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La Unión Europea, comunidad económica, cultural, social y multilingüística, conformada por 28 países, ya lastrada es cierto por la recesión, enfrenta un reto mayor que sacude los cimientos de su existencia. Que pone en vilo la razón de su proyecto globalizador, multinacional y democrático; alternativo por supuesto al estado de guerras cíclicas, que han desgarrado este continente de imperios, conquistas y luchas religiosas.

Y todo por los riesgos que comporta el referendo de mañana 23 de junio, en el caso de que ganara el Brexit, injerto éste de eficacia mediática en el que se fusionan las palabras Britain (Gran Bretaña) y Exit (salida), para indicar con ello la decisión que podrían tomar por mayoría los ciudadanos del Reino Unido. Una decisión que podría significar la cancelación de su pertenencia a la Unión Europea. Lo cual vendría a representar un verdadero efecto de fuga con respecto a la idea de una Europa integrada, como un espacio económico común; a la espera de que más tarde se plasmase en un bloque político.

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 “Remain” or “leave”: Permanecer o irse

Las apuestas del electorado parecen dividir a ese Reino “Unido”, en dos mitades claramente excluyentes. Están los que acompañan el eslogan del “remain”, que quiere decir permanecer en la Unión Europea; y los que apoyan el “leave”; esto es, los que desean “irse”, de esa que es la más paradigmática de las uniones transnacionales del mundo posterior a las guerras mundiales; y que en buena parte están mas asociados con el conservatismo en política y el neo-liberalismo en economía.

Ahora bien, si los electores jóvenes no salen a votar y si algo parecido llegare a acontecer con la franja más izquierdista del laborismo, todavía dubitativa ante los llamados poco entusiastas en favor del remain, proferidos por su jefe Jeremy Corbyn, muy seguramente se impondría en las urnas el, para muchos, fatídico “no” a la Unión Europea. Un “no” que, por otra parte, alentaría las tendencias nacionalistas y demagógicas de los populismos de extrema derecha, a los que la crisis y la migración han puesto en alza tanto en Austria como en Francia, Hungría, Italia, y la propia Inglaterra, en la que Nigel Farage, el líder del Partido por la Independencia del Reino Unido, el UKIP, funge como uno de los más activos jefes de la campaña por el leave.

 Los efectos negativos para todos

 En un eventual abandono de los británicos, interviene un juego de dificultades, en dos planos. De una parte, el plano inmediato y coyuntural. De otra parte, el histórico; el del proyecto y los sueños.

 En el primer plano, el de la coyuntura, ambas partes, tanto los países continentales de Europa como la Gran Bretaña, sufrirán en el horizonte inmediato un menoscabo ostensible en los campos comercial y financiero. Por los desajustes que sufra el entramado de los acuerdos y las reglamentaciones, países como Francia, España e Italia verán probablemente retardada su débil recuperación, frente al ciclo recesivo, con los consabidos efectos negativos en un desempleo, ya muy duro de remover. Un freno al crecimiento al que no escaparía la propia Gran Bretaña, a la que el Fondo Monetario Internacional le augura la disminución de por lo menos un punto porcentual en el PIB.

 A su turno, Inglaterra, en especial la City, en Londres, podría verse afectada sensiblemente por causa de la marcha de algunos de los negocios bancarios con sus correspondientes sedes, que preferirían radicarse en centros más integrados como Frankfurt, en Alemania; o incluso como París y su distrito financiero de La Defense, ansioso naturalmente por acoger dichos negocios.

Y eso que no contamos, en este insuceso, con la previsible terminación  de las ayudas europeas al país de Gales y a Escocia, naciones estas muy proclives a quedarse con los beneficios de la integración europea; por lo que la frustración en este terreno las llevaría a reavivar sus ímpetus independentistas.

Presupuestalmente hablando, el temido Brexit dejaría a la Unión Europea sin los 8 mil o 9 mil millones de euros que anualmente aporta la Gran Bretaña, algo que a la inversa representaría un ahorro para esta última; una ganancia que reclaman a grito herido los partidarios del leave; como un ahorro neto para sus finanzas públicas.

Solo que los otros países, que pasarían a ser sus ex–socios, con Francia a la cabeza, reclamarían el divorcio completo y rápido, por lo que exigirían a los británicos el cumplimiento (como a Noruega, por ejemplo) de la cláusula sobre acuerdos bilaterales; en el sentido de que si quiere comerciar con la Unión Europea deberá hacer una contribución presupuestal; la que en este caso  ascendería a unos 6 mil millones de euros.

Resulta claro el hecho de que los beneficios británicos no aparecen con tanta claridad en el horizonte. Y mientras tanto el bloque europeo padecerá evidentemente por los desacoples comerciales que sobrevendrán con el divorcio provocado por la salida de un Estado que representa la segunda economía de esa región, un mercado de muy amplia proyección.

Se trata, no lo olvidemos, del divorcio con un Estado–Nación, la Gran Bretaña, que por su peso económico es una de las partes fundamentales del trípode sobre el que se apoya ese mercado inmenso; es decir, ese triángulo de poder, constituido por Alemania, Francia e Inglaterra; locomotora por cierto de todo el bloque económico, el mismo que comenzara como un mercado común en 1957; precisamente sin Inglaterra; país receloso desde entonces.

 El eje de la Paz

 El daño más grave podría instalarse, sin embargo, no en la coyuntura, corregible con futuros y necesarios acuerdos, sino en el plano histórico, en el de la suerte que corre el proyecto. Ese proyecto que en opinión de sus inspiradores, Robert Schuman y Jean Monet, debía descansar en  la paz; la prosperidad, asociada con la integración; y la libertad, vinculada con la democracia y los derechos.

 Ha sido un sueño que se apoya en dos encuentros, a partir del desencuentro previo; en dos alianzas simultáneas, construidas desde las fracturas históricas y las enemistades fatigantes y devastadoras.

 El primer “encuentro” ha sido protagonizado, durante los últimos 50 años, por el acercamiento duradero entre Francia y Alemania, vecinos pero enemigos durante siglos. Es el acercamiento que simboliza la paz  en el proyecto; revalidado por cierto hace más de dos décadas, mediante el impactante lenguaje de los símbolos y de la emoción. En la memoria colectiva quedó impreso el gesto varonil y fraterno entre Francois Miterrand y Helmut Kohl, sus manos entrelazadas y la  mirada en el horizonte, en aquellos escenarios, que otrora fueran campos de batalla.

 La articulación entre el Estado y el mercado, bajo el Espacio Común

 El otro acercamiento es el operado entre dos modelos distintos de construcción social; dos modelos de articulación interna entre el Estado y el mercado. Se trata de la alianza entre el modelo predominantemente “estatalista”  de Francia y Alemania (naturalmente con diferencias entre ambos) y el modelo, representado por Inglaterra, más afincado en el mercado y en la sociedad civil; es decir, el del “Individualismo posesivo”, según la denominación acuñada por C.B. Macpherson.

 El eje París–Berlín parece garantizar duraderamente la primera alianza,  la de la paz entre los feroces enemigos de antaño. Al contrario, los impulsos centrífugos de la mitad del electorado británico, el que se quiere ir, ponen en entredicho la ya difícil integración entre las dos tradiciones socio-culturales y políticas; la del estatalismo, por un lado; y por el otro, la del liberalismo que se apoya en la propiedad, digamos el conservadurista. Es decir, entre la opción continental y la isleña; entre la de Rosseau y la de Locke, si quisiéramos cifrarla en clave de filosofía política.

 La Unión Europea, en tanto proyecto cosmopolita, brindaba el techo común, la casa compartida, de la integración entre ambos modelos; de modo que el Estado pudiera comprometerse con el cuidado de los equilibrios sociales; mientras el mercado por otro lado permitiese la libre competencia.

 El Brexit (la eventual salida de los británicos), de materializarse en el referéndum del 23 de junio, inoportunamente convocado por el primer ministro David Cameron, consolidaría la ruptura entre esos dos modelos de Estado.

 Naturalmente, las tendencias internas en la Gran Bretaña, inclinadas a la social-democracia y a la preservación de los derechos sociales, pueden finalmente hacer sentir su peso y preservar el avance hacia una Europa, no solo de las libertades, sino de la justicia social.

 

 

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Camilo: Mito, Rito y Sacrificio

Publicado: febrero 25, 2016 en Uncategorized

Han pasado 50 años desde la muerte del cura guerrillero, Camilo Torres Restrepo. Sobreviene el hecho en una emboscada casi anodina, Patio Cemento, un lugar de la cordillera santandereana.

Había en ese combate algo supremamente trivial y, a la vez, trágicamente grandioso. Era el final de una vida en la que se habían adivinado las marcas que trazaban un destino; y un destino que empujaba al sacrificio: como si el aura de un sino sacrificial la hubiera envuelto desde siempre.

El mismo era un oficiante de sacrificios. Se había decidido por el sacerdocio, después de ensayar con las leyes. Y ya se sabe: el poder eminente del sacerdote es el de ejercer y controlar el sacrificio religioso; ese sacrificio que reproduce la muerte de Jesucristo, quien al encuentro de la traición que lo acecha tiene que jugar el papel del inocente que se ofrece como víctima.

Imagen tomada: http://sanvicentedechucuri.com/

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Claro, es un sacrifico ritual, no materializado en una realidad, pues nadie en particular es inmolado. Solo se trata de una representación, la del pan y la del vino, en la misa. Eso sí, es un ejercicio profundamente simbólico, por la densidad del sentimiento que compromete, el de la fe; expresado por cierto en la liturgia de la eucaristía.

El sacerdote convoca a la divinidad, al consagrar ese pan y ese vino, para convertirlos en el cuerpo y la sangre del Cristo. Es la transubstanciación. Así, la divinidad vuelve a encarnarse, como lo hizo el hijo para salvar a la humanidad, disponiéndose siempre a ser inmolado por ésta. En dicha inmolación ritual, el sacerdote, quien es el oficiante del sacrificio, procede a consumir la representación de ese cuerpo y de esa sangre.

El sacrificio queda realizado al mismo tiempo mediante una consubstanciación. La sustancia  simbólica del Dios se transfiere al cuerpo del sacerdote, el cual queda así consubstanciado con la divinidad. Sucede como si el cuerpo del hijo de Dios fuera nuevamente sacrificado; pero al mismo tiempo consubstanciado en el cuerpo del invocante que lo incorpora, comiendo la carne y bebiendo la sangre. (La hostia y el vino)

Integrada la divinidad, míticamente encarnada, en la propia humanidad del oficiante, le comunica a éste –el sacerdote- cierta gracia en tanto salvador; y, al mismo tiempo, lo hace potencialmente sacrificable; como misionero que es en la salvación de otras almas. Tocado de divinidad, por la consubstanciación, el oficiante se hace así potencialmente víctima propiciatoria para salvar a otros.

El “hereje” perseguido y autoexcluido

Una vez ordenado Camilo Torres, poco a poco, toma el curso como teólogo. Una experiencia desde luego individual, no oficial. Se acerca a la sociología y a un marxismo básico (sin ser nunca él mismo marxista). Mezcla este conocimiento secular (científico- mundano) con las elaboraciones de los evangelios, muy seguramente las de Lucas y Mateo, en lo que concerniente a la reivindicación de los pobres.

Con lo cual, la prédica evangélica es transmutada, por este Camilo ya teólogo y sociólogo, en un programa, no pastoral, claramente revolucionario. La piedad cristiana, en la que se apoya la salvación del alma, queda así transformada en reivindicación de carácter social y en la urgencia de un cambio como salvación colectiva.

De este modo, su conciencia y su formación cognitiva pasan por el tamiz de una teología social y liberadora. Su conciencia entonces termina  por acompasarse con una voluntad más claramente política. En consecuencia, deja de ser en cierta forma  cristiano militante, al menos en la superficie; es decir, de ser ese cristiano al que San Pablo recomendaba doctrinariamente marginarse de los asuntos del Estado, mientras se concentraba en su comunicación con Dios. Ese cristiano que debía consagrarse a sus oficios y trabajos profesionales, mientras habitaba la comunidad que le servía a ese su Dios.

Camilo Torres quiere, por el contrario, ocuparse de la revolución; que es la verdadera forma de ocuparse de los asuntos públicos, los del Estado. Deja de ser teólogo, de ocuparse de los asuntos de Dios y de la salvación de las almas, para convertirse en un líder político; el que además se llena de la gracia mesiánica del revolucionario. Que se va a ocupar de la salvación terrenal de aquellos que son excluidos de la mesa en la que el rico del Nuevo Testamento celebra sus banquetes.

Convertido en el político que no quiere ya solamente conquistar un gobierno, sino arrebatar el poder para transformar la sociedad, se propone por entonces (cursa el año 1965) conformar un movimiento político, su Frente Unido.

Es un proyecto para el que va a recuperar paradójicamente  una técnica de raigambre muy cristiana; específicamente asociada con las prácticas de San Pablo. Cómo olvidar que éste formó las primeras comunidades mediante las enseñanzas teológicas transmitidas en sus Cartas: a los corintios, a los romanos… Bajo la misma técnica, Camilo inicia la serie de sus Mensajes: a los cristianos, a los comunistas, a los sindicalistas, a los estudiantes…

Precisamente, en el primero de ellos, se dirige a los cristianos apoyándose en su mezcla de doctrina religiosa y de ciencia social, que es su razonamiento teológico. Es el discurso con el que quiere regresar al germen; a la fuente evangélica; para una reivindicación revolucionaria de los desposeídos: si los cristianos quieren vivir de conformidad con sus valores esenciales, esos que descansan en la raíz, no tienen otra alternativa distinta a enderezar sus conductas por el sendero de un cambio revolucionario. ¡Toda una herejía o casi!

Al menos, así lo aprecian unas jerarquías eclesiales particularmente conservadoras. Por algo, el cardenal, quien ostenta la máxima autoridad, es el hijo de uno de los presidentes de la penúltima hegemonía conservadora: no muy lejos entonces de la versión actualizada de los jueces del sanedrín y del fariseísmo en los tiempos remotos.

No sorprende entonces que los escarceos teológicos de Camilo, con su reorientación de las fuentes evangélicas, sean rechazados por esa misma jerarquía católica; depositaria entonces del canon y del dogma. Fuera de cuyas fronteras va a empujar al  sacerdote desviado. El cual finalmente se ve separado de la condición suprema de oficiante del sacrificio y del rito.

Bloqueado eclesial y litúrgicamente; el cura Camilo, al mismo tiempo, se siente amenazado por un régimen político que ya para ese momento había estrenado la alternancia obligatoria del poder entre las élites liberales y conservadoras; algo que no dejaba de ser pensado, como una forma institucionalizada de exclusión, por los que comenzaban a militar en las fuerzas del cambio.

Mientras enarbola su teología social y se siente cercado, el sacerdote en fuga de los cánones tradicionales y conservadores, se radicaliza por su propia cuenta, desde el punto de vista de la acción política. De ese modo rompe con las instituciones.  Emprende su Viaje, ese viaje para el que despega todo aquel que se siente llamado por un destino superior. En este caso, es el viaje a la clandestinidad y a las montañas; al monte se decía en esos tiempos y se sigue diciendo ahora. Ingresa a una guerrilla – el ELN- de estructuras precarias y mal dirigida.

El “viaje” del héroe sin regreso

Es el Viaje, arrebatado y duro, del héroe; un viaje mítico del que debería regresar para liberar a la nación; para salvarla; tal como Joseph Campbell sitúa este tipo de eventos en las  leyendas de diversas culturas.

Construyéndose como potencial héroe, con su viaje al monte, también se configura él mismo como zelote, el mismo que hace daño a otros con tal de golpear al orden injusto; sujeto armado y sedicioso. “Terrorista” y “bandido”; político, desde luego; pero bandido al fin y al cabo; capaz de despojar a otros de los bienes y de la vida; capaz de victimizar. Claro está que es también un elemento, en disposición de sufrir él mismo despojos y de ver cómo le arrebatan la vida; es decir, de ser víctima.

Ya sin poder celebrar sacrificios rituales (la liturgia de la misa); se convierte en un cura guerrillero; héroe y bandido, a la vez; víctima y victimario; cordero y verdugo: la perfecta ambivalencia, para ser él mismo objeto de sacrificio; como si se tratara de aquellos seres, atávicamente destinados a la inmolación por parte del grupo.

Y que, según los descubrimientos antropológicos de Hubert y Mauss, tienen algo de sagrado. Solo que pierden esta condición si no son sacrificados. Tienen que serlo para ver revalidada su condición de sujetos sagrados.

Sin la muerte, el sacerdote en armas, iba a conservar su lado oscuro, el de “bandido y sedicioso”; así fuera un bandido social y religioso. La muerte, por el contrario, validaría su dimensión sagrada, su destino heroico.

En el “monte”, desde donde se iniciaría el camino del regreso mítico para la salvación colectiva, Camilo participa en el primer combate con la simple dotación de una pistola. En el fragor  cae herido alguien del bando contrario, un soldado. El cura guerrillero se incorpora entre los abrojos de la montaña. Y avanza al pequeño descampado en el bosque. Como bandido y guerrero, tiene que rematar al enemigo herido y arrebatarle el fusil para convertirlo en botín de guerra. Sin embargo, duda, no parece resuelto, quizá por dentro resuena el llamado de la otra dimensión, el del inocente, no ya el del victimario. En el instante de la vacilación, estando de pie, es abatido, por los disparos de otro soldado, de otro victimario. Ha ofrecido el blanco preciso.

En ese mismo instante de la existencia, se convirtió en víctima propiciatoria del sacrificio. Solo que se trató no de un sacrificio meramente ritual. Los sacrificios puramente rituales, violentos ellos solo en el lenguaje simbólico, sirven para espantar los juegos reales de la violencia y para aligerar catárticamente la conciencia.

Para eso son útiles los chivos expiatorios de los sacrificios rituales: alejan las guerras y alivian las culpas. Por lo menos eso fue lo que enseñó Rene Girard, con toda su erudición.  Fue, por desgracia, un sacrificio real, no meramente ritual, incapaz de espantar por sí mismo la violencia y de tranquilizar la conciencia de la sociedad.

Sacrificado Camilo, ya no pudo ser el héroe que regresaría triunfante para la salvación de su pueblo. Muerto, pasó a adquirir cierta estatura de mito popular al lado del Che Guevara. Un mito, eso sí, que no alcanzó a galvanizar sentimientos reales para un cambio social. Solo queda la posibilidad ahora de que la memoria colectiva resignifique este mito, en función de una redención social, sí; pero en los términos de una paz negociada.  

La ayuda y los 10.000 millones de dólares

La friolera de 10.000 millones de dólares –mal contados unos 30 millones de millones de pesos- ha sido el monto de los recursos financieros transferidos en 15 años por los Estados Unidos para combatir el negocio de la droga y para frenar a la subversión interna, particularmente a las FARC; guerrilla está implantada en las zonas rurales de colonización y en las cercanías a las áreas de los cultivos ilícitos.

Naturalmente, no han sido estos los únicos pesos invertidos para estos fines, digamos misionales. Del presupuesto nacional fueron erogados unos 130.000 millones de dólares durante los mismos 15 años, para una lucha en la que se cruzaban varias guerras: la guerra contra el narcotráfico, la que se desarrolla contra todo tipo de crimen organizado y la que enfrenta a la llamada insurgencia, empeñada en potenciarse para levantar un Ejército, capaz de poner en jaque al Estado.

Con todo, las acciones previstas en el Plan estaban recogidas bajo la presentación de una “cooperación internacional”, enteramente virtuosa y mediada por la generosidad; lo que ha hecho brotar el más rico florilegio  de exclamaciones laudatorias por parte de los interesados de lado y lado. En efecto, ha sido un esfuerzo de movilización de recursos, en los marcos de una verdadera alianza, apenas comparable con la que permite la asistencia de los Estados Unidos a países como Israel y Egipto, naciones estas situadas en una zona geoestratégica de primer orden.

Guerra solo en el lado de la oferta

La alianza entre los socios, con un poder muy desigual cada uno de ellos en el plano internacional, operaría en un campo de acción muy determinado, el del narcotráfico, tema éste que los  Estados Unidos han ubicado voluntariosamente en los marcos de su seguridad, dándole un alcance de guerra (y de guerra global). Solo que el teatro en donde se desplegaría el esfuerzo bélico  sería Colombia, nación cuyo territorio albergaba la producción y la oferta en el negocio de la droga.

El prohibicionismo, la represión y la ilegalización, como vectores de la política con la que Estados Unidos (principal país consumidor) enfrentaba el negocio, desplazaba las mayores tensiones del conflicto hacia el territorio en el que se organizaba la oferta, algo que quedó testimoniado en la violencia cruda de los años 80 y 90 del siglo XX; una violencia que se extendió como una mancha sangrienta en diversas ciudades y regiones del país.

Con el Plan Colombia, los dos aliados –el principal país productor y la principal nación consumidora- acordaban por fin la ayuda grande de esta última para paliar en Colombia los efectos de aquellas tensiones, mientras se dirigían, entre los dos socios desiguales, a debilitar los factores que las alimentaban. Eran factores tales como los cultivos ilícitos, el procesamiento en laboratorios y la organización en clanes y carteles del empresariado narco. De cualquier modo,  se trataba solo de debilitarlos, no de eliminarlos.

De esa manera, el Plan Colombia, y la alianza que lo respaldaba, una alianza mucho más amplia en la que se incluían otras ayudas, sofisticaba el esfuerzo para incrementar la eficacia en ese mismo combate; eso sí, sin apenas tocar el lado de la demanda. Por consiguiente, sin tocar la propia política de la ilegalización; que es la que en el fondo produce esas mismas tensiones y mantiene el negocio por el incentivo incontrolable de los rendimientos desproporcionados.

Un plan anti-subversivo

Montado el Plan, muy pronto se hizo fuerte en su ejecución el componente antisubversivo, algo apenas colateral en el diseño inicial; al menos, en apariencia, pues era de suponer que las guerrillas no eran más que un problema interno en Colombia, lejos de representar algún  riesgo para la seguridad de los Estados Unidos.

El despliegue militar contra los frentes subversivos fue inmenso, absorbió seguramente la mayor parte de los recursos para la Defensa, comprometidos en el Plan y en el presupuesto nacional, el cual contó con el rubro especial de un impuesto al patrimonio. Por lo demás, el sentido salvador que internamente se le imprimió a la acción del Estado contra las guerrillas, densificó el discurso de las élites, en los términos de la lucha contra el terrorismo; un mensaje por cierto repetitivo y simplificador, que ha dejado su marca de conservadurismo refractario a la paz, a las concesiones y al cambio, en buena parte de la opinión pública; quizá otra herencia del Plan y sobre todo de la “Seguridad Democratica”; legado este no muy vistoso pero, culturalmente hablando más problemático .

Las circunstancias en esta reorientación fueron, en primer término, la Guerra Preventiva de Bush y su cruzada contra el terrorismo después del golpe de Al Qaeda contra las Torres Gemelas de Manhattan; en segundo término, la Seguridad Democrática, con la que el gobierno de Uribe Vélez quiso frustrar  las pretensiones de las FARC de pasar a la fase de una guerra entre ejércitos. Por último, es muy seguro que en todo ello haya intervenido ese impulso subterráneo, esa lógica secreta pero ineludible, que empuja siempre a un conjunto de élites en el poder a decidirse por cerrar filas contra el enemigo político; ese mismo enemigo político al que identifican con una amenaza mortal que atenta contra la propia seguridad de quienes detentan el poder.

El plan, la seguridad y los retrocesos de la guerrilla

De ahí que finalmente aquello que destaquen los gobiernos de ambos países, con ecos de celebración, en estos 15 años, sean los retrocesos estratégicos de la guerrilla de las FARC, algo que vendría a ser el logro conseguido con los 10.000 millones de dólares obsequiados y con los 130.000 mil millones propios, los del presupuesto nacional.

El Plan y los avances del Estado

Y en efecto, incrementaron su poder las fuerzas armadas y vieron disminuir el suyo las FARC. El Plan Colombia fue oficializado en el 2001 y es evidente el hecho de que entre 2002 y 2008, con la ayuda de este Plan aunque no solo con él, sobrevino una modificación en la correlación de fuerzas dentro del conflicto armado interno; correlación que se alteró a favor del Estado.

La guerrilla ya no pudo cuajar el propósito de convertirse en un ejército, para mantener las líneas rojas de sus santuarios; en seguida, para movilizar contingentes grandes en el combate y finalmente para desplegar una guerra de posiciones. Por el contrario, el Estado modernizó técnicamente sus fuerzas militares; agrupó y sofisticó su inteligencia, multiplicó y  profesionalizó sus efectivos humanos; además, se dotó del armamento terrestre y aéreo, con el que incrementó su potencial de fuego y de movilidad.

Por lo demás, consiguió con sus brigadas nuevas y con su aviación, incluidas las flotillas de helicópteros, una presencia rápida y muy activa sobre el terreno; lo cual permitió a las fuerzas armadas retomar una iniciativa ya no solo estratégica sino táctica, algo que había abandonado parcialmente a la insurgencia. Así mismo, el  Estado reunió los recursos, materiales y “morales” (la voluntad), necesarios para ejercer una presión sostenida, dejando atrás el sistema de campañas militares de carácter cíclico.

Presión, presencia activa sobre el terreno, y un potencial de fuego arrasador con sus bombardeos aéreos: he ahí los factores que condujeron a una disminución de los efectivos armados en una guerrilla que de ese modo se vio obligada a un repliegue táctico. Pero esta vez, con repercusiones estructurales y estratégicas, pues así se vió obligada a reorganizarse en el formato de guerra de guerrillas, reincorporando la movilidad y la dispersión como parte esencial de su línea de acción. Aunque sin desvertebrar,  eso sí, sus bloques más importantes de coordinación para el combate y para la implantación territorial.

Por lo pronto, quede clara la influencia de la alianza con los Estados Unidos. Las comunicaciones ultrarefinadas,  la inteligencia militar y los bombardeos aéreos. Fue el énfasis puesto por dicha cooperación en estos factores, lo que pesó decisivamente en el retroceso estratégico y táctico de las FARC.

Una guerrilla que se recompone

Pero también aparecen indicios no menos nítidos en el sentido de que luego del año 2008, aún en los momentos en que ella recibía duros golpes con los bombardeos a sus campamentos, la guerrilla de las FARC pudo recomponerse, en medio de su repliegue. Mostró su capacidad de reclutamiento, capacidad con la cual compensaba las pérdidas sufridas. E incluso se dió el lujo de pasar poco a poco a una “guerra de hostigamientos”, desde la movilidad que le ofrecía el formato de la guerra de guerrillas; sobre todo en la franja suroccidental del país; incluidos el Putumayo, el Cauca y el Chocó.

Comenzó a ser tan efectivo el reacomodamiento de la guerrilla que para el 2009 se reveló como ilusoria la prédica (y la predicción) de algunos representantes del Estado sobre el “fin del fin” del conflicto.

La negociación

Golpeada pero no derrotada, la guerrilla ya no podía pensar, es cierto, en convertirse en un ejército para dar el salto a la fase de una guerra civil, aunque podía persistir como un factor de perturbación severo en el orden público, a lo largo de toda la geografía nacional. Es en tales condiciones de fuerza, en las que tanto el gobierno de Santos como la dirigencia insurgente abrieron la posibilidad de una negociación que, tres años después, comienza a llegar al punto de no retorno.

Si los insurgentes se decantaban por la solución negociada, empujados por las condiciones adversas de fuerza, la fracción de las élites políticas que llegó al gobierno con Juan Manuel Santos parecía inclinada al mismo tipo de solución, aupada por la conciencia de que, con todo, no podía derrotar a esa insurgencia, aunque la obligara a retroceder.

Por tales razones, no se corresponde con la realidad una secuencia de los acontecimientos que plantee las cosas bajo el siguiente orden o que así las deje ver implícitamente: 1) las FARC fueron derrotadas; 2) la negociación  surgió como consecuencia de dicha derrota; 3) el Plan Colombia triunfó en toda la línea.

Todo ello no deja de ser más que la simplificación retórica de lo que por otra parte es  un universo complejo de factores y de actores. Es la sustitución interesada de las condiciones del conflicto y de las crisis sociales, por su solución idealizada.

Entre tanto, el problema del narcotráfico, con esa cadena que va de la producción al consumo trascendiendo las fronteras nacionales, ha ganado mayor complejidad internacional; ha envuelto nuevas tensiones y traído más violencia; a pesar de que el propio Plan Colombia lograra la disminución de ciertos órdenes de magnitud de lo que el negocio representa en Colombia.

Ciertamente, las toneladas de producción de coca han disminuido a menos de la mitad en estos años; de unas 700 anuales el país pasó a 245. También, a punta de glifosato, las hectáreas de cultivos ilícitos cayeron de una manera sensible. Por otra parte, los carteles de la droga dejaron de ser tan concentrados y grandes como en los años 80 y 90.

Pero no es menos cierto el hecho de que el negocio sigue en pie. Las hectáreas sembradas han vuelto aumentar por encima de las 100 mil (en realidad, se contabilizan en 112.000), según lo reveló The Washington Post; y que hay multitud de clanes pequeños y de bandas criminales (Bacrim), que campean en las regiones; tal como lo mostró hace poco INDEPAZ.

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Imagen tomada:www.webinfomil.com

El reclamo por una nueva visión

En otras palabras, el problema no ha tenido una solución en Colombia; y ya se ha extendido y complicado a nivel internacional, tal como lo enseña el caso crítico de México; todo porque su doble causa continúa inalterada; a saber, la gran demanda de la droga; y la ilegalización y  represión como políticas, ya probadamente erróneas y fracasadas.

De eso, nadie habló naturalmente en la celebración de los 15 años; pero de ello tendrá que seguir hablándose en todos los escenarios nacionales e internacionales.

Seguramente una paz negociada tendrá (como ya los tiene) unos efectos mejores y más duraderos que los que ha tenido el Plan Colombia, por exitosos que estos hayan sido.

El problema va a residir en el hecho de que la paz negociada no esté acompañada por la solución real en lo que concierne al problema del narcotráfico; una solución que seguramente tendrá un carácter internacional y no se apoyará fundamentalmente en la ilegalización, en la prohibición y en la represión.

Un paz negociada será tanto menos traumática y tanto más eficaz, cuanto más rápida y ampliamente se aborde el problema de las drogas mediante una visión mucho más moderna que la que ha predominado hasta ahora.

Twitter: @rgarciaduarte

Sesenta y dos híper-recontra-ricos en el mundo- vaya cantidad numéricamente microscópica-, apenas 62 individuos, poseen, oigámoslo bien, la misma riqueza que se ven obligados a compartir 3.600 millones de personas, la mitad de la población mundial.

Semejante diferencia dada a conocer por estos días, y resentida como una herida moral, confirma un fenómeno, cuyas tendencias subyacentes, las de largo plazo, han sido escudriñadas por Thomas Piketty, uno de los teóricos más connotados entre los que critican este tipo de divergencias, de contradicciones (injusticias, mejor), sembradas en la economía como si fueran naturales, cuando quizá no son más que artificios construidos de poder y de fuerza.

Imagen tomada: marxismocritico.com

Thomas Piketty y su libro                                 Imagen tomada: http://www.marxismocritico.com

 

Coincidencias astrales

La visita de Thomas Piketty al país este 28 de enero viene a coincidir, seguramente por  inasibles pero afortunadas conjunciones astrales, con la divulgación a propósito de la pobreza del más reciente informe de OXFAM, un anuncio que precede habitualmente al cónclave de los poderosos en DAVOS. Tal vez para amargarles un poco el rato en medio de los refugios cálidos que se esconden bajo las nevadas cumbres suizas. Allí donde ellos hacen sus cálculos, apoyados en la esperanza de que los impulsos del mercado se reanimen por obra y gracia de sus energías recíprocas.

Piketty es el joven y juicioso economista francés que hace dos años largos, con su obra El capital en el siglo XXI, causó vivo revuelo en los círculos intelectuales, en el mundo mediático y en los medios de la representación política, al reinstalar el tema de la desigualdad social en el centro de un debate público que en el nivel económico ha tenido normalmente como punto focal la producción y el comercio; y como plano preferido del análisis, el desarrollo bajo la perspectiva del equilibrio, nacido de las tasas de crecimiento marginal.

OXFAM es una ONG internacional, cuya misión es la lucha contra la pobreza en el mundo; y que cuenta, entre sus tareas, la de hacerle un seguimiento al curso que toma la desigualdad social, problema este del que precisamente Piketty se ha convertido en uno de los teóricos sobresalientes de su generación.

El informe de la ONG lo ha dicho con todas sus letras: “el 1% más rico alcanzó en 2015 la riqueza del 99% restante”. ¡Una brecha abismal! La misma que, por otra parte, no ha hecho sino crecer. Ya en 2010 eran apenas 388 las personas que equiparaban con su capital lo que poseía la mitad de la población mundial. Pero hoy son solo 62 esos mismos multimillonarios, capaces de amasar las fortunas que equivalen a la riqueza con la que tienen que vivir, ya no tres, cinco o diez millones, sino nada más y nada menos que 3.600 millones de habitantes del planeta tierra.

La brecha se amplía

Es por esta realidad, dolorosa e inquietante, por la que el libro de Thomas Piketty suscitó una impresión a la que no han escapado académicos y responsables de las decisiones políticas.

Muchos suponían que la expansión del mercado mundial y la consolidación del capitalismo harían emerger las clases medias y cerrarían paulatinamente la brecha entre ricos y pobres.

De hecho, el siglo XX trajo, con sus grandes empresas, con sus innovaciones tecnológicas y con la sociedad del aprendizaje, una tendencia manifiesta hacia equilibrios sociales en los Estados Unidos y en algunos de los países más dinámicos de Europa.

Y, sin embargo, la economía evidenció el fenómeno de que su curso se invertía; y de que las desigualdades retomaban el ritmo y las profundidades ancestrales, aquellas propias de las sociedades patrimoniales y pre-modernas. Portadoras ellas de unas diferencias sociales que el capitalismo y la democracia liberal debieran, si no haber eliminado, al menos haber atenuado sensiblemente.

El siglo XXI empezó a dibujarse con líneas menos nítidas y con colores más sombríos en materia de desigualdad social. Y no ya solo en los países atrasados, secularmente desiguales, sino en los países de alto desarrollo capitalista; en los mismos que efectivamente la desigualdad tendría que disminuir, en la medida en que crecía.

Por algo, un economista como Paul Krugman empezó desde hace 10 años o poco más a insistir en las pérdidas que sufrían las clases medias en Estados Unidos y a exhibir con datos fehacientes la concentración de los ingresos en la cúspide de la sociedad norteamericana.

Cuando Thomas Piketty bautiza su obra como el Capital en el siglo XXI  recoge el  sentido de la indagación sobre un doble problema, el uno empírico; el otro, teórico. La investigación tiene que ver con el comportamiento real del capitalismo en la hora actual y, además, con el análisis teórico de las nuevas tendencias.

Una y otra aproximación, la empírica y la teórica, quieren apoyarse epistemológicamente hablando en un vínculo con la historia; en general, en un contexto conceptual más amplio, que incorpore para el análisis a las ciencias sociales, sin limitarse a las simples ecuaciones matemáticas. Por cierto, el autor ha confesado que siempre quiso mientras estudiaba en Estados Unidos regresar para trabajar en la parisina Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, la del Boulevard Raspail, hogar intelectual de profesores como Fernand Braudel y Lucien Febvre o como Claude Levi-Strauss, o incluso como Maurice Godelier y Pierre Bourdieu, ninguno de ellos economista o matemático, sino más bien historiadores o antropólogos y sociólogos; y, sobre todo, hombres de pensamiento, sabios todos ellos.

La tendencia histórica y la desigualdad

A los datos empíricos sobre la desigualdad, a fin de constatar las curvas en el comportamiento del capital y de los ingresos, les pasa revista en un largo lapso retrospectivo, una novedad por su amplitud y robustez estadística. Detecta claramente la circunstancia de que después de los muy altos niveles de desigualdad social durante los siglos XVIII y XIX, época esta de la Revolución Industrial, y muy específicamente luego de la llamada Belle Epoque (hacia 1910-1920) comienza por fin un tendencia del capitalismo hacia la disminución de la desigualdad; una disminución que se iba a acentuar en los pujantes años 50 y 60 del siglo pasado; una época dorada de lo que algunos han llamado el capitalismo organizado. La brecha entre ricos y pobres tendía a cerrarse en los países altamente desarrollados.

Pero solo para comenzar a abrirse de nuevo en la última década del siglo XX y muy nítidamente en la primera del siglo XXI, algo que es observable en las estadísticas de ingresos de los Estados Unidos e incluso en las de países de altos equilibrios sociales, como los nórdicos en Europa.

Unas diferencias menos marcadas entre ricos y pobres dentro del capitalismo del siglo XX pareció ser una tendencia sobreviniente, luego de las intervenciones del Estado, de los sistemas regulatorios y de tributación; todo lo cual se puso en práctica, traducido en las decisiones que exigieron las dos guerras mundiales, el crac del 29 y las demandas sociales, orientadas en la misma onda de un Estado intervencionista y benefactor.

Por el contrario, la reciente tendencia hacia la ampliación de la brecha entre pobres y ricos coincide con el periodo posterior a la desregulación de los mercados, después de la década de 1980, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Comprobada esta tendencia en los hechos materiales, el autor francés, ahora visitante en nuestro medio, abre el margen para su aproximación teórica sobre el capital y sobre los ingresos que lo premian. Lo que matiza también con una mirada histórica.

Desigualdad y concentración en la historia del capital

Desde la antigüedad (La Roma Clásica, digámoslo) hasta bien entrada la modernidad (la Ilustración Europea, precisémoslo) el crecimiento económico mantenía un ritmo excesivamente lento, entre un 0.1% y un 0.2% anual, por decir algo (0.8% desde 1.700 hasta el presente). Mientras tanto, el capital, no en el sentido moderno de capital industrial, sino en el sentido lato de patrimonio, incluida la tierra, se incrementaba a un ritmo notoriamente más grande; por decir algo, a un 4%, un fenómeno que correspondía evidentemente a sociedades aristocráticas que mostraban por cierto una concentración estrafalaria de la riqueza: un mundo jerarquizado, más mecánico que orgánico, según la claves conceptuales de Durkheim; con muy poco margen para el mérito en la escala social; y más entregado por el contrario a las pautas sucesorales del linaje; las de la acumulación hereditaria.

Las cargas tributarias y el comercio de tierras, lo mismo que la racionalidad legal del Estado moderno, fueron todos ellos factores que entrañaron correctivos que, en consonancia con el capitalismo industrial, introdujeron el mérito como sustituto del linaje y de la herencia, para equilibrar progresivamente el crecimiento de los patrimonios privados y el crecimiento económico de la sociedad.

En todo caso, en esa relación entre los incrementos experimentados por los beneficios del patrimonio o capital y el crecimiento de la riqueza en el conjunto social iba a quedar jugada la partida doble de la desigualdad social y de la concentración de la riqueza.

Una partida que debía jugarse, como competencia entre el capital dedicado a conseguir mayores rendimientos, por un lado; y la riqueza en su conjunto, la que por cierto incluye también  al trabajo.

Marx y la crítica del capital

Hablando del capital y de sus beneficios, no podemos olvidar, a estas alturas de la reflexión, que fue a Marx al primero que se le ocurrió analizar de manera contundente, crítica y exhaustiva el capitalismo. Es el autor que emerge como una gran sombra tutelar, en verdad difuminada pero inevitable, tras la investigación del autor francés.

El título que este le puso a su obra es una alusión, entre seria y coqueta, al autor alemán; de gran influencia este último hasta hace 40 años, pero muy descaecido posteriormente como referente intelectual; y cuya obra mayor escrita en el siglo XIX fue precisamente “EL CAPITAL”, texto que llevaba por subtitulo “crítica de la economía política”.

Parte medular de dicha crítica lo fue la elaboración teórica de Marx sobre la acumulación capitalista. El capital extrae sus frutos de la fuerza de trabajo ajena, del trabajo enajenado. En ese sentido, el capital (verdadera relación social, esencialmente desigual) no es más que trabajo anterior, “coagulado”. Es pura apropiación permanente de ese trabajo ajeno.

Hace parte de una lógica absoluta y determinante de acumulación a partir de la plusvalía arrojada por la fuerza de trabajo, pero que no es remunerada dentro del salario.

El capitalismo según Piketty

La crítica teórica, modelo siglo XXI, la de Piketty, no tiene los fundamentos ontológicos de la marxista (en esta se trata del ser mismo del capital), aunque ciertamente apunta a tendencias más o menos estructurales del capitalismo. Sobre todo, no hace parte de una lógica abstracta y radical, como la de la apropiación de plusvalía; y, por el contrario, se apoya en fenómenos históricos constatables, lo que está respaldado por una amplia batería de series estadísticas.

En ese sentido, es mucho más discreta y contingente, pues ella encuentra que el capital, en el sentido de patrimonio, envuelve el aumento de la desigualdad, pero también que durante ciertos períodos ha acarreado la disminución de dicha desigualdad social.

En Piketty, a diferencia de Marx, la fórmula clave del capital no está en la ecuación Dinero-Mercancía-  Dinero incrementado; la misma que señala que el capital crece con la plusvalía ajena. Ella se estructura más bien alrededor del hecho de esclarecer los retornos o ganancias del capital en relación con el crecimiento de la economía en general. ¿Cómo son los rendimientos del capital, en relación con la tasa bajo la que crece la economía?

En dicha relación residen los equilibrios de la sociedad. El problema radica en la proporción en que crece el capital con respecto a la proporción en que crece el PIB, que es la medición clásica del crecimiento económico.

“r > g”  o un desequilibrio cuasi-congénito

Su fórmula es:  “r > g”   ; una formula en la que r es la tasa de rendimiento del capital; mientras g es la tasa de crecimiento de la economía.

La tasa de crecimiento del capital (ganancias, intereses, rentas) es mayor que la tasa de crecimiento de la economía o del PIB.

Los capitales se incrementan en ritmos y proporciones desmesuradamente mayores que el crecimiento global de la economía. Ese es el capitalismo que se abre muy nítidamente, según los datos empíricos en el siglo XXI, por lo que la riqueza se concentra de una manera escandalosa y las desigualdades sociales crecen sin ningún freno. Con el agravante, según el autor francés, de que la fuerza propia del capital que se alimenta a sí mismo, aun sin el suficiente respaldo del crecimiento económico, lleva a la sociedad a un retroceso en los términos de las relaciones sociales y culturales. La hace más patrimonial, más amiga del privilegio heredado; menos cercana al mérito ganado a pulso, a la influencia virtuosa del trabajo y a las relaciones democráticas entre ciudadanos.

En resumen, la desigualdad y la concentración creciente de riqueza podrían hacer regresivamente a la sociedad más oligárquica,  según lo acaba de denunciar Joseph Stiglitz, también de visita en el país.

La transición que comienza a vivir Colombia, la misma que se apoya en esa especie de puente azaroso que intentan extender los negociadores de La Habana, es un proceso político sui generis. Se trata sobre todo de un modelo mixto.

Es el paso de la guerra a la paz, ciertamente. Pero, desde luego, no lo es de la dictadura  a la democracia. La paz podría sobrevenir  después de la guerra pero sin que ello supusiera un cambio de régimen político.

Este último ya está inventado, aunque es posible que lo haya sido en una forma un tanto retorcida. Admite desigualdades profundas y no pocas exclusiones. En todo caso, ostenta como expresión suya una Constitución pluralista, con equilibrio de poderes; incluso, muy progresista, con la patente orgullosa de su carta de derechos. También se apoya en un sistema de elecciones populares para definir las autoridades de gobierno y la representación en el Congreso.

Eso sí, quizá haya que reinventarlo, por todo lo que tiene de estrecho y discriminador. En la solución del conflicto armado no solo se busca la paz. En esta búsqueda también se explora la posibilidad de más democracia, como la mejor medida de abandonar la guerra; un ácido disolvente en la construcción de la política.

La paz: parte de la ecuación democrática

Los acuerdos parciales de La Habana, entre el gobierno de Santos y las FARC, establecen como meta una mayor participación política, para lo cual nuevos mecanismos se implementarán, favorables  a los actores que hoy no disponen de representación o que quieren en todo caso hacer el tránsito de la acción armada a la acción legal.

En tal sentido, la ecuación de la paz incluiría el enriquecimiento de la democracia; al menos, el de la democracia electoral; a lo cual no sería ajeno el crecimiento numérico de los partidos o movimientos, que se sumarían a la competencia pacifica por el poder.

Ahora bien, la ampliación democrática requiere de la re-legitimación de las opciones  políticas que nazcan de la paz. Como si experimentaran lo mismo que los pastos sabaneros que reverdecen con los aires propiciatorios de la estación que llega con las lluvias de octubre.

Pero si las cosas no sucedieran de ese modo, intervendría libre y deletéreamente el sistema;  el régimen, como diría el sacrificado Álvaro Gómez, él mismo su exponente  conspicuo. Y lo haría con la fuerza muerta de su peso. Re-absorbería  y, a la vez, anularía porciones sustanciales de ese mar de expectativas; y de inquietudes; suscitadas por esa especie de adviento laico, en el que se convertiría una reconciliación nacional. Con ello, el cierre del conflicto armado podría traer venturosamente el fin de la violencia de origen ideológico;  pero al mismo tiempo, ya no tan afortunadamente, una ampliación apenas marginal de la democracia.

La paz como hecho político y la democracia competitiva

Si se consumara, por fin, un acuerdo de paz, él mismo podría constituirse en un hecho cargado de consecuencias para la democracia competitiva. El solo cambio en la metodología de la acción, así lo determinaría. El abandono de la lucha armada, si ya está agotada, envuelve las posibilidades de un enriquecimiento, tanto de la acción política como de la competencia por el poder.

La sustitución de la acción violenta por la acción política – de la rebelión por la reconciliación- implica un efecto de ingreso. De entrada al sistema.

Si en los años 60, la formación de las guerrillas “marxistas” fue un hecho que representó la afirmación de  un “constituirse por fuera” del sistema para combatirlo integralmente; un tratado interno de paz daría paso, 50 años después, a ese efecto de ingreso. Así sucedería luego de que se erigieran como contra-élites en busca de un cambio en el control del poder. Es decir: una entrada a otro sistema de reglas para la competencia por ese mismo poder.

Por lo que se ve, muchas veces no hacen falta transformaciones estructurales para que el universo político adquiera otras dinámicas; tampoco, nuevas instituciones; al menos, no de inmediato. Bastaría para ello con que la acción social  cambiara su carácter; de modo que el proceso en la formación de un actor colectivo se consumase re-contextualizando su ser, en otro estado de cosas.

En realidad, la estructuración de un grupo armado con aspiraciones ideológicas no es más que el proyecto de una contra-élite, para constituirse como actor político, a título completo. Es una empresa que se corona cuando comienza a ser creíble su conquista del poder o cuando al renunciar a dicha conquista por las armas, se hace interlocutor válido en unas negociaciones para construir la paz.

Estas últimas son el trámite final para que el movimiento armado, en vez de ser un actor en ciernes, un agente perturbador desde las fronteras del sistema haciendo uso casi exclusivo de la violencia; pase a ser un actor pleno que mediante la utilización integral de muy diversos recursos, agita internamente al sistema. Quiere ampliarlo; pero no desde “el afuera”, sino desde “un adentro”.

Alcances y limitaciones de la democracia actual

Un sistema de lucha por el poder está definido en sus alcances por los actores que en él intervienen; por las reglas que lo limitan y por las prácticas y técnicas,  que son validadas, de acuerdo con los premios y castigos que reciben.

La lucha por el poder hace parte en Colombia de un orden que incluye la competencia electoral, lo que dicho sea de paso vuelve improbable el control del Estado por un agente armado que intervenga “desde el afuera”. Sin embargo, se trata también de un sistema que ha sabido limitar severamente los alcances de algunos de los aspectos medulares de la democracia.

Para auto-regularse, las elites restringieron, después de las violencias interpartidistas, el espacio de la competencia política. Mediante los mecanismos propios del Frente Nacional forzaron el dominio de los dos partidos históricos, habitáculos ambos de caudillismos heredados, de oligarquías regionales, y, claro, también de liderazgos emergentes salidos de las clases medias profesionales; estas últimas en ascenso desde los años 60 del siglo XX.

A la existencia de dos partidos, apoyados ambos en lealtades primarias -afirmadas también por el pegamento de las exclusiones sectarias-, se sumaba después el ejercicio de los pactos entre ambos. Así aseguraban el poder compartido y el monopolio sobre el campo  de las relaciones políticas. Era algo que conseguían bajo la ayuda de reglas formalizadas en la ley y en la Constitución; es decir, dotadas de una validez generalizada.

Este control compartido del poder, con todo el cortejo de sus recursos, facilitó a su turno la reproducción ampliada de las prácticas clientelistas. Era la manera como las élites prolongaban la captura de lealtades. Garantizaban además un cierto orden re-patrimonializado. El dominio sobre las técnicas propias del clientelismo y la corrupción, nacidas en la intermediación entre el Estado y la población, permitió por otra parte el florecimiento de un  personal  dueño de la representación política y capaz de construir “empresas políticas” semi –privadas; articulables todas ellas en el seno de cada partido.

Si bien la Constitución del 91 introdujo reglas encaminadas a modificar el “bipartidismo clientelista”, este logró mutar en multipartidismo, rápidamente metamorfoseable en coalición hegemónica. La cual, aunque admite adhesiones “no-leales” del voto independiente, sigue apoyándose en la constelación de empresas clientelistas. Las mismas de siempre, solo que ahora migran, de allá para acá, entre los distintos partidos. Todos ellos nacidos bajo el “patronazgo” de jefes de tradición o de ocasión. Además, surgidos de la misma fuente bipartidista.

Bajo las reglas de mayor apertura,  propias de la nueva Constitución Nacional, las reales fronteras del sistema de competencia política se definen por los alcances relativamente estrechos de un coalicionismo hegemónico (fracturado transitoriamente por una ultra-derecha de corte demagógico); y por el clientelismo en el que se mueve la ya mencionada constelación de empresas electorales.

El eventual ingreso de la guerrilla al sistema de reglas vigente

El eventual ingreso de las FARC  a este sistema, como actor político, traería consecuencias virtuosas en tres aspectos del espacio democrático. El primero es el del pluralismo; el segundo, el de los equilibrios dentro de la competencia; y el tercero es el de la cultura política de la confrontación.

En el pluralismo interviene el número de actores que participa en la contienda democrática. No basta sin embargo con el número de opciones políticas; hace falta el sentido  de que ellas son portadoras. Es indispensable su significado en términos de intenciones, de discurso y de articulación con los actores sociales.

En ese orden de ideas, si las FARC completaran su tránsito a la acción legal, no solo ampliarían el espectro de participación, constituyéndose en otra opción para franjas de electores en busca de representación. También podrían ser portadoras de algún significado con alcances alternativos. Es lo que cabe esperar, como si se pudiera dar  “continuación” a su oposición armada, pero “por otros medios”. En principio, debería robustecer el campo de una oposición de izquierda, amiga de una mayor radicalización de la democracia y del acento social puesto en la orientación del Estado.

Ahora bien, la oposición de izquierda, aunque hace escuchar su voz con el ejercicio de la denuncia, adolece siempre de una representación muy precaria, cuantitativamente hablando. La proporción que alcanza, apenas si roza habitualmente el 10%. Su participación está inscrita en un formato de desequilibrios insalvables, con respecto al coalicionismo hegemónico. El cual en ocasiones ha llegado, por ejemplo en tiempos de Uribe Vélez, al 85% en el Congreso.

Si las FARC pasaran a la legalidad podrían ensanchar el campo de la izquierda democrática, aunque sin crecimientos espectaculares; puesto que parte de sus electores saldrían del mismo rango de los que ya votan por la izquierda actual.

Una tercera dimensión, quizá intangible en sus procesos pero con mayores consecuencias virtuosas en el robustecimiento de la competencia democrática, es la que incluye algunos cambios en la cultura política.

La conversión de una guerrilla en partido, lejos de significar la incursión de la maldad en la disputa por el poder, llega a entrañar la superación de la relación “amigo-enemigo”,  la que es una construcción perversa del espacio de la política. Un agente armado se plantea desde sus orígenes como un enemigo a muerte del régimen en funciones. Y lo hace en términos tanto prácticos y metodológicos como doctrinarios e ideológicos. Lo hace en términos prácticos y metodológicos, debido a su utilización sistemática de la violencia; factor este que contribuye a deshilachar el tejido de lo público. Lo hace así mismo en el plano doctrinario e ideológico porque quiere encerrar a la historia en el molde de sus construcciones mentales. Lo cual exhala un tufillo totalitario. Ciertamente cargado de connotaciones excluyentes; no concordantes con la configuración de un espacio común, para la acción recíproca entre adversarios políticos.

La violencia que polariza y que  interfiere en la oposición

Entre los diversos obstáculos con que ha tropezado la izquierda legal, además de su propio dogmatismo y de la violencia pre-juiciada con la que el régimen dominante la ha enfrentado, hay uno que sin embargo podría ser removido por las negociaciones de paz. Se trata del paralelismo entre lucha armada y acción política. A la acción legal siempre le surgió como una competencia (digamos, “desleal”, pero a veces consentida) la acción armada. La cual correspondía también a un proyecto de contornos ideológicos. Y que, como si fuera una coincidencia caída por azar, tenía propósitos similares, en lo que concierne a la conquista del poder y al cambio social.

La existencia de guerrillas, erigidas estas en una especie de oposición armada, cuando al mismo tiempo el régimen incluía  una democracia electoral, provocaba una confusión insalvable entre la lucha armada y el proyecto de acción política legal. La expresión patente de dicha confusión no fue otra que aquella táctica, inconveniente por mil motivos, que se caracterizó por la “combinación de todas las formas de lucha”. Ella reconocía y explicitaba la confusión. Aunque esta era mucho más amplia por las múltiples zonas sociales en que cruzaban comportamientos y discursos. Las guerrillas promovían todo tipo de prácticas ajenas a un imaginario ético, asociado con la reivindicación social y con la emancipación humana. El resultado difuso pero cierto era la deslegitimación de la acción política, emanada de cualquier proyecto con pretensiones similares en materia ideológica.

Por cierto, la acción armada ejercía un efecto de auto-destrucción del mensaje; como en cualquier serie policíaca. Pero no dejaba de generar un ruido tan negativamente potente que distraía por fuerza la atención del receptor. O, de otro modo, producía una interferencia frente al mensaje que pudiera lanzar otro emisor;  así este aceptara las reglas del juego, establecidas constitucionalmente por el régimen.

Si con algo interfirieron las guerrillas en Colombia, fue precisamente con las posibilidades de una izquierda emancipatoria, pero instalada decididamente en la acción legal.

La paz con las FARC – la guerrilla más grande y más significativa por sus raíces sociales- podría cerrar el largo ciclo de esa confusión ideológica y cultural, entre lucha armada y acción legal. Abriría así un margen mayor para que una oposición de izquierda se desarrollara en una atmósfera de aceptación popular.

Sin duda, la represión no se detendrá por esa razón, la del Estado y la que se desata desde los poderes privados y criminales. Que es dirigida sin falta contra la oposición que pone en riesgo hegemonías locales. Y contra las comunidades que reclaman justicia.

Sin embargo, el fortalecimiento de la oposición y su legitimación serán la base para neutralizar con mayor eficacia esa violencia proveniente de los diferentes poderes; sean estos ocultos o visibles. Y para deslegitimar la complacencia o las conductas omisivas del Estado.

Claro está que las guerrillas – todas – incorporaron la violencia como un puro medio para limpiar de obstáculos el camino que conduce al cambio social. Con todo, a la vista de la historia reciente, no es difícil convenir que ese medio terminaba por devorar el fin al que servía. A fuerza de prolongar y multiplicar la acción violenta; de instrumentalizar el proyecto político e ideológico, diluido en aparato militar; las contra-élites guerrilleras se condenaban a rendirle culto a la eficacia de la violencia; solo porque así potenciaban su aparato organizativo. La práctica repetida de la violencia, en aras de su resultadismo material, las inscribía en una cierta cultura de la “violencia como razón instrumental” de la revolución: una verdadera perversión de la racionalidad revolucionaria.

Esta “razón violenta”, impulso bastardo de la “razón emancipatoria”, comenzaría a disiparse con la transformación del “insurgente instrumental” en opositor racional que, liberándose del medio violento al que ha fetichizado, reivindica de nuevo el fin por el que ha luchado. Sería una especie de indemnización histórica a la izquierda que proclama el mismo objetivo de cambio.

Ampliación democrática en los pre-acuerdos de paz

Los cambios necesitan para su afianzamiento de la materialización de algunos mecanismos institucionales. Que ya están indicados, por cierto, en los pre-acuerdos de La Habana; y que conciernen todos ellos a la “participación política”.

Dichos mecanismos institucionales están presididos por una suerte de “declaración de fe” común; y por la manifestación de un propósito. Ambos asuntos comportan la adhesión formal a los principios de la democracia y del Estado de derecho.

El borrador del Acuerdo versa sobre la necesidad imperiosa de la “ampliación de la democracia”. En otras palabras, las dos partes reconocen a la democracia, como el orden válido; orden con el que todavía están en deuda las élites en el poder y las contra-élites en la insurgencia. También aceptan a la democracia electoral como conjunto de reglas para dirimir la lucha por el poder. Explicitan, para decirlo en términos de un autor ingenioso, la fórmula moderna según la cual “es mejor  contar cabezas, que cortarlas”.

En la dirección de “ampliar” la democracia se sitúan algunos de los mecanismos acordados:

 El primero de ellos  es un Estatuto de la Oposición, ya ordenado por la Constitución desde 1991, aunque todavía aplazado. Un orden garantista reafirma los derechos para los partidos y movimientos sociales, con posiciones alternativas al régimen vigente. Y se consagra a la apertura de espacios de carácter institucional, comunicacional y financiero; a fin de que las minorías encuentren las mejores condiciones para hacer escuchar su mensaje político.

En segundo término, un sistema general de seguridad debiera blindar a los antiguos guerrilleros, reconvertidos en activistas políticos, para proteger su vida y la libertad de acción.

Un tercer mecanismo tiene perfiles de institución ad-hoc, destinado a desplegar ciertos espacios para la representación política. Es ad-hoc por tratarse de una institución “especial” y “transitoria”. Consiste en la creación constitucional de unas circunscripciones electorales. Con una duración fija: 8 años o 12 o quizá un poco más. En ellas la población perteneciente a las zonas territoriales especialmente golpeadas por el conflicto armado podrán presentar listas para conseguir curules en la Cámara de Representantes, sin la competencia de los partidos ya establecidos.

Se ampliaría la gama de representantes, al tiempo que se rescataría a comunidades locales, marginadas y afectadas por la violencia, pero dueñas de un potencial para acceder a los espacios de la representación política. Las FARC han sabido presentar esta concesión obtenida, como si solo fuera favorable a las comunidades; lo que se compagina a su turno con las tesis del Consejero de Paz, en el sentido de que los acuerdos deben estar informados por el objetivo específico de asentar una “paz territorial”. Desde luego, mediante la cesación de la violencia, pero también con reformas sociales.

Horizontes de legitimidad; transiciones para la legitimación 

Para que la democracia sea más amplia no bastan los mecanismos que establecen una “discriminación positiva” para favorecer a las comunidades, víctimas del conflicto. Todo ellos es  necesario pero no suficiente.

Hace falta sobre todo que la guerrilla se legitime en el proceso mismo de las negociaciones, de los acuerdos y de su refrendación. En ese sentido el proceso de paz y de reconciliación es también el ejercicio de una transición con efectos re-legitimadores. Así, el agente armado, incurso en desviaciones terroristas y en actos criminales, se transfigura en sujeto  aceptable como interlocutor válido.

Dicho reconocimiento, en boca de la opinión pública y de los otros actores políticos, tiene no solo un carácter electoral. El nuevo actor debe exhibir antes que nada una credibilidad a prueba de las peores adversidades o provocaciones. Tiene que alejar, del mismo modo como se espanta a un fantasma, las inconsistencias en su comportamiento legal. Y poner los hechos en la misma línea del discurso. Finalmente, no puede el actor hacerle el quite a la coherencia en el orden ético; de modo  que en sus conductas vayan unidos sus reclamos sociales y políticos,  con la efectiva defensa de los derechos y garantías de carácter moderno.

De hecho, sus conductas, como agente armado, van en el sentido contrario de eso que demanda la legitimación política. Que es de lo que se trata. No es raro que los hechos contradigan su discurso. A menudo, el reclamo por los intereses sociales  va unido con el daño a los derechos ajenos; sobre todo a los de la Sociedad Civil.

A este propósito, la “tregua unilateral” iba en la buena dirección, pero el asalto sangriento contra los soldados que acampaban en un polideportivo, con saldo de once muertos, pudo destruir los efectos de la propia táctica escogida de des-escalamiento del conflicto. Con actos como este, se golpean los derechos del “enemigo”, que también los tiene. La propia legitimidad de la guerrilla puede irse al piso, en estos casos, cuando precisamente requiere de su presencia.

Los acuerdos debieran intervenir como las aguas lustrales, a través de las cuales el agente armado se reinventa. Ahoga sus desviaciones y renueva sus vínculos con el mundo de la vida. Se trataría de una suerte de “limpieza espiritual”, con el fluir de nuevas experiencias: una sucesión de impresiones atrapables en el interior de la conciencia política, allí donde se aloja la impronta  de esa conexión prometedora con la vida; siempre sorprendente, siempre floreciente en experiencias; en este caso, las de negociar por la paz.

En otras palabras: el trance por el que pasa el nuevo sujeto en la construcción de la paz debe incluir una cierta reflexión ideológica y política; un camino en cuyo recorrido se obligue a cambiar el chip de sus referentes éticos en política.

Los cuatro elementos fuertes con los que se acompaña la ejecución de la justicia transicional (por cierto, rechazada inicialmente por las FARC) debieran ser útiles para esos nuevos referentes de lucha. No solo para un aggiornamento de imagen más aceptable, sino sobre todo para la evolución en la conciencia.

Una disponibilidad seria para expresar la “verdad”; para pedir “perdón”, lo mismo que para reparar a las “víctimas”; y un compromiso para la “no repetición” de las acciones armadas, serían todos ellos mensajes de sanación. Las heridas del conflicto los esperan.

Sin embargo, una actitud ambivalente o confusa, a propósito del abandono definitivo de las armas como parte esencial de los acuerdos, disminuiría la posibilidad de una legitimación ética, traducible en el reconocimiento político.

La refrendación popular de los acuerdos abriría el espacio decisivo para la legitimación del nuevo sujeto político. Su participación fijaría el reto para la decantación de sus nuevas actitudes, para un discurso moldeado en las necesidades sociales, pero también en las exigencias de la paz.

En función de un imprescindible proceso legitimador, siempre fueron validables aunque rodeados de dificultades casi invencibles, mecanismos tales como el Referendo (defendido al comienzo por el presidente Santos) o la Constituyente (siempre propuesta por las FARC).

Solo que la realización del uno o la convocatoria de la otra no dejan de entrañar tantos escollos técnicos y jurídicos, que muy probablemente se tornen irrealizables en el mediano plazo; una situación que evidenciaría su inutilidad para rodear de participación popular a los acuerdos.

El escenario del debate y de la participación podría en consecuencia encogerse como la prenda de vestir confeccionada con material de desecho, disfrazado con las apariencias de la moda. Así las cosas, todo el asunto del debate público y la refrendación podría quedar reducido a la sola arena habitual del Congreso y a las campañas electorales, o venturosamente a la realización de un plebiscito.

En cualquier caso las FARC debieran hacerse acreedoras a algunos beneficios políticos, como curules especiales, las mismas que les permitirían apropiarse mejor los problemas de la agenda nacional y estrechar lazos con la opinión pública.

Entre el voto independiente y las inercias del sistema

Un fenómeno de legitimación le permitiría a las FARC, ya convertidas en partido o en movimiento político, ganar credibilidad; lo que ampliaría de hecho la competencia democrática.

Podrían así mismo instalarse en ese “campo” electoral formado por los votantes de izquierda y por algunos de los segmentos que constituyen el voto independiente.

Independientes con inclinaciones alternativas e izquierda llegan a ocupar una franja del 22% dentro de los que efectivamente votan; estos últimos, unos 15 millones de ciudadanos. Dicha franja se manifestó no hace mucho tiempo, a través de los 2.600.000 votos  obtenidos por Carlos Gaviria; y más ampliamente, con los 3.600.000 votos depositados por la “ola verde” de Antanas Mockus. Es una franja que, a juzgar por las encuestas, podría extenderse hacia el “centro” hasta algo más de los 4 millones de electores.

Se trata de la cuarta parte del electorado- lo que no es poco caudal-, en la que podrían ubicarse razonablemente las FARC; si bien no de un modo exclusivo. De manera que si acompañaran su renovación efectiva con un espíritu de unidad con respecto a otras fuerzas alternativas, contribuirían a cimentar esa zona de comportamientos electorales. Que, por cierto, a veces se contrae por ausencia de candidatos y partidos creíbles; es decir, aquellos que tengan vocación de ganar terreno hacia el centro del espectro político, al tiempo que mantienen firme su programa básico.

Sin embargo, la incapacidad para reinventarse en el tránsito hacia la legalidad podría dar paso, por el contrario, a una participación magra dentro de la lucha política.Dicha posibilidad negativa no es un evento necesariamente distante de la realidad. Es cierto que el abandono de las armas y construcción de la paz suelen ser ambas decisiones premiadas al comienzo por la opinión pública. Solo que la curva de confianza depositada en los nuevos actores tiende luego a bajar. Así, desaparecieron muy pronto agrupamientos como el M-19 o el EPL; beneficiarios inicialmente de cierto respaldo entregado por los votantes independientes.

En todo caso, a las FARC, aun gozando de enraizamientos locales, les podría sobrevenir una dificultad enorme para sintonizarse con las masas de la opinión pública urbana.

El peso del statu-quo

En tales condiciones, las fuerzas establecidas, las que han controlado el Estado y dominado el espacio de la lucha política- ahora fragmentadas en unos siete  partidos aunque antes organizadas en las dos decimonónicas familias partidistas – harán valer el peso de sus influencias tradicionales y la eficacia de las tecnologías clientelistas, aceitadas todas ellas en la circulación de los piñones y poleas, propios de las maquinarias electorales.

Aunque las identidades partidistas experimentan modificaciones en los electores, estos finalmente tienden a remitir sus lealtades nuevamente hacia los partidos más establecidos. Es su residuo conservador, como lo diría Wilfredo Pareto, un freno de mano contra las incertidumbres de lo nuevo. Por otra parte, dichos partidos tienen raíces más sólidas y se mueven en la larga duración dentro de los escenarios locales; allí donde mantienen un ejército de pequeños caciques y lugartenientes. Los cuales, si en ocasiones relajan sus lealtades, lo hacen solo para migrar a otros partidos que ofrezcan similares condiciones.

Por tal razón, las nuevas fuerzas, productos de un proceso de paz y rodeadas normalmente por el cerco hostil de las desconfianzas, deben ofrecer focos de atracción especial (en el discurso, en la ética, en los liderazgos),  afín de irrumpir con un empuje que les permita afincarse en la arena de la lucha política; y, además, provocar efectos de implantación a escala regional y local.

Si tales atractivos no funcionan; si las FARC no devienen partido creíble, ética y democráticamente hablando; las identidades más enraizadas en los electores; las de los partidos del establecimiento; mantendrían siempre ocupado el campo de la acción política. Tal vez así haya una democracia más estable, porque las prácticas violentas en la disputa por el poder dejan de hacerle competencia desleal a las confrontaciones electorales. Pero la representación política, en todo caso, no ganará en diversidad; y las posibilidades de alternancia en el poder continuarán cercadas e incluso invadidas por los terrenos arenosos y estériles que asfixian a la izquierda.

 Sociedad civil activa en las regiones periféricas

Con todo, las FARC, como partido legal, podría arrastrar consigo la emergencia de una constelación de comunidades locales de origen rural que articulándose entre sí eleven los niveles de representación popular. Dichas comunidades ganarían en autonomía al mismo tiempo que ocuparían espacios, construibles a partir de la paz, de representación nacional y local.

Quizá el proceso de paz con esta guerrilla termine por promover la democracia, al propiciar una sociedad civil, de origen campesino y periférico, relativamente más activa y autónoma. El surgimiento de movimientos como la Marcha Patriótica podría estar provocando experiencias en esta dirección.

Publicado Originalmente: Revista de la fundación Foro Nacional por Colombia. Edición No. 85 Abril de 2015. Ha sido editado con muy pequeñas correcciones de actualización. 

Imagen tomada: http://www.dreuz.info/

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Barack Obama y Hassan Rohani, el uno presidente de la única súper-potencia con influencia global;  el otro, presidente de una república islámica, para la que el primero de estos Estados no es más que un imperio maléfico, echaron ambos sus cartas al azar de la diplomacia y ganaron. Fue esta una partida de gana-gana; cuando en otras condiciones – con los riesgos de la guerra merodeando e incluso con los de la simple inestabilidad- podía haber sido un desafío con el desenlace de un pierde-pierde.

Precisamente porque flotaban como sombras inequívocas los peligros de pérdidas mutuas entre los jugadores, fue posible finalmente la apuesta recíproca por el entendimiento; algo que quedó sellado con el pre-acuerdo del 2 de abril en el Beau Rivage Palace, el hotel a orillas del lago Leman, en donde Kerry y Razif, los dos ministros de relaciones exteriores, dejaron establecidas las concesiones mutuas para superar la pedregosa contradicción que los separaba, a propósito del programa nuclear iraní.

El interés político coincidente de los jugadores

Si Obama confió siempre en la vía diplomática, aunque no dejara de aplicar las más severas sanciones económicas, Rohani por su lado postuló, después de la sorprendente elección que lo favoreció, la necesidad de que su nación consiguiera una interlocución normal con los demás países; algo a lo cual Ali Khamenei, el líder supremo, dió muy pronto un no disimulado respaldo.

En verdad, no siempre la diplomacia se hunde algodonosamente en el intercambio de naderías o en declaraciones insustanciales; las mismas que, con mucho, sirven para dejar intocado el statu-quo.

A veces, quién lo creyera, resulta útil para lo que fue creada; para resolver los conflictos y evitar las guerras; sobre todo, las más absurdas. Lo logra, eso sí, bajo la condición de que los enemigos comprometan sus voluntades en un esfuerzo, que se exprese en gestos de cooperación, traducibles en hechos efectivos.

Gestos y hechos de cooperación, que obligados ponen sobre la mesa, porque además de empeñarse en ganar, empiezan a preocuparse genuinamente por evitar el empeoramiento de lo que cada uno ya está perdiendo. Y sobre todo por conjurar el riesgo de que se deterioren las condiciones materiales o morales, ante una posible contienda militar.

En el fragor del enfrentamiento – los insultos y descalificaciones mutuos, el crescendo inquietante de amenazas- se mezclan dos lógicas, eventualmente contrapuestas, según lo advierte el siempre perspicaz Clausewitz, muerto por más señas ya hace casi dos siglos.

La una se despliega a  impulsos de la polarización; es la marcha hacia los extremos; abre paso a la afirmación categórica, intransable, de la posición en la que se atrinchera, ideológica, cultural, y militarmente, cada contendiente. La otra- práctica y no metafísica – es, por el contrario, la lógica del cálculo concreto; la que pone en lugar preeminente el orden estratégico y táctico; al que de contera le impone el mando del interés político. Razón por la que toca sopesar las objetivas limitaciones que, como cercamientos invisibles, le quitan vuelo a la voluntad del guerrero o a sus especulaciones abstractas sobre un choque sin tregua, o a los efectos tóxicos de su propia retórica. Se trata de un juego, cuyos azares ponen a prueba el “entendimiento humano”; y al que la sensatez en algún momento le prende las señales de alerta; incluso las de prohibición; tal como lo sigue indicando en sus reflexiones el general prusiano.

Así, la marcha hacia los extremos,  siempre inexorable aunque solo en las especulaciones de un toma y daca abstracto, llega a ser frenado por los cálculos prácticos que la historia dicta; aunque los enemigos sean empujados, el uno por algún destino imperial y el otro por una suerte de fundamentalismo con el que se intenta subordinar la política al orden de lo sagrado.

Centrifugadoras de Uranio  Imagen tomada:granosdesal.wordpress.com

Centrifugadoras para enriquecimiento de uranio
Imagen tomada: hppt://granosdesal.wordpress.com

Asimetrías en las pérdidas

Ahora bien, los dos contrincantes principales tenían cosas qué perder; pero además tenían cómo evitarlo. Lo cual, pasaba a ser una posibilidad, la de evitar pérdidas; que se convertía en una necesidad, la de negociar las ganancias. La razón no era otra que el hecho muy probable de que el enfrentamiento militar no desembocara en el baloto de un gana todo para cualquiera de los dos bandos. Dicho de otro modo: el juego de suma cero seria improbable en caso de degradación del contencioso nuclear, con ataques militares de por medio.

No sería fácil para cualquiera de esos enemigos un resultado que lo sacara del trance como limpio ganador en una guerra limitada. La situación creada seria previsiblemente confusa; las luchas interminables se abrirían en variantes insospechadas, mientras los enemigos inéditos emergerían por doquier; y con seguridad, el terrorismo se dispararía.

Los logros inmediatos

El pre-acuerdo entre Irán y los Estados Unidos, más las otras cuatro potencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las que se sumó Alemania, disipa el peligro de una degradación del diferendo nuclear en los términos de un ataque militar; así mismo, conjura cualquiera deriva, susceptible de terminar convertida en una intervención prolongada sobre el terreno.

Lo acordado, aún sin la firma de los responsables, pone a salvo el programa nuclear de Irán, el cual había sido convertido en timbre de identidad nacional. Solo que lo somete a unas restricciones lo suficientemente amplias como para eliminar cualquiera aproximación a los umbrales del enriquecimiento de uranio, a partir de los cuales, este último pudiera ser materia que deviene energía utilizable en la fabricación de armas.

Las restricciones impuestas y la supervisión del programa por inspectores internacionales es algo que deja satisfecha la inquietud “imperial”  de los Estados Unidos sobre la proliferación de armas nucleares entre Estados “no- disciplinados”; Estados que defienden unas opiniones contra el llamado bloque de “Occidente”; o que, en todo caso, están por fuera de los tratados que versan sobre estas materias, y finalmente escapan al control hegemónico, constituido por el club de las potencias nucleares.

A cambio de estas limitaciones, Irán ha conseguido que por otra parte Estados Unidos y sus aliados europeos se comprometan al levantamiento de todas las sanciones que ahogan su economía, mientras los capitales y una sociedad civil en ebullición aguardan por una interdependencia mayor con el mundo.

La nueva situación y la trama de las alianzas

Al avenirse a los términos del pre-acuerdo, el Irán de Khamenei y de Rohani rompe un aislamiento político en el que ha estado confinado desde la arbitraria ocupación  de la embajada estadounidense por comandos fundamentalistas, hace 35 años.

A Obama, por su parte, dichos términos lo alejan por completo de la tentación militar, aupada por el Israel de Netanyahu; aventura ésta que sería tanto más costosa- política y militarmente hablando-, cuanto que el compromiso bélico sobrevendría como una operación tortuosa, habida cuenta del desastre en Irak y el cuasi-fracaso en Afganistán; dos precedentes poco presentables, si se tratara de alentar una nueva intervención en la región.

Los entendimientos en Lausana, como solución a un conflicto en el que ganancias y pérdidas que se correlacionan asimétricamente (no lo gano, pero tampoco lo pierdo todo),  no solo propician un equilibrio francamente más estable que en el inmediato pasado. También abren el terreno para una situación habitada por nuevas dinámicas en las relaciones que enlazan a los actores en una zona convulsa; sensiblemente inestable además por la multiplicación que experimentan las líneas de ruptura; dado el peso que tienen las diferencias religiosas y los sectarismos al interior de las mismas identidades culturales y cosmogónicas.

Para empezar, de consolidarse el pre- acuerdo, la distensión, entre Irán y los Estados Unidos, empujará ambos Estados, por la fuerza de las circunstancias geo-estratégicas, hacia algún tipo de alianza para enfrentar a dos temibles y elusivos enemigos comunes;  es decir, al Estado Islámico y a Al Qaeda.

Se trata de una alianza por necesidad (no por convicciones ideológicas), que más tarde podrá adquirir cierta rutinizacion institucional, con algunos “mínimos políticos”. Quizá entonces encuentren los nuevos aliados algún fundamento común, desde el que diseñen el marco para una solución de alcance intermedio en la guerra civil de Siria, cuyo gobernante Bachir Al- Assad, es apoyado como se sabe por el régimen de Irán.

Sin embargo, no cabe desestimar el hecho de que los nuevos acuerdos podrían desorganizar por otro lado el tablero regional, dados los fuertes recelos que despierta el rol más desinhibido de los iraníes.  Recelos que brotan ya en el gobierno de la sunita y petrolera Arabia Saudí, el rival más punzante de Irán en la vecindad.

Solo que la jugada diplomática de la Administración Obama pone eventualmente al “Imperio” en condiciones de influir, tanto en la república Islámica, como en la conservadora monarquía saudita, a fin de que los dos Estados ajusten su rivalidad dentro de ciertos parámetros no sangrientos; algo probable, salvo que la crisis en Yemen se degrade aún mas, lo que podría tensionar de un modo especial la relación problemática entre estos dos competidores.

Naturalmente este reposicionamiento parcial de las fuerzas será posible si las mayorías republicanas en el Congreso le facilitan al presidente la tarea de levantar las sanciones, asunto nada seguro.  Con todo, Obama aportaría razonablemente una cierta cuota de orden y sentido  a unas relaciones internacionales en las que las propias intervenciones de los Estados Unidos han contribuido a aquello que Alain Joxe ha denominado el “imperio del caos”.

Originalmente publicado: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0442/articulo11.html

 Edición 442 – Semana del 17 al 23 de abril de 2015 

farcColombia es uno de los países con mayor desigualdad en el planeta; y aun así andan  por ahí los espíritus de gran corrección que se sorprenden ante el hecho de que la nación arrastre con la carga al aparecer ineludible de un conflicto insufriblemente violento. Un conflicto, agenciado por una guerrilla que impávida sobrevive, sin que la conmuevan los golpes que encaja en los remotos campamentos de la selva ni la agrieten, los derrumbes ideológicos de un comunismo mundial, al que confió la guarda de sus ideales.

Crecimiento económico y desigualdad social

Bueno, para ser exactos, en este país ha debido existir un conflicto social profundo; incluso, animado por una insurgencia popular; pero no fue por la desigualdad y la pobreza por las que se desato y se arraigó el enfrentamiento armado, prolongándose y multiplicándose desde 1964 al ritmo de las transformaciones a retazos del país.

No fue por la sola desigualdad, aunque fuera mucha y muy odiosa. En realidad, fue por razones más complejas y quizá por ello mismo más paradójicas. Las cosas han obedecido, para decirlo de una vez, al crecimiento económico que el país experimentara durante esos mismos 50 años o más; un crecimiento que tuvo lugar en medio de la desigualdad más ofensiva; algo que le comunico su rasgo especifico y también crítico.

La desigualdad por sí sola, y la pobreza y la miseria aplastante, a menudo sofocan los espíritus de la rebelión. En cambio, el crecimiento abre horizontes, promueve nuevas categorías sociales y acerca recursos; lo cual crea situaciones de fuerza desde donde se hace factible la rebelión y el hecho de que ella disponga de fuentes de empoderamiento para dotarse de organización.

En rigor, es la combinación problemática del crecimiento económico y de la desigualdad social, la que ha creado en Colombia el marco de tensiones para un conflicto duradero, con inspiraciones ideológicas, con raíces sociales, y con todas las violencias innobles que le han servido de impulso instrumental.

Si la desigualdad desnuda las carencias; si  lacera a la gente y la humilla hasta el desespero; y si vuelve insoslayable la reivindicación, cualquiera sea ella (la tierra, por ejemplo); el crecimiento hace factible esa reivindicación, provoca la tensión entre la riqueza que se crea y las limitaciones de los que ven cómo se les niega el acceso a ella, aún si comienzan a reunir las mínimas condiciones para el ascenso en su status.

Entre 1958 y tal vez 2007, justo antes del último gran ciclo recesivo, el producto interno bruto (PIB) creció con un promedio anual del 5% aproximadamente, un ritmo nada desestimable; que por lo demás encaramo internacionalmente a Colombia en el rango de “países de desarrollo medio”.

Al mismo tiempo, la desigualdad social ha sido significativamente alta; con un Gini siempre cercano, durante décadas, al 0,60. Indicador este que, si se mide para el universo rural, supera lancinantemente la cifra de 0,80, en una aproximación de vértigo a la unidad (1,00), un referente de espanto que señala la desigualdad absoluta.

¿Prosperidad, pero sin reformas sociales?

No sobra señalar que el crecimiento sostenido, del que estuvo excluido casi el 50% de la población, fue un hecho que hizo parte de un proyecto político de las élites en el poder; el cual incluyó el abandono de las reformas serias que pudiesen conducir a una redistribución de la propiedad y de los ingresos.

En un mundo de desigualdad, el crecimiento, al crear excedentes y con ellos las posibilidades de enriquecimiento sin modificar el modelo de asignación de medios y recompensas, deja abiertas las posibilidades para la inconformidad o para la rabia contenida; incluso para la rebelión, debido a la comparación con la suerte de la buena sociedad, que se queda con lo mejor de los excedentes creados.

El crecimiento, y con él la producción de rentas, abrirá el terreno para las expectativas en cuanto se refiere a la participación en la apropiación de la riqueza; algo que puede encerrar la inminencia de un conflicto; incluso, de la violencia, si al mismo tiempo el modelo escogido en el funcionamiento de las instituciones lleva a la exclusión en vez de a la integración.

Colonización interna, sociedad periférica y narcotráfico.

 A este marco de tendencias generales se agregan algunos procesos sociales de incidencia singular en el desarrollo social colombiano; expansivo pero traumático.

Son básicamente dos; a saber, de una parte, el ocupamiento poblacional de regiones vacías, mediante la extensión de la frontera agrícola por efectos de la colonización interna; y de la otra, el narcotráfico; en todas sus etapas: la siembra y la cosecha ritmada por ciclos frecuentes, la preparación de la pasta, el procesamiento en laboratorio, el transporte y la comercialización internacionales.

La presión sobre la tierra, en medio de una intocable concentración sobre su propiedad, alentó el fenómeno de la colonización interna. La cual durante los últimos 70 años dio lugar a una nueva sociedad periférica; fragmentada e inestable; además sin la consolidación de una normatividad que circulara al interior de sus estructuras de comportamiento. Y también, sin una presencia fuerte y funcional del Estado.

Por cierto, en dicha sociedad periférica; constantemente estableciéndose sin terminar de formarse; la desigualdad y la pobreza se manifestaban de un modo más pronunciado.

Abiertos estos territorios a la colonización interna, también terminaron afectados por las fuerzas del mercado, bajo distintas formas de explotación económica; como las industrias extractiva y agrocomercial; sin excluir por supuesto el reglón de los narcocultivos.

Envueltos en una suerte de intensa re-primalización de la economía, también se convirtieron en zonas fecundas en la producción de excedentes; sobre todo, por la demanda internacional; lo que terminó traduciéndose más temprano que tarde en lo que en el medio local muy pletóricamente se denominan bonanzas. De modo que ellas provocaron múltiples disputas por el control de los ingresos retornables a escala local.

Se mezclaron así, 1) prosperidad con excedentes de circunstancia, 2) pobreza y desigualdad, por ciento 3) un más acentuado bloqueo en las oportunidades de movilidad vertical, y finalmente 4) inestabilidad y precariedad institucional. Todos ellos fueron factores que refinaron el combustible para hacer de la nueva sociedad periférica el escenario múltiple, favorable a la conflictividad y al surgimiento de agentes dispuestos a valorizar la violencia como recurso instrumental para intervenir en la apropiación de todos los demás recursos de poder material y simbólico.

En particular, el narcotráfico trajo, con su enorme rentabilidad y con el carácter ilegal de su ejercicio, un incremento inaudito de la violencia entre los años 1982 y 2002. Rompió el tejido de que está hecho el campo de lo público, sustituyendo la convivencia ciudadana por el matonismo terrorista; y desafió desde la sociedad urbana a unas élites que lucieron francamente desconcertadas al comienzo del fenómeno.

En su fase inicial, la del cultivo de la coca, el negocio hizo nacer con su aclimatación en el sur del país una fuente notable de ingresos para la guerrilla; y, al mismo tiempo, la posibilidad para ésta de ganar en articulación local con las comunidades de colonos y trabajadores vinculados con esa nueva economía; ilegal pero muy extendida.

En la geo-economía de la coca encontraron las FARC posibilidades para el financiamiento, para la representación local, y para la implantación territorial y el control de corredores estratégicos.

La Organización como capital material y simbólico

Hay por último un factor especial que ha contribuido al hecho de que la aguda conflictividad y la propensión a la violencia en medio de una movilización agitada de recursos, se traduzca en un conflicto armado duradero. Mejor dicho, a que una guerrilla de orientación comunista y de origen campesino haya crecido y se haya mantenido como un agente con fuerza significativamente perturbadora.

Dicho factor no es otro que el de la organización de la llamada insurgencia. Es un elemento que, en principio, pertenece a otro orden de factores distinto al de las condiciones sociales y económicas. La organización ciertamente es un factor que pertenece al orden subjetivo de la acción. Está constituida como prolongación racionalizada del actor; de su voluntad y de sus estrategias.

Sin embargo, considerado el conjunto de las relaciones de poder y de la acción colectiva, es un factor que pasa a compartir la doble condición de fuerza subjetiva y de recurso objetivo. Después de que la guerrilla, en tanto actor, sobrepasa cierto umbral de experiencias sin morir en  el intento, sus estructuras organizativas incorporan a su naturaleza cierta dimensión de causa objetiva.

Se convierten en un capital social más o menos coagulado, el cual obra como recipiente, capaz de absorber procesos y mutaciones sociales; y por tanto, de incrementarse.

Quizá fue el efecto que consiguieron las FARC en el período “discreto” que va de 1966 a 1982; el de objetivarse en tanto factor; al tiempo que se articulaban con algunas avanzadas de colonos en los llamados por entonces territorios nacionales.

Por consiguiente, no es de extrañar que en adelante las FARC hubiesen sabido absorber con incrementos en su poder en tanto organización militar los frutos rentísticos que se desprendieron del negocio de la droga, recién llegado, y particularmente con la extensión de los cultivos ilícitos.

Y también que simultáneamente hubiesen potenciado su creación de identidad en el plano local; y en consecuencia, un capital simbólico que, aunque altamente contrastado con una opinión negativa en la sociedad urbana, les alcanzó para implantarse territorialmente, multiplicar sus frentes, y dar muestras de una capacidad inusitada de reclutamiento.

Fueron fenómenos que se pusieron de manifiesto en las dos décadas que van de 1984 a 2004. Después, el crecimiento de la guerrilla de las FARC se estrelló con el Plan Colombia y con la Seguridad Democrática.

Pero, sobre todo, con su incapacidad para trascenderse, para convertirse en algo cualitativamente distinto, más allá de ser simplemente las representantes en negativo de la sociedad periférica e inestable, surgida de la colonización interna.

Esta guerrilla evidencio en consecuencia su falta de poder para reinventarse simbólicamente como la expresión de una sociedad urbanizada pero llena de exclusión. Necesitada por tanto de equidad moderna, de libertades, digamos post-modernas, y de una democracia sin clientelismo. Lo cual trazara el horizonte de necesidades para las reformas, en función de las cuales sería útil el conflicto; pero solo si se convierte en lo que es su contrario (y su continuum); a saber, un proceso de paz de carácter innovativo; como el que parece consolidarse en La Habana.

Publicado Originalmente: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0438/articulo02.html

Edición 438 – Semana del 13 al 19 de marzo de 2015