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Por Ricardo García Duarte

La imagen cien veces ampliada y repetida –como si con ella se quisiera silenciosamente evidenciar un ultraje-, la del sargento Rodrigo García, cargado a la fuerza por un grupo de indios con ruana corta y bastón a la mano, los mismos que buscaban desalojarlo a él y a sus compañeros del cerro Berlín, seguramente consiguió afectar la sensibilidad de una opinión que asocia espontáneamente las armas del Estado con la autoridad de la ley.

¡Un error quizá!,admitió uno de los líderes del movimiento de nativos, el inteligente y muy decidido Feliciano Valencia, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca: Cabildos indígenas, evocación deliciosa esta última en la que se mezclan el criollismo independentista y la afirmación de la comunidad ancestral.

Un entramado de significaciones

De todas maneras, se trataba de un error episódico que junto con el coro de lamentos que despertó en la “buena sociedad”, ocultaría el entramado de significaciones que van envueltas en la movilización del pueblo nasa contra la presencia de los actores armados en su territorio. De significaciones presentes que, además, anticipan exigencias de las que la sociedad tendrá que hacerse cargo, si ella piensa en una democracia enriquecida, a la vez más ciudadana y, paradójicamente, más comunitaria. Todo ello en medio de una complejidad que no se deja desaparecer a golpe de simplezas. Una, la de los comentaristas que, sentenciosos ellos, se admiran de su propio descubrimiento al decir que autoridad solo hay la del Estado soberano. O la otra simpleza, la de este último que –contundencia irrebatible- trona al anunciar que no cederá un solo centímetro de una geografía nacional, en la que por otra parte han coexistido paramilitares, guerrilleros y bandas criminales; agentes todos estos que han mantenido durante épocas la posesión de territorios sociales y disputando su control al Estado.

Claro que en el Estado reposa la soberanía y que ésta incluye el monopolio de la violencia legítima, encarnada en las Fuerzas Armadas; y también el control superior sobre el territorio nacional.

Cruce de realidades: minorías étnicas y grupos armados

Pero con este reconocimiento no termina el problema; apenas comienza. Pues a pesar de la existencia de estos principios, inscritos por cierto en la Constitución Política, Colombia es un país que también vive la historia de otras dos realidades; a saber, la de las minorías étnicas y la del conflicto armado. Que si no controvierten dichos fundamentos constitucionales, sin duda los matizan. De una manera negativa, si se trata del conflicto, pues la persistencia de actores armados relativiza traumáticamente el monopolio de la fuerza. Y de un modo positivo, si se trata de grupos étnicos que al pervivir como comunidades se hacen acreedores a formas particulares de soberanía, no rivales frente al Estado, sino integrables con la de éste.

De esas realidades, separadas pero ahora cruzadas tensamente, se desprende una primera verdad, la de que por más que lo hayan intentado a través de diversos medios, el Estado y las élites políticas han sido incapaces de acabar con el conflicto armado. Este resurge siempre de un modo proteico, alimentado por cambiantes factores de desajuste social, los cuales abren siempre la posibilidad de disputas feroces en torno a la captura de rentas y a la apropiación de toda suerte de recursos, en los escenarios regionales.

Lo cierto es que por más dispares que sean las fuerzas del Estado y, por ejemplo, la de la guerrilla; por más asimétrico que sea su enfrentamiento, ambas partes actúan como centros clásicos de poder soberano. Y al hacerlo de ese modo en la perspectiva de consolidarse, desplegando sus energías bajo los imperativos de la guerra, absorben otros aspectos de la vida social, los arrinconan o chocan con ellos. Es el caso de una multitud inasible de espacios en la existencia social que quedan condicionados imperceptiblemente por la lógica del rechazo irreductible al otro; o por la que de allí se deriva, la lógica de la imposición. Algo parecido sucede con los derechos fundamentales, que a menudo son violados por las pulsiones autoritarias de unos u otros.

Los nasas y su resistencia

Y, para llegar al punto, ocurre igualmente  con los lugares y las gentes que pertenecen a los pueblos indígenas, entre estos especialmente, el de los paeces; organizados desde 1971 en el CRIC, y más tarde en la Asociación de Cabildos, expresión programática de lo que ya de suyo es existencia comunitaria; o sea, etnia dentro de un Estado-nación; que ha sabido labrar su propia identidad, mediante los lazos que definen su tejido cultural, pero también mediante posturas de resistencia frente al atropello o al despojo; los de antes, los de mucho antes o los de ahora.

Que en los últimos días se ha levantado, no contra ese Estado-nación del que hace parte ni contra su Constitución Política a la que reconoce, sino contra los “actores armados”; contra todos, no contra uno en particular; contra las guerrillas y contra las Fuerzas Militares. No precisamente porque todos estos actúen a la manera de un Estado o de un contra-Estado, garantes presuntos de un orden normativo al que el pueblo nasa debiera someterse. Sino porque lo hacen como guerreros. Y es en esa condición en la que proceden a hollar su territorio; lo profanan, si se admite la metáfora. Sus choques violentos, su represión; incluso, su sola presencia en tanto aparatos armados, de la que se derivan las prácticas de control o vigilancia (y no solo de protección, según lo reclaman como misión) son factores todos ellos que representan una herida infligida al territorio; no solo al físico sino sobre todo al imaginario: una herida simbólica, pero al fin de cuentas herida, que lacera una construcción simbólica en la que un pueblo, para validarse como sujeto, liga esencialmente su existencia al territorio.

Naturalmente, no todo es simbólico: en los últimos 40 años, los nasa o paeces, han padecido asesinatos y destrucción, algo que sin duda es tangiblemente material y por cierto brutal.

Una cosmovisión en movimiento

Solo que su disposición actual a movilizarse con su guardia y sus bastones hasta cuarteles y campamentos para desalojar a militares y guerrilleros, envuelve un alcance mayor. Encierra un propósito de tipo fundamental, el de defender la intangibilidad de su territorio, en tanto componente de una cosmovisión que da sentido a su existencia como sujeto colectivo. Desde esa perspectiva de territorio que se transporta adherido a la piel simbólica de un pueblo, es comprensible que la presencia no solo del guerrero ilegal (las FARC), sino la del guerrero institucional (las Fuerzas Armadas) resulten ajenas, extrañas; hasta cierto punto invasoras; tanto más si por otra parte ninguna de tales fuerzas se integran en una especie de servicio protector, subsidiario de las autoridades de la comunidad “invadida”, sino como actores autónomos “venidos del exterior”.

Así, las movilizaciones de los indios nasa (sus mingas de resistencia), al exigir el retiro de los armados, incluidos los del Estado, en razón de que todos “desarmonizan el territorio”, están constituyendo sobre todo una rebelión pacífica de significados. La rebelión de un sistema simbólico frente a otro: del sistema de la existencia comunitaria contra el sistema reductor de impulsos coercitivos emanados de una soberanía centralizada, la de un Estado-nacional.

De ahí que la resistencia de los nasa, en tanto acción colectiva, portadora de un universo de sentido, plantea la prefiguración de una fase nueva de democracia, capaz de resolver el doble estatuto de la igualdad ciudadana y de las minorías provistas de solidaridades míticas; de modo que unos y otros –individuos libres y comunidades inscritas en códigos particulares- enriquezcan por igual la vigencia de los derechos y el vínculo activo con la esfera de lo público. Capaz, así mismo, de resolver la tensión entre el Estado-nación y las instancias globales o infra-nacionales de las decisiones colectivas.

Gramática social incomprendida

Con la protesta del pueblo nasa, emerge una gramática social de un alcance mayor que la simple reivindicación de una víctima, por más justificada que sea ella o que la defensa de un trozo de territorio físico, por más legítima que lo parezca. Una gramática en la que, imbricándose estructuras de sentido pertenecientes, unas al pasado y otras sugerentes de futuro, resulta incomprensible para unas élites que se aferran a los formalismos de un republicanismo estatal, mientras toleran, bajo la simulación de la ley, la desigualdad y la discriminación.

Limitadas para el trabajo de descodificar su propio discurso, a fin de incorporar en el interior mismo de un proyecto de nación más incluyente, las posibilidades de una democracia equitativa y genuinamente multicultural, terminan por llenar el vacío que deja la ausencia de un discurso innovador de futuro y de paz, con la prevención o la desconfianza frente a la protesta de las comunidades étnicas; o en el mejor de los casos, con la conmiseración frente a ellas.

Unas élites prisioneras de la lógica que ellas mismas has impuesto en la interminable solución del conflicto armado y que no encuentran la manera de articular la nueva gramática de los pueblos indígenas con el discurso y las viejas representaciones de un Establecimiento, que de ese modo termina por tropezar con una grieta abierta entre dos mundos de representación simbólica. Grieta cuya expresión más patética la ofrecieron esas imágenes en Toribio, Cauca, en las que el Presidente Juan Manuel Santos ofrecía el oro y el moro mientras el pueblo indígena, allí reunido, lo desoía o lo abucheaba. O como la que antes ofreció otro presidente, Alvaro Uribe Vélez, hace unos años en Palmira, Valle, al tratar de atraer, sin poder hacerlo, a una marcha de indígenas que le daban la espalda a sus llamados en el vacío.

 

Por Ricardo García Duarte

El Cauca, ése viejo Estado federal habitado por las aristocracias republicanas que en la Colonia fuera santuario de las haciendas esclavistas, y que después se convirtiera en Departamento con enormes desigualdades en el campo es hoy el teatro de una nueva fase militar en el conflicto armado.

En él se desarrolla con cierta intensidad una guerra de hostigamientos por parte de las FARC contra las unidades militares y policiales o contra las instalaciones que en su zona de influencia hacen parte de las infraestructuras en comunicaciones.

Con sus ataques, las compañías de guerrilleros han golpeado por supuesto a una población civil que se avecinda por necesidades ineludibles de vida con los cuarteles de la Policía y que ha visto cómo caen víctimas inocentes o como resultan destruidas sus casas y además los inmuebles públicos; algo que ha terminado por despertar el rechazo y la rebeldía pacífica de las comunidades indígenas, a fin de pedir, no sin alguna razón, que los “actores armados” se retiren de sus territorios. Sin ningún eco receptivo entre ellos naturalmente.

Pues en los puros cálculos de la guerra es allí en donde se están definiendo los nuevos términos del equilibrio militar entre la guerrilla comunista y el Estado empeñado en acabarla, pero invadido ya por un síndrome de “saturación ofensiva”; sin haber podido dar el salto definitivo a la etapa en que pudiese desarticular las filas de su enemigo.

Ataques guerrilleros in crescendo

Los avances de guerra traducibles en cambios estratégicos, parecieran quedar registrados en la persistencia de los ataques guerrilleros que, de manera sostenida, han crecido desde mediados de la década pasada en dos zonas del departamento, la del norte que incluye municipios como: Miranda, Corinto, Caloto o Toribio y Jambaló y otra más al sur, la de Argelia.

Los ataques – numerosos, continuos – se han basado en la colocación criminal de artefactos explosivos o en los asaltos con descargas nutridas de metralla o en los combates frontales, incluso en las emboscadas; todo lo cual constituye un conjunto de acciones, cuyo carácter cabe en la categoría de hostigamientos: por su tamaño, por el peso que representan en las estructuras generales de la guerrilla y por su duración.

No son acciones masivas de guerra ni combates prolongados, tampoco son tomas dirigidas contra algún objetivo que impliquen un nuevo control territorial sobre una posición arrebatada al enemigo.

Son más bien hostigamientos contra las posiciones militares del Estado en la zona; un tipo de acción que por cierto define la naturaleza de las guerrillas: estas se autoconstruyen como estructuras militares para el hostigamiento de un enemigo mucho más fuerte, antes de que éste experimente una erosión política y  material, tan seria que el retador conquiste la franquicia para pasar a una  confrontación entre verdaderos ejércitos.

Es una pura campaña de acumulación de fuerzas por vía negativa; es decir, por la vía de debilitar al otro, al que se ha declarado como enemigo, determinando su desgaste. Se trata de un desgaste ajeno que se pueda trasformar en recuperación propia.

Los múltiples ataques de las FARC en El Cauca engloban una operación de hostigamiento con la que se busca que las fuerzas del Estado se desesperen y pierdan su confianza, al tiempo que las de la guerrilla  re-acumulan energías dentro de un escenario regional. Es algo que queda patentado con el nuevo potencial alcanzado por los Frentes sexto y sesenta, y  también por los movimientos de la columna móvil Jacobo Arenas.

Con el trabajo de desgaste (es un decir puesto que se trata de operativos militares), se pretende desmoralizar al que está en la trinchera de enfrente, mediante la táctica guerrillera de atacar y replegarse, sin ofrecer un blanco fácil, cuando las fuerzas oficiales respondan.

El hostigamiento guerrillero como “defensa activa”

El hostigamiento, palabra que también nace de la raíz hostis, la de hostilidad, o enemistad irreconciliable, no da descanso al “enemigo” por más superioridad que éste revele en el terreno. Lo obliga a ocuparse en ejecutar operativos meramente defensivos, con lo que el grupo armado consigue un control negativo de orden territorial, pues no permite que su enemigo – el Estado –  consolide el suyo, evidenciando así la porosidad del propio control de carácter local que este último ejerce positivamente en los espacios físicos y sociales.

Ahora bien, los ataques de las FARC,  vienen desde mediados de la década pasada, cuando el entonces presidente Uribe Vélez tuvo que desplazarse al Cauca a tratar in situ los temas de seguridad y a prometer un número mayor de unidades militares para hacer frente a la crisis de orden público. Desde entonces no han hecho sino crecer los operativos de hostigamiento por parte de las FARC. Lo cual quiere decir que esta táctica (seguramente inscrita en un nuevo plan de guerra) comenzó en los momentos más agudos de una ofensiva general por parte de las Fuerzas Armadas, que fuera desplegada al amparo de la Seguridad Democrática y bajo los auspicios del Plan Colombia.

Ha sido una ofensiva de enormes proporciones que además de destruir estructuras guerrilleras como la del Bloque Caribe y de desalojar a los Frentes que merodeaban cerca de la Capital de la República, le propinó serios reveses a una Bloque de tanta significación como el Oriental. Y a la propia dirección nacional del grupo ilegal. Una ofensiva que incluso eliminó a Cano comandante superior de la organización armada, quien tenía a su cargo el Bloque Central, otra estructura debilitada.

Pero, que a todas luces no pudo hacer lo mismo con el Bloque Occidental, de menor peso específico en el pasado, ahora repotenciado sin embargo  como factor de reagrupamiento después de los retrocesos experimentados por la organización en otras partes. Un bloque, implantado por  cierto en unos lugares dotados de ventajas estratégicas evidentes desde el punto de vista de la geografía; nudosa, selvática y montañosa; de la narco-economía, por sus cercanías con el Pacífico; y de las conexiones con otros bolsones militares de la guerrilla localizados en el Tolima o el Huila, por corredores explorados desde los tiempos remotos de Tirofijo y su hermano, al mando de un puñado de hombres armados, venidos desde la Cordillera Central. Es este Bloque el que ha llegado a ser plataforma para la nueva guerra de hostigamientos, respuesta ésta, de orden táctico, que ha surgido en medio de la retirada estratégica del grupo armado ilegal, a raíz de la iniciativa retomada por el Estado en los últimos 10 años.

Lo cual enseña que las guerrillas de las FARC nunca perdieron su capacidad de respuesta militar, en medio de su repliegue estratégico. Así mismo, es una demostración de que las élites políticas se creyeron  su propio discurso, en el sentido de que ya habían arrinconado a los guerrilleros en unas madrigueras de las que no estaban en condiciones de escapar, forzados como fieras de monte a escasamente sobrevivir.

El hostigamiento es la acción bélica por la que el estado defensivo de un aparato armado adquiere visos de ejercicio ofensivo; una especie de defensa activa, según lo expresara Mao Tse Tung, un guerrillero extremoso pero calculador y exitoso, para quien la guerrilla no tendría razón de ser sin poner en práctica esa suerte de plan táctico.

El problema consiste en el hecho que el Estado quiso no sólo quebrar la ofensiva estratégica de las FARC, lo que logró, sino también su capacidad de hostilizar tácticamente, lo que definitivamente quedó frustrado como propósito, tal como lo demuestra el potencial de hostigamiento guerrillero en el Cauca. Un departamento desgarrado por la pobreza campesina, ahora convertido en teatro emergente de una “guerra de guerrillas”, capaz de prolongar un conflicto, cuya solución sigue resintiendo la ausencia de unas élites dotadas con la decisión y el empuje suficientes para emprender el proyecto de un arreglo, que no se limite a cifrar sus esperanzas sin término en una derrota militar infringida a unas guerrillas que, por otra parte exhiben una capacidad inverosímil para el reclutamiento de nuevos efectivos.

Publicado en el Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00312 – Semana del 20 al 26 de Julio de 2012