y moral, recobraban los acentos radicales de los años 40 y 50 del siglo XX. Eso sí, ya sin el bipartidismo de entonces y más bien con la fragmentación de ahora. La radicalización más la retórica excluyente no alcanzaron con todo a permear los comportamientos de la representación parlamentaria y la vida de la mayoría de los partidos; al menos, no provocaron rupturas o desgarramientos traumáticos en las mayorías parlamentarias.

II. Las elecciones en 2018: entre la polarización y la fragmentación

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Tomado de Periódico Libertario, 2014 

Aún si la representación parlamentaria nunca llegó a partirse en dos mitades acerbamente enfrentadas; aun si las cosas no sucedieron de esa manera; en la opinión pública y en las redes del “mundo virtual”, la polarización y los pronunciamientos radicalizados se mantuvieron a lo largo del segundo mandato de Juan Manuel Santos. Fue un período durante el cual se concretó finalmente el Acuerdo de Paz con las FARC y se discutió y aprobó buena parte de las leyes y actos legislativos, necesarios para la implementación de dicho acuerdo, particularmente la estructura de la Jurisdicción Especial (JEP), un factor decisivo para el tránsito a la paz y a la política, pero también un elemento de discordia, por todo lo que pudiese contener de real o aparente impunidad. Sin duda, fueron elementos que alimentaron la oposición a un acuerdo, que permitió de todas maneras el abandono real de las armas por la guerrilla de las FARC.

La división en dos mitades en la opinión pública y en los electores quedó evidenciada en el plebiscito, ganado por el NO, por escasos 53.000 votos, el 0.3%. Al mismo tiempo, la refrendación que de ese mismo Acuerdo (incluidas algunas modificaciones) hiciera el Congreso, por una amplia mayoría, fue algo que puso de manifiesto otra realidad dentro de la representación política, en la que ha imperado la fragmentación de partidos, en vez de la bipolaridad; lo mismo que la lógica de las coaliciones mayoritarias del gobierno.

Para estas elecciones de 2018 pueden repetirse las lógicas de fragmentación interpartidista en el Congreso y de mayor polarización en las presidenciales, aunque estas últimas elecciones presenten variaciones sensibles en sus equilibrios; y en las dificultades que han surgido para que alguna opción partidista llegase a copar el “centro” del electorado.

En las parlamentarias del 11 de marzo el partido del expresidente Uribe ciertamente mantuvo un buen comportamiento en las urnas, pero sin llegar a superar el 20% de la representación de todo el Congreso; es decir, sin dejar de ser una minoría, aunque sea una de las de mayor peso. Por el contrario, la opción que tuvo una desmejora importante en el peso de su representación, fue el partido del presidente Santos, aunque sorprendentemente se mantuvo un nivel competitivo con 14 senadores. Mientras tanto, el partido del ex vicepresidente Vargas Lleras experimentó un ascenso notable, lo que ha llenado quizá las pérdidas sufridas por el santismo. Simultáneamente, los más antiguos partidos, el liberal y el conservador, han mantenido un peso similar al de hace 4 años, aunque en  algunas pérdidas en el Senado.

Así, los 5 partidos mayores, más convencionalmente articulados al poder gubernamental durante los últimos 16 años, aunque con alternancias y disparidades conocidas, han quedado inscritos otra vez en un formato muy parecido a un mosaico de minorías, muy importantes, pero minorías al fin y al cabo; de modo que ninguna de ellas por separado ha quedado en condiciones de imponerse dentro de la representación parlamentaria; lo cual hace necesario, tanto para problemas de gobernabilidad como de hegemonía ideológica, política y programática, el hecho de que otra vez todos o algunas de ellos pongan en funcionamiento la operación de una coalición mayoritaria.

El problema es que antes de las presidenciales no habría claridad todavía sobre el sentido en el que se formase dicha coalición ni bajo qué composición, dadas las distancias ideológicas, sobre todo alrededor de la paz, que se evidencian en el cuatrienio que termina.

En realidad, ninguno de los partidos típicamente convencionales, lo más identificados con el statu quo, puede por sí solo detentar una mayoría en el Congreso; pero entre los 5, unidos, conformarían una coalición hegemónica; es decir podrían prolongar el formato de alianzas propio del último tiempo. Sin embargo, los antecedentes indican que no todos caben necesariamente en la misma alianza.

Bajo el gobierno de Uribe Vélez, sobre todo en el segundo mandato, el partido liberal estuvo por fuera de la coalición del gobierno, obligado así a mantenerse en la oposición. Al contrario, bajo Santos, el partido liberal entró al gobierno e hizo parte de la coalición hegemónica, mientras el partido del expresidente Uribe se trasladó a la oposición.

La unidad de esos 5 partidos, entroncados dentro statu quo, daría lugar a una mayoría aplastante, sin mucho juego para la izquierda y el “centro” inclinados a las posturas alternativas  como los verdes, aunque este último bloque tenga ahora un peso más significativo dentro de los equilibrios de fuerza, puesto que los “verdes”, el “Polo” y los “Decentes”, más las minorías étnicas podrían contar con poco más de 20 legisladores en el Senado, una cifra más elevada que cualquiera otra en el pasado, para la izquierda y las fuerzas independientes.

Con todo, la geometría y el alcance de una coalición mayoritaria dependerán naturalmente de la elección presidencial y del candidato, que al resultar ganador, engancharía a su partido a una posición de privilegios para atraer a los demás a una coalición, ofreciéndoles participación en el gobierno.

En la competencia por la presidencia se define, además de la suerte por el control del poder, la dirección sobre el conjunto de la “clase política” o sobre la mayor parte de ella, obligada como queda esta última por razones de pragmatismo a estar cerca de quien detente la jefatura del gobierno, siempre y cuando se mueva en el campo de las fuerzas afines al ejercicio tradicional del poder.

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Tomado de Publimetro, 2018

De esos 5 partidos, tres presentaron candidato propio, el Centro Democrático, el Partido Liberal y Cambio Radical. De esa manera, la prolongación de la bipolaridad entre el gobierno de Santos y la oposición de Uribe Vélez, se agotó para la elección presidencial, pues ni el partido de la U presentó candidato presidencial propio, para continuar la disputa que quedó “casada” después del plebiscito; ni tampoco fue posible, ni siquiera se intentó una coalición de entrada en pro de los Acuerdos de paz, vertebrada entre liberales, conservadores y santistas. En tales condiciones, estos últimos se quedaron a la espera de que Vargas Lleras, el vicepresidente de Juan Manuel Santos; o Humberto de la Calle, el negociador de la paz; ambos vinculados al gobierno de Santos se perfilaran cada uno como el candidato dotado del capital suficiente para hacerle frente a la opción uribista y para recoger el respaldo de la mayor parte de los políticos que apoyaron en el Congreso las negociaciones de paz.

Pero Vargas Lleras inexplicablemente se movió bruscamente “hacia la derecha”, en lo que se refería a la posición frente al Acuerdo con las FARC, buscando quizá electorado, que ya “colonizado” por el expresidente Uribe Vélez, con lo que se quedó sin un nicho electoral claro; y además con lo que desorganizó inicialmente las posibilidades de apoyo por parte de los partidos de la coalición santista, un obstáculo que lo tendría que haber obligado a realizar grandes esfuerzos por reposicionarse en el “centro”, a fin de encontrar franjas más claras de electores. Ahora bien, es cierto que el apoyo de la U después de las parlamentarias a Vargas Lleras, cuando éste último todavía no recibía los favores de la opinión en las encuestas, lo pudo presionar para que se desplazara programáticamente a tener una posición más conciliadora con el Proceso de Paz.

Humberto de la Calle, por su parte, hombre de talla presidencial y de discurso fluido y bien elaborado, se quedó al parecer lastrado por su vinculación con el partido liberal, en momentos en que algunas de las colectividades participantes en la coalición mayoritaria daban muestras de un enorme desgaste; por lo cual siempre tuvo dificultades para reflotar en las tendencias que reflejaban las “intenciones de voto”, dentro de las inclinaciones generales de los electores, aunque por otro lado exhibiera altas cuotas en el renglón de las “opiniones favorables” entre los ciudadanos.

De repente, las franjas del “centro” en el electorado, decisivas para el triunfo de uno u otro candidato, se quedaron huérfanos de liderazgos con fuerza. Vargas Lleras, Humberto de la Calle y el independiente Fajardo, venido de otro centro político, pero animado por la vocación para posicionarse en el “centro” del espectro político, se estancaron en las encuestas, lo que dificultaba que tomara forma, al menos en los comienzos de campaña presidencial (inicios de abril) el fenómeno de articulación entre un liderazgo, por un lado; y una masa de electores, por el otro, en busca de representación política; algo que sin embargo no impedía un cierto reflotamiento en la opinión de centro por parte del candidato Sergio Fajardo.

Simultáneamente, un candidato como Gustavo Petro se posicionó y se instaló cómodamente en unas franjas ciudadanas de izquierda; lo que remitía a antecedentes como la votación de Carlos Gaviria, la que llegó a 2 millones 600 mil votos; o incluso después a la de la “ola verde” de Mockus, con 3´600.000 votantes, muchos de ellos jóvenes.

En esa forma, emergieron de las consultas internas y de las elecciones parlamentarias dos figuras que descollaban frente al pelotón de candidatos, Iván Duque del uribismo; y Gustavo Petro, especio de outsider sin partido, aunque veterano político, exalcalde y exparlamentario; eso sí ambos candidatos separados por una diferencia relativamente grande en las intenciones de voto, según las encuestas, en favor del primero, al menos en las primeras semanas después de las elecciones para Congreso.

Sin candidatos fuertes en el “centro” del arco político, al menos en los inicios de la competencia, ésta pareciera configurar bipolaridad entre el uribismo y ya no el santismo, sino un izquierdismo particular, el del petrismo, el mismo que ha sabido capturar la atención del votante de izquierda y de los jóvenes más incluidos a alternativas como las que representa el ecologismo y la defensa de bienes como el agua; pero tal vez sin el suficiente alcance como proyecto para atrapar el interés de ese “centro”, huérfano de líderes; y, al contrario, susceptible de ser identificado con el famoso “castro/chavismo”, estigma que “jugó” con éxito como puente de descalificación contra aquel a quien se le endilgase semejante epíteto; descalificación alimentada por las realidades trágicas que ha mostrado la crisis social y política en Venezuela.

Los señalamientos del castro/chavismo han saturado el debate político con temores y fantasmas sobre un porvenir de despojos y expropiaciones en la nación. Cualquiera identificación con la carga negativa que entraña el calificativo, en cabeza de alguien, podría enajenarle una aproximación ideológica o cultural a esos electores de centro que por el contrario se espantarían.

De ahí que después de ciertos límites de apoyos que lo pudieran beneficiar, muy significativos por cierto, el candidato Gustavo Petro podría comenzar a provocar el efecto contrario. En la medida en que se consolidara como una opción para pasar a la segunda vuelta, podría despertar reacciones en su contra, desplazando electores, por miedo, hacia las toldas del uribismo, con lo que el candidato Iván Duque terminaría obteniendo una rentabilidad en votos, aprovechada con relativa facilidad. El éxito de candidato Petro, podría acarrer su propia derrota, por los votos que reactivamente lanzaría hacia el candidato uribista.

III. Discursos y “envenenamiento” del debate político

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Tomado de Semana, 2018

Uno de los rasgos más notorios y a la vez más negativos en los procesos electorales más recientes en Colombia y que desde luego invade el debate público no es otro distinto a la radicalización del lenguaje político entre unos y otros, con descalificación mediante adjetivos y acusaciones, que degradna la discusión pública y envuelven exclusiones más que razonamientos.

Las disputas inter-partidistas durante ciertas épocas en la historia colombiana estuvieron envenenadas por ideologizaciones perniciosas o por ataques virulentos, que incluso levantaron una atmosfera favorable a la violencia política o a que otras violaciones de origen social se “politizaran” en medio de unas luchas por el poder, sin lazos de entendimiento o con lazos muy débiles entre los adversarios; muchos de las cuales revelaban una inocultable carga autoritaria, tanto en la personalidad como en la palabra, heredada de la mentalidad colonial y hacendataria; personalidad y lenguaje enraizados en el pasado y en las estructuras sociales.

Con la inauguración del “Frente Nacional” y el apaciguamiento entre los partidos históricos que pasaron a competir el poder, el encono y la exclusión ideológizante y moralista, cedieron en el lenguaje político; y los mensajes sobre la paz y la seguridad, sobre la conciliación y la colaboración entre los antiguos adversarios, ocupó el primer plano en los discursos dentro de la confrontación electoral.

Después de la Constitución de 1991 floreció el multipartidismo y la libertad completa para la creación de colectividades políticas de toda suerte. Principalmente, se rompieron casi todos los diques que limitaban la competencia entre partidos por el poder. Sin embargo, hubo un referente común de identidad, en medio de la competencia abierta del debate sin talanqueras: la nueva Constitución que consagraba de modo amplio los derechos humanos; y, además, la democracia participativa; razones de más para que los diversos actores de la coyuntura política se sintieran referenciados en un factor común; en un verdadero fundamento, del que se reconocieran en los marcos de una adhesión común.

Ya después, con la intensificación y la multiplicación del conflicto armado interno, más las tentativas de negociación con la insurgencia, mientras se mantenía abierta y fraccionada la competencia electoral por el poder, a lo que se agregó como elemento adicional la reelección y el posterior freno que le impuso la Corte; ya después de todo esto, las contradicciones en el seno de las élites, como en el pasado, comenzaron a hacerse más crudas, junto con unos discursos menos controlados y mucho más agresivos que en el inmediato pasado.

Una cierta dinámica de la competencia política, a partir de la lógica del “enemigo”, comenzó a imponerse, lo cual no dejaba de evocar los años 40 y 50 del siglo XX.

Ciertamente, en las nuevas circunstancias (los primeros 15 años del siglo XXI) las contradicciones interpartidistas no llegaron a convertir al Congreso en una arena de lucha irreductible, como tampoco lo hicieron con los grandes medios de comunicación tradicionales, los que en su mayoría se mantuvieron al margen del lenguaje pendenciero y acusador. Pero ahora, el discurso descalificador y el señalamiento del “otro” como un enemigo o casi, encontraron un nuevo campo de expansión y de resonancia, carente de control frente a los insultos o a los “fake news”; las redes sociales en las que muchos de los actores sociales y sus seguidores han dado rienda suelta a la polarización y al discurso preñado de exclusiones.

Ciertamente, el conflicto armado entre el Estado y la guerrilla de las FARC terminó;  y estas últimas desaparecieron en tanto agentes de la subversión; pero el lenguaje señalador en términos del terrorismo ha continuado.

La sustancia se acabó pero el fantasma ha pervivido, con esos discursos que descalifican al “otro”, como un enemigo. Son discursos que desde luego siguen circulando con cierta eficacia porque proporcionan una identidad con referencias ideológicas al orden y a la seguridad; porque en los extremos opuestos afirman trincheras y aseguran las lealtades más primarias; y porque reproducen los fantasmas políticos, psicológicos y morales de muchas de las franjas de los electores, situados en los extremos del debate público.

IV. La opinión pública, los comportamientos electorales y la paz

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Tomado de: Telam, 2018

Durante los últimos 25 años los comportamientos electorales de los colombianos se han repartido, no desde el punto de vista de la orientación sino de las formas de enganche con la representación, entre las adhesiones a las clientelas y la votación de opinión; entre las lealtades a los partidos y la votación independiente. Es decir, se han distribuido en ejes de participación: en primer lugar, el eje que va los ejercicios clientelistas, a los votantes de opinión, quienes se guían por los programas o por el candidato o por los motivos de la coyuntura; en segundo lugar, el eje que va de la disciplina y la adhesión partidistas a la votación representada por aquellos que participan en las urnas sin referencia a ninguna lealtad de partido.

Son ejes distintos de comportamiento, pero naturalmente incluyen la yuxtaposición entre conductas de diverso orden; y que pueden coincidir en las actitudes de un mismo elector. Por ejemplo, un votante leal a un partido puede al mismo tiempo ejercer su papel de elector en los marcos de una relación clientelista; claro que también puede no necesariamente obrar de ese modo, pues más bien puede ejercer su derecho ciudadano dentro de la disciplina de un partido sin pasar por la pertenencia a una empresa clientelista.

En todo caso, se trata de lógicas distintas, aunque a veces se confundan en la práctica; todo ello sin contar con el eje de orden ideológico, que puede ir desde la derecha a la izquierda, pasando por el centro; algo que tiene que ver con la orientación; o desde el socialismo a la democracia cristiana, por ejemplo; o desde el liberalismo al conservatismo; según las distintas tradiciones nacionales.

Ahora, los comportamientos, como en las décadas pasadas, parecen repartirse en proporciones más o menos en una medida exacta, entre los votantes que de una u otra manera se adscribían a pautas de adhesión a clientelas; y las que obran a modo del elector de opinión, basándose en ciertos referentes que ofrece cada coyuntura electoral; y que tienen que ver con la oferta de cada partido; su oferta en discurso y promesas, en programa y candidato; elementos que ponen a disposición del “mercado” electoral  para seducir a ese tipo de votantes.

Los electores adscritos a empresas clientelistas y los que simplemente, sin intercambio de favores, se muestran leales a una identidad partidista, pueden distribuirse, bajos distintas proporciones en todos los partidos.

Por su parte, los votantes de opinión se han desplazado hacia distintos candidatos, según su propuesta o su carisma o según sus conductas en las coyunturas electorales de las últimas décadas. Hacia candidatos asociados con el orden y la seguridad o hacia candidatos más inclinados hacia propuestas que tengan que ver con la paz, por ejemplo.

A este propósito, se ha vuelto un tópico decir que a Uribe, los candidatos lo eligieron para combatir a las FARC, después del fracasado Caguán; y que a Santos lo eligieron para que hiciera la paz, con esa misma guerrilla.

El hecho es que la guerra y la paz han estado en el centro de los desplazamientos de la opinión pública, de sus oscilaciones pendulares; pero también de sus divisiones. En los últimos 8 años, la opinión pública, además de oscilar entre la guerra y la paz, ha terminado dividiéndose acerca de temas que tienen que ver con la forma como se aborda la conquista por la paz.

Es una opinión pública que, en términos electorales, también aparece dividida entre quienes defienden o atacan la negociación hecha con la guerrilla.

Ahora bien, todo indicaría que las franjas de opinión adversas al Acuerdo de Paz son coincidentemente, más cercanas a las lealtades partidistas, en el campo más conservador. Mientras tanto, entre los electores, amigos  del Proceso de Paz, hay franjas muy amplias que se caracterizan por la condición de votantes independientes.

Esos votantes independientes, a la vez inclinados a los acuerdos de paz, hacen parte de franjas, no asimilables a las lealtades con la izquierda y con partidos de “centro” amigos de la paz; y que se caracterizan por actitudes más fluidas, quizá más aleatorias. Y que en las actuales elecciones presidenciales no han encontrado una propuesta (una oferta, un “combo” que incluya candidato, partido y programa), de suficientemente creíble y cohesionada que les permita movilizarse con fuerza ganadora, al lado de otros votantes de lealtad partidista.

 

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A terminar la tarea, Santos

Publicado: agosto 24, 2017 en Política

Con el último año de sesiones dentro de la actual legislatura, tienen inicio los próximos seis meses, en los que el Congreso debe aplicar el fast track, a fin de concluir la aprobación de las leyes que materialicen la implementación del Acuerdo de Paz.

Tal ha sido el horizonte de sentido, el marco coyuntural, que le dicta las necesidades al gobierno de Juan Manuel Santos; el que determina su discurso y sus estrategias; incluso, las operaciones de su mecánica política.

El discurso

En las palabras pronunciadas el 20 de julio, el presidente dejó ver la orientación de su reflexión, el tono y el contenido un tanto trascendentes y conminatorios, pero plenamente justificados, dada la resonancia histórica que revisten los compromisos políticos, nacidos de ciertas circunstancias del momento; particularmente, de aquellas relacionadas con el proceso de paz.

Dijo, con razón, en el recinto del Congreso: el cumplimiento del Acuerdo “es una obligación moral, política y legal”. Para acentuar este sentido de alta política y de elevada moral en lo público, Juan Manuel Santos recordó dos hechos que acompañan al Acuerdo; uno, el de que se trata de una responsabilidad de todo el Estado, no solo del Presidente; y dos, la condición de que el país tiene una responsabilidad asumida ante la “comunidad internacional” y especialmente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Aunque no faltaron voces hirsutas o destempladas que interpretaron en estas palabras solo un regaño desapacible, en realidad ellas se corresponden muy bien con el tipo de compromiso contraído por el Estado, en este Acuerdo que atrae a una guerrilla hacia la vida civil; por cierto, un acuerdo avalado por la Corte Constitucional, que ha quedado dotado de un cierto carácter especial, tocado por una connotación de acuerdo internacional. Ese mismo del que naturalmente nacen obligaciones para el Estado en su conjunto, al contrario de lo que opinan algunos personajes públicos, para los que este tipo de acuerdos solo comprometen al presidente de la República, el firmante, olvidando deliberadamente que si este ha afirmado un tratado de esta naturaleza, lo ha hecho por las facultades que le confiere la Constitución para representar al Estado en un Acuerdo que refunda y amplía la soberanía estatal.

Las estrategias

De ahí que el presidente y su gobierno tengan que desplegar sus empeños para conseguir en el Congreso las mayorías, a veces vacilantes pero indispensables, en la dirección de sacar adelante la implementación del Acuerdo, la tarea central en la agenda política durante el último año de gobierno.

En esta perspectiva, el ministro del interior, Guillermo Rivera, se ha acorazado en un optimismo sin falla. A la salida de una reunión con los partidos de la nación, informó a quien quisiera escucharlo que todos ellos se pronunciaron en favor de la implementación; incluso Cambio Radical, siempre retrechero, y que ahora detenta la presidencia de la Cámara, aunque eso sí en cabeza de Rodrigo Lara, político joven y algo arrogante, quien sin embargo ha respaldado las leyes de la paz. Y también el partido Conservador, con el que se presenta una situación similar y al que le ha correspondido la presidencia del Senado, solo que, en la persona de Efraín Cepeda, un político tradicional pero bien comprometido con la paz, y distanciado de las mezquindades de un Andrés Pastrana.

En el pequeño trecho del receso legislativo, el gobierno arregló las cargas en lo que respecta a las inconsecuencias de algunos congresistas, quienes ya pelaban el cobre de la deserción. El trabajo de sensibilización realizado al oído de los parlamentarios ha dado algunos frutos inmediatos: el proyecto de las 16 circunscripciones electorales para las comunidades víctimas de la violencia, avanzó en su segundo debate al ser aprobado en el Senado por una holgada mayoría de 63 votos afirmativos contra 3 que lo negaron.

Con todo, algunos tropiezos sobrevendrán cuando los miembros del Congreso discutan la reglamentación de la Justicia Especial de Paz. Para revalidar el reagrupamiento de la coalición gobernante, el presidente guarda en la manga, sin muchas sorpresas, hay que admitirlo, el as de los ajustes burocráticos, los que terminan por amarrar aún más las redes de la coalición en el poder, tanto en el alto gobierno como en la administración local.

Los ajustes de la mecánica política

Ha pedido también el presidente la renuncia protocolaria de todo el gabinete. Con lo cual tendrá las manos libres para darle curso a lo que en Colombia se denomina una crisis ministerial, un cambio parcial o total de los ministros, ocasión para recomponer o reafirmar las cuotas políticas correspondientes a las bancadas parlamentarias.

Es la forma de solventar y de tramitar la necesaria cohesión política en medio de la fragmentación que caracteriza la coalición hegemónica.

Las exigencias de la paz y la crisis de opinión serían los dos parámetros que impondrían su ley en la recomposición del gabinete ministerial. La amplitud de la coalición gobernante y los equilibrios que ella supone, no permiten ajustes bruscos o espectaculares, pues no dan mucho margen para unos cambios que deben respetar las cuotas de por lo menos cuatro grandes partidos.

Margen hay en cambio para los liderazgos fuertes y definidos. La dificultad estriba, con todo, en el buen ojo del presidente para ubicarlos; y en que si los encuentra, las personas que posean el buen perfil decidan vincularse a un gobierno con el sol a las espaldas.

Imagen tomada: http://www.radiomacondo.com

Una sombra recorre el orden político; es a la vez viscosa y repugnantemente verdosa, como una plaga bíblica; copa diversas instituciones, incluso las más sacrosantas; se cuela por los intersticios; se agazapa en los rincones; y vuelve a caminar por las esquinas y gavetas de las oficinas; también por los clubes y los condominios de lujo, allí donde se arman los cruces, se sellan los pactos y se distribuyen los fajos de billetes. Es la corrupción. Ola rampante. Invasiva. Asfixiante. Una empresa múltiple, ubicua.

Odebrecht exhibió el carácter sistemático y desvergonzado de los sobornos; distribuidos a granel para desvirtuar por completo el sentido de lo público en la contratación estatal; sumergida así en una venalidad descarriada que ahoga en una especie de pantanosos anti-valores a la empresa privada, a la administración pública y a la representación política.

El “Ñoño” Elías

La detención policial del senador Bernardo “El Ñoño” Elías, una suerte que quizá le espere a otros parlamentarios como Antonio Guerra y Mussa Besaile, evidencia la práctica punible de utilizar la representación popular para no solo los negocios legales, sino sobre todo para la exacción del Estado a través de “comisiones” ganadas por servicios ilícitos en los trámites administrativos. “Cuadrados” ellos con el uso de las influencias y las presiones, acercándose a los funcionarios inescrupulosos, a fin de conseguir favores para los contratistas.

Las acciones ilegitimas se trenzan con la habitual intermediación parlamentaria, por donde se llega al saqueo del erario.

La justicia y el negocio

A su turno, las investigaciones judiciales de algunas agencias de los Estados Unidos han comenzado a tirar de una madeja, la de la corrupción en los propios estrados judiciales, sin que de ella se escapen los tribunales y las altas Cortes. Allí median y medran los personajes como el agente por excelencia del soborno y del perverso tráfico con todo aquello que constituye un bien público, ese fiscal anticorrupción, tristemente célebre, el señor Gustavo Moreno, corrupto hasta los tuétanos, pero al mismo tiempo muy próximo a altos magistrados, tales como los juristas Ricaurte, Bustos y Tarquino, ahora localizados por el radar de las investigaciones que realizan las ya mencionadas entidades norteamericanas.

Serían dos tramas, con tejidos espesos y ramificaciones extensas, que se tragan el tesoro público, a través de las intermediaciones para obtener favores en beneficio de particulares, para confundir la esfera de lo público con el negocio y con el robo; y que señorean en tres campos claves en la existencia del poder; a saber, en la administración, en los partidos y el Congreso, esto es, en la representación política; y finalmente en las estructuras de la justicia, precisamente allí donde debiera prosperar un mayor rigor ético y republicano.

La descomposición

Lo cual muestra ad nauseam las dimensiones de la descomposición del mundo de lo público; por cierto, apropiado de esa manera insana por un pequeño ejército de agentes sociales, animados por una lógica privada y a la vez morbosamente ilegal.

Por lo demás, se trata de un proceso que, con su cortejo de coimas, sobre-facturaciones y sobornos, patentiza un estado generalizado de anomias en las élites, acompañadas por la ilegalidad; y que se apoyan en el ánimo del enriquecimiento fácil, por encima de los valores del interés público y la honestidad. Es un fenómeno de contaminación a través del capital de usurpacion, ese que no está asociado con el trabajo, y que recubre como una capa espesa y venenosa la conducta de una buena parte del personal político y burocrático; todo ello convertido en la manifestación de una subcultura extractivista, parasitaria y aventurera. 

 

 

Tramas y maquinarias de la corrupción

Publicado: agosto 24, 2017 en Política

Odebrecht se ha constituido en una máquina productora de corrupción. Representa al capitalismo que genera a esta última en forma de plusvalía; una forma de reproducción ampliada que a la vez se articula con la venalidad política y con el saqueo administrativo.

Es una suerte de mundo paralelo, con apariencia de institucionalidad, en el que sin embargo campean el robo y la ilegalidad; otro universo de la usurpación; emporio de malandrines con corbata que, con todo, no discurre siempre separado de la legalidad o de la vida institucional, pautada por normas transparentes; sino que entra en contacto con esta última a través de mil hilos invisibles; que la permea con su subcultura de cinismo deletéreo; con su frescura mafiosa que se infiltra en su centro palpitante; allí donde se toman las decisiones y se construyen las representaciones;  y en donde se aloja con sus códigos secretos, para poner en funcionamiento la complicidad entre bandidos y para abrir los drenajes de la sustracción tramposa.

El procedimiento siniestro

Los actores de la corrupción se instalan en uno de los terrenos en donde más fluida es la circulación de recursos monetarios en el Estado; en la contratación pública; es decir, en esa forma de  acción política en la que las agencias oficiales pagan por los servicios y las obras ejecutadas en manos de los particulares. Por allí marcha como un torrente el presupuesto público para los adelantos y las remuneraciones a las empresas, muchas veces conformadas  a última hora; y que reciben el encargo de esas actividades que el Estado necesita para materializar sus políticas.

Paralela y soterradamente toma forma otro circuito, el de los sobornos; con los cuales se  paga a los funcionarios el favorecimiento que propicien en la adjudicación de los contratos a determinadas empresas particulares, entre aquellas que aspiran a ser las beneficiadas dentro de las licitaciones o las asignaciones directas.

La adjudicación del contrato cae en manos de la empresa sobornadora. De esa manera, las dos partes engañan al Estado y consiguen unas ganancias repartidas, las mismas que encarnan una fracción tóxica y delincuencial de la plusvalía social, una plusvalía ilegitima que en términos legales se traduce en la configuración del tipo penal “enriquecimiento ilícito”.

En estas operaciones de sobornos y plusvalías bastardas, la empresa capitalista Odebrecht reconoce la entrega de sobornos en Colombia por un monto de 11 millones de dólares, más de 30 mil millones de pesos. Hoy la Fiscalía General después de sus pesquisas tras las huellas de contrataciones ficticias, ha denunciado que el monto es mucho más grande. En todo caso, se trata de utilidades enormes e ilícitas, distribuidas por los circuitos del delito, cloacas que comunican a los empresarios inescrupulosos y a los funcionarios carentes de cualquier principio ético en la vida pública.

La trama y los propósitos aviesos

El intercambio de sobornos y favoritismos en la contratación, despliega la existencia de un tejido descompuesto moralmente pero eficaz técnicamente, tanto para la operación que logra el favorecimiento en la adjudicación, como en la consignación y repartición de las ganancias del delito.

Justamente por tratarse de esto, de un delito, sus acciones demandan la conformación de una cadena de operadores, los que por cierto valorizan sus acciones, de acuerdo con el lugar que ocupen en el mundo de la contratación y en el Estado; que es en donde pueden poner a punto la capacidad de su influencia.

Además de la empresa sobornadora y de los funcionarios sobornados, esos dos polos del eje central en el “emprendimiento” corruptor, aparecen los intermediarios compuestos por varios eslabones; intermediarios que establecen el nexo y que desempeñan su lobby,  bajo la sutileza de la oferta tentadora o bajo la presión y el chantaje.

En ese mundo de la intermediación y la oferta venenosa entran en escena los políticos profesionales, aquellos que tengan representación o que al menos mantengan una cercanía con esta última.

Un Otto Bula, confeso tramitador de sobornos  ofrecidos por Odebrecht, valoriza su intervención en la operación de corrupción, no por su poder intrínseco, sino por su proximidad al poder de la representación política.

Son sin embargo algunos personajes que detentan la representación política, como congresistas o concejales, los que pueden ejercer una mayor presión sobre el funcionario o una mayor capacidad de seducción; o las dos cosas al tiempo. Este tipo de intermediarios, según su influencia y su poder de amenaza, llegan a disponer de una parte gruesa en las ganancias ilícitas. Así la distribución de la plusvalía criminal responde a productores e intermediarios que extraen una parte de ella, en correspondencia con el lugar que ocupan en la cadena de la producción de ese objeto que se llama corrupción; y naturalmente, también, de la fuerza que simulen poseer o que muestran de verdad.

Ahora bien, la intervención de agentes sociales que provienen del personal político, sumada a la participación de los funcionarios de la administración pública, acaba por dañar irreparablemente al Estado; y lo hace en todo lo que éste encierra de capital simbólico, incluida su legitimación ética, dentro del orden social. Sencillamente esta intervención de los agentes políticos convierte al Estado en una cleptocracia; en un poder social en el que el robo de lo público es el mecanismo que contamina las decisiones y lesiona el sentido de la representación política.

Imagen tomada: http://www.elpolitico.com/tag/odebrecht/ 

LA REFORMA POLÍTICA QUE NO SERÁ

Publicado: julio 27, 2017 en Política

Después del 20 de julio llegará la siguiente oleada de leyes correspondiente a la implementación del acuerdo de paz. Seguramente sin el empuje de la anterior, pero con contenido y alcances normativos y materiales, tan significativos quizá como los que encerraban las primeras leyes acordadas por medio del fast track.

¿Reforma política para la democracia?

Una de las medidas de orden legal y constitucional que recoja un conjunto de disposiciones correspondientes a las necesidades de transformación será la Reforma Política, urgente paso para la ampliación democrática y para la corrección de los vicios que envilecen la construcción de la representación y la participación.

Ahora bien, hablar de la ampliación de la democracia como subproducto de la paz, es naturalmente hablar de un proyecto de gran envergadura. Un proyecto histórico, se entiende. Solo que traducido en términos de la propuesta legislativa será una empresa manifiestamente precaria, si se la compara con el tamaño de las necesidades previstas; un remedo de reforma seguramente.

Los vicios

La democracia colombiana es considerablemente clientelista y altamente abstencionista. Al mismo tiempo, el Estado abriga un componente intensamente cleptocrático; es decir, funciona para que parcialmente se lo roben; admite la corrupción como una forma con la cual se aceita el ejercicio del poder.

Clientelismo electoral y corrupción administrativa se cruzan en distintas zonas del comportamiento político, formando entramados, cuyo funcionamiento ominoso termina naturalmente en el saqueo del erario, pero sobre todo en una subordinación bastarda del interés público respecto de las lógicas impuestas por los depredadores particulares de la política.

En general, la democracia electoral –esa dimensión en la que la participación ciudadana en las escogencias políticas define el nudo de la representación- está pervertida por un juego en el que un cacique, a la vez profesional de la política, forma una empresa electoral para acceder, al amparo de un partido, a la representación nacional y local. Y con la cual abre sus posibilidades de acción en dos planos; a saber: de una parte, la intermediación de servicios que pone en contacto a los pobladores con el Estado; y de la otra, el control por parcelas de la administración pública haciéndose el jefe de la clientela al manejo de alcaldías y gobernaciones y presionando desde su bancada en las corporaciones públicas al Ejecutivo; en todo caso, situándose en el centro de una operación que le permite drenar en su favor los recursos públicos; sea por medio de la burocracia o de los cupos indicativos irrigados a las regiones o a través la contratación pública.

En la marcha de las empresas electorales, casi siempre clientelas políticas; en su reproducción; radica la trama de prácticas viciosas que sirven para una doble captura: la de los recursos del Estado y la de la conciencia de los electores; la de la plata y la de la lealtad.

En esa zona, pantanosa pero central de la democracia; descompuesta pero administrativamente rutinizada, florecen las técnicas sociales, propiciatorias, tanto de la apropiación de lo público, como de la contaminación de la conciencia ciudadana y de la corrupción del régimen.

El peso del entramado

Este juego que obra como un entramado de técnicas de perversión no cubre desde luego todo el campo de la democracia electoral, pero se ha instalado en el centro de la operación a través de la cual se constituye la representación de los ciudadanos. Y lo hace con una influencia tan grande que se aprecia fácilmente en la composición del Congreso, de las Corporaciones Públicas Regionales y de los Partidos Políticos.

Un cálculo al vuelo de su incidencia podría situar su participación –la de las empresas electorales y el voto clientelista- en al menos una tercera parte del mundo de la representación política, lo cual equivaldría a unos cinco millones, de los quince que en total suman la participación electoral; una proporción lo suficientemente importante como para desvirtuar el sentido profundo de la democracia y dar lugar a la corrupción, monstruo de mil cabezas.

Es un factor negativo que interviene en un universo de participación, débil por otra parte en comparación con el censo electoral que se eleva a poco más de treinta millones de votantes, el doble de quienes efectivamente depositan el sufragio.

En esas condiciones, el clientelismo con sus empresas electorales, base de los partidos tradicionales, adquiere un control, para el que además resulta funcional la abstención del 52 por ciento de los electores.

En ese orden de ideas, la democracia clientelista se acompasa con la abstencionista, para ayudar a la perpetuación de las hegemonías elitistas en manos de unos partidos tradicionales que siempre encuentran enfrente una oposición alternativa tan disminuida que se queda sin posibilidades de convertirse en gobierno o siquiera de ejercer el poder de chantaje en el Congreso, dicho esto último en el más legítimo de los sentidos.

La reforma ideal

Entonces, una reforma política seria debiera atacar directamente el control y la utilización de los recursos públicos por parte de los “políticos profesionales”.

Así mismo, condicionar la organización y la democracia dentro de los partidos, hoy convertidos en constelaciones de empresas clientelistas y en portadores de una razón social que facilita los avales, sin filtros de carácter ético.

Por último, la reforma debiera castigar severamente la corrupción y las faltas contra la ética pública, descargando el peso de la ley contra los individuos que cometen las faltas y contra los partidos que les dan cabida. En otro orden de ideas, en las disposiciones que se diseñen harían falta nuevas condiciones para la participación en una democracia tan abstencionista como la colombiana.

Dicho de otro modo, la reforma no debiera limitarse a ser una reforma electoral que por ejemplo sustituyera el voto preferente por las listas cerradas, lo cual no cambiaría mucho las cosas. Debiera al contario contener disposiciones en el sentido de modernizar el Estado desde el punto de vista del manejo de los recursos, del reclutamiento de la burocracia y del control sobre la contratación, separando estos tópicos del contacto con los políticos.

Al mismo tiempo, debiera imponer, así fuera por un periodo de doce años, el voto obligatorio. La superación del abstencionismo y la eliminación del clientelismo serían ambas, modificaciones que no solo sanearían la democracia, sino que muy probablemente alterarían la ecuación nefasta de las hegemonías tradicionales que coexisten con una oposición alternativa, casi marginal.

Sin embargo, nada de esto –o muy poco- contendrá la reforma política. Razón por la cual, es muy probable que a pesar de la paz, habrá más de lo mismo: clientelismo, corrupción y abstencionismo; y muy baja alternancia, como posibilidad de cambios en la composición de las fuerzas políticas.

Imagen tomada: http://www.pares.com.co/tag/elecciones-2015/ 

La razón y la paloma

Publicado: julio 12, 2017 en Política

La paloma, ya se sabe, es el signo alado de la paz. Del mismo modo, la lechuza, con sus hieráticos ojos de gato en la oscuridad, es reconocida desde la antigüedad helénica como el símbolo de la sabiduría, o de la razón, da lo mismo. Entonces es ésta la que ilumina reflexivamente el vuelo de la primera, como el trazo seguro en el logro de la convivencia.

La dejación de las armas y el fin del conflicto

Hay una necesidad histórica para que el país abandone por fin un conflicto armado interno, madurado – mejor, agotado –, a golpes de crueldad pesarosa, sin que por otro lado se abriese paso una salida militar creíble; sin que jamás las balas condujeran el enfrentamiento a un plano distinto; ese plano de la pura política, ya sin la ayuda ominosa de la violencia.

Es un simple problema de costos. Cientos de vidas, cobradas cada año por los combates estériles; atentados contra la libertad; al mismo tiempo, la baja inversión en el campo; el sacrificio por lo menos de un punto y medio porcentual (1.5%) en el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB); y, para completar, los riesgos del descrédito internacional, la imagen de una nación penosamente viable, mordida, como si de serpiente se tratara, por el narco ambicioso; arrasada por el paramilitar despiadado; y asaltada por unas guerrillas arcaicas, no por ello menos devastadoras.

Han sido los costos, cada día más grandes y, sin embargo, cada hora más inútiles, cuya eliminación, se volvió urgencia de cada minuto; apremio material y espiritual.

La razón y la paz

Solo que más allá (o más acá) de esas circunstancias históricas, la paz en Colombia es también necesidad trascendente. Corresponde al sentido profundo del hilo que recorre la construcción colectiva de la sociedad; el que puede articular los retazos desconectados por el crecimiento y la desigualdad en los horizontes de la cohesión social y la formación de una nación, merecedora de ese “plebiscito diario”, vislumbrado por Renán, con el que los ciudadanos la refunden siempre. Haciéndolo en torno de los valores comunes; eso sí, no interrumpidos por la exclusión, no fragmentados por la discriminación cultural.

Antiguamente, los griegos pensaban que en la atmósfera de la ciudad intervenían dos energías que, quizá, se movían en sentido contradictorio, la naturaleza y la ley; la physis  y el nomos. La una transportaba los instintos, animaba la fuerza de choque entre los individuos y los grupos. La otra domesticaba las pulsiones, controlaba los arranques naturales, para lo cual establecía las convenciones, que embridan el desatino y las ambiciones.

Al torrente de los instintos, a las energías de la naturaleza, correspondía el sentido (o mejor, el sin sentido) del azar. En cambio, al universo de la ley, debía corresponder la racionalidad, esto es, la gnomé, el cálculo, la previsión por el buen vivir en la ciudad.

La racionalidad en la conducción de la vida social, la previsibilidad para el buen gobierno, eran formas de pensar y de existir, que debían traducirse en la paz.

Esta última era la expresión de la razón, la misma que llenaba de sentido al ser humano; habitante entonces de la ciudad, hoy de la nación. Lo instintivo, la potencia, la fuerza, daban por el contrario curso a la guerra.

Hoy, como otras tantas veces en Colombia, deshilachada a menudo por guerras y violencias, recobra su vigencia plena esta idea clásica, la de vincular esencialmente la paz con la razón. Una paz al alcance de la mano, mucho más ahora que  las Farc han puestos sus armas en los depósitos herméticos de las Naciones Unidas; en un acuerdo en el que incorporan el entendimiento y la reconciliación, aplicados con las dosis justas de racionalidad y de razonabilidad. La racionalidad toma forma en un acuerdo que acaba con la guerra. Mientras tanto, la razonabilidad, la comprensión del otro, da vida a la operación que facilita la transformación del actor armado en partido político.

Ahora bien, en el pensamiento griego, la naturaleza y la ley no constituían una oposición absoluta, según lo hace notar un erudito como Vidal-Naquet. Pues ocurría que cuando los seres humanos fabricaban la ley, obraban también como parte de la naturaleza; terminaban por imitarla en sus reglas más visibles.

Así, la naturaleza (la physis) además de poseer la fuerza instintiva, la del desorden, también encerraba el orden, la posibilidad de aconductar con un sentido apropiado a los hombres y a las cosas.

La paz y la reforma

Hoy, en nuestro país, ante el gobierno y los ciudadanos se abre la posibilidad de superar el encuentro azaroso entre el caos y el orden; entre las tendencias a la guerra y las inclinaciones a la paz; lo cual también encierra la potencialidad de las transformaciones; más allá de un simple cese al fuego.

En la dialéctica natural del orden y el desorden, surge la posibilidad de la paz razonada. Lo cual, traducido a las condiciones de Colombia, bien podría significar la posibilidad de una paz no estática; la paz con cambio. Esto es, con justicia social; o, por lo menos, con una menor inequidad; sobre todo en un mundo agrario en el que el índice Gini, el que mide la desigualdad, alcanza la escandalosa cifra de 0.87, no muy distante de la oprobiosa desigualdad absoluta, la que equivale a la unidad (al 1).

Así, la paz no dejaría de ser la ocasión para actualizar las reformas aplazadas. Sería una paz transformadora; como si la paloma con su movimiento propiciatorio, devolviéndole el servicio a la lechuza, despertara su vocación, la de la razón crítica, esa que se despliega mediante las transformaciones sociales.

Imagen tomada: http://www.semana.com

De las armas a la razón democrática

Publicado: junio 21, 2017 en Política

Se hizo. O, mejor, se está haciendo; pero de un modo tan firme que el hecho no da lugar a dudas. El evento será consumado, en apenas una semana; a cuyo término la historia nos rozará, como lo advirtiera José Mujica, cuando las guerrillas comunistas dejen hasta el último fusil en manos de las Naciones Unidas. Por cierto, lo harán en un país en el que siempre nace una violencia o en el que cada día se arma un grupo nuevo, alguna bandola con inaprehensibles propósitos.

Este martes que acaba de pasar, un martes 13, por más señas;  pero de presagios al revés; más bien, de vaticinios luminosamente invertidos, un día en el que tal vez fuera promisorio casarse con el desarme y embarcarse con la democracia; en esa fecha, el 13 de junio de un martes si acaso inquietante para los que le temen a la paz, las Farc hicieron dejación de otro 30% de sus lustrosos instrumentos de guerra. O hicieron entrega de ellos, si así lo preferimos. Solo que no fue la entrega a su antiguo enemigo, sino a un tercero.

Con lo cual pusieron de manifiesto que no se rindieron, pero tampoco persistieron en lo que ya hacía rato era una acción huérfana de sentido histórico.

El desarme como acontecimiento

Y, ahora, concurrieron el hecho y la imagen; se dieron cita la acción material y el símbolo “significante”. O, en otras palabras, la circunstancia  y su visibilización.

La una está formada por los containers  de la ONU, que se engullían como en un acto inverosímil a las metralletas de la muerte, de la extorsión y de las ilusiones catastróficas. La otra ha sido la fotografía final y sensatamente autorizada por la ex comandancia insurgente; ha sido el calco, la imagen dibujada como certificación de lo cumplido, que al instalarse en la memoria colectiva, comienza a convertir a la circunstancia en acontecimiento, transformación ésta que sitúa al hecho en la historia y a la vez en el imaginario colectivo. El imaginario de los que se rendirán frente a la evidencia, siempre habrá quien lo haga; y el de los que insistirán hasta la fatiga de sus vanos desvirtuamientos, en la idea de que tan solo fue el divertimiento que dejó como herencia las guerritas y maldades de siempre.

La renuncia a la violencia

Lo importante de todo ello es que las circunstancia y el yo, se fundieron en el momento de una transformación no solo objetiva, la de la entrega de las armas, sino subjetiva, lo que no deja de ser transcendental.

La acción material de abandonar las armas la realizan los insurgentes, al tiempo que renuncian a la violencia, como la convicción de un sujeto que entra a otro estado del alma. Al menos, así lo consignó Timochenko, el jefe del movimiento armado: “renunciamos a ella, nunca más utilizaremos la violencia”. Toda una declaración ideológica y cultural, una proclamación del nuevo significado de la acción: una revolución operada en la subjetividad. Una revolución que cambió de lugar; ya no realizable en la razón del poder, sino en el poder de la razón.

Así, el desarme deja de ser solo un hecho estratégico, admisible solo porque ya no es posible vencer al enemigo. Pasa a ser en cambio un acto de fe; no reñido con la razón, sino paradójicamente un acto de fe en la razón, en la razón democrática, por más riesgos que ésta encierre.

El combate y la palabra

La transformación implica, aunque no lo reconozcan los comandantes, un parcial ajuste de cuentas con Marx. Naturalmente, los ex insurgentes confirman la confianza en los cambios sociales, ni más faltaba.

Pero empiezan a invertir la dialéctica de la fuerza y del poder. Ya no harán sus apuestas por la crítica de las armas, la que por lo demás arrasó con los imaginarios éticos de la revolución, sino por el arma de la crítica; la que conduce derecho, no a la fuerza de las armas, no al combate; sino al debate, la forma eminente de la acción política.

Es como si cambiaran algo de Marx por algo de Hannah Arendt, para quien  la violencia terminaba por destruir el poder político; cuando de lo que se trataba era de construirlo como lugar de concertación; eso sí, en medio de la diferencia.

Y, como si por ahí mismo, se propusieran el regreso, sin disquisiciones filosóficas, a Aristóteles; al charco seminal en el que brotó la idea de la política, el modelo de un poder apoyado en la libertad; y, por tanto, en el ciudadano dueño de la palabra, un ciudadano que delibera, que lucha, pero que lo hace con el discurso y, claro, con el razonamiento.

El abandono de las armas, con el que efectivamente se han comprometido las Farc, está acompañado  crecientemente con un cambio de concepción, una revolución cultural. Es lo que se insinúa en la expresión del mismo Timochenko: “combatiremos solo con las palabras, lo prometemos”. Lo que emerge es una conversión laica a la democracia ideal, un horizonte al que no hay por qué renunciar.

Imagen tomada: http://confidencialcolombia.com